Ley 2303/07

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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES<br> LEY Nº 2303/07 SE APRUEBA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE<br>BUENOS AIRES<br> Buenos Aires, 29 de marzo de 2007<br> La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de<br>Ley: <br> Artículo 1° - Apruébase como Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires el texto que como Anexo integra la presente.<br>Artículo 2° - La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento<br>ochenta (180) días de su sanción<br>Artículo 3° - Comuníquese, etc. ANEXOS<br> ANEXO<br> CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES<br> LIBRO I Disposiciones Generales<br> Titulo I Ejercicio de la acción<br> Capítulo 1. Interpretación y aplicación de la ley<br> Artículo 1°.- Interpretación.<br> Este Código deberá interpretarse como un reglamento de la Constitución<br>Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la<br>República Argentina y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.<br> Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio<br>de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procésales,<br>deberá ser interpretada restrictivamente”.<br> Art. 2°.- Duda a favor del imputado. Carga de la prueba. Inocencia.<br> En caso de duda sobre cómo ocurrieron los hechos investigados deberá estarse a<br>lo que sea más favorable al/la imputado/a. En todos los casos incumbirá a la<br>acusación probar la culpabilidad del / la imputado/a.<br>Titulo I Ejercicio de la acción<br> Capítulo 1. Interpretación y aplicación de la ley<br> Artículo 1°.- Interpretación.<br> Este Código deberá interpretarse como un reglamento de la Constitución<br>Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la<br>República Argentina y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.<br> Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio<br>de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procésales,<br>deberá ser interpretada restrictivamente”.<br> Art. 2°.- Duda a favor del imputado. Carga de la prueba. Inocencia.<br> En caso de duda sobre cómo ocurrieron los hechos investigados deberá estarse a<br>lo que sea más favorable al/la imputado/a. En todos los casos incumbirá a la<br>acusación probar la culpabilidad del / la imputado/a.<br> Toda persona imputada es inocente hasta que se establezca legalmente su<br>culpabilidad.<br> Capítulo 2. Promoción y ejercicio de la acción por el Ministerio Público<br>Fiscal.<br> Art. 3°. Ejercicio de la acción.<br> Las acciones penales públicas se iniciarán de oficio, por denuncia o querella.<br> Cuando se trate de delitos dependientes de instancia privada, se iniciarán por<br>instancia del / la ofendido/a o su representante legal, excepto cuando las<br>excepciones legales admitan la promoción de oficio.<br> La acción por delitos de acción privada será ejercida por el ofendido o su<br>representante legal. En caso de mandato se acompañará poder especial para el<br>acto, bajo consecuencia de inadmisibilidad de la denuncia o querella.<br> Art. 4. Ejercicio de la acción por el Ministerio Público Fiscal.<br> El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción pública y practicará las<br>diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho.<br>Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en<br>los actos que lo requieran. La promoverá de oficio, siempre que no dependa de<br>instancia privada.<br> Nadie podrá ser perseguido ni encausado más de una vez por el mismo hecho,<br>aunque se modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la<br>forma de participación atribuidos.<br> Art. 5. Objetividad.<br> En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a<br>un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que<br>reconocen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por<br>nuestro país y la ley. Investigará las circunstancias que permitan comprobar la<br>acusación y las que sirvan para eximir de responsabilidad al/la imputado/a y<br>formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio de<br>objetividad.<br> Art. 6. Excusación y recusación de los/las magistrados / as del Ministerio<br>Toda persona imputada es inocente hasta que se establezca legalmente su<br>culpabilidad.<br> Capítulo 2. Promoción y ejercicio de la acción por el Ministerio Público<br>Fiscal.<br> Art. 3°. Ejercicio de la acción.<br> Las acciones penales públicas se iniciarán de oficio, por denuncia o querella.<br> Cuando se trate de delitos dependientes de instancia privada, se iniciarán por<br>instancia del / la ofendido/a o su representante legal, excepto cuando las<br>excepciones legales admitan la promoción de oficio.<br> La acción por delitos de acción privada será ejercida por el ofendido o su<br>representante legal. En caso de mandato se acompañará poder especial para el<br>acto, bajo consecuencia de inadmisibilidad de la denuncia o querella.<br> Art. 4. Ejercicio de la acción por el Ministerio Público Fiscal.<br> El Ministerio Público Fiscal ejercerá la acción pública y practicará las<br>diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho.<br>Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en<br>los actos que lo requieran. La promoverá de oficio, siempre que no dependa de<br>instancia privada.<br> Nadie podrá ser perseguido ni encausado más de una vez por el mismo hecho,<br>aunque se modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la<br>forma de participación atribuidos.<br> Art. 5. Objetividad.<br> En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a<br>un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que<br>reconocen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por<br>nuestro país y la ley. Investigará las circunstancias que permitan comprobar la<br>acusación y las que sirvan para eximir de responsabilidad al/la imputado/a y<br>formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio de<br>objetividad.<br> Art. 6. Excusación y recusación de los/las magistrados / as del Ministerio<br> Público<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser<br>recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los/as Jueces/zas,<br>con excepción de las causales fundadas en prejuzgamiento. La excusación será<br>resuelta en la forma que establezca la reglamentación pertinente. La recusación<br>será resuelta en audiencia por el/la Juez/a competente para entender en la<br>causa.<br> Art. 7. Control de la competencia.<br> En cualquier estado del proceso el/la Fiscal que lo considere pertinente<br>planteará ante el Tribunal que corresponda la declinatoria de competencia por<br>razón del territorio o por razón de la materia.<br> Art. 8. Trámite.<br> La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de<br>previo y especial pronunciamiento.<br> Art. 9. Continuación de la investigación preparatoria.<br> Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que<br>será continuada por el/la Fiscal que primero conoció en la causa.<br> Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha,<br>continuará la investigación preparatoria el que planteó la cuestión.<br> Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia<br>para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.<br> Capítulo 3.- Ejercicio de la acción por el particular damnificado.- Querella<br> Art. 10.- Querella.<br> Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente<br>afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta<br>su total finalización y una vez constituidas serán tenidas como parte para<br>todos los actos esenciales del proceso.<br> La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades<br>concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus<br>diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho.<br>Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en<br>los actos que lo requieran. La promoverá de oficio, siempre que no dependa de<br>instancia privada.<br> Nadie podrá ser perseguido ni encausado más de una vez por el mismo hecho,<br>aunque se modifique su calificación legal, el título o el grado del delito o la<br>forma de participación atribuidos.<br> Art. 5. Objetividad.<br> En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a<br>un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que<br>reconocen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por<br>nuestro país y la ley. Investigará las circunstancias que permitan comprobar la<br>acusación y las que sirvan para eximir de responsabilidad al/la imputado/a y<br>formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio de<br>objetividad.<br> Art. 6. Excusación y recusación de los/las magistrados / as del Ministerio<br> Público<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser<br>recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los/as Jueces/zas,<br>con excepción de las causales fundadas en prejuzgamiento. La excusación será<br>resuelta en la forma que establezca la reglamentación pertinente. La recusación<br>será resuelta en audiencia por el/la Juez/a competente para entender en la<br>causa.<br> Art. 7. Control de la competencia.<br> En cualquier estado del proceso el/la Fiscal que lo considere pertinente<br>planteará ante el Tribunal que corresponda la declinatoria de competencia por<br>razón del territorio o por razón de la materia.<br> Art. 8. Trámite.