Ley 1450

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LEY PROVINCIAL 1450 DIRECION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS JURIDICAS Y REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CAPITULO I COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ORGANIZACION Artículo 1.- Sustitúyese la actual denominación de Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas por la de Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, organismo este que será la autoridad de aplicación de la presente Ley, y que dependerá del Ministerio de Gobierno y Justicia, actuando como organismo asesor del Poder Ejecutivo en todo lo relacionado con las facultades que le otorgan las leyes vigentes, respecto de la autorización, contralor y disolución de las personas jurídicas. Artículo 2.- Son atribuciones de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio: a) Realizar estudios e investigaciones de orden jurídico y contable sobre las materias propias de su competencia, organizar cursos y conferencias, y promover o efectuar publicaciones, a cuyos fines podrá colaborar con otros organismos especializados, oficiales o privados. b) Dictar los reglamentos que estime adecuados, y proponer al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, la sanción de normas que por su naturaleza excedan sus facultades. c) Atender directamente los pedidos de informes formulados por el Poder Judicial y los organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las entidades privadas en cuanto fuere pertinente. d) Coordinar con los organismos nacionales y/o municipales que organizan funciones afines, la fiscalización de las entidades sometidas a su competencia. Artículo 3.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio tendrá a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio, y la fiscalización de: a) Las sociedades por acciones, incluidas las especificadas en el artículo 1 de la Ley Provincial Nro. 1271 excepto las sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores. [Nota: la ley 1.271 de La Pampa se refiere a las sociedades de capitalización y ahorro previo para fines determinados] b) Las sociedades constituídas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en la Provincia de La Pampa de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente. c) Las asociaciones civiles. d) Las fundaciones. Artículo 4.- En ejercicio de las funciones registrables, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, abordará las siguientes acciones: a) Organizar y llevar el Registro Público de Comercio. b) Inscribir en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio. c) Inscribir los contratos constitutivos de sociedad comercial, sus modificaciones, y su disolución y liquidación. Inscribir en forma automática los estatutos, sus modificaciones, disolución y liquidación de las sociedades sometidas a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores. d) Tomar razón de los actos y documentos que corresponden según la legislación comercial. e) Inscribir los contratos de fideicomiso y sus modificaciones. f) Efectuar presentaciones judiciales en el caso del traslado previsto en el artículo 18 de la presente. Artículo 5.- El conocimiento de las oposiciones a las inscripciones a que se refiere el artículo 39 del Código de Comercio, y la resolución de los supuestos previstos en los artículos 12 y 110 del mismo Código, serán de competencia judicial, sin perjuicio de las funciones registrales de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. También serán de competencia judicial las resoluciones que versen sobre derechos subjetivos de los socios de una sociedad comercial, entre sí y respecto de la sociedad. Artículo 6.- En el ejercicio de su función fiscalizadora, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio tendrá las siguientes facultades, además de las previstas para cada uno de los sujetos en particular: a) Requerir información de todo documento que estime necesario. b) Realizar investigaciones o inspecciones, a cuyo efecto podrá examinar los libros y documentos de las sociedades, pedir informes a sus autoridades, responsables, al personal y/o terceros. c) Recibir y sustanciar denuncias de los interesados que promuevan el ejercicio de sus funciones de fiscalización. d) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando los hechos en que conociera pudiera dar lugar al ejercicio de la acción pública. Asimismo podrá solicitar al Procurador General del Superior Tribunal de Justicia que imparta instrucciones a los señores Fiscales para que ejerzan las acciones judiciales pertinentes en los casos de violación o incumplimiento de las disposiciones en que esté interesado el orden público. e) Hacer cumplir sus decisiones, a cuyo efecto podrá requerir al Juez de Primera Instancia competente: 1. El auxilio de la fuerza pública. 2. El allanamiento de domicilios y la clausura de locales. 3. El secuestro de libros y documentación. f) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la Ley, al estatuto o a los reglamentos. Estas Facultades no excluyen las que el ordenamiento jurídico atribuye a otros organismos. Artículo 6 bis.- a) La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, o los Juzgados de Paz en su caso, tendrán a su cargo la rubricación de los libros de comercio de las sociedades y de los pertenecientes a las personas matriculadas como comerciantes. b) Las sociedades, al momento de su constitución y los comerciantes al momento de obtener su inscripción en la matrícula y/o partir de la vigencia de la presente Ley, deberán efectuar manifestación ante la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio acerca de si la rubricación de los libros sociales la efectuarán ante dicho organismo o ante el Juzgado de Paz que corresponda a la sede de su domicilio. c) En este último caso, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, hará saber al Juzgado de Paz correspondiente qué tipo de libros, número y cantidad de fojas han sido rubricados con anterioridad, a fin de proseguir con el ordenamiento correlativo de los mismos, información que mantendrá su validez hasta tanto el organismo de aplicación comunique en forma fehaciente las modificaciones que se produjeren en las registraciones obrantes en el mismo. Los Juzgados de Paz, por su parte, comunicarán a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio el tipo de libros, número y cantidad de fojas y titularidad de los mismos, que hayan sido rubricados durante cada mes calendario, antes del día 10 del mes siguiente al de la rubricación. d) Las sociedades y los comerciantes matriculados con domicilio en la ciudad de Santa Rosa, deberán efectuar la rubricación de sus libros obligatoriamente ante el Registro Público de Comercio a cargo de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Artículo 7.