Ley 189/99

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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 722 LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES LEY Nº 189/99 FE DE ERRATAS. APRUEBA EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. MODIFICA LA LEY N° 7 -ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD-, EN CUANTO A LA INSTANCIA ORDINARIA DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; A LA SUSTITUCIÓN DE LOS JUECES Y JUEZAS DE LAS CÁMARAS DE APELACIONES; Y A LA VIGENCIA DE LAS NORMAS DE LA MISMA. PROCEDIMIENTOS - DERECHO PROCESAL Buenos Aires, 13 de mayo de 1999 LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES SANCIONA CON FUERZA DE LEY: Artículo 1 - Apruébase el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo I integra la presente. Art. 2° - Sustitúyese el inciso 6° del artículo 26 de la Ley N° 7, Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por el siguiente texto: "El Tribunal Superior de Justicia conoce:... 6) En instancia ordinaria de apelación, en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000). Art. 3° - Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 7 Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por el siguiente texto: "Art. 38 Sustitución de los Jueces y Juezas de las Cámaras de Apelaciones. Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial, del Trabajo, en lo Criminal y Correccional y en lo Contravencional y de Faltas, y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, se integran, por sorteo, entre los demás jueces y juezas de ellas; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la otra cámara en el orden precedentemente establecido; y, por último, Artículo 1 - Apruébase el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexo I integra la presente. Art. 2° - Sustitúyese el inciso 6° del artículo 26 de la Ley N° 7, Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por el siguiente texto: "El Tribunal Superior de Justicia conoce:... 6) En instancia ordinaria de apelación, en las causas en que la Ciudad sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus accesorios, sea superior a la suma de pesos setecientos mil ($ 700.000). Art. 3° - Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 7 Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por el siguiente texto: "Art. 38 Sustitución de los Jueces y Juezas de las Cámaras de Apelaciones. Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, en lo Comercial, del Trabajo, en lo Criminal y Correccional y en lo Contravencional y de Faltas, y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, se integran, por sorteo, entre los demás jueces y juezas de ellas; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la otra cámara en el orden precedentemente establecido; y, por último, también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la cámara que deba integrarse. La Cámara de Casación Penal se integra, en caso de ser necesario, con un juez o jueza, elegido/a por sorteo, de la Cámara en lo Criminal y Correccional. Art. 4° - Sustitúyese el texto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 7 Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por el siguiente texto: Primera: Vigencia de Normas. Los artículos 27 al 35 y 38 al 47, quedan suspendidos en su vigencia. El funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se debe prever la transferencia proporcional de las partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el Poder Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados en el artículo 38, la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en caso de ser necesaria la sustitución de alguno de sus integrantes se realiza por sorteo, entre los demás jueces y juezas de la Cámara que corresponda; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la otra cámara en el orden precedentemente establecido; y, por último, también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la cámara que deba integrarse. Art. 5° - Se rigen por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia que se inicien al día siguiente de su publicación, y también los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia iniciados con anterioridad, que se encuentren radicados transitoriamente en tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 6° - La presente ley rige a partir de los sesenta (60) días de la fecha de su publicación. Art. 7° - Comuníquese, etcétera. también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la cámara que deba integrarse. La Cámara de Casación Penal se integra, en caso de ser necesario, con un juez o jueza, elegido/a por sorteo, de la Cámara en lo Criminal y Correccional. Art. 4° - Sustitúyese el texto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 7 Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, por el siguiente texto: Primera: Vigencia de Normas. Los artículos 27 al 35 y 38 al 47, quedan suspendidos en su vigencia. El funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se debe prever la transferencia proporcional de las partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el Poder Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados en el artículo 38, la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en caso de ser necesaria la sustitución de alguno de sus integrantes se realiza por sorteo, entre los demás jueces y juezas de la Cámara que corresponda; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la otra cámara en el orden precedentemente establecido; y, por último, también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la cámara que deba integrarse. Art. 5° - Se rigen por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia que se inicien al día siguiente de su publicación, y también los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia iniciados con anterioridad, que se encuentren radicados transitoriamente en tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 6° - La presente ley rige a partir de los sesenta (60) días de la fecha de su publicación. Art. 7° - Comuníquese, etcétera. Art. 29 - Facultades ordenatorias e instructorias. Aún sin requerimiento de parte, los tribunales pueden: 1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasa a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. 2) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto el tribunal puede: a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento. b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, peritos/as y consultores/as técnicos/as, para interrogarlos/as acerca de lo que creyeren necesario. c) Invitar a personas menores de dieciocho (18) años de edad a exponer sobre hechos o circunstancias que hayan sido de su conocimiento, cuando estos libremente presten su consentimiento informado. d) Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros. e) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere. 3) Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 149 incisos 1) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo substancial de la decisión.Art. 30 - Sanciones Conminatorias.Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo importe es a favor del/la titular del derecho afectado por el incumplimiento.Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.Cuando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal puede disponer que la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados en el artículo 38, la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en caso de ser necesaria la sustitución de alguno de sus integrantes se realiza por sorteo, entre los demás jueces y juezas de la Cámara que corresponda; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la otra cámara en el orden precedentemente establecido; y, por último, también por sorteo, con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la cámara que deba integrarse. Art. 5° - Se rigen por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia que se inicien al día siguiente de su publicación, y también los juicios, recursos y ejecuciones de sentencia iniciados con anterioridad, que se encuentren radicados transitoriamente en tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Art. 6° - La presente ley rige a partir de los sesenta (60) días de la fecha de su publicación. Art. 7° - Comuníquese, etcétera. Art. 29 - Facultades ordenatorias e instructorias. Aún sin requerimiento de parte, los tribunales pueden: 1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasa a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. 2) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto el tribunal puede: a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento. b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, peritos/as y consultores/as técnicos/as, para interrogarlos/as acerca de lo que creyeren necesario. c) Invitar a personas menores de dieciocho (18) años de edad a exponer sobre hechos o circunstancias que hayan sido de su conocimiento, cuando estos libremente presten su consentimiento informado. d) Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros. e) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere. 3) Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 149 incisos 1) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo substancial de la decisión.Art. 30 - Sanciones Conminatorias.Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo importe es a favor del/la titular del derecho afectado por el incumplimiento.Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.Cuando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal puede disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. En tal caso, ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago, pueden satisfacerse a través del sujeto de derecho estatal. CAPITULO III SECRETARIOS/AS Y PROSECRETARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS Art. 31 - Secretarios/as. Deberes.Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son: 1)Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones. 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas. 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 27, Inc. 3a). 5) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. 6) Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 32 - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes. Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los Prosecretarios/as Administrativos/as, las funciones de éstos/as son:1) Firmar las providencias simples que dispongan: a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares. Art. 29 - Facultades ordenatorias e instructorias. Aún sin requerimiento de parte, los tribunales pueden: 1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasa a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias. 2) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto el tribunal puede: a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento. b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos, peritos/as y consultores/as técnicos/as, para interrogarlos/as acerca de lo que creyeren necesario. c) Invitar a personas menores de dieciocho (18) años de edad a exponer sobre hechos o circunstancias que hayan sido de su conocimiento, cuando estos libremente presten su consentimiento informado. d) Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros. e) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere. 3) Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 149 incisos 1) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo substancial de la decisión.Art. 30 - Sanciones Conminatorias.Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo importe es a favor del/la titular del derecho afectado por el incumplimiento.Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.Cuando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal puede disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. En tal caso, ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago, pueden satisfacerse a través del sujeto de derecho estatal. CAPITULO III SECRETARIOS/AS Y PROSECRETARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS Art. 31 - Secretarios/as. Deberes.Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son: 1)Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones. 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas. 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 27, Inc. 3a). 5) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. 6) Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 32 - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes. Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los Prosecretarios/as Administrativos/as, las funciones de éstos/as son:1) Firmar las providencias simples que dispongan: a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares. b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios/as que intervengan como parte. c) Devolver los escritos presentados sin copias.Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 33 - Recusación.Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los/las jueces/zas. CAPITULO IV PARTES Art. 34 - Domicilio.Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el domicilio real de la persona representada.Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad representada judicialmente por ésta.Art. 35 - Falta de constitución y de denuncia de domicilio.Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se observa lo dispuesto en el primer párrafo.Art. 36 - Subsistencia de los domicilios.Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.Todo cambio de domicilio debe notificarse edad a exponer sobre hechos o circunstancias que hayan sido de su conocimiento, cuando estos libremente presten su consentimiento informado. d) Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros. e) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere. 3) Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 149 incisos 1) y 2), errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo substancial de la decisión.Art. 30 - Sanciones Conminatorias.Los/las jueces/zas y tribunales pueden imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos cuyo importe es a favor del/la titular del derecho afectado por el incumplimiento.Pueden aplicarse sanciones conminatorias a terceros, en los casos en que la ley lo establece. Las condenas se gradúan en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.Cuando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal puede disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. En tal caso, ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago, pueden satisfacerse a través del sujeto de derecho estatal. CAPITULO III SECRETARIOS/AS Y PROSECRETARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS Art. 31 - Secretarios/as. Deberes.Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son: 1)Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones. 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas. 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 27, Inc. 3a). 5) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. 6) Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 32 - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes. Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los Prosecretarios/as Administrativos/as, las funciones de éstos/as son:1) Firmar las providencias simples que dispongan: a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares. b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios/as que intervengan como parte. c) Devolver los escritos presentados sin copias.Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 33 - Recusación.Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los/las jueces/zas. CAPITULO IV PARTES Art. 34 - Domicilio.Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el domicilio real de la persona representada.Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad representada judicialmente por ésta.Art. 35 - Falta de constitución y de denuncia de domicilio.Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se observa lo dispuesto en el primer párrafo.Art. 36 - Subsistencia de los domicilios.Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.Art. 37 - Muerte o incapacidad.Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).Art. 38 - Sustitución de parte.Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso 1) y 85, primer párrafo.Art. 39 - Temeridad o malicia.Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese monto determinado.El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su juzgamiento disciplinario. CAPITULO V REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento. En tal caso, ejecutado que sea y sólo para el caso de comprobada imposibilidad de pago, pueden satisfacerse a través del sujeto de derecho estatal. CAPITULO III SECRETARIOS/AS Y PROSECRETARIOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS Art. 31 - Secretarios/as. Deberes.Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios/as, sus funciones son: 1)Comunicar a las partes y a los terceros las decisiones judiciales, mediante la firma de oficios, mandamientos, cédulas y edictos, sin perjuicio de las facultades que se acuerdan a los/las letrados/as respecto de las cédulas y oficios, y de lo que establezcan los convenios sobre comunicaciones entre magistrados/as de distintas jurisdicciones. 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas. 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 27, Inc. 3a). 5) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. 6) Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 32 - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes. Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los Prosecretarios/as Administrativos/as, las funciones de éstos/as son:1) Firmar las providencias simples que dispongan: a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares. b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios/as que intervengan como parte. c) Devolver los escritos presentados sin copias.Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 33 - Recusación.Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los/las jueces/zas. CAPITULO IV PARTES Art. 34 - Domicilio.Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el domicilio real de la persona representada.Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad representada judicialmente por ésta.Art. 35 - Falta de constitución y de denuncia de domicilio.Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se observa lo dispuesto en el primer párrafo.Art. 36 - Subsistencia de los domicilios.Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.Art. 37 - Muerte o incapacidad.Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).Art. 38 - Sustitución de parte.Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso 1) y 85, primer párrafo.Art. 39 - Temeridad o malicia.Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese monto determinado.El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su juzgamiento disciplinario. CAPITULO V REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la 2) Extender certificados, testimonios y copias de actas. 3) Conferir vistas y traslados. 4) Firmar, sin perjuicio de las facultades que se confieren al oficial primero o jefe de despacho, las providencias de mero trámite, observando, en cuanto al plazo, lo dispuesto en el art. 27, Inc. 3a). 5) Devolver los escritos presentados fuera de plazo. 6) Dentro del plazo de tres días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el Secretario/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 32 - Prosecretarios/as administrativos/as. Deberes. Además de los deberes que en otras disposiciones de este código y en las leyes de organización judicial se imponen a los Prosecretarios/as Administrativos/as, las funciones de éstos/as son:1) Firmar las providencias simples que dispongan: a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos o actuaciones similares. b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios/as que intervengan como parte. c) Devolver los escritos presentados sin copias.Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 33 - Recusación.Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los/las jueces/zas. CAPITULO IV PARTES Art. 34 - Domicilio.Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el domicilio real de la persona representada.Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad representada judicialmente por ésta.Art. 35 - Falta de constitución y de denuncia de domicilio.Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se observa lo dispuesto en el primer párrafo.Art. 36 - Subsistencia de los domicilios.Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.Art. 37 - Muerte o incapacidad.Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).Art. 38 - Sustitución de parte.Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso 1) y 85, primer párrafo.Art. 39 - Temeridad o malicia.Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese monto determinado.El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su juzgamiento disciplinario. CAPITULO V REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 b) Remitir las causas a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios/as que intervengan como parte. c) Devolver los escritos presentados sin copias.Dentro del plazo de tres (3) días, las partes pueden requerir al juez/a que deje sin efecto lo dispuesto por el/la Prosecretario/a Administrativo/a. Este pedido se resuelve sin substanciación. La resolución es inapelable.Art. 33 - Recusación.Los/as Secretarios/as no son recusables; pero tienen la carga de manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.En todos los casos son aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los/las jueces/zas. CAPITULO IV PARTES Art. 34 - Domicilio.Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, tiene la carga de constituir domicilio procesal dentro del perímetro de la Ciudad.Este requisito se cumple en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el domicilio real de la persona representada.Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad representada judicialmente por ésta.Art. 35 - Falta de constitución y de denuncia de domicilio.Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se observa lo dispuesto en el primer párrafo.Art. 36 - Subsistencia de los domicilios.Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.Art. 37 - Muerte o incapacidad.Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).Art. 38 - Sustitución de parte.Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso 1) y 85, primer párrafo.Art. 39 - Temeridad o malicia.Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese monto determinado.El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su juzgamiento disciplinario. CAPITULO V REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII que interviene. En las mismas oportunidades tiene la carga de denunciarse el domicilio real de la persona representada.Se diligencian en el domicilio constituido todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.A todos los efectos de este código se interpreta que el domicilio constituido del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la sede de la Procuración General, donde también lo constituye toda otra entidad representada judicialmente por ésta.Art. 35 - Falta de constitución y de denuncia de domicilio.Si no se cumple con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 117, salvo la sentencia.Si la parte no denuncia su domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplen en el lugar en que se haya constituido, y en defecto también de éste, se observa lo dispuesto en el primer párrafo.Art. 36 - Subsistencia de los domicilios.Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsisten para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador/a se observa lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate respectivamente, del domicilio constituido o del real.Todo cambio de domicilio debe notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.Art. 37 - Muerte o incapacidad.Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).Art. 38 - Sustitución de parte.Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso 1) y 85, primer párrafo.Art. 39 - Temeridad o malicia.Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese monto determinado.El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su juzgamiento disciplinario. CAPITULO V REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tiene por subsistente el anterior.Art. 37 - Muerte o incapacidad.Cuando la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el tribunal suspende la tramitación y cita a los herederos/as o al representante legal en la forma y bajo el apercibimiento dispuesto en el artículo 47, inciso 5).Art. 38 - Sustitución de parte.Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. Puede hacerlo en la calidad prevista por los artículos 84 inciso 1) y 85, primer párrafo.Art. 39 - Temeridad o malicia.Cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, el/la juez/a puede imponer una multa a la parte vencida. Su importe se fija entre el cinco y el treinta por ciento del valor del juicio, o entre pesos doscientos y cuatro mil, si no hubiese monto determinado.El importe de la multa es a favor de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.Si el/la juez/a estima que alguno/a de los/las abogados/as ha obrado con temeridad o malicia debe remitir las piezas pertinentes al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados para su juzgamiento disciplinario. CAPITULO V REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. REPRESENTACION PROCESAL Art. 40 - Justificación de la personería.La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, tiene la carga de acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste.Si se invoca la imposibilidad de presentar el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el/la juez/a considera atendibles las razones que se expresen, puede acordar un plazo de hasta veinte días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.Los padres que comparezcan en representación de sus hijos/as, no tienen obligación de presentar las partidas correspondientes, salvo que el/la juez/a, a petición de parte o de oficio, los emplace a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.Art. 41- Presentación de poderes.Los abogados/as, procuradores/as o apoderados/as acreditan su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acredita con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado/a patrocinante o por el apoderado/a. De oficio o a petición de parte, puede intimarse la presentación del testimonio original. La representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas representación de las autoridades administrativas se efectúa indistintamente, a través del medio señalado en el párrafo precedente, o a través de acto administrativo emanado de la Procuración General o, en su caso, de la más alta autoridad del ente respectivo, supuestos en los que existe la carga de glosarse a las actuaciones copia autenticada del acto de apoderamiento.Art. 42 - Gestor/a.Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, es nulo todo lo actuado por el gestor/a y éste/a debe satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que haya producido.En su presentación, el gestor/a, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, tiene la carga de expresar las razones que justifiquen la seriedad del pedido. La nulidad, en su caso, se produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.Art. 43 - Efectos de la presentación del poder y admisión de la personería.Presentado el poder y admitida su personería, el/la apoderado/a asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. al poderdante como si él/ella personalmente los practicare.Art. 44 - Obligaciones del apoderado/a.El/la apoderado/a está obligado/a a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente en el cargo. Hasta entonces las citaciones y notificaciones que se hagan, incluso las de las sentencias definitivas, tienen la misma fuerza que si se hicieren al/la poderdante, sin que le sea permitido pedir que se entiendan con éste/a.Exceptúanse los actos que por disposición de la ley deban ser notificados personalmente a la parte.Art. 45 - Alcance del poder.El poder conferido para un pleito determinado, cualesquiera sean sus términos, comprende la facultad de interponer los recursos legales y seguir todas las instancias del pleito.También comprende la facultad de intervenir en los incidentes y de ejercitar todos los actos que ocurran durante la secuela de la litis, excepto aquéllos para los cuales la ley requiera facultad especial, o se hubiesen reservado expresamente en el poder.Art. 46 - Responsabilidad por las costas.Sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal por el ejercicio del mandato, el/la mandatario/a debe abonar a su poderdante las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia, cuando ésta sea declarada judicialmente.En tal caso, es requisito previo la apertura de un incidente para determinar la culpa o negligencia del/la profesional, el que tramita por el procedimiento sumarísimo. Observando el mismo procedimiento el/la juez/a puede, de acuerdo con las circunstancias, establecer la responsabilidad solidaria del/la mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: mandatario/a con el/la letrado/a patrocinante, previa sustanciación del respectivo incidente.Art. 47 - Cesación de la representación. La representación de los apoderados/as cesa: 1) Por revocación expresa del mandato en el expediente. En este caso, el/la poderdante tiene la carga de comparecer por sí o constituir nuevo apoderado/a sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía. La sola presentación del/la mandante no revoca el poder. 2) Por renuncia, en cuyo caso el/la apoderado/a tiene la carga de, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo que el/la juez/a fije al/la poderdante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo debe hacerse bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía.La resolución que así lo disponga debe notificarse por cédula en el domicilio real del/la mandante. 3) Por haber cesado la personalidad con que litigaba el/la poderdante. 4) Por haber concluido la causa para la cual se le otorgó el poder. 5) Por muerte o incapacidad del/la poderdante. En tales casos el/la apoderado/a tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; tiene la carga de continuar ejerciendo su personería hasta que los/las herederos/as o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso, o venza el plazo fijado por el tribunal a tal efecto. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el/la juez/a señala un plazo para que los/as interesados/as concurran a estar a derecho, citándolos/as directamente si se conocieran sus domicilios, o por edictos durante dos días consecutivos, si no fuesen conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor/a en el segundo. 6) Cuando el deceso o la incapacidad hayan llegado a conocimiento del/la mandatario/a, éste/a tiene la carga de hacerlo presente al tribunal dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de perder el derecho a cobrar los honorarios que se devengaren con posterioridad. En la misma sanción incurre el/la mandatario/a que omita denunciar el nombre y domicilio de los/las herederos/as, o del/la representante legal, si los/las conociere. 7) Por muerte o inhabilidad del/la apoderado/a. Producido el caso, se suspende la tramitación del juicio y el tribunal fija al/la mandante un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado/a, citándolo en la forma dispuesta en el inciso cinco del presente artículo. Vencido el plazo fijado sin que el/la mandante satisfaga el requerimiento, se continúa el juicio en rebeldía.Art. 48 - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. - Unificación de la personería.Cuando actúen en el proceso diversos litigantes con un interés común, el tribunal, de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, o interpuesta la reconvención debe intimarles a que unifiquen la representación siempre que haya compatibilidad en ella, que el derecho o el fundamento de la demanda sea el mismo o iguales las defensas. A ese efecto, fija una audiencia dentro de los diez días y si los/las interesados/as no concurren o no se avienen en el nombramiento de representante único/a, el tribunal lodesigna/a eligiendo entre los/las que intervienen en el proceso.Producida la unificación, el/la representante único/a tiene, respecto de sus mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.Art. 49 - Revocación.Una vez efectuado el nombramiento común, puede revocarse por acuerdo unánime de las mismas partes o por el tribunal a petición de algunas de ellas, siempre que en este último caso hubiese motivo que lo justifique.La revocación no produce efectos mientras no tome intervención el/la nuevo/a mandatario/a.La unificación se deja sin efecto cuando desaparecen los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo anterior. CAPITULO VI PATROCINIO LETRADO Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 50 - Patrocinio obligatorio.Los tribunales no proveen ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, reconvenciones, alegatos o expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes, o se pida nulidad de actuaciones y, en general, los que sustenten o controviertan derechos, si no llevan firma de letrado/a.No se admite tampoco la presentación de interrogatorios que no lleven firma de letrado/a, ni la promoción de cuestiones, de cualquier naturaleza, en las audiencias, ni su contestación, si la parte que las promueve o contesta no está acompañada de letrado/a patrocinante.Art. 51 - Falta de firma de letrado/a.Se tiene por no presentado y se devuelve al/la firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado/a no la tuviese, si dentro del segundo día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.Ello tiene lugar suscribiendo un/a abogado/a el mismo escrito ante el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a, quien certifica en el expediente esta circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado/a.Art. 52 - Dignidad.En el desempeño de su profesión, el/la abogado/a es asimilado/a a los/las magistrados/as en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. CAPITULO VII REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". REBELDIA Art. 53 - Rebeldía. Incomparecencia del/la demandado/a no declarado/a rebelde.La parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no compareciere durante el plazo de la citación o abandonare el juicio después de haber comparecido, es declarada en rebeldía a pedido de la otra.Esta resolución se notifica por cédula o, en su caso, por edictos durante dos días. Las sucesivas resoluciones se tienen por notificadas por ministerio de la ley.Si no se ha requerido que el/la incompareciente sea declarado/a rebelde, se aplican las reglas sobre notificaciones establecidas en el primer párrafo del artículo 35.Art. 54 - Efectos.La rebeldía no altera la secuela regular del proceso.La sentencia es pronunciada según el mérito de la causa y lo establecido en el artículo 145. En caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.Art. 55 - Costas.Son a cargo del/la rebelde las costas causadas por su rebeldía.Art. 56 - Notificación de la sentencia.La sentencia se hace saber al/la rebelde en la forma prescripta para la notificación de la providencia que declara la rebeldía.Art. 57 - Medidas precautorias.Desde el momento en que un/a litigante haya sido declarado/a en rebeldía pueden decretarse, si la otra parte lo pidiere, las medidas precautorias necesarias para asegurar el objeto del juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. juicio, o el pago de la suma que se estime en concepto de eventuales costas si el/la rebelde fuere el actor/a.Art. 58 - Comparecencia del rebelde.Si el/la rebelde compareciere en cualquier estado del juicio, es admitido/a como parte y, cesando el procedimiento en rebeldía, se entiende con él/ella la substanciación, sin que ésta pueda en ningún caso retrogradarse.Art. 59 - Subsistencia de las medidas precautorias.Las medidas precautorias decretadas de conformidad con el artículo 57, continúan hasta la terminación del juicio, a menos que el/la interesado/a justificare haber incurrido en rebeldía por causas que no haya estado a su alcance vencer.Son aplicables las normas sobre ampliación, sustitución o reducción de las medidas precautorias.Las peticiones sobre procedencia o alcance de las medidas precautorias tramitan por incidente, sin detener el curso del proceso principal.Art. 60 - Prueba en segunda instancia.Si el/la rebelde comparece después de vencido el plazo para producir la prueba y apela la sentencia, a su pedido se recibe la causa a prueba en segunda instancia, en los términos del artículo 231.Si como consecuencia de la prueba producida en segunda instancia la otra parte resultare vencida, para la distribución de las costas se tiene en cuenta la situación creada por el/la rebelde.Art. 61 - Inimpugnabilidad de la sentencia.Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admite recurso alguno contra ella. CAPITULO VIII COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad COSTAS Art. 62 - Principio general.La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando esta no lo hubiese solicitado.Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido,siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.Art. 63 - Incidentes.En los incidentes también rige lo establecido en el artículo anterior. No se substancian nuevos incidentes promovidos por quien haya sido condenado/a al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo.No están sujetas a este requisito de admisibilidad las incidencias promovidas en el curso de las audiencias,ni las comprendidas en el Capítulo siguiente. Toda apelación sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concede en trámite diferido, salvo cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las partes contra la resolución que decidió el incidente.Art. 64 - Allanamiento. La solicitud contiene: a) La mención de los hechos en que se funda, de la necesidad de reclamar o defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. defender judicialmente derechos propios o del/la cónyuge o de hijos/as menores de edad, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se debe intervenir. b) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Existe la carga de acompañar los interrogatorios para los/las testigos. En todos los casos en que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido del/la interesado/a, el/la juez/a puede ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión. Las transmisiones se hacen por una emisora oficial y por las que determine la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura y su número debe coincidir con el de las publicaciones que este código prevé en cada caso con respecto a la notificación por edictos. La diligencia se acredita agregando al expediente certificación emanada de la empresa radiodifusora, en la que consta el texto del anuncio, que debe ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tiene por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Respecto de los gastos que irrogare esta forma de notificación, rige lo dispuesto en el último párrafo del artículo 126. El pedido de nulidad tramita por incidente, aplicándose las normas del Capítulo XI de este Título. El/la funcionario/a o empleado/a que hubiese practicado la notificación declarada nula, incurre en falta grave cuando la irregularidad le sea imputable. Art. 133 - Plazo y carácter. El plazo para contestar vistas y traslados, salvo disposición en contrario de la ley, es de cinco días. Todo traslado o vista se considera decretado en calidad de autos, debiendo el tribunal dictar resolución sin más trámite. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria. Art. 134 - Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. Las actuaciones y diligencias judiciales se practican en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el reglamento que dicte el Consejo de la Magistratura. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por el Consejo de la Magistratura para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los/las jueces/zas, funcionarios/as o empleados/as deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete y las veinte. Para la celebración de audiencias de prueba, el Consejo de la Magistratura puede declarar horas hábiles, cuando las circunstancias lo exigieren, las que median entre las siete y las diecinueve horas. Art. 135 - Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los tribunales deben habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este código, o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiere tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. De la resolución sólo puede recurrirse por reposición, siempre que aquélla sea denegatoria. Incurre en falta grave el/la juez/a que, reiteradamente, no adopte las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal. Art. 136 - Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil, puede llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continúa en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el/la juez/a o tribunal. Art. 137 - Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios; pueden ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Cuando este código no fija expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señala el/la juez/a de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 138 - Comienzo. Los plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles. Art. 139 - Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Los/las apoderados/as no pueden acordar una suspensión mayor de veinte (20) días sin acreditar ante el tribunal la conformidad de sus mandantes. Las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los tribunales deben declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente. Art. 140 - Ampliación. Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley Para toda diligencia que debe practicarse dentro de la República y fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, quedan ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien. Art. 141 - Extensión a los/las funcionarios/as públicos. El ministerio público y los/las funcionarios/as que a cualquier Título intervengan en el proceso están sometidos a las reglas precedentes, debiendo expedirse o ejercer sus derechos dentro de los plazos fijados. Art. 142 - Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin substanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por escrito, indicación de fecha y lugar, y la firma del/la juez/a o presidente/a del tribunal, o del/la secretario/a, o Prosecretario/a administrativo/a en su caso. Art. 143 - Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que requieren substanciación, planteadas durante el curso del proceso. Además de los requisitos enunciados en el artículo anterior, deben contener: 1)Los fundamentos. 2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 3) El pronunciamiento sobre costas. Art. 144 - Sentencias homologatorias. Las sentencias que recaigan en los supuestos de desistimiento, transacción o conciliación, se dictan en la forma establecida en los artículos 142 o 143, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación. Art. 145 - Sentencia definitiva de primera instancia. Principios generales. 1) La sentencia definitiva de primera instancia debe contener: 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; 2) La mención del lugar y fecha. 3) El nombre y apellido de las partes. 4) La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. 5) La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior. 6) Los fundamentos y la aplicación de la ley. 7) La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 8) El plazo que se otorgue para su cumplimiento, si es susceptible de ejecución. 9) El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad o malicia. La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados La firma del/la juez/a. Las presunciones no establecidas por ley constituyen prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produzcan convicción según la naturaleza del juicio. De conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la substanciación del proceso puede constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la substanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. Art. 146 - De las sentencias referidas a actos administrativos. Cuando la sentencia acoge la pretensión, hace lugar a la protección del derecho, o del interés invocados, puede: 1) Anular total o parcialmente el acto impugnado; 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, 2) Disponer el restablecimiento de la vigencia del acto o contrato cuya extinción motivó el ejercicio de la acción contencioso administrativa; 3) Hacer lugar al pago de los daños y perjuicios, si han sido reclamados. Art. 147 - Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia debe contener, en lo pertinente, las enunciaciones o requisitos establecidos en el artículo 145. Art. 148 - Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, o daños y perjuicios, fija su importe en cantidad líquida o establece por lo menos las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación. La sentencia fija el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determina por vía incidental. Art. 149 - Actuación del/la juez/a posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluye la competencia del tribunal respecto del objeto del juicio y no puede sustituirla o modificarla. Le corresponde, sin embargo: 1. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 29 inciso 3). Los errores puramente numéricos pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de sentencia. 2. Corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los tres días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción 3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas precautorias que fueren pertinentes. 4. Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios. 5. Proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado. 6. Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y substanciar los que se concedan en relación y, en su caso, decidir los pedidos de rectificación a que se refiere el artículo 223, párrafo 2°. 7. Ejecutar oportunamente la sentencia. Art. 150 - Demora en pronunciar sentencia. Si la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo legal, el tribunal debe hacerlo saber al Consejo de la Magistratura, con anticipación de diez (10) días al del vencimiento de aquél, expresando las razones que determinen la imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. Si considerare atendible la causa invocada, el Consejo de la Magistratura señala el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, el que no puede exceder del equivalente a la mitad del plazo original, por el mismo juez/a o tribunal, o por otro/a del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. A1 juez/a que no haya remitido oportunamente la comunicación a que se refiere el primer párrafo, o que habiéndolo hecho, sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le haya fijado, se le puede imponer una multa que no puede exceder del quince por ciento (15 %) de su remuneración básica, y la causa puede ser remitida, para sentencia, a otro juez/a del mismo fuero. Si la demora injustificada fuere de una Cámara, el Consejo de la Magistratura puede imponer la multa al integrante que haya incurrido en ella, quien puede ser separado/a del conocimiento de la causa, integrándose el tribunal en la forma que correspondiese. Si se produjere una vacancia prolongada, el Consejo de la Magistratura debe disponer la distribución de expedientes que estime pertinente. Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias Art. 151 - Responsabilidad. La imposición de la multa establecida en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, o de la sujeción del/la juez/a a otros procedimientos, si correspondiere. Art. 152 - Trascendencia de la nulidad. Ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, la nulidad procede cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Art. 153 - Subsanación. La nulidad no puede ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Se entiende que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Art. 154 - Inadmisibilidad. La parte que haya dado lugar a la nulidad, no puede pedir la invalidez del acto realizado. Art. 155 - Iniciativa para la declaración. Requisitos. La nulidad puede ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no estuviere consentido. Quien promoviere el incidente debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad fuere manifiesta no requiere substanciación. Art. 156 - Rechazo "In Limine". Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. Se desestima sin más trámite el pedido de nulidad si no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo anterior o cuando fuere manifiestamente improcedente. Art. 157 - Efectos. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afecta a las demás partes que sean independientes de aquélla. Art. 158 - Principio general. Toda cuestión que tuviere relación con el objeto principal del pleito y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este Capítulo. Art. 159 - Suspensión del proceso principal. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Los incidentes no suspenden la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resolviere el tribunal cuando lo considere indispensable por la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución es irrecurrible. Art. 160 - Formación del incidente. El incidente se forma con el escrito en que se promoviere y con copia de la resolución y de las demás piezas del principal que lo motivan y que indiquen las partes, señalando las fojas respectivas, cuya confrontación hace el/la secretario/a o el/la prosecretario/a administrativo/a. Art. 161 - Requisitos. El escrito en que se plantee el incidente debe ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba. Art. 162 - Rechazo "In Limine". Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el tribunal debe rechazarlo sin más trámite. La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Art. 228 - Pago de la tasa judicial. La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Art. 229 - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio. Art. 230 - Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Art. 231 - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes tienen la carga de: 1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan firmes las respectivas resoluciones. 