<br> La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de<br>previo y especial pronunciamiento.<br> Art. 9. Continuación de la investigación preparatoria.<br> Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que<br>será continuada por el/la Fiscal que primero conoció en la causa.<br> Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha,<br>continuará la investigación preparatoria el que planteó la cuestión.<br> Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia<br>para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.<br> Capítulo 3.- Ejercicio de la acción por el particular damnificado.- Querella<br> Art. 10.- Querella.<br> Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente<br>afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta<br>su total finalización y una vez constituidas serán tenidas como parte para<br>todos los actos esenciales del proceso.<br> La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades<br>concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus<br> responsabilidades.<br> Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio<br>Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso<br>como terceros coadyuvantes.<br> En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio<br>de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el<br>Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales<br>previstas en este Código.<br> Art. 11.- Legitimación. Oportunidad.<br> Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito,<br>personalmente o con mandatario especial, con patrocinio letrado, ante el/la<br>Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado el<br>requerimiento de juicio por el/la Fiscal.<br> Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción<br>clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar<br>al autor en lo posible, los datos del damnificado y demás informaciones de<br>interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado,<br>bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se<br>pretende querellar.<br> Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá<br>intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres días<br>corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.<br> Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará<br>inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con<br>intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será<br>apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.<br> Art. 12.- Acción Civil.-<br> El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la<br>penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado<br>por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables<br>solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a.<br> Art. 13.- Término.-<br>Público<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público deberán excusarse y podrán ser<br>recusados por los mismos motivos establecidos respecto de los/as Jueces/zas,<br>con excepción de las causales fundadas en prejuzgamiento. La excusación será<br>resuelta en la forma que establezca la reglamentación pertinente. La recusación<br>será resuelta en audiencia por el/la Juez/a competente para entender en la<br>causa.<br> Art. 7. Control de la competencia.<br> En cualquier estado del proceso el/la Fiscal que lo considere pertinente<br>planteará ante el Tribunal que corresponda la declinatoria de competencia por<br>razón del territorio o por razón de la materia.<br> Art. 8. Trámite.<br> La declinatoria se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de<br>previo y especial pronunciamiento.<br> Art. 9. Continuación de la investigación preparatoria.<br> Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que<br>será continuada por el/la Fiscal que primero conoció en la causa.<br> Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha,<br>continuará la investigación preparatoria el que planteó la cuestión.<br> Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia<br>para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.<br> Capítulo 3.- Ejercicio de la acción por el particular damnificado.- Querella<br> Art. 10.- Querella.<br> Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente<br>afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta<br>su total finalización y una vez constituidas serán tenidas como parte para<br>todos los actos esenciales del proceso.<br> La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades<br>concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus<br> responsabilidades.<br> Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio<br>Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso<br>como terceros coadyuvantes.<br> En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio<br>de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el<br>Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales<br>previstas en este Código.<br> Art. 11.- Legitimación. Oportunidad.<br> Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito,<br>personalmente o con mandatario especial, con patrocinio letrado, ante el/la<br>Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado el<br>requerimiento de juicio por el/la Fiscal.<br> Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción<br>clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar<br>al autor en lo posible, los datos del damnificado y demás informaciones de<br>interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado,<br>bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se<br>pretende querellar.<br> Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá<br>intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres días<br>corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.<br> Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará<br>inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con<br>intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será<br>apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.<br> Art. 12.- Acción Civil.-<br> El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la<br>penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado<br>por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables<br>solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a.<br> Art. 13.- Término.-<br> La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el<br>procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de<br>este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no<br>procederá el ejercicio conjunto con la penal.<br> Art. 14.- Abandono de la acción.-<br> El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.<br> La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:<br> 1) a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba<br>para cuya práctica sea necesaria su presencia; y<br> 2) a la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.<br> En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá<br>acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad<br>absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible.<br>El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el<br>querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.<br> El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la<br>acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que<br>el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de<br>costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este<br>Código.<br> Art. 15. Pluralidad de actores.-<br> Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a<br>pedido del / la Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.<br> Título II. Ejercicio de la jurisdicción<br> Capítulo 1. Competencia<br> Art. 16. Competencia.<br> Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se<br>hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos<br>Las cuestiones de competencia no suspenderán la investigación preparatoria, que<br>será continuada por el/la Fiscal que primero conoció en la causa.<br> Si dos (2) Fiscales hubieren tomado conocimiento de la causa en la misma fecha,<br>continuará la investigación preparatoria el que planteó la cuestión.<br> Las cuestiones propuestas inmediatamente antes de la fijación de la audiencia<br>para el debate suspenderán el proceso hasta la decisión del incidente.<br> Capítulo 3.- Ejercicio de la acción por el particular damnificado.- Querella<br> Art. 10.- Querella.<br> Las personas físicas o jurídicas de derecho público o privado directamente<br>afectadas por un delito, podrán ejercer la acción penal como querellantes hasta<br>su total finalización y una vez constituidas serán tenidas como parte para<br>todos los actos esenciales del proceso.<br> La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades<br>concedidas por la ley al Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus<br> responsabilidades.<br> Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio<br>Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso<br>como terceros coadyuvantes.<br> En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio<br>de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el<br>Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales<br>previstas en este Código.<br> Art. 11.- Legitimación. Oportunidad.<br> Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito,<br>personalmente o con mandatario especial, con patrocinio letrado, ante el/la<br>Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado el<br>requerimiento de juicio por el/la Fiscal.