- Con respecto a las sociedades por acciones -excepto las atribuidas a la Comisión Nacional de Valores-, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio ejercerá las siguientes funciones: a) Conformar el contrato constitutivo y sus reformas. b) Controlar las variaciones de capital, la disolución y la liquidación de las sociedades. c) Controlar, y en su caso, aprobar la emisión de debentures. d) Fiscalizar permanentemente el funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades en los supuestos de los artículos 299 y 301 de la Ley Nro. 19.550. e) Conformar y registrar los reglamentos previstos en el artículo 5 de la Ley Nro. 19.550. f) Solicitar al Juez competente en materia comercial del domicilio de la sociedad, las medidas previstas en el artículo 303 de la Ley Nro. 19.550. g) Controlar la integración total de los aportes no dinerarios en el acto constitutivo o al tiempo de la inscripción según corresponda. h) Aprobar la valuación de los aportes en especie no corriente en plaza y designar los peritos necesarios. i) Controlar en los casos previstos por leyes de fondo a aquellas sociedades no sometidas a control permanente mientras subsistan las causas que lo originan. j) Controlar en forma permanente a aquellas sociedades sometidas a su fiscalización por disposiciones de leyes de fondo. k) Controlar el sorteo que realice -cuando corresponda- a los fines de la amortización total o parcial de acciones integradas. l) Convocar a asambleas de debenturistas y/o tenedores de bonos de goce y participación en los casos previstos por disposiciones de la Ley de fondo. ll) Controlar permanentemente el funcionamiento y liquidación de las sociedades extranjeras, así como el destino del capital y ganancia con motivo de la cancelación. m) Rubricar libros sociales conforme a lo previsto en el Artículo 6 bis. n) Autorizar a las sociedades por acciones el reemplazo de las firmas autógrafas en los títulos y acciones que emitan. ñ) Autorizar el empleo de medios mecánicos u otros de contabilidad. o) Peticionar al Juez competente la intervención de la administración de las sociedades comerciales por acciones con el objeto de remediar las causas que motivaron la solicitud, proponiendo el interventor. Esta petición procederá cuando se hayan adoptado resoluciones contrarias a la Ley, al contrato o al reglamento, en tanto se trate de sociedad que haga oferta pública de sus acciones o debentures, o que de cualquier forma requiera dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros, o cuando la solicitud se efectúe en resguardo del interés publico. En todos los casos en que esté prevista la intervención de organismos judiciales serán competentes los jueces con competencia en materia comercial de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Santa Rosa. Las facultades expresamente conferidas por esta Ley y su reglamentación a la Autoridad de Aplicación respecto de las sociedades comerciales, constituyen una enumeración no taxativa que no excluye a las no mencionadas que contribuyan al mejor cumplimiento de los fines de la presente norma. Artículo 8.- Con respecto a las asociaciones civiles y fundaciones, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio tendrá las siguientes funciones: a) Autorizar su funcionamiento, aprobar su estatuto y reformas. b) Fiscalizar en forma permanente su funcionamiento, disolución o liquidación. c) Autorizar y controlar la fusión o disolución resueltas por la entidad. d) Intervenir, con facultades arbitrales, en los conflictos entre las asociaciones y sus asociados, a petición de partes y con el consentimiento de la otra. En este caso el procedimiento y los efectos se regirán en lo pertinente por el Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa, sin perjuicio de las atribuciones que le confiere el artículo 5. e) Considerar, investigar y resolver las denuncias de los asociados o de terceros con interés legítimo. f) Dictaminar sobre consultas formuladas por las entidades. g) Asistir a las Asambleas. h) Convocar a asamblea en las Asociaciones y al Consejo de Administración en las fundaciones, a pedido de cualquier miembro, cuando estime que la solicitud es pertinente y siempre que previamente se haya efectuado el requerimiento a las autoridades de la asociación o fundación y no se haya obtenido respuesta positiva en el término de treinta (30) días de formulado el mismo. Asimismo podrá ejercer de oficio las facultades previstas en este inciso, cuando constate irregularidades graves y estime imprescindible la medida en resguardo del interés público, en cuyo caso la resolución deberá estar debidamente fundada. En tales casos la convocatoria se publicará únicamente en el Boletín Oficial. i) Solicitar al Juez competente la intervención o el retiro de la autorización en los siguientes casos: 1. Si se verifica la existencia de actos graves que constituyan violación de la Ley, del estatuto o del reglamento. 2. Si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público. 3. Si existen irregularidades no subsanables. 4. Si resulta imposible el cumplimiento del objeto de la entidad. j) Conformar y registrar los reglamentos que no sean de simple organización interna. k) Aprobar la emisión de bonos, títulos patrimoniales o empréstitos que puedan afectar a la entidad. l) Declarar la finalización de su existencia. Artículo 9.