2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna. 3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: La resolución es apelable en efecto no suspensivo. Art. 163 - Traslado y contestación. Si el tribunal resolviere admitir el incidente, da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la prueba. El traslado se notifica personalmente o por cédula dentro del tercero día de dictada la providencia que lo ordenare. Art. 164 - Recepción de la prueba. Si ha de producirse prueba que requiere audiencia, el tribunal la señala para una fecha que no puede exceder de diez (10) días desde que se haya contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo; cita a los/las testigos que las partes no puedan hacer comparecer por sí y adopta las medidas necesarias para el diligenciamiento de la prueba que no pueda recibirse en dicha audiencia. Si no resultare posible su agregación antes de la audiencia, sólo es tenida en cuenta si se incorporase antes de resolver el incidente, cualquiera sea la instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Art. 228 - Pago de la tasa judicial. La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Art. 229 - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio. Art. 230 - Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Art. 231 - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes tienen la carga de: 1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan firmes las respectivas resoluciones. 2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna. 3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva. b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración de los documentos a que se refiere el inciso 3). Art. 232 - Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4) ap. a), del artículo anterior, se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto día. Art. 233 - Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato es de seis (6) días. Art. 234 - Producción de la prueba. Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la palabra el/la Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que estimaren oportuno. Art. 235 - Informe "In Voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a informar "in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes. Art. 236 - Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a. instancia en que éste se encontrare. Art. 165 - Prórroga o suspensión de la audiencia. La audiencia puede postergarse o suspenderse una sola vez por un plazo no mayor de diez (10) días, cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse en ella. Art. 166 - Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial, cuando procediere, se lleva a cabo por un/a solo/a perito/a designado/a de oficio. No se admite la intervención de consultores/as técnicos/as. No pueden proponerse más de cinco (5) testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera fuere el domicilio de aquéllos. Art. 167 - Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el curso de los incidentes y que no tengan entidad suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Art. 228 - Pago de la tasa judicial. La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Art. 229 - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio. Art. 230 - Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Art. 231 - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes tienen la carga de: 1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan firmes las respectivas resoluciones. 2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna. 3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva. b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración de los documentos a que se refiere el inciso 3). Art. 232 - Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4) ap. a), del artículo anterior, se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto día. Art. 233 - Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato es de seis (6) días. Art. 234 - Producción de la prueba. Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la palabra el/la Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que estimaren oportuno. Art. 235 - Informe "In Voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a informar "in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes. Art. 236 - Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a. Art. 237 - Deserción del recurso. Si el/la apelante no expresa agravios dentro del plazo o no lo hace en la forma prescripta en el artículo anterior, el tribunal declara desierto el recurso, señalando, en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso la sentencia queda firme para el/la recurrente. Art. 238 - Falta de contestación de la expresión de agravios. Si el/la apelado/a no contesta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado al efecto, no puede hacerlo en adelante y la instancia sigue su curso. Art. 239 - Llamamiento de autos. Sorteo de la causa. Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos anteriores, llama autos para dictar sentencia, y consentida esta providencia, el expediente pasa al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas es determinado por sorteo, el que se realiza al menos dos (2) veces en cada mes. Art. 240 - Libro de sorteos. La Secretaría lleva un libro que puede ser examinado por las partes, sus mandatarios/as o abogados/as, en el cual se hace constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los expedientes a los/las jueces/zas y la de su devolución. Art. 241 - Estudio del expediente. Los miembros del Tribunal deben instruirse cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia. Art. 242 - Acuerdo. El acuerdo se realiza con la presencia de todos los miembros del tribunal y del/la Secretario/a. La votación se hace en el orden en que los/las jueces/zas hubiesen sido sorteados/as. Cada miembro funda su voto o adhiere al de otro/a. La sentencia se dicta por mayoría, y en ella se examinan las cuestiones de suficiente para constituir otro autónomo, se deciden en la interlocutoria que los resuelva. Art. 168 - Resolución. Contestado el traslado o vencido el plazo, si ninguna de las partes hubiese ofrecido prueba o no se ordenase de oficio, o recibida la prueba, en su caso, el tribunal sin más trámite, dicta resolución. Art. 169 - Tramitación conjunta. Todos los incidentes que por su naturaleza pudieren paralizar el proceso, cuyas causas existieren simultáneamente y fuesen conocidas por quien los promueve, deben ser articulados en un mismo escrito, siempre que sea posible su tramitación conjunta. Se desestiman sin más trámite los que se entablaren con posterioridad. Art. 170 - Procedencia. Procede la acumulación de procesos cuando haya sido admisible la acumulación subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Art. 228 - Pago de la tasa judicial. La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Art. 229 - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio. Art. 230 - Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Art. 231 - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes tienen la carga de: 1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan firmes las respectivas resoluciones. 2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna. 3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva. b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración de los documentos a que se refiere el inciso 3). Art. 232 - Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4) ap. a), del artículo anterior, se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto día. Art. 233 - Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato es de seis (6) días. Art. 234 - Producción de la prueba. Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la palabra el/la Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que estimaren oportuno. Art. 235 - Informe "In Voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a informar "in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes. Art. 236 - Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a. Art. 237 - Deserción del recurso. Si el/la apelante no expresa agravios dentro del plazo o no lo hace en la forma prescripta en el artículo anterior, el tribunal declara desierto el recurso, señalando, en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso la sentencia queda firme para el/la recurrente. Art. 238 - Falta de contestación de la expresión de agravios. Si el/la apelado/a no contesta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado al efecto, no puede hacerlo en adelante y la instancia sigue su curso. Art. 239 - Llamamiento de autos. Sorteo de la causa. Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos anteriores, llama autos para dictar sentencia, y consentida esta providencia, el expediente pasa al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas es determinado por sorteo, el que se realiza al menos dos (2) veces en cada mes. Art. 240 - Libro de sorteos. La Secretaría lleva un libro que puede ser examinado por las partes, sus mandatarios/as o abogados/as, en el cual se hace constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los expedientes a los/las jueces/zas y la de su devolución. Art. 241 - Estudio del expediente. Los miembros del Tribunal deben instruirse cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia. Art. 242 - Acuerdo. El acuerdo se realiza con la presencia de todos los miembros del tribunal y del/la Secretario/a. La votación se hace en el orden en que los/las jueces/zas hubiesen sido sorteados/as. Cada miembro funda su voto o adhiere al de otro/a. La sentencia se dicta por mayoría, y en ella se examinan las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios. Art. 243 - Sentencia. Concluido el acuerdo, se transcribe en el libro correspondiente, suscripto por los/las jueces/zas del tribunal y autorizado por el/la Secretario/a. Inmediatamente se pronuncia la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizada también por el/la Secretario/a. Puede pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días. Art. 244 - Providencias de trámite. Las providencias simples son dictadas por el/la Presidente/a. Si se pide revocatoria, decide el tribunal sin lugar a recurso alguno. Art. 245 - Apelación en relación. Si el recurso se ha concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, el tribunal, si el expediente ha tenido radicación, resuelve inmediatamente. En caso contrario dicta la providencia de autos. No se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos, ni de documentos. Cuando la apelación se concede con trámite diferido, se procede en la forma establecida en el artículo 231 inciso 1). Art. 246 - Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se ha concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal, de oficio o a petición de parte hecha dentro del tercero día, así lo declara, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 223. Si el recurso se ha concedido en relación, debiendo serlo libremente, el tribunal dispone el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231. subjetiva de pretensiones de conformidad con lo prescripto en el Capítulo X del Título II y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se debe requerir, además: 1. Que los procesos se encuentren en la misma instancia. 2. Que el tribunal a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia. 3. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. 4. Que el estado de las causas permita su substanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuvieren más avanzados. Art. 171 - Principio de prevención. La acumulación se hace sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Art. 228 - Pago de la tasa judicial. La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Art. 229 - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio. Art. 230 - Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Art. 231 - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes tienen la carga de: 1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan firmes las respectivas resoluciones. 2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna. 3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva. b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración de los documentos a que se refiere el inciso 3). Art. 232 - Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4) ap. a), del artículo anterior, se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto día. Art. 233 - Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato es de seis (6) días. Art. 234 - Producción de la prueba. Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la palabra el/la Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que estimaren oportuno. Art. 235 - Informe "In Voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a informar "in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes. Art. 236 - Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a. Art. 237 - Deserción del recurso. Si el/la apelante no expresa agravios dentro del plazo o no lo hace en la forma prescripta en el artículo anterior, el tribunal declara desierto el recurso, señalando, en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso la sentencia queda firme para el/la recurrente. Art. 238 - Falta de contestación de la expresión de agravios. Si el/la apelado/a no contesta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado al efecto, no puede hacerlo en adelante y la instancia sigue su curso. Art. 239 - Llamamiento de autos. Sorteo de la causa. Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos anteriores, llama autos para dictar sentencia, y consentida esta providencia, el expediente pasa al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas es determinado por sorteo, el que se realiza al menos dos (2) veces en cada mes. Art. 240 - Libro de sorteos. La Secretaría lleva un libro que puede ser examinado por las partes, sus mandatarios/as o abogados/as, en el cual se hace constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los expedientes a los/las jueces/zas y la de su devolución. Art. 241 - Estudio del expediente. Los miembros del Tribunal deben instruirse cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia. Art. 242 - Acuerdo. El acuerdo se realiza con la presencia de todos los miembros del tribunal y del/la Secretario/a. La votación se hace en el orden en que los/las jueces/zas hubiesen sido sorteados/as. Cada miembro funda su voto o adhiere al de otro/a. La sentencia se dicta por mayoría, y en ella se examinan las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios. Art. 243 - Sentencia. Concluido el acuerdo, se transcribe en el libro correspondiente, suscripto por los/las jueces/zas del tribunal y autorizado por el/la Secretario/a. Inmediatamente se pronuncia la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizada también por el/la Secretario/a. Puede pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días. Art. 244 - Providencias de trámite. Las providencias simples son dictadas por el/la Presidente/a. Si se pide revocatoria, decide el tribunal sin lugar a recurso alguno. Art. 245 - Apelación en relación. Si el recurso se ha concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, el tribunal, si el expediente ha tenido radicación, resuelve inmediatamente. En caso contrario dicta la providencia de autos. No se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos, ni de documentos. Cuando la apelación se concede con trámite diferido, se procede en la forma establecida en el artículo 231 inciso 1). Art. 246 - Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se ha concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal, de oficio o a petición de parte hecha dentro del tercero día, así lo declara, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 223. Si el recurso se ha concedido en relación, debiendo serlo libremente, el tribunal dispone el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231. Art. 247 - Poderes del Tribunal. El tribunal no puede fallar sobre Capítulos no propuestos a la decisión del tribunal de primera instancia. No obstante, debe resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Art. 248 - Omisiones de la Sentencia de Primera Instancia. El tribunal puede decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se haya pedido aclaratoria, siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. Art. 249 - Costas y Honorarios. Cuando la sentencia o resolución sea revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el tribunal adecua las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hayan sido materia de apelación. Art. 250 - Denegación de la Apelación. Si el tribunal de primera instancia deniega la apelación, la parte que se considere agraviada puede recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El plazo para interponer la queja es de cinco (5) días. Art. 251 - Admisibilidad. Trámite. Son requisitos de admisibilidad de la queja: 1) Acompañar copia simple suscripta por el/la letrado/a del/la recurrente: a) Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la substanciación, si ésta ha tenido lugar; b) De la resolución recurrida; c) Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria; d) De la providencia que denegó la apelación. Art. 172 - Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordena de oficio, o a petición de parte formulada al contestar la demanda, reconvenir o, posteriormente, por incidente que puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de sentencia, siempre que fuere admisible con arreglo a lo que dispone el artículo 170 inciso 4). Art. 173 - Resolución del incidente. El incidente puede plantearse ante el tribunal que debe conocer en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el tribunal confiere traslado a los otros litigantes, y si considera fundada la petición solicita el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido. Recibidos, dicta sin mas trámite resolución, contra la cual no hay recurso y la hace conocer a los tribunales donde tramitaban los procesos. En el segundo caso, da traslado a los/las otros/as litigantes, y si considerare procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso es manifiestamente inadmisible, el tribunal puede rechazarlo sin ningún otro trámite. Art. 214 - Trámite. El tribunal dicta resolución, previo traslado al/la solicitante de la providencia recurrida, quien tiene la carga de contestarlo dentro del plazo de tres (3) días si el recurso se ha interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo ha sido en una audiencia. La reposición de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, es resuelta sin substanciación. Cuando la resolución dependa de hechos controvertidos, el tribunal puede imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. Art. 215 - Resolución. La resolución que recaiga hace ejecutoria, a menos que: 1) El recurso de reposición haya sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo 219 para que sea apelable. 2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso puede apelar la parte contraria, si correspondiere. Art. 216 - Procedencia. El recurso de aclaratoria procede contra las sentencias y las providencias simples, a fin de que el Tribunal que las haya dictado las corrija, aclare o supla cualquier omisión; de conformidad con lo prescrito en el art. 149 Inc. 2). Art. 217 - Plazo y forma. El recurso se interpone fundado por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la sentencia o providencia. Si ésta se dicta en una audiencia, el recurso se interpone y funda verbalmente en el mismo acto. Si es manifiestamente improcedente, el Tribunal puede rechazarlo sin más trámite. Art. 218 - Resolución. El Tribunal dicta resolución dentro de los tres (3) días de interpuesto el recurso si es escrito, y en el mismo acto en el supuesto de una audiencia. La resolución corrige cualquier error material, aclara algún concepto oscuro, suple cualquier omisión en que hubiese incurrido y no altera en lo sustancial la decisión recurrida. Art. 219 - Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procede solamente respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las sentencias interlocutorias. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. Son apelables las sentencias definitivas que se dicten en procesos en los que el valor cuestionado exceda de la suma que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura, salvo los casos de obligaciones de carácter alimentario. Art. 220 - Formas y efectos. El recurso de apelación es concedido libremente o en relación; y en uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El recurso contra la sentencia definitiva es concedido libremente. En los demás casos, sólo en relación. Procede siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea con efecto no suspensivo. Los recursos concedidos en relación lo son, asimismo, con trámite diferido, cuando la ley así lo disponga. Art. 221 - Plazo. No habiendo disposiciones en contrario, el plazo para apelar es de cinco (5) días. Toda regulación de honorarios es apelable. El recurso de apelación debe interponerse y puede fundarse dentro de los cinco (5) días de la notificación. Art. 222 - Forma de interposición del recurso. El recurso de apelación se interpone por escrito o verbalmente. En este último caso se hace constar por diligencia que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a asienta en el expediente. El/la apelante tiene la carga de limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida se manda devolver el escrito, previa anotación que el/la Secretario/a o el/la Prosecretario/a Administrativo/a ponga en el expediente, con indicación de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso. Art. 223 - Apelación en relación sin tramite diferido. Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Cuando procediere la apelación en relación sin trámite diferido, el/la apelante tiene la carga de fundar el recurso dentro de los cinco días de notificada la providencia que lo acuerde. Del escrito que presente se da traslado a la otra parte por el mismo plazo. Si el/la apelante no presentare memorial, el/la juez/a de primera instancia declara desierto el recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso ha debido otorgarse libremente, puede solicitar, dentro de tres días, que el tribunal rectifique el error. Igual pedido pueden las partes formular si pretendiesen que el recurso concedido libremente ha debido otorgarse en relación. Estas normas rigen sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 246. Art. 224 - Trámite diferido. La apelación con trámite diferido se funda en la oportunidad del artículo 231 y en los procesos de ejecución juntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. En los procesos de ejecución de sentencia, si la resolución recurrida fuere posterior a la que manda continuar la ejecución, el recurso se funda en la forma establecida en el párrafo primero del artículo 223. Art. 225 - Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no se admite ningún escrito para fundar la apelación. Art. 226 - Efecto no suspensivo. Si procediere el recurso con efecto no suspensivo, se observan las siguientes reglas: 1. Si la sentencia es definitiva, se remite el expediente al tribunal de alzada y queda en el juzgado copia de lo pertinente, la que debe ser presentada por el/la apelante. La providencia que conceda el recurso señala las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia es interlocutoria, el/la apelante presenta copia de lo que señale del expediente y de lo que el juzgado estime necesario. Igual derecho asiste al/la apelado/a. Dichas copias y los memoriales son remitidos al tribunal de alzada, salvo que el juzgado considerare más expeditivo retenerlos para la prosecución del juicio y remitir el expediente original. 3. Se declara desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el/la apelante no presenta las copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el/la apelado/a, se prescinde de ellas. Art. 227 - Remisión del expediente o actuación. En los casos de los artículos 223 y 226, el expediente o las actuaciones se remiten al tribunal de alzada dentro del quinto día de concedido el recurso o de formada la pieza por separado, en su caso, mediante constancia y bajo la responsabilidad del/la prosecretario/a administrativo/a. En el caso del artículo 225 dicho plazo se cuenta desde la contestación del traslado, o desde que venció el plazo para hacerlo. Art. 228 - Pago de la tasa judicial. La falta de pago de la tasa judicial no impide en ningún caso la concesión o trámite del recurso. Art. 229 - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el procedimiento estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declara la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, resuelve también sobre el fondo del litigio. Art. 230 - Trámite previo. Expresión de agravios. Cuando el recurso se concede respecto de sentencia definitiva, en el día en que el expediente llegue al tribunal, el/la Secretario/a debe dar cuenta y ordenar que sea puesto en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente, o por cédula. El/la apelante tiene la carga de expresar agravios dentro del plazo de diez (10) días. Art. 231 - Fundamento de las apelaciones diferidas, actualización de cuestiones y pedido de apertura a prueba. Dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo anterior y en un solo escrito, las partes tienen la carga de: 1. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con trámite diferido. Si no lo hacen, quedan firmes las respectivas resoluciones. 2. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés en replantear. La petición debe ser fundada, y se resuelve sin substanciación alguna. 3. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 4. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: a) Se alegare un hecho nuevo posterior a la conclusión de la causa para definitiva. b) Se hubiese formulado el pedido a que se refiere el inciso 2) de este artículo, o la adveración de los documentos a que se refiere el inciso 3). Art. 232 - Traslado. De las presentaciones y peticiones a que se refieren los incisos 1), 3), y 4) ap. a), del artículo anterior, se corre traslado a la parte contraria, quien tiene la carga de contestarlo dentro del quinto día. Art. 233 - Prueba y alegatos. Las pruebas que deban producirse ante el tribunal se rigen, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. Para alegar sobre su mérito, las partes pueden retirar el expediente. El plazo para presentar el alegato es de seis (6) días. Art. 234 - Producción de la prueba. Los miembros del tribunal asisten a todos los actos de prueba en los supuestos que la ley establece o cuando así lo hubiese solicitado oportunamente alguna de las partes. En ellos lleva la palabra el/la Presidente/a. Los demás jueces/zas, con su autorización, pueden preguntar lo que estimaren oportuno. Art. 235 - Informe "In Voce". Si se pretendiere producir prueba en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la providencia a que se refiere el artículo 230, las partes tienen la carga de manifestar si van a informar "in voce". Si no hacen esa manifestación o no informan, se resuelve sin dichos informes. Art. 236 - Contenido de la expresión de agravios. Traslado. El escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el/la apelante considere equivocadas. No basta remitirse a presentaciones anteriores. De dicho escrito se da traslado por diez (10) días al/la apelado/a. Art. 237 - Deserción del recurso. Si el/la apelante no expresa agravios dentro del plazo o no lo hace en la forma prescripta en el artículo anterior, el tribunal declara desierto el recurso, señalando, en su caso, cuáles son las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido que no han sido eficazmente rebatidas. Declarada la deserción del recurso la sentencia queda firme para el/la recurrente. Art. 238 - Falta de contestación de la expresión de agravios. Si el/la apelado/a no contesta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo fijado al efecto, no puede hacerlo en adelante y la instancia sigue su curso. Art. 239 - Llamamiento de autos. Sorteo de la causa. Con la expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para la presentación de ésta y, en su caso, substanciadas y resueltas las cuestiones a que se refieren los artículos anteriores, llama autos para dictar sentencia, y consentida esta providencia, el expediente pasa al acuerdo sin más trámite. El orden para el estudio y votación de las causas es determinado por sorteo, el que se realiza al menos dos (2) veces en cada mes. Art. 240 - Libro de sorteos. La Secretaría lleva un libro que puede ser examinado por las partes, sus mandatarios/as o abogados/as, en el cual se hace constar la fecha del sorteo de las causas, la de remisión de los expedientes a los/las jueces/zas y la de su devolución. Art. 241 - Estudio del expediente. Los miembros del Tribunal deben instruirse cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia. Art. 242 - Acuerdo. El acuerdo se realiza con la presencia de todos los miembros del tribunal y del/la Secretario/a. La votación se hace en el orden en que los/las jueces/zas hubiesen sido sorteados/as. Cada miembro funda su voto o adhiere al de otro/a. La sentencia se dicta por mayoría, y en ella se examinan las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios. Art. 243 - Sentencia. Concluido el acuerdo, se transcribe en el libro correspondiente, suscripto por los/las jueces/zas del tribunal y autorizado por el/la Secretario/a. Inmediatamente se pronuncia la sentencia en el expediente, precedida de copia íntegra del acuerdo, autorizada también por el/la Secretario/a. Puede pedirse aclaratoria en el plazo de cinco (5) días. Art. 244 - Providencias de trámite. Las providencias simples son dictadas por el/la Presidente/a. Si se pide revocatoria, decide el tribunal sin lugar a recurso alguno. Art. 245 - Apelación en relación. Si el recurso se ha concedido en relación, recibido el expediente con sus memoriales, el tribunal, si el expediente ha tenido radicación, resuelve inmediatamente. En caso contrario dicta la providencia de autos. No se admite la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos, ni de documentos. Cuando la apelación se concede con trámite diferido, se procede en la forma establecida en el artículo 231 inciso 1). Art. 246 - Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se ha concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal, de oficio o a petición de parte hecha dentro del tercero día, así lo declara, mandando poner el expediente en Secretaría para la presentación de memoriales en los términos del artículo 223. Si el recurso se ha concedido en relación, debiendo serlo libremente, el tribunal dispone el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 231. Art. 247 - Poderes del Tribunal. El tribunal no puede fallar sobre Capítulos no propuestos a la decisión del tribunal de primera instancia. No obstante, debe resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Art. 248 - Omisiones de la Sentencia de Primera Instancia. El tribunal puede decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se haya pedido aclaratoria, siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. Art. 249 - Costas y Honorarios. Cuando la sentencia o resolución sea revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, el tribunal adecua las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, aunque no hayan sido materia de apelación. Art. 250 - Denegación de la Apelación. Si el tribunal de primera instancia deniega la apelación, la parte que se considere agraviada puede recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente. El plazo para interponer la queja es de cinco (5) días. Art. 251 - Admisibilidad. Trámite. Son requisitos de admisibilidad de la queja: 1) Acompañar copia simple suscripta por el/la letrado/a del/la recurrente: a) Del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la substanciación, si ésta ha tenido lugar; b) De la resolución recurrida; c) Del escrito de interposición del recurso y, en su caso, de la del recurso de revocatoria si la apelación hubiese sido interpuesta en forma subsidiaria; d) De la providencia que denegó la apelación. 2) Indicar la fecha en que: a) Quedó notificada la resolución recurrida; b) Se interpuso la apelación; c) Quedó notificada la denegatoria del recurso. El tribunal puede requerir copia de otras piezas que considere necesarias y, si fuere indispensable, la remisión del expediente. Presentada la queja en forma, el tribunal decide sin substanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispone que se tramite. Mientras el tribunal no conceda la apelación, no se suspende el curso del proceso. Las mismas reglas se observan cuando se cuestionase el efecto con las que se hubiese concedido el recurso de apelación. Art. 252 - Recurso de inaplicabilidad de ley. Cuando la sentencia de una Sala de Cámara contradiga a otra de distinta Sala, dictada en los dos (2) años anteriores, es susceptible de recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso se interpone por escrito fundado ante la Sala que dictó la sentencia, dentro de los cinco (5) días de notificada. La Cámara en pleno, debe resolver la doctrina aplicable y fallar el caso. Art. 253 - Desistimiento del Proceso. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, pueden desistir del proceso manifestándolo por escrito al tribunal, el que, sin más trámite, lo declara extinguido y ordena el archivo de las actuaciones. Cuando el/la actor/a desista del proceso después de notificada la demanda, debe requerirse la conformidad del/la demandado/a, a quien se da traslado notificándole personalmente o por cédula, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en caso de silencio. Si media oposición, el desistimiento carece de eficacia y prosigue el trámite de la causa. Art. 254 - Desistimiento del Derecho. procedente la acumulación remite el expediente al otro tribunal, o bien le pide la remisión del que tuviere en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se sustancia ante su tribunal, expresando los motivos en que se funda. En ambos supuestos la resolución es inapelable. Si se declarase improcedente el pedido, la resolución es apelable. Art. 174 - Conflicto de acumulación. Sea que la acumulación se hubiese dispuesto a pedido de parte o de oficio, si el tribunal no accediere, debe elevar el expediente a la Cámara que constituya su alzada; ésta, sin substanciación alguna, resuelve en definitiva si la acumulación es procedente. Art. 175 - Suspensión de trámites. El curso de todos los procesos se suspende, si tramitasen ante un mismo tribunal, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante tribunales distintos/as, desde que se comunicare el pedido de acumulación al juez/a respectivo/a. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere resultar perjuicio. Art. 176 - Sentencia única. Los procesos acumulados se substancian y fallan conjuntamente, pero si el trámite resulta dificultoso por la naturaleza de las cuestiones planteadas, el tribunal puede disponer, sin recurso, que cada proceso se substancie por separado, dictando una sola sentencia. Art. 177 - Objeto. Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida. Quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia, aún cuando no estén expresamente reguladas en este Código. Art. 178 - Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, simultáneamente o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente. El escrito debe expresar el derecho que se pretende asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida requerida. Art. 179 - Medida decretada por tribunal incompetente. Los tribunales deben abstenerse de decretar medidas precautorias cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. Sin embargo, la medida ordenada por un tribunal incompetente es válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este Capítulo, pero no prorroga su competencia. El tribunal que decretó la medida, inmediatamente después de requerido, remite las actuaciones al tribunal que sea competente. Art. 180 - Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas precautorias puede ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los/las testigos y la declaración de éstos/as, firmada por ellos/as. Los/las testigos tienen la carga de ratificarse en el acto de ser presentado dicho escrito o en primera audiencia. Si no se hubiese adoptado el procedimiento que autoriza el primer párrafo de este artículo, las declaraciones se admiten sin mas trámite, pudiendo el tribunal encomendar su recepción al/la Secretario/a. Las actuaciones permanecen reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitan por expediente separado, al cual se agregan, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Art. 181 - Cumplimiento y recursos. Las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente planteado por el/la destinatario/a de la medida puede detener su cumplimiento. Si el/la afectado/a no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notifican personalmente o por cédula dentro de los tres días. Quien hubiese obtenido la medida es responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiese o denegare una medida cautelar es recurrible por vía de reposición; también es admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concede en efecto no suspensivo. Art. 182 - Carácter provisional. Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se puede requerir su levantamiento. Art. 183 - Modificación. El/la acreedor/a puede pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El/la deudor/a puede requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del/la acreedor/a. Puede, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dicta previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días, que el tribunal puede abreviar según las circunstancias. Art. 184 - Facultades del tribunal. El tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los derechos e intereses, puede disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho o interés que se intentare proteger. Art. 185 - Peligro de pérdida o desvalorización. Si hay peligro de pérdida o desvalorización de las cosas afectadas o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que fija según la urgencia del caso, el tribunal puede ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas. Art. 186 - Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre cosas muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el tribunal puede autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización. Art. 187 - Caducidad. Las inhibiciones y embargos se extinguen a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el proceso. La suspensión del acto administrativo, dispuesta antes de la iniciación de la demanda, caduca: De pleno derecho al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 7, si el acto suspendido fuere definitivo y causare estado y la demanda no se deduce en término, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. A pedido de parte y sin sustanciación, al vencimiento del plazo de caducidad establecido en el artículo 7, computado a partir del acto que agota la vía administrativa, si el acto suspendido no reunía tal condición. El término para accionar no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar. Si la acción se halla sujeta a un plazo de prescripción, si la demanda no se interpone en el plazo de treinta (30) días de trabada la medida cautelar. La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la demanda caduca si el/la actor/a no cumple con la carga de presentar la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro de los diez (10) días de notificado/a de la providencia que lo ordena. También se produce la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hayan ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. Las costas y los daños y perjuicios causados son a cargo de quien hubiese obtenido la medida, y ésta no puede proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción del proceso. Una vez iniciado éste, puede ser nuevamente requerida si concurrieren los requisitos de su procedencia. Art. 188 - Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el/la requeriente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo/la condena a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo ha solicitado. La determinación del monto se substancia por el trámite de los incidentes. Art. 189 - Suspensión. Las partes pueden solicitar la suspensión de la ejecución o del cumplimiento de un hecho, acto o contrato administrativo, en los siguientes supuestos: 1. Si dicha ejecución o cumplimiento causare o pudiere causar graves daños al/la administrado/a, el tribunal, a pedido de aquél/lla, puede ordenar a la autoridad administrativa correspondiente, la suspensión del cumplimiento del hecho, acto o contrato, en tanto de ello no resulte grave perjuicio para el interés público; 2. Si el hecho, acto o contrato, ostentare una ilegalidad manifiesta, o su ejecución o cumplimiento tuviera como consecuencia mayores perjuicios que su suspensión. La autoridad administrativa correspondiente, puede solicitar el levantamiento de la suspensión, en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resuelve el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declara a cargo de la autoridad administrativa peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciere lugar a la demanda o recurso. Art. 190 - Trámite. El pedido de suspensión del hecho, acto o contrato planteado como medida cautelar, es tramitado con carácter urgente, pero sin suspender el curso del proceso principal. En subsidio, se aplican las reglas establecidas para los incidentes en este Código. Art. 191 - Procedencia. Puede pedir el embargo preventivo el/la acreedor/a de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes: 1. Que el/la deudor/a no tenga domicilio en la República. 2. Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor/a, abonada la firma por información de dos (2) testigos, o por acto administrativo emanado de autoridad administrativa. 3. Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el/la deudor/a trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del/la deudor/a, después de contraída la obligación. Lo dispuesto en este Capítulo respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio, y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. Art. 192 - Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se traba en la forma prescripta en este Capítulo. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Mientras no se disponga el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el/la deudor/a puede continuar en el uso normal de la cosa. Art. 193 - Mandamiento. En el mandamiento se incluye siempre la autorización para que los/las funcionarios/as encargados/as de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia, y se deja constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contiene, asimismo, la prevención de que el/la embargado/a tiene la carga de abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren. Art. 194 - Suspensión. Los/las funcionarios/as encargados/as de la ejecución del embargo sólo pueden suspenderlo cuando el/la deudor/a entregue la suma expresada en el mandamiento. Art. 195 - Depósito. Si los bienes embargados fuesen muebles, son depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el/la embargado/a y fuesen susceptibles de embargo, aquél/lla es constituido/a en depositario/a de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible. Art. 196 - Obligación del/la depositario/a. El/la depositario/a de objetos embargados a la orden judicial tiene la carga de presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No pueden eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el/la juez/a debe remitir los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del/la depositario/a hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar. Art. 197 - Prioridad del/la primer/a embargante. El/la acreedor/a que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor/a, no afectados a créditos privilegiados, tiene derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros/as acreedores/as, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectan únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. Art. 198 - Bienes inembargables. No se traba nunca embargo: 1. En el lecho cotidiano del/la deudor/a, de su cónyuge e hijos/as, en las ropas y muebles de indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 2. Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. 3. En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. Art. 199 - Bienes en poder de un tercero. Orden de la traba. Si los bienes embargados se encontraren en poder de un/a tercero/a, se notifica a éste/a en el día, personalmente o por cédula. El/la acreedor/a no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el/la deudor/a, si hubiese otros disponibles. Si las cosas muebles embargadas formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso de la casa habitación del/la deudor/a, éste/a puede exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado. Art. 200 - Depositario. El oficial de justicia deja las cosas embargadas en poder de un/a depositario/a provisional que puede ser el/la deudor/a si resultare conveniente, salvo que aquéllas se encontraren en poder de un/a tercero/a y éste/a requiriere nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o desvalorización, el/la depositario/a tiene la carga de poner el hecho oportunamente en conocimiento del/la juez/a, si no lo hubiese expresado ante el/la oficial de justicia, lo que se hace saber a las partes a los fines del artículo 183. Art. 201 - Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en cosas inmuebles o en muebles registrables, basta su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Los oficios o exhortos son librados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la providencia que ordena el embargo. Art. 202 - Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo 198 puede ser levantado, de oficio o a pedido del/la deudor/a o de su cónyuge o hijos/as, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida. Art. 203 - Procedencia. Procede el secuestro de las cosas muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por si solo el derecho invocado por el/la solicitante, siempre que presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procede, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El tribunal designa depositario/a a la institución oficial o persona que mejor convenga, fija su remuneración y ordena el inventario, si fuese indispensable. Art. 204 - Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes substanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, pueden disponerse las que se regulan en los artículos siguientes. Art. 205 - Interventor/a recaudador/a. A pedido del/la acreedor/a y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, puede designarse a un/a interventor/a recaudador/a, si aquélla debe recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limita exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El tribunal determina el monto de la recaudación, que no puede exceder del cincuenta por ciento (50 %) de las entradas brutas; su importe debe ser depositado a la orden del tribunal dentro del plazo que éste determine. Art. 206 - Interventor/a informante. De oficio o a petición de parte, el tribunal puede designar un/a interventor/a informante para que dé noticia acerca de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe. Art. 207 - Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: 1. El tribunal aprecia su procedencia con criterio restrictivo; la resolución es dictada en la forma prescripta para las sentencias interlocutorias. 2. La designación recae en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que debe intervenir; debiendo ser, en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida. 3. La providencia que designe al/la interventor/a determina la misión que tiene la carga de cumplir y el plazo de duración, que solo puede prorrogarse por resolución fundada. 4. La contracautela se fija teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas. 5. Los gastos extraordinarios son autorizados por el tribunal, previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el/la interventor/a tiene la carga de informar al tribunal dentro del tercero día de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del tribunal. Art. 208 - Deberes del/la interventor/a. Remoción. El/la interventor/a debe: 1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el tribunal. 2) Presentar los informes periódicos que disponga el tribunal y uno final, al concluir su cometido. 3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirle daño o menoscabo. El/la interventor/a que no cumple eficazmente su cometido puede ser removido/a de oficio; si mediare pedido de parte, se da traslado a las demás y al interventor/a. Art. 209 - Honorarios. El/la interventor/a sólo percibe los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del tribunal justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijan éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atiende a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el/la interventor/a removido/a del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, el derecho a honorarios o la proporción que corresponda es determinada por el tribunal. El pacto de honorarios celebrado por el/la interventor/a es nulo e importa ejercicio abusivo del cargo. Art. 210 - Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar al embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del/la deudor/a, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, puede solicitarse contra aquél/lla la inhibición general de vender o gravar sus bienes, la que se debe dejar sin efecto siempre que presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El/la que solicitare la inhibición tiene la carga de expresar el nombre, apellido y domicilio del/la deudor/a, así como todo otro dato que pueda individualizar al/la inhibido/a, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surte efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los casos que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concede preferencia sobre las anotadas con posterioridad. Art. 211 - Anotación de litis. Procede la anotación de litis cuando se deduce una pretensión que puede tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el Registro correspondiente y el derecho fuese verosímil. Cuando la demanda ha sido desestimada, esta medida se extingue con la terminación del juicio. Si la demanda ha sido admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. Art. 212 - Procedencia. El recurso de reposición procede contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y contra las interlocutorias que no extingan el proceso y causen un perjuicio irreparable por la sentencia definitiva, a fin de que el tribunal que las ha dictado las revoque por contrario imperio. Art. 213 - Plazo y forma. El recurso se interpone y f