<br> Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción<br>clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar<br>al autor en lo posible, los datos del damnificado y demás informaciones de<br>interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado,<br>bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se<br>pretende querellar.<br> Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá<br>intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres días<br>corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.<br> Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará<br>inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con<br>intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será<br>apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.<br> Art. 12.- Acción Civil.-<br> El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la<br>penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado<br>por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables<br>solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a.<br> Art. 13.- Término.-<br> La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el<br>procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de<br>este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no<br>procederá el ejercicio conjunto con la penal.<br> Art. 14.- Abandono de la acción.-<br> El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.<br> La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:<br> 1) a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba<br>para cuya práctica sea necesaria su presencia; y<br> 2) a la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.<br> En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá<br>acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad<br>absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible.<br>El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el<br>querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.<br> El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la<br>acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que<br>el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de<br>costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este<br>Código.<br> Art. 15. Pluralidad de actores.-<br> Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a<br>pedido del / la Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.<br> Título II. Ejercicio de la jurisdicción<br> Capítulo 1. Competencia<br> Art. 16. Competencia.<br> Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se<br>hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos<br> pertinentes.<br> Art. 17. Declaración de oficio.<br> La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio,<br>en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es<br>improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el<br>órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.<br> Art. 18. Órgano que resuelve el conflicto de competencia.<br> Si dos (2) jueces / as se declararan simultánea y contradictoriamente<br>competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de<br>Apelaciones.<br> Art. 19. Convexidad. Unificación de causas.<br> Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos.<br> Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se<br>unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br>responsabilidades.<br> Los organismos del Estado no podrán ser querellantes cuando el Ministerio<br>Público Fiscal ejerza la acción. No obstante, podrán participar en el proceso<br>como terceros coadyuvantes.<br> En los delitos de acción pública, la querella podrá continuar con el ejercicio<br>de la acción bajo las formalidades de los de acción privada cuando el<br>Ministerio Público Fiscal hubiera desistido por alguna de las causales<br>previstas en este Código.<br> Art. 11.- Legitimación. Oportunidad.<br> Quien pretenda constituirse en querellante se presentará por escrito,<br>personalmente o con mandatario especial, con patrocinio letrado, ante el/la<br>Fiscal. La presentación será admisible hasta el quinto día de formulado el<br>requerimiento de juicio por el/la Fiscal.<br> Si el acto importara la denuncia del hecho, deberá contener su descripción<br>clara, precisa y circunstanciada, las indicaciones suficientes para identificar<br>al autor en lo posible, los datos del damnificado y demás informaciones de<br>interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado,<br>bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se<br>pretende querellar.<br> Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá<br>intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres días<br>corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.<br> Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará<br>inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con<br>intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será<br>apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.<br> Art. 12.- Acción Civil.-<br> El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la<br>penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado<br>por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables<br>solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a.<br> Art. 13.- Término.-<br> La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el<br>procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de<br>este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no<br>procederá el ejercicio conjunto con la penal.<br> Art. 14.- Abandono de la acción.-<br> El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.<br> La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:<br> 1) a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba<br>para cuya práctica sea necesaria su presencia; y<br> 2) a la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.<br> En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá<br>acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad<br>absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible.<br>El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el<br>querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.<br> El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la<br>acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que<br>el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de<br>costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este<br>Código.<br> Art. 15. Pluralidad de actores.-<br> Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a<br>pedido del / la Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.<br> Título II. Ejercicio de la jurisdicción<br> Capítulo 1. Competencia<br> Art. 16. Competencia.<br> Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se<br>hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos<br> pertinentes.<br> Art. 17. Declaración de oficio.<br> La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio,<br>en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es<br>improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el<br>órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.<br> Art. 18. Órgano que resuelve el conflicto de competencia.<br> Si dos (2) jueces / as se declararan simultánea y contradictoriamente<br>competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de<br>Apelaciones.<br> Art. 19. Convexidad. Unificación de causas.<br> Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos.<br> Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se<br>unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br> en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br>interés para la investigación. Si la investigación ya hubiera comenzado,<br>bastará con que surja claramente del escrito cual es el hecho por el que se<br>pretende querellar.<br> Si se omitiera algunos de los requisitos establecidos en este artículo, deberá<br>intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres días<br>corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.<br> Cuando el/la fiscal considere que el interesado no tiene legitimación, dará<br>inmediata intervención al Juez, quien resolverá en audiencia oral, con<br>intervención del fiscal y quienes pretendan querellar. La denegatoria será<br>apelable por quien pretenda querellar dentro del tercer día.<br> Art. 12.- Acción Civil.-<br> El/la querellante solamente podrá ejercer la acción civil conjuntamente con la<br>penal, al solo efecto de obtener la reparación integral del perjuicio causado<br>por el delito. Podrá estar dirigida a terceros civilmente responsables<br>solamente cuando también se hubiera promovido contra el/la imputado/a.<br> Art. 13.- Término.-<br> La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el<br>procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de<br>este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no<br>procederá el ejercicio conjunto con la penal.<br> Art. 14.- Abandono de la acción.-<br> El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.<br> La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:<br> 1) a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba<br>para cuya práctica sea necesaria su presencia; y<br> 2) a la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.