- Las personas jurídicas de carácter privado se encuentran sometidas al cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) Presentar ante el organismo de control los instrumentos que reglamentariamente se determinen, en los trámites de autorización para funcionar, conformación, aprobación, registración, control, disolución y liquidación, según los casos. b) Adoptar una denominación en idioma nacional, que no podrá ser igual ni prestarse a confusión o inducir a error con entidades similares, ni con reparticiones oficiales. Los nombres en idioma extranjero serán admitidos cuando su uso los haya hechos comunes. En el caso de las sociedades comerciales, se atenderá a lo dispuesto por la Ley Nro. 19.550 en cuanto resulte pertinente. c) No estipular en los estatutos o contratos la renuncia por parte de los asociados a recurrir jurisdiccionalmente contra sus resoluciones definitivas. d) Registrar ante el órgano de control el domicilio de su sede social y comunicar su cambio dentro de los veinte (20) días de producido. e) Realizar sus asambleas en el domicilio registrado o en otro de la misma localidad. Las sometidas a control permanente podrán celebrarlas en domicilo de la misma localidad que no sea el de su sede social justificando las causas que lo hagan necesario, previa autorización del órgano de aplicación y comunicación a los asociados. f) Celebrar sus actos dentro de los plazos que establezcan las leyes y sus estatutos. g) Llevar los libros que las leyes y reglamentos establezcan. h) Comunicar al órgano de aplicación la apertura o cierre de filial, sucursal, agencia u otro tipo de representación cualquiera fuere la jurisdicción en que se encuentre, y dentro del plazo que se fije en la reglamentación. i) Suministrar toda la información que las leyes le impongan y la que sea requerida por la autoridad de aplicación. j) Comunicar la apertura de su concurso dentro de los treinta (30) días a partir de que la resolución respectiva quede firme. k) Someter a visación del órgano de aplicación los actos que requieran publicidad cuando estén sujetas a control limitado y mientras subsista la causa en que se funde esa forma de fiscalización. l) Someter a visación previa del órgano de aplicación los actos que requieran publicidad cuando estén sujetas a control permanente. ll) Prestar colaboración para el ejercicio de la actividad de control del organismo de aplicación. m) Comunicar con doce (12) días de anticipación la convocatoria a las asambleas. Artículo 10.- Para el reconocimiento como personas jurídicas de carácter privado, las entidades deberán presentar sus estatutos, reuniendo los siguientes requisitos esenciales: a) Para las sociedades comerciales, aquellos que establezca la legislación de fondo respectiva. b) Para las asociaciones: 1. Denominación y domicilio. 2. Objeto y recursos con que atenderá su funcionamiento. 3. Derechos y obligaciones de los asociados y categorías de socios. 4. Régimen disciplinario. 5. Ejercicios sociales, inventarios, balances, estado demostrativo de resultados, memoria e informe del órgano de fiscalización. 6. Régimen de las asambleas ordinarias y extraordinarias. 7. Procedimiento para la reforma estatutaria. 8. Normas sobre disolución, liquidación, fusión e incorporación. 9. Determinación de la entidad de bien público que será beneficiaria de los bienes a la disolución. 10. Las federaciones de asociaciones deberán establecer en sus estatutos,que para la integración de sus cuerpos directivos y de fiscalización,y/o para intervenir en asambleas con derecho a voto, se requerirá la calidad de personas jurídicas de las entidades asociadas. En las presentaciones que efectúen anualmente las entidades en cumplimiento de sus obligaciones para con la autoridad de contralor, deberán acompañar obligatoriamente un padrón de asociados en condiciones de elegir y ser elegidos, a fin de facilitar -en su caso- la convocatoria a asamblea por parte de la autoridad de aplicación. c) Para las fundaciones: 1. Nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión, domicilio, número y clase de documento de identidad del fundador. Si se tratare de persona jurídica, su denominación, domicilio e inscripción registral cuando fuere exigible. 2. Denominación, en la que deberá estar comprendida la palabra fundación. 3. Plazo de duración. 4. Objeto, preciso y determinado. 5. Patrimonio expresado en moneda argentina de curso legal, su integración y recursos futuros. 6. Organización detallada de la administración y fiscalización. En aquellas cuyos estatutos no prevean expresamente la posibilidad de acrecentar su patrimonio con contribuciones de terceros, podrá prescindirse del órgano de fiscalización; en los demás será designado por una entidad de bien público con personería jurídica o por una institución de derecho público. 7. Inventario, balance, cuenta de ingresos y egresos, memoria e informe del órgano de fiscalización en su caso. 8. Procedimiento para la reforma de los estatutos. 9. Normas para la disolución y liquidación, y beneficiario del remanente que arroje la misma, que deberá ser entidad de bien público domiciliada en la República Argentina y autorizada a funcionar como persona jurídica. Artículo 11.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio estará a cargo de un funcionario con título de abogado, contador público nacional o escribano, con tres (3) años de ejercicio en la profesión y veinticinco (25) años de edad como mínimo, que será designado por el Poder Ejecutivo. Existirá un cuerpo de empleados e inspectores designados por el Poder Ejecutivo. Los inspectores constituirán personal técnico de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Para desempeñarse en dicha función se requerirá tener título habilitante de abogado, contador público nacional o escribano. El personal de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio no podrá, bajo pena de exoneración, y sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar: a) Revelar los actos de los sujetos sometidos a su contralor, cuando hayan tenido conocimiento de ello en razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos. b) Ejercer su profesión o desempeñarse como asesor en tareas o en asuntos que se relacionen con la competencia del organismo a que pertenece. Las incompatibilidades señaladas precedentemente alcanzarán asimismo al Director del organismo. CAPITULO II SANCIONES Artículo 12.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio tendrá la facultad sancionatoria respecto de las entidades sometidas a su control, de sus Directores, síndicos o administradores, y de toda persona o entidad que no cumpla con la obligación de proveer informaciones, suministre datos falsos o de cualquier manera infrinja las obligaciones impuestas por la Ley, el estatuto o los reglamentos, o dificulte el cumplimiento de sus funciones. Artículo 13.- Las asociaciones y fundaciones serán pasibles de las siguientes sanciones: a) Apercibimiento. b) Apercibimiento con publicación a cargo del infractor. c) Multa hasta un máximo de mil (1.000) pesos por cada infracción. Este monto podrá ser actualizado anualmente por el Poder Ejecutivo. d) Intervención. e) Retiro de la personería jurídica. Las sanciones establecidas en los incisos a), b) y c), podrán aplicarse conjunta o exclusivamente a los Directores, administradores o miembros del órgano de fiscalización de las personas jurídicas a que se refiere este artículo. En estos casos será a cargo exclusivo del infractor el pago de la multa. Si los responsables fueren varios, responderán solidariamente. Las entidades no podrán solventar las sanciones que se apliquen a quienes integran sus órganos y la infracción a esta disposición se considerará motivo de nueva sanción. Artículo 14.- Las autoridades de las personas jurídicas sometidas a la competencia del órgano de aplicación estarán obligadas a poner en conocimiento de la primera asamblea que se celebre, el texto de la resolución que haya impuesto sanciones. Artículo 15.- La aplicación de sanciones se graduará de acuerdo con la gravedad del hecho, con la comisión de otras infracciones por el responsable, y el capital o patrimonio de la entidad. El monto de las multas ingresara a Rentas Generales. CAPITULO III RECURSOS Artículo 16.- Las resoluciones de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio serán apelables ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial con asiento en la ciudad de Santa Rosa. Los recursos se concederán libremente y con efecto suspensivo. Artículo 17.- El plazo de interposición del recurso será de quince (15) días, y deberá presentarse ante el organismo que emitió la resolución. Las actuaciones serán elevadas a la Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días de deducido el recurso, y ésta dará traslado a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio por cinco (5) días. Vencido dicho plazo resolverá sin más trámite y su pronunciamiento será inapelable. Artículo 18.- Las peticiones formuladas a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio deberán ser resueltas dentro de los treinta (30) días de su presentación. Vencido este plazo se podrá solicitar pronto despacho y el organismo deberá expedirse dentro de los diez (10) días de recibido el mismo. Si aún así no se pronunciare, se considerará el silencio como denegatoria y quedará expedita la vía recursiva prevista en el artículo 17. CAPITULO IV DISPOSICIONES TRANSITORIAS Artículo 19.- Transfiérense a jurisdicción administrativa las funciones del Registro Público de Comercio. Los trámites pendientes de resolución en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral de Primera Instancia a cargo del Registro Público de Comercio hasta la sanción de esta Ley, serán remitidos a la autoridad de aplicación determinada en el artículo 1 para su conclusión, al comienzo de la vigencia de la norma. Artículo 20.- La documentación consistente en legajos, archivos y demás referida a las funciones del Registro Público de Comercio, será transferida al Poder Ejecutivo Provincial - Jurisdicción Ministerio de Gobierno y Justicia- Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Artículo 21.- Hasta tanto sea posible la designación de personal con título habilitante para las tareas de inspección, de conformidad con lo previsto en el artículo 11, el Poder Ejecutivo podrá optar por designar personal idóneo o determinar que las tareas de inspección serán cumplidas por el personal técnico de la Dirección General de Rentas. Artículo 22.- Deróganse los artículos 124, 125 y 126 de la Norma Jurídica de Facto Nro. 900 (redacción dada por Ley Nro. 1253), y el artículo 127 (t.o. Decreto Nro. 992/88) el decreto Ley Nro. 1945/56 y toda otra disposición que se oponga a la presente. Artículo 23.- [modifica art. 87de la NJF 900, anterior Ley Organica del Poder Judicial, a su vez derogada por la vigente ley 1675] Artículo 24.- La presente Ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación y el Poder Ejecutivo deberá proceder a su reglamentación de los sesenta (60) días de su publicación. Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. DECRETO 780/1993 REGLAMENTA LA LEY Nº 1450 TITULO I DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO DE APLICACION Artículo 1.-La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio tendrá los siguientes departamentos: a) Asociaciones y Fundaciones; b) Administrativo; c) Sociedades; d) Registro Público de Comercio; e) Inspección; f) Asesoramiento Jurídico. Artículo 2.- El Departamento Asociaciones y Fundaciones, tendrá a su cargo las siguientes tareas, sin perjuicio de otras que pudiera asignarle el Director General: a) tomar intervención en lo atinente al pedido de otorgamiento de personería efectuado por asociaciones y/o fundaciones, reforma de estatutos y retiro de la personería jurídica. b) Efectuar el contralor del adecuado cumplimiento del estatuto y las normas legales relativas a las asociaciones y fundaciones. c) Aconsejar a la Dirección General cuando se compruebe la existencia de infracciones a las disposiciones estatutarias o normas legales que hagan necesaria la intervención de la asociación y/o la aplicación de otras sanciones previstas legalmente. d) Asesorar a las entidades o sus representantes legales en cuanto se refiera al cumplimiento de sus obligaciones legales. e) Elaborar la documentación necesaria para evacuar las consultas que los poderes públicos efectúen a la Dirección General. f) Aconsejar a la Dirección General la realización de inspecciones a las asociaciones o fundaciones a efectos de constatar si sus actividades se desarrollan normalmente. g) Aconsejar a la Dirección General la designación de un representante que asista a la asamblea de alguna entidad, cuando exista un pedido expreso de las autoridades de la misma o de un grupo representativo de asociados, o cuando lo estime conveniente previo estudio de la documentación obrante en la Dirección General. Artículo 3.