<br> En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá<br>acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad<br>absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible.<br>El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el<br>querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.<br> El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la<br>acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que<br>el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de<br>costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este<br>Código.<br> Art. 15. Pluralidad de actores.-<br> Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a<br>pedido del / la Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.<br> Título II. Ejercicio de la jurisdicción<br> Capítulo 1. Competencia<br> Art. 16. Competencia.<br> Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se<br>hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos<br> pertinentes.<br> Art. 17. Declaración de oficio.<br> La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio,<br>en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es<br>improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el<br>órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.<br> Art. 18. Órgano que resuelve el conflicto de competencia.<br> Si dos (2) jueces / as se declararan simultánea y contradictoriamente<br>competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de<br>Apelaciones.<br> Art. 19. Convexidad. Unificación de causas.<br> Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos.<br> Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se<br>unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br> en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br>La pretensión se deberá formalizar en el requerimiento de juicio y el<br>procedimiento para el ejercicio de la acción civil se regirá por las normas de<br>este Código. Si se promovió previamente demanda civil ante otro fuero, no<br>procederá el ejercicio conjunto con la penal.<br> Art. 14.- Abandono de la acción.-<br> El querellante podrá desistir de su intervención en cualquier momento.<br> La querella se considerará abandonada cuando sin justa causa no concurra:<br> 1) a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medio de prueba<br>para cuya práctica sea necesaria su presencia; y<br> 2) a la audiencia de debate, o se aleje de ésta o no formule conclusiones.<br> En los casos de incomparecencia, la existencia de justa causa deberá<br>acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia, salvo imposibilidad<br>absoluta, en cuyo caso deberá justificarse en la primera oportunidad posible.<br>El desistimiento será declarado por el juez, a pedido de parte, cuando el<br>querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.<br> El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la<br>acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que<br>el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de<br>costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este<br>Código.<br> Art. 15. Pluralidad de actores.-<br> Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a<br>pedido del / la Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.<br> Título II. Ejercicio de la jurisdicción<br> Capítulo 1. Competencia<br> Art. 16. Competencia.<br> Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se<br>hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos<br> pertinentes.<br> Art. 17. Declaración de oficio.<br> La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio,<br>en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es<br>improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el<br>órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.<br> Art. 18. Órgano que resuelve el conflicto de competencia.<br> Si dos (2) jueces / as se declararan simultánea y contradictoriamente<br>competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de<br>Apelaciones.<br> Art. 19. Convexidad. Unificación de causas.<br> Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos.<br> Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se<br>unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br> en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br>querellante pretenda ejercer su rol en algún acto procesal posterior.<br> El abandono de la acción penal por parte del querellante importará el de la<br>acción civil cuando hubiera sido promovida en sede penal, sin perjuicio de que<br>el interesado la promueva en la sede pertinente. La imposición o exención de<br>costas se resolverá conforme los principios que rigen la cuestión según este<br>Código.<br> Art. 15. Pluralidad de actores.-<br> Cuando más de una persona pretenda querellar por el mismo hecho el Tribunal, a<br>pedido del / la Fiscal o de la defensa, podrá intimar a unificar personería.<br> Título II. Ejercicio de la jurisdicción<br> Capítulo 1. Competencia<br> Art. 16. Competencia.<br> Entenderá en el hecho el órgano jurisdiccional competente al tiempo en que se<br>hubiere cometido el delito según lo determinen las leyes y los reglamentos<br> pertinentes.<br> Art. 17. Declaración de oficio.<br> La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio,<br>en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es<br>improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el<br>órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.<br> Art. 18. Órgano que resuelve el conflicto de competencia.<br> Si dos (2) jueces / as se declararan simultánea y contradictoriamente<br>competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de<br>Apelaciones.<br> Art. 19. Convexidad. Unificación de causas.<br> Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos.<br> Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se<br>unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br> en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br>pertinentes.<br> Art. 17. Declaración de oficio.<br> La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada, aun de oficio,<br>en cualquier estado del proceso. La competencia por razón del territorio es<br>improrrogable y la incompetencia por esta causal deberá ser declarada por el<br>órgano jurisdiccional, de oficio o a pedido de parte, en cuanto sea advertida.<br> Art. 18. Órgano que resuelve el conflicto de competencia.<br> Si dos (2) jueces / as se declararan simultánea y contradictoriamente<br>competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Cámara de<br>Apelaciones.<br> Art. 19. Convexidad. Unificación de causas.<br> Las causas serán conexas en los casos de concurso real o ideal de delitos.<br> Cuando se sustancien investigaciones preparatorias en causas conexas, se<br>unificarán la investigación y el juzgamiento, con intervención de los/as<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br> en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br>magistrados/as del Ministerio Público Fiscal que establezca la reglamentación y<br>el órgano jurisdiccional que hubiere entendido en primer término.<br> En caso de unificación, los legajos de investigación tramitarán separados.<br> Art. 20. Unificación de juicio.<br> No procederá la acumulación material de causas para juicio cuando ello<br>determine un grave retardo, aunque en todos los procesos intervenga el/la mismo<br>Tribunal.<br> Capítulo 2. Recusación y excusación de los/as Jueces / as<br> Art. 21. Excusación. Causas.<br> Son causas legales de excusación:<br> 1) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de<br>afinidad con alguno de los interesados;<br> 2) tener el/la Juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado<br> en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br>en el inciso anterior interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o<br>comunidad con alguno de los interesados.<br> 3) tener el/la Juez/a pleito pendiente con alguno de los interesados;<br> 4) ser el/la Juez/a, su cónyuge, padres, hijos u otras personas que vivan a su<br>cargo, acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, con<br>excepción de los bancos oficiales;<br> 5) ser o haber sido el/la Juez/a actor, denunciante o querellante contra alguno<br>de los interesados, o denunciado o querellado por alguno de éstos con<br>anterioridad a la iniciación del pleito;<br> 6) haber sido el/la Juez/a defensor de alguna de los interesados, emitido<br>opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después<br>de comenzado;<br> 7) haber recibido o recibir el/la Juez/a su cónyuge, padres, hijos u otras<br>personas que vivan a su cargo beneficios de importancia de alguno de los<br>interesados;<br> 8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br>8) tener el/la Juez/a con alguno de los interesados amistad que se manifieste<br>por gran familiaridad o frecuencia en el trato;<br> 9) tener contra alguno de los interesados enemistad, odio o resentimiento que<br>se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la excusación por<br>ataques u ofensas inferidas al Juez/a después de que haya comenzado a conocer<br>en el asunto;<br> 10) ser o haber sido el/la Juez/a, tutor/a o curador/a, o hubiere estado bajo<br>tutela o cúratela de alguno de los interesados;<br> 11) tener el/la Juez/a o los parientes en el grado establecido en el inciso 1°<br>interés en el proceso;<br> 12) haber intervenido como juez o jueza en la investigación preparatoria,<br>pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; haber intervenido como miembro<br>del<br> Ministerio Público o defensor/a; haber actuado como perito, o conocido el hecho<br>como testigo o si en otras actuaciones judiciales o administrativas hubiere<br>actuado<br> profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br>profesionalmente con intereses contrapuestos con algunas de las partes<br>involucradas;<br> 13) Cuando el/la juez/a alegue causales de violencia moral debidamente<br>expresadas y justificadas.