- El Departamento Administrativo tendrá a su cargo las siguientes tareas, sin perjuicio de otras funciones que le podrá asignar el Director General: a) mantener al día el Registro de entidades con personería jurídica. b) Efectuar la atención del público a través de la Mesa de Entradas y Salidas. c) Recibir la documentación que ingrese a la Dirección General y previa caratulación, derivarla al departamento que corresponda. d) Elaborar y registrar la documentación relativa al personal de la Dirección General. e) Dar entrada y salida -previo registro- a la correspondencia. f) Mantener actualizados los registros denotas resoluciones y disposiciones de la Dirección General. g) Elaborar la documentación relativa a compras y suministros de la Dirección General. h) Mantener actualizados los libros y ficheros de la Dirección General. La Dirección Gral. podrá disponer la adopción de sistemas mecánicos y/o computarizados para las registraciones a que está obligada legalmente. Artículo 4.- Si perjuicio de las funciones que podrá asignarle el Director General, serán tareas a cargo del Departamento de Sociedades, las siguientes: a) tomar intervención en lo atinente al pedido de otorgamiento del conforme administrativo efectuado por sociedades por acciones, reforma de estatutos, transformación, fusión y/o disolución de dichas entidades, así como en el trámite de baja de la matrícula del Registro Provincial de Sociedades por Acciones. b) Efectuar el contralor de lo adecuado cumplimiento del estatuto social y de las normas legales relativas a sociedades. c) Aconsejar a la Dirección General cuando se compruebe la existencia de infracciones a las disposiciones estatuarias o a las normas legales que hagan necesaria la intervención de la sociedad. d) Prestar asesoramiento a las sociedades o a sus representantes legales en cuanto se refiera al cumplimiento de sus obligaciones legales respecto del ámbito de competencia de ésta Dirección General. e) Elaborar la documentación necesaria para evacuar las consultas que los Poderes Públicos efectúen a la Dirección General. f) Aconsejar a la Dirección General la realización de inspecciones a las sociedades a efectos de constatar si sus actividades se desarrollan normalmente. g) Aconsejar a la Dirección General la designación de un representante que asista a la asamblea de alguna sociedad , cuando exista un pedido expreso de su órgano directivo o de fiscalización o de un grupo de socios suficientemente representativo, o cuando lo estime conveniente previo estudio de la documentación obrante en la Dirección General. Artículo 5.- El Departamento Registro Público de Comercio tendrá a su cargo las siguientes tareas sin perjuicio de otras que podrá asignarle el Director General: a) mantener actualizados los ficheros y legajos correspondientes a los enumerados en el artículo 4 de la Ley Provincial 1450. b) Aconsejar a la Dirección General en las cuestiones relativas a las funciones asignadas legalmente al Registro Público de Comercio que requiera su intervención. c) Elaborar la documentación necesaria para evacuar las consultas que los Poderes Públicos efectúen a la Dirección General. Artículo 6.- Serán funciones del Departamento Inspección, las siguientes: a) llevar a cabo inspecciones de asociaciones, fundaciones y sociedades cuando se lo ordene la Dirección General. b) Dentro de la cuarenta y ocho (48) horas de efectuada la inspección, elevar a la Dirección General un informe detallado de lo acontecido en le tarea de inspección, señalando los posibles cursos de acción a seguir por el organismo, de acuerdo a sus facultades legales. c) Llevar un registro actualizado de las inspecciones efectuadas. Artículo 7.- Sin perjuicio de otras funciones que podrá asignarle el Director General, serán funciones del Departamento de Asesoramiento Jurídico. a) tomar intervención en el control de los estatutos propuestos por las asociaciones civiles y fundaciones, previa intervención del Departamento de Asociaciones y Fundaciones. b) tomar intervención en los expedientes en que se tramiten reformas estatutarias. c) redactar disposiciones, resoluciones proyectos de decretos y/o leyes que le encomiende la Dirección General. d) Dictaminar en todos los casos en que se lo indique la Dirección General. e) Asesorar a la Dirección General en los trámites que se realicen ante la misma y en los que se considere necesaria su intervención. Artículo 8.- Los Departamentos enumerados en esta reglamentación, deberán elevar los diversos trámites a la consideración de la Dirección General, dentro de los diez (10) días de la fecha de entrada de los mismos, bajo apercibimientos de incurrir en infracción, salvo que existan fundadas causas que impidan proseguir la tramitación, en cuyo caso informarán a la Dirección General en idéntico plazo. Artículo 9.- El Ministro de Gobierno y Justicia, mediante Resolución fundada, podrá autorizar expresamente a un agente de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio para que subrogue en sus funciones al Director General en caso de ausencia del mismo, y por el plazo que se establezca en la Resolución, autorización que comprenderá la facultad de suscribir los instrumentos legales que resultan competencia de la citada Dirección General. TITULO II ATRIBUCIONES Y FUNCIONES Artículo 10.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, en ejercicio de sus facultades, dictará los reglamentos y resoluciones que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley Provincial 1450 y el presente decreto. Artículo 11.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, está facultada para: a) disponer la utilización de formularios y proponer o propiciar la adopción de modelos de contratos, estatutos y estados contables. b) Establecer normas sobre contabilidad, valuación, inversiones, confección de estados contables y memorias, y recaudos formales para el funcionamiento de los órganos de los sujetos fiscalizados. c) Exigir declaraciones juradas. d) Expedir certificados y testimonios relacionados con las actuaciones que tramitan por ante dicho organismo. e) Percibir tasas por los distintos servicios que presta, de conformidad con los valores establecidos anualmente en la Ley Impositiva de la Provincia. f) Dictar normas reglamentarias para el ejercicio del poder de policía respecto de los comerciantes y de los auxiliares de comercio. Artículo 12.