<br> Art. 22. Interesados.<br> A los fines del artículo anterior, se considerarán interesados el Ministerio<br>Público Fiscal el/la imputado/a y el/la damnificado/a, el/la tercero/a<br>civilmente responsable, o sus letrados/as.<br> Art. 23. Trámite de la excusación.<br> El/la Juez/a se excusará por auto y remitirá la causa al Juez/a que<br>corresponda. Si este/a último/a no aceptara la excusación, dará intervención a<br>la Cámara de Apelaciones, que resolverá de inmediato, sin sustanciación.<br> Cuando se excuse uno/a o más miembros de una Cámara, conocerán en la solicitud<br>los/las restantes miembros del Tribunal.<br> Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br>Aceptada la excusación, el caso quedará radicado ante el tribunal que<br>corresponda.<br> Art. 24. Recusación.<br> La recusación se interpondrá por escrito fundamentado y en el mismo acto se<br>ofrecerá la prueba.. Sólo podrá ser interpuesta en las siguientes<br>oportunidades:<br> 1) durante la investigación preparatoria, antes de su clausura;<br> 2) en el juicio, durante el término de citación;<br> 3) cuando se trate de recusar a alguno de los miembros de la Cámara de<br> Apelaciones, en la primera presentación ante esa instancia. En caso de causal<br>sobreviniente o de ulterior integración del Tribunal, la recusación podrá<br>interponerse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de acaecida la causal<br>sobreviniente o desde que la ulterior integración sea notificada.<br> Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br>Art. 25. Trámite de la recusación.<br> Si el/la Juez/a admitiera la recusación, se procederá con arreglo a lo<br>dispuesto en el artículo 23. En caso contrario, el/la Juez/a remitirá a la<br>Cámara de Apelaciones dentro de los cinco (5) días el escrito de recusación con<br>un informe sobre el rechazo de las causas alegadas.<br> La Cámara de Apelaciones citará a las partes a una audiencia oral dentro de los<br>cinco (5) días en la que se recibirá la prueba e informarán los concurrentes.<br>Resolverá por auto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. Contra esta<br>decisión no se admitirá recurso alguno.<br> Art. 26. Rechazo.<br> Si el/la Juez/a recusado no admitiera la recusación continuará entendiendo en<br>el caso, aún durante el trámite del incidente; pero si se hiciera lugar a la<br>recusación, los actos en que hubiese intervenido deberán ser reproducidos,<br>siempre que el recusante lo pidiera en la primera oportunidad que tomare<br>conocimiento de ellos y los mismos le causaren agravio.<br> Art. 27. Prohibición de actuación.<br> Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br>Producida la excusación o aceptada la recusación, el/la Juez/a excusado/a o<br>recusado/a no podrá realizar ningún acto en el proceso. La intervención de los<br>nuevos magistrados será definitiva aunque posteriormente desaparezcan los<br>motivos que determinaron aquéllas.<br> Título III. Sujetos pasivos del proceso<br> Capítulo 1. Derechos del / la imputado/a<br> Art. 28. Derecho de defensa.<br> A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa,<br>debiendo las fuerzas de seguridad, el/la fiscal y el/la juez/a, según la<br>circunstancia, informarle de inmediato y de modo comprensible los derechos de:<br> 1) conocer la causa o motivo de su detención y el funcionario que la ordenó.<br> 2) guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad;<br> 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su<br> detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br>detención y que el aviso se haga en forma inmediata. Si el imputado ejerciere<br>este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y del resultado<br>obtenido;<br> 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento judicial por el defensor<br>que proponga él / ella o una persona de su confianza o por un defensor público,<br>con quien deberá entrevistarse en condiciones que aseguren confidencialidad en<br>forma previa a la realización del acto de que se trate.<br> 5) presentarse ante el/la fiscal o el/la juez/a, para que se le informe y<br>escuche sobre los hechos que se le imputan, dentro de las veinticuatro (24)<br>horas si estuviera detenido/a y declarar cuantas veces quiera. Cada vez que<br>manifieste su deseo de declarar, se le hará saber que podrá hacerlo con la<br>presencia de su defensor;<br> 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre<br>voluntad o a medidas contrarias a su dignidad;<br> 7) que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el<br>lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las<br>medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br>ordenar el/la juez o el/la fiscal; y<br> 8) acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga<br>noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código.<br> En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de<br>información de los derechos establecidos en este artículo<br> Art. 29. Derecho de designar defensor. Designación de oficio. Representación.<br> El/la imputado/a tendrá derecho a hacerse defender por abogado/a de la<br>matrícula de su confianza o por un/a defensor/a público/a. Podrá designar<br>defensor/a aún estando privado de libertad y por cualquier medio.<br> Si el/la imputado/a que estuviera a derecho no designara defensor o pretendiera<br>defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la Juez/a podrán disponer que sea<br>asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que se perjudique la<br>eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso.<br> El/la Fiscal al momento de notificarlo/ del decreto de determinación de los<br>hechos o cuando fuere necesario para la realización de un acto definitivo o<br> irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br>irreproducible, lo/a invitará a que elija defensor/a dentro de un plazo no<br>mayor a tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio un/a<br>defensor/a oficial.<br> El/la defensor/a oficial sólo intervendrá en la causa cuando sea designado/a<br>expresamente por el/la imputado/a o en las circunstancias previstas en este<br>artículo.<br> Cuando intervengan dos (2) o más defensores / as de una persona, la<br>notificación hecha a uno de ellos resultará válida para los demás y la<br>sustitución de uno por otro no alterará trámites ni plazos.<br> Art. 30. Examen del caso. Aceptación del cargo.<br> El/la defensor/a particular propuesto tendrá derecho a examinar la causa antes<br>de aceptar el cargo. Tendrá tres (3) días para aceptar el cargo, bajo<br>apercibimiento de considerarse el nombramiento por no efectuado y designarse o<br>mantenerse al defensor público hasta que el/la interesado/a ratifique al<br>propuesto o designe otro.<br> Art. 31. Abandono de la defensa.<br> Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br>Si el defensor/a renunciara o abandonara el cargo se lo substituirá de<br>inmediato por el defensor/a oficial, hasta que el imputado/a decida a ese<br>respecto.<br> Cuando el abandono ocurriere inmediatamente antes o durante el debate, el nuevo<br>defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres (3) días para la<br>audiencia. El debate no se suspenderá nuevamente por la misma causa, aún cuando<br>el/la Juez/a conceda la intervención de otro defensor.<br> Art. 32. Incumplimiento. Multa.<br> El abandono de la defensa constituirá falta grave y obligará al que incurra en<br>él a pagar las costas en caso de sustitución, sin perjuicio de las sanciones<br>que correspondan. A ese efecto el órgano judicial comunicará el caso al Colegio<br>Público de Abogados.<br> Capítulo 2. Capacidad del / la imputado/a<br> Art. 33. Ebrios e intoxicados.<br> Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br>Si el/la imputado/a se hallara al momento de la intervención policial en estado<br>de embriaguez alcohólica o bajo los efectos de cualquier tóxico y existiera<br>peligro para sí o para terceros, la autoridad lo conducirá, directa e<br>inmediatamente, a un establecimiento asistencial, con los recaudos de seguridad<br>pertinentes.<br> Art. 34. Incapacidad sobreviniente. Suspensión del proceso.<br> El trastorno mental del imputado, que excluya su capacidad de entender los<br>actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, provocará la<br>suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma.<br> Sin embargo, no impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del<br>procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por<br>el juez, previo examen pericial.<br> Cuando la incapacidad sea irreversible, se dispondrá el archivo a su respecto.<br> Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo que lo favorezcan y la validez<br>la sostenga la defensa.<br> Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br>Art. 35.- Revisación física y psíquica<br> Toda persona detenida deberá ser inmediatamente revisada por un médico legista<br>para dejar constancia de su estado físico, la existencia de lesiones y su<br>capacidad para comprender el acto y los hechos que lo motivaron, sin perjuicio<br>de la posterior realización de peritajes al respecto.<br> Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el juez o jueza, a<br>pedido de parte, dispondrá la revisación física o psíquica del / la imputado/a<br>por profesionales idóneos, cuando resulte necesario para establecer sus<br>condiciones, lesiones o afecciones, por circunstancias vinculadas a la prueba<br>de los hechos, la capacidad para comprender el alcance de sus actos y/o dirigir<br>sus acciones o por cualquier otro motivo justificado en las necesidades de la<br>pesquisa.<br> Capítulo 3.-<br> Demandado civil - Tercero civilmente responsable.<br> Art. 36.- Traslado.-<br> Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br>Cuando el querellante formalice demanda civil contra el/la imputado/a y, en su<br>caso, contra el/la tercero/a civilmente responsable, se le correrá traslado por<br>cinco días, prorrogables por otros tres, para contestarla por escrito ante el<br>tribunal.<br> En oportunidad de contestar la demanda se deberá ofrecer la prueba que se<br>estime pertinente para el debate. El tribunal resolverá sobre su procedencia<br>sin recurso alguno.<br> Vencido el término de traslado sin haberse contestado la demanda, se declarará<br>en rebeldía al demandado/a, quien podrá asistir al debate e intervenir como<br>parte.<br> Titulo IV. Derechos de la victima y testigos.<br> Capítulo único.<br> Art. 37. Derechos de la víctima y testigos.<br> Se garantizará a las víctimas del delito y a los/las testigos los siguientes<br>derechos:<br> a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br>a) a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades<br>competentes;<br> b) a la restitución de los gastos causados por la obligación de concurrir a<br>declarar en el proceso;<br> c) a requerir medidas conducentes, de protección física y moral y toda otra que<br>sea necesaria para la seguridad propia, de sus familiares y la de los testigos<br>que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;<br> d) a ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha<br>participado;<br> e) a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia, de ser ello<br>posible, cuando se trate de personas mayores de setenta (70) años, mujeres<br>embarazadas, personas con discapacidad o enfermos graves que no puedan<br>trasladarse, y así lo soliciten con la debida anticipación.<br> Art. 38. Derechos de la víctima en particular.<br> Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br>Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37, la víctima tendrá derecho:<br> a) a ser informado/a por el/la Fiscal interviniente acerca de las facultades<br>que puede ejercer en el proceso y sus consecuencias;<br> b) a ser informado/a sobre el estado de la causa y la situación del / la<br>imputado/a;<br> c) a aportar información durante la investigación;<br> d) a ser acompañado/a por persona de su confianza, cuando sea menor o incapaz,<br>durante los actos procésales en los cuales intervenga, siempre que ello no<br>coloque en peligro el interés de obtener la verdad de lo ocurrido.<br> e) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún cuando no haya<br>intervenido en él;<br> f) a requerir la revisión del archivo dispuesto por el/la fiscal, aún cuando no<br>haya intervenido en el procedimiento como querellante, en los casos previstos<br>por este<br> Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br>Código y a ser notificada de las resoluciones que pueda requerir su revisión.<br> La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su<br>primera intervención en el procedimiento.<br> Art. 39. Información.<br> Los derechos reconocidos en este capítulo serán enunciados por el/la<br>magistrado/a del Ministerio Público Fiscal, al momento de practicar la primera<br>citación formal de la víctima o del testigo.<br> Titulo V. Actos procésales<br> Capítulo 1. Reglas Generales<br> Art. 40. Idioma.<br> En los actos procésales se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad.<br> Se designará un intérprete cuando el/la imputado/a no pueda o no sepa<br>expresarse en castellano o cuando lo impongan sus necesidades especiales.<br> Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br>Art. 41. Días hábiles.<br> Los actos de la investigación preparatoria se realizarán en lo posible en días<br>y horas hábiles. Se podrán realizar en días y horas inhábiles cuando no deban<br>intervenir las partes o resulte necesario para el resultado de la pesquisa.<br> Los actos procésales ante los órganos jurisdiccionales en la etapa de juicio se<br>celebrarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de que durante el debate el<br>Tribunal habilite los días y horas que estime necesarios.<br> Todos los días se consideran hábiles para la tramitación de solicitudes de<br>medidas cautelares urgentes, excarcelaciones y exenciones de prisión.<br> Capítulo 2. Decisiones jurisdiccionales.<br> Art. 42. Resoluciones. Motivación.<br> Las decisiones de los/las Jueces / as se expresarán mediante:<br> 1) sentencia, para poner término al proceso, después de su integral<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br>tramitación;<br> 2) auto, para resolver un incidente o artículo del proceso, para disponer<br>alguna medida que limite o restrinja garantías constitucionales.<br> 3) decreto, en los demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.<br> Las sentencias, autos y decretos serán firmados y los dos primeros motivados,<br>bajo consecuencia de nulidad.<br> Las copias de las sentencias y de los autos se protocolizarán por el/la<br>Secretario/a.<br> Art. 43. Términos para los actos jurisdiccionales.<br> El/la Juez/a dictará los decretos el día en que los expedientes sean puestos a<br>despacho; los autos, dentro de los cinco (5) días, salvo que se disponga otro<br>término y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas.<br> Las decisiones en audiencia oral se deberán tomar de inmediato, sin afectar la<br>continuidad entre debate y deliberación, cuando no se hubiera previsto otro<br> término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br>término.<br> Art. 44. Regla general. Plazo.<br> Los actos jurisdiccionales se harán conocer a quienes corresponda, dentro de<br>las veinticuatro (24) horas de dictados, salvo que el Tribunal dispusiere un<br>plazo menor. Los dictados en audiencia oral se tendrán por notificados en el<br>acto a todas las partes convocadas.<br> Art. 45. Corrección de errores materiales.<br> El/la tribunal deberá rectificar cualquier error u omisión material contenido<br>en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de<br>las mismas, dentro de los tres (3) días de dictadas.<br> Las partes podrán solicitarlo dentro de los tres (3) días de notificadas.<br> El pedido de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que<br>procedan hasta que se resuelva.<br> Art. 46. Pronto despacho.<br> Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br>Vencido el término en que deba dictarse una resolución, el/la interesado/a<br>podrá solicitar pronto despacho y, si dentro de tres (3) días no lo obtuviere,<br>podrá denunciar el retardo a la Cámara de Apelaciones que, previo informe del<br>tribunal denunciado, proveerá lo que corresponda. Si el retardo proviniera de<br>la Cámara de Apelaciones corresponderá denunciarlo ante el Tribunal Superior,<br>con el mismo trámite.<br> Capitulo 3. Exhortos, mandamientos y vistas.<br> Art. 47. Reglas generales.<br> Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, la fiscalía o el tribunal podrán encomendar su cumplimiento por medio de<br>exhorto, mandamiento u oficio, según se dirija, respectivamente, a un tribunal<br>superior, de igual rango o inferior o autoridades que no pertenezcan al Poder<br>Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las<br>leyes convenio con la Nación y las provincias.<br> Art. 48. Cooperación de autoridades administrativas.<br> Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br>Los/as magistrados/as del Ministerio Público y los Tribunales podrán dirigirse<br>directamente a cualquier autoridad administrativa, la que deberá prestar su<br>cooperación y expedir los informes que le soliciten dentro del tercer día de<br>recibido el pedido del<br> Ministerio Público o del / la Juez/a o, en su caso, en el plazo que éste fije.<br> Art. 49. Comunicaciones provenientes de autoridades judiciales extranjeras.<br> Se deberá dar cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales<br>extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulta que han sido<br>dispuestas por magistrados competentes según las reglas argentinas de<br>jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte<br>principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplican los<br>demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales, así<br>como la reglamentación que dicten el Consejo de la Magistratura y/o el Fiscal<br>General.<br> Capítulo 4. Actas y otras formas de documentación.<br> Art. 50. Regla general.