- La Dirección General de Superintendencia y Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio podrá solicitar de las autoridades judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones, toda información y documentación que considere necesaria para la organización y funcionamiento de los registros a su cargo. Artículo 13.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio podrá disponer que las publicaciones que deban realizar las entidades en virtud de normas legales, se efectúen en forma resumida o en los formularios especiales que determine, estableciendo el número y tipo de publicaciones obligatorias para cada categoría de sujetos sometidos a su fiscalización. Artículo 14.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio queda autorizada para aplicar y difundir los criterios sustentados por la jurisprudencia administrativa y judicial, sobre las materias de su competencia. Artículo 15.- Todas las inscripciones en los registros a cargo del organismo serán ordenadas en las actuaciones pertinentes, por el Director General o funcionarios que este designe, previo cumplimiento de los requisitos legales, fiscales y reglamentarios que correspondan al acto a registrar excepto aquellos actos cuya inscripción deba efectuarse en forma automática en virtud de disposición legal. Artículo 16.- Las actuaciones obrantes en la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio revisten carácter público y estarán a la libre consulta de los interesados, conforme a la reglamentación que dicte el organismo. Artículo 17.- En las solicitudes de individualización de libros deberá acreditarse el carácter del peticionante, mediante notificación notarial al efecto o acompañando elementos demostrativos de la personería invocada. Deberá especificarse asimismo, la denominación del libro a individualizar, su número, orden y cantidad de folios. Artículo 18.- Si en el término de sesenta días de la individualización o del traslado de observaciones que formulen, los libros no son retirados por los interesados o no se regularizara la tramitación, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio resolverá sobre el destino de aquellos. Artículo 19.- Las entidades sometidas al control de la Dirección de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registros Público de Comercio deberán fijar su sede con indicación de calle y número, piso, oficina, escritorio o departamento, en el estatuto o contrato o en el acto constitutivo, o en sus sucesivas reformas, o en instrumento separado. Tratándose de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada, los datos relativos a la sede social deberán publicarse de acuerdo a los dispuesto por el artículo 10 de la Ley Nacional 19.550, e inscribirse conjuntamente con el acto constitutivo o su forma. También se inscribirá todo cambio de la sede social que constará en instrumento separado, conforme a las reglamentaciones que dicte el organismo de contralor. Artículo 20.-Las entidades deberán informar todo cambio de sede social en el plazo de 20 días de producido. A todos los efectos se tendrá por sede social la última comunicada al organismo y por válidas las notificaciones allí efectuadas. La falta de cumplimiento del texto procedente será causal para el retiro de la personería jurídica. Artículo 21.- La solicitud de pronto despacho a que se refiere el artículo 18 de la Ley Provincial 1450, está referida a los trámites ordinarios del organismo. El transcurso del plazo previsto en la norma citada precedentemente se interrumpirá por los lapsos correspondientes a visitas de inspección, asambleas que sea necesario realizar, pago de tasas, toda demora en las contestaciones por parte de los interesados, y en general, se computará desde que el expediente se encuentre en situación de resolver. Artículo 22.- Sólo se autorizará la remisión de expedientes: a) cuando sean requeridos por el Ministerio de Gobierno y Justicia; b) para el trámite de los recursos que se interpongan; c) a pedido del Poder Judicial, en cuyo caso podrá ofrecerse la remisión de copias autenticadas para evitar la salida del expediente o actuación. Artículo 23.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio podrá exigir la ratificación por todos los otorgantes o por una nueva asamblea o reunión de socios en su caso de los actos sujetos a control de legalidad si la iniciación del trámite ante el organismo excediere el término de seis meses a contar de las fecha de otorgamiento o celebración de las asambleas o reuniones de socios respectivamente. Artículo 24.- A los fines de iniciar el trámite tendiente a obtener la autorización para funcionar como persona jurídica, las asociaciones jurídicas deberán acompañar la siguiente documentación: a) acta constitutiva o fundacional; b) acta de la asamblea que aprobó los estatutos; c) acta de designación de autoridades o de los representantes que firman la solicitud. d) Acta de reunión en la que se efectuó la distribución de los cargos. e) Estatutos cuya aprobación se solicita; f) Memoria del último ejercicio y balance o estado de cuenta a la fecha de la presentación; g) Nómina de los asociados con indicación de la categoría y cuota social; h) Nómina de los integrantes del órgano directivo y del órgano de fiscalización, en la que deberá especificarse: cargo que ocupa cada persona, término del mandato, datos personales (matrícula individual, clase y nacionalidad), y domicilio de cada uno de los integrantes; i) Acta de asamblea en la que se resolvió licitar la personería jurídica; j) Nota de presentación dirigida al Director General; k) Acreditación del pago del sellado provincial previsto en el artículo 247 del Código fiscal y en la Ley Impositiva que anualmente se dicte; l) Acreditar poseer patrimonio propio de conformidad con lo normado por el artículo 33 apartado 2 inciso 1) del Código Civil. A tal fin las asociaciones deberán presentar inventario de bienes suscripto por contador público Nacional matriculado en el que se incluirá el detalle de los bienes muebles y o inmuebles que posea. En caso de no poseer bienes deberán acreditar la apertura de cuenta Bancaria (Caja de Ahorro o Cta. Corriente), con un depósito mínimo equivalente a diez 10 veces el valor del importe del sellado vigente para peticionar que se le conceda autorización para funcionar. La documentación señalada precedentemente, deberá presentarse en papel oficio rallado, escritura corrida a ambos lados, sin espacios en blanco enmiendas ni raspaduras en original y duplicado. Deberá estar firmado por presidente y secretario con excepción del balance que también deber{a estar suscripto por el tesorero. Las firmas deberán estar certificadas por escribano público o Juez de Paz. Artículo 25.