<br> Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br>Cuando el/la funcionario/a público/a que interviene en el proceso deba dar fe<br>de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta o<br>lo documentará mediante grabaciones de imagen y/o sonido en la forma prescripta<br>por las disposiciones de este capítulo.<br> A tal efecto, los/as funcionarios / as de policía o fuerzas de seguridad serán<br>asistidos por dos (2) testigos. Cuando se trate de actos definitivos e<br>irreproducibles, secuestro, inspección ocular o requisa personal, los testigos<br>no podrán pertenecer al mismo organismo del cual forme parte el/la<br>funcionario/a actuante. Si por las especiales circunstancias de tiempo y lugar<br>debidamente justificadas no fuera posible obtener la presencia de testigos, el<br>acto se practicará igual y será valorado conforme las reglas de la sana<br>crítica.<br> La función de testigo del acto de documentación es carga pública.<br> Art. 51. Contenido y formalidades de las actas y otros actos de documentación.<br> Las actas escritas deberán contener:<br> 1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br>1) Lugar, fecha y hora en que se labre.<br> 2) El nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya<br>impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a asistir;<br> 3) La indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;<br> 4) Las manifestaciones verbales recibidas y las realizadas a requerimiento del<br>/ la funcionario/a interviniente.<br> 5) La firma, previa lectura, de todos los intervinientes. Cuando alguno no<br>puede o no quiere firmar, se hace mención de ello. Si tiene que firmar una<br>persona que por cualquier circunstancia se encuentra impedida de leer, se le<br>informa que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por una persona de<br>su confianza, lo que se hace constar.<br> Cuando se utilicen imágenes y sonidos para documentar total o parcialmente<br>actos de prueba o audiencias, deberán cumplirse los requisitos precedentemente<br>previstos en la medida que la naturaleza del acto lo permita. Queda prohibida<br>toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros y se deberá<br>asegurar su autenticidad e inalterabilidad.<br> Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br>Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se deberá reservar el<br>original en condiciones que aseguren su inviolabilidad hasta el debate, sin<br>perjuicio de la obtención de copias que podrán utilizarse para otros fines del<br>proceso. Las formalidades esenciales de los actos deberán surgir del mismo<br>registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria.<br> Art. 52. Acto defectuoso.<br> La omisión de estas formalidades privará de efectos al acto o tornará<br>inadmisible su contenido como prueba, sólo cuando aquellas no puedan ser<br>suplidas con certeza sobre la base de otros elementos probatorios.<br> Art. 53. Testigos de actuación.<br> No podrán ser testigos de actuación los menores de dieciocho (18) años, los<br>dementes y los que en el momento del acto se encuentren en estado de<br>inconciencia.<br> Capítulo 5. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y préstamos.<br> Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br>Art. 54. Notificaciones, citaciones y emplazamientos.<br> Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se harán personalmente, por<br>cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento, a través<br>de citación policial o por cualquier otro medio fehaciente y deberán contener:<br> 1) el nombre y apellido de la persona a notificar y su domicilio con indicación<br>del carácter de éste;<br> 2) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entiende en la causa;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) la fecha en que se expide y la firma material o digital del / la<br>Secretario/a.<br> Las notificaciones hechas en el domicilio o dirección electrónica constituidos<br>serán válidas a todos los efectos previstos en este Código.<br> Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br>Art. 55. Personas habilitadas.<br> Las notificaciones las practicarán el/la Secretario/a o el/la empleado/a del<br>Tribunal o de la Fiscalía que corresponda o se designe especialmente. Cuando la<br>persona que se deba notificar se encuentre fuera de la sede del tribunal o de<br>la fiscalía, la notificación se practicará por intermedio de la autoridad<br>correspondiente.<br> Art. 56. Domicilio legal.<br> Al comparecer en el proceso las partes deberán constituir domicilio en el<br>ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> Con el fin de recibir notificaciones y copias, podrán brindar una dirección de<br>correo electrónico u otro medio de similar eficacia.<br> Art. 57. Lugar del acto.<br> Los/as Fiscales y Defensores Públicos serán notificados por diligencia en sus<br>respectivas oficinas; las otras partes, en la Secretaría de la Fiscalía o del<br> Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br>Tribunal o en el domicilio legal.<br> Las personas que no tengan domicilio constituido serán notificadas en su<br>domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren.<br> Art. 58. Notificación personal.<br> Cuando la notificación se haga personalmente en la Secretaría o en el despacho<br>del / la Fiscal o del / la Defensor/a Público se dejará constancia en el<br>expediente, con indicación de la fecha, firmando el encargado de la diligencia<br>y el notificado, quien podrá obtener copia de la resolución.<br> Si éste no quisiere o no pudiere firmar, lo harán dos (2) testigos requeridos<br>al efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la oficina.<br> Art. 59. Entrega de copia.<br> La notificación se efectuará entregando una copia de la resolución, de lo que<br>se dejará constancia en el expediente.<br> La notificación y la entrega de copia podrán efectuarse por los medios técnicos<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br>que permitan garantizar la autenticidad y la recepción por el destinatario.<br> En caso de disconformidad entre la copia entregada y la recibida, hará fe<br>respecto de cada interesado/a la copia por él recibida, en lo referente a los<br>derechos de impugnación.<br> Art. 60. Notificación en domicilio. Entrega de la cédula al interesado/a.<br> Si la notificación se hiciere por cédula, el/la funcionario/a o empleado/a<br>encargado/a de practicarla deberá dejar al interesado/a copia de la cédula<br>haciendo constar con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se<br>agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la<br>diligencia, suscripta por el/la notificador/a y el/la interesado/a, salvo que<br>éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual debe dejarse constancia.<br> Art. 61. Entrega de la cédula a personas distintas.<br> Cuando el/la notificador/a no encuentre a la persona a quien va a notificar,<br>deberá entregar la cédula a otra persona, mayor de dieciocho (18) años, de la<br>casa, departamento u oficina, o al/la encargado/a del edificio, y proceder en<br>la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarla, deberá<br> fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br> del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su<br>contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de<br>parentesco o secreto profesional.<br> Art. 118. Prohibición.<br> No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a<br>defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones<br>por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.<br> Capítulo 4. Prueba testimonial<br> Art. 119. Facultad de interrogar.<br> El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca<br>los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la<br>verdad.<br> Art. 120. Entrevista con el testigo.<br> Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones<br>testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como<br>definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la<br>sentencia en caso de avenimiento.<br> Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración<br>en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en<br>el domicilio del testigo o en otro sitio. También podrá delegar el<br>interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de<br>seguridad según lo previsto en el artículo 94.<br> Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.<br> Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.<br> Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar<br>sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de<br>cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la<br>ley.<br> Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración<br>del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br>fijarla en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, con la presencia<br>de dos testigos que firmarán el original.<br> Art. 62. Notificación por medios electrónicos.<br> Cuando la notificación se haga por medios electrónicos, el/la Secretario/a o la<br>persona autorizada dejará una constancia que permita identificar el modo en que<br>se hizo, la fecha y la dirección a la que fue dirigida y agregar a las<br>actuaciones una copia de la constancia electrónica.<br> Art. 63. Notificación por edictos.<br> Cuando se ignore el lugar donde reside la persona que deba ser notificada, la<br>resolución se hará saber por edictos que se publican durante cinco (5) días en<br>el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las medidas<br>convenientes para averiguarlo.