- A los fines de iniciar el trámite para obtener la autorización para funcionar como persona jurídica, las fundaciones deberán presentar las siguientes documentación. a) acta constitutiva; b) estatuto y acta de aprobación de los mismos; c) nómina de los fundadores y detalle del aporte fundacional efectuado por cada uno de ellos; d) nómina de los integrantes del órgano directivo y del órgano de fiscalización, en la que deberá especificarse: cargo que ocupa cada persona término del mandato, datos personales, (matrícula individual, clase y nacionalidad), y domicilio de cada uno de los integrantes. e) Nota de presentación dirigida al Director General; f) Base presupuestario para el primer trieño de funcionamiento: g) Bases presupuestarias para el primer trieño; h) Sellado provincial previsto en el artículo 247 del Código Fiscal y Ley Impositiva que se dicta anualmente; Acreditar poseer patrimonio propio de conformidad con lo normado por el artículo 33, apartado 2 inciso 1) del Código Civil. A tal fin podrán presentar inventario firmado por Contador público nacional matriculado en el que se incluirán los bienes muebles y/o inmuebles que posean. En caso de no poseer bienes, deberán acreditar poseer cuenta bancaria ( cuenta corriente o caja de ahorro), el valor del importe del sellado vigente para peticionar que se le conceda autorización. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 19836, la Dirección General estará autorizada para determinar -previo estudio- el capital mínimo que deberá poseer la entidad y que razonablemente posibilite el cumplimiento de sus fines. La documentación enumerada deberá presentarse en papel oficio rayado, escritura corrida a ambos lados, sin espacios en blanco enmiendas no raspaduras en original y duplicado. Deberá estar firmado por presidente y secretario con excepción del balance que también deber{a estar suscripto por el tesorero. Las firmas deberán estar certificadas por escribano público o Juez de Paz. Artículo 26.- Las sociedades por acciones sujetas a fiscalización permanente por este organismo, comunicarán la convocatoria de sus asambleas por lo menos doce días antes del fijado para la reunión, remitiendo la documentación que establezcan las resoluciones de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio en cuanto no hubiera sido establecido por la ley y por esta reglamentación. Asimismo, las entidades citadas en el párrafo anterior presentarán dentro de los doce días de celebradas las asambleas, la documentación que establezca el organismo de aplicación. Artículo 27.- En los casos de reformas de estatuto o contratos, transformación, fusión, escisión, o disolución de la entidad, deberá presentarse toda la documentación relativa a dichos trámites en el expediente de constitución. Artículo 28.- La falta de presentación en términos de la documentación que acredite la celebración de las asambleas anuales ordinarias es causal suficiente para aplicar sin que medie requerimiento o intimación, las sanciones previstas en la Ley Nacional 19.550 y Ley Provincial 1.450. Dichas sanciones podrán extenderse, a criterio del organismo de contralor, a los integrantes de los órganos de administración y/o de fiscalización en forma personal. Artículo 29.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de comercio esta facultada para asistir cuando lo estime necesario, a las asambleas de las sociedades por acciones, asociaciones civiles y fundaciones. Todo pedido de asistencia de inspector por parte interesada deberá ser fundado y presentado con cinco días de anticipación, como mínimo a la fecha de la asamblea. Solo excepcionalmente y por motivos de gravedad cabe requerir en igual forma o disponer, mediante resolución fundada, la asistencia a sesiones de los órganos de administración. Artículo 30.- Las entidades que celebren su asamblea fuera del término fijado por la Ley o por su estatuto, deberán informar al organismo de contralor sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria. Esa información deberá ser tratada como punto especial del orden del día respectivo. Artículo 31.- Cuando la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio estime necesario que el órgano de gobierno de las entidades sometidas a su fiscalización tome conocimiento o adopte resolución sobre determinados asuntos, podrá exigir su inclusión como punto especial del orden el día. Artículo 32.- Cuando con respecto a una denuncia en trámite exista, por las mismas causales, trabada litis judicial , se paralizará de oficio toda administración administrativa, mientras en la causa no haya recaído sentencia definitiva o interlocutoria que haga sus veces. Artículo 33.- Las entidades sometidas a fiscalización deberán comunicar a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio; a) Los pedidos de concurso o quiebra; b) Loa autos declarativos de quiebra o apertura de concurso; c) La homologación de acuerdos preventivos o resolutorios; d) Las sanciones que le sean aplicadas por otros organismos; e) La pérdida del 50% o más del capital social; La comunicación deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días de producida dichas causales. Artículo 34.- La declaración de irregularidad o de ineficacia a los efectos administrativos de los actos sometidos a la fiscalización de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, cuando sean contrarios a la Ley, a los estatutos, contratos o reglamentos -sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Nacional 19550 y Ley Provincial 1450 en su caso-, facultará al organismo de aplicación para solicitar al juez del domicilio de la sociedad la suspensión de las resoluciones de los órganos sociales, la intervención d la sociedad su disolución o liquidación. El caso de las asociaciones civiles y fundaciones, la medida será tomada por la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, mediante resolución fundada. Artículo 35.- Las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social o establezcan sucursal, asiento o cualquier otro tipo de representación permanente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 inciso b) de la Ley Provincial 1450, presentarán para su registración -en idioma original-, la siguiente documentación: a) Acto constitutivo, estatutos y eventuales reformas; b) Comprobante extendido por la autoridad competente de que se hallan debidamente autorizadas o inscriptos según las leyes de su país de origen; c) Resolución del órgano competente que dispuso solicitar la inscripción (con indicación de las facultades del representante den su caso) y por la que se fije la sede social en la República; d) Determinación del capital y acreditación d su integración cuando correspondiera por leyes especiales. La documentación detallada precedentemente deberá estar autenticada en legal forma en el, país de origen y legalizada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y acompañada de su versión en idioma nacional subscripta por traductor público matriculado, con su firma legalizada por el respectivo Colegio Profesional. En oportunidad de dicha presentación, los administradores o representantes del país deberán denunciar o constituir domicilio especial a todos los efectos que pudieran corresponder. Artículo 36.- La documentación para inscribir toda reforma del instituto, variación del capital asignado y cancelación de inscripción en la republica deberá ser presentada con las mismas formalidades indicadas en el articulo anterior. En la inscripción de variaciones de capital o cualquier otro tipo de reformas se observaran los recaudos requeridos para las sociedad por acciones. Artículo 37.- Las sociedades constituidas en el extranjero que constituyan sociedad en la Republica deberán: a) Presentar para su registración la documentación individualizada en los incisos a y b del articulo 35, b) Inscribir la designación del representantes con indicación de sus facultades; c) Fijar sede social en la Republica. En oportunidad de dicha presentación los administradores o r4presentantes en el país deberán denunciar sus datos personales y constituir domicilio especial a todos los efectos que pudieran corresponder. Artículo 38.- En ejercicio de sus funciones de fiscalización permanente la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, solicitará a las sociedades constituidas en el extranjero que hagan en el país ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales asientos o representaciones, el cumplimiento de los mismos recaudos exigidos a las sociedades comprendidas en el artículo 299 de la Ley Nacional 19550 para fiscalizar su funcionamiento, disolución y liquidación. Anualmente, la citadas entidades remirarán a este organismo una copia de los estados contables del ejercicio. Artículo 39.- En las asociaciones civiles y fundaciones autorizadas, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, controlará los porositos del estatuto sean efectivamente realizados y no se desvirtúe la finalidad perseguida con su creación. Artículo 40.- Las emisiones de bonos, títulos patrimoniales o empréstitos que bajo cualquier denominación puedan efectuar estas entidades, deberán contar con la previa autorización de la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Las entidades interesadas en realizarlas deberán suministrar con la solicitud de autorización, los datos e informaciones que al respecto requiera el organismo de contralor. Artículo 41.- Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio podrá exigir modificaciones a los estatutos de las asociaciones civiles y fundaciones, cuando sea necesario por disposiciones legales y/o reglamentarias en vigor. Artículo 42.- La falta de cumplimiento por parte de las entidades controladas de la celebración de su asamblea ordinaria durante dos o mas periodos consecutivos, facultará a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio para proceder al Registro de la autorización para funcionar, sin que sea necesario que medie interpelación previa. Artículo 43.- La Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio está facultada para disponer que la sanción de apercibimiento con publicación a cargo del infractor establecida en el artículo 13 inciso b) de la Ley Provincial 1450, se efectúe en los periódicos u otros medios de difusión por el término y las modalidades que indique. Artículo 44.- Las multas que aplique la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio en uso de las facultades que le acuerda el artículo 13 de la Ley provincial 1450, deberán ser abonadas dentro de los diez días de que la Resolución que la dispone haya quedado firme. Vencido éste término sin que se abonara su importe, el cobro será perseguido judicialmente mediante el procedimiento de la ejecución fiscal, sirviendo para ello de título ejecutivo las copias de Resolución firme, autenticadas, por el Director General. Artículo 45.- Contra las Resoluciones dictadas por la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio procederá el recurso de reconsideración, en los términos establecidos por las normas de procedimiento administrativo vigentes, y sin perjuicio del recurso de apelación por ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral, previsto en el texto de la Ley Provincial 1450. Artículo 46.- De la prohibición dispuesta por el artículo 11 4º párrafo inciso a) de la Ley Provincial 1450 se exceptúa la revelación de aquellos actos cuya publicidad está dispuesta por la Ley. Artículo 47.- En caso de intervención profesional de un agente en relación a asuntos ajenos ala competencia del organismo, queda obligado a excusarse en el supuesto de que tenga que dictaminar o intervenir en condición de funcionario. Artículo 48.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y Justicia. Artículo 49.- Dese al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Gobierno y Justicia a sus efectos. FIRMANTES MARIN-Dr. Heriberto Eloy Mediza.