<br> Los edictos deberán contener, según el caso:<br> 1) la designación del Tribunal y/o Fiscalía que entendiere en la causa;<br> 2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br> del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su<br>contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de<br>parentesco o secreto profesional.<br> Art. 118. Prohibición.<br> No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a<br>defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones<br>por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.<br> Capítulo 4. Prueba testimonial<br> Art. 119. Facultad de interrogar.<br> El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca<br>los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la<br>verdad.<br> Art. 120. Entrevista con el testigo.<br> Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones<br>testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como<br>definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la<br>sentencia en caso de avenimiento.<br> Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración<br>en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en<br>el domicilio del testigo o en otro sitio. También podrá delegar el<br>interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de<br>seguridad según lo previsto en el artículo 94.<br> Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.<br> Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.<br> Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar<br>sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de<br>cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la<br>ley.<br> Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración<br>del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br> Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus<br>ministros y secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores,<br>ministros y secretarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos<br>nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo<br>precedente decidiera declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y<br>deberán ser contestadas en el menor tiempo posible, bajo juramento de decir<br>verdad y con mención sobre si le comprenden las generales de la ley.<br> Art. 122. Facultad de abstención.<br> Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del / la<br>imputado/a:<br> a) su cónyuge;<br> b) la persona con la cual se encuentra unido/a civilmente;<br> c) sus ascendientes, descendientes o hermanos / as, parientes colaterales hasta<br>el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;<br> d) sus tutores / as, curadores / as y pupilos / as.<br> Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará<br>constancia.<br> Art. 123. Deber de abstención.<br> Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que<br>hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o<br>profesión los ministros de un culto admitido; los/as abogados / as,<br>procuradores / as y escribanos/as; los/as médicos / as y demás auxiliares del<br>arte de curar; los/as militares y funcionarios / as públicos / as sobre<br>secretos de Estado.<br> Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos / as<br>y demás profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un<br>delito hubiera recurrido a sus servicios a fin de preservar su integridad<br>2) el nombre y apellido del destinatario de la notificación;<br> 3) el delito que motiva el proceso;<br> 4) la trascripción del encabezamiento y parte dispositiva de la resolución que<br>se notifica;<br> 5) en su caso, el término dentro del cual deber presentarse el/la citado/a.<br> 6) la fecha en que se expide el edicto y la firma del / la Secretario/a.<br> Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se publicó se agregará a las<br>actuaciones.<br> Art. 64. Nulidad de la notificación.<br> Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los<br>artículos anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al/la<br>interesado/a cumplir oportunamente los actos procésales vinculados a la<br>resolución que se notifica.<br> Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br> del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su<br>contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de<br>parentesco o secreto profesional.<br> Art. 118. Prohibición.<br> No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a<br>defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones<br>por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.<br> Capítulo 4. Prueba testimonial<br> Art. 119. Facultad de interrogar.<br> El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca<br>los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la<br>verdad.<br> Art. 120. Entrevista con el testigo.<br> Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones<br>testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como<br>definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la<br>sentencia en caso de avenimiento.<br> Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración<br>en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en<br>el domicilio del testigo o en otro sitio. También podrá delegar el<br>interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de<br>seguridad según lo previsto en el artículo 94.<br> Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.<br> Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.<br> Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar<br>sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de<br>cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la<br>ley.<br> Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración<br>del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br> Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus<br>ministros y secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores,<br>ministros y secretarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos<br>nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo<br>precedente decidiera declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y<br>deberán ser contestadas en el menor tiempo posible, bajo juramento de decir<br>verdad y con mención sobre si le comprenden las generales de la ley.<br> Art. 122. Facultad de abstención.<br> Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del / la<br>imputado/a:<br> a) su cónyuge;<br> b) la persona con la cual se encuentra unido/a civilmente;<br> c) sus ascendientes, descendientes o hermanos / as, parientes colaterales hasta<br>el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;<br> d) sus tutores / as, curadores / as y pupilos / as.<br> Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará<br>constancia.<br> Art. 123. Deber de abstención.<br> Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que<br>hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o<br>profesión los ministros de un culto admitido; los/as abogados / as,<br>procuradores / as y escribanos/as; los/as médicos / as y demás auxiliares del<br>arte de curar; los/as militares y funcionarios / as públicos / as sobre<br>secretos de Estado.<br> Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos / as<br>y demás profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un<br>delito hubiera recurrido a sus servicios a fin de preservar su integridad<br> física o la del / la ofendido/a.<br> Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas<br>del deber de guardar secreto por el/la interesado/a.<br> Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho no<br>comprendido en el secreto profesional, el/la Fiscal procederá sin más a<br>interrogarlo.<br> Las pruebas obtenidas en violación a los recaudos precedentes carecerán de<br>valor probatorio y no podrán usarse en la causa para ningún efecto.<br> Art. 124. Personas sordas o mudas.<br> Para recibir juramento e interrogar a una persona sorda o hipoacúsica bilateral<br>profunda se le deberá nombrar un perito intérprete oficial. Si se tratara de<br>una persona muda se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito.<br> Art. 125. Examen en el domicilio.<br> Las personas que no puedan concurrir ante el/la Fiscal por estar físicamente<br>impedidas, serán examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o<br>internación.<br> Art. 126. Declaración por exhorto.<br> Cuando el testigo resida a más de cien kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires,<br>para la recepción de declaración formal se deberá requerir al/la Juez/a que<br>arbitre los medios necesarios para que se la obtenga por exhorto a la autoridad<br>judicial de su residencia, salvo que el/la Fiscal considere necesario hacerlo<br>comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del<br>testimonio. En este caso se fijará prudencialmente el reembolso de los gastos<br>ocasionados al citado.<br> Art. 127. Detención. Declaración.<br> El/la Fiscal podrá ordenar la detención de un testigo cuando haya temor fundado<br>de que se oculte, fugue o ausente, con inmediata noticia al/la Juez/a. Esta<br>medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca<br>podrá exceder de veinticuatro (24) horas. Si el testigo mantuviera su negativa<br>a declarar vencido ese término, se formulará la pertinente denuncia penal y se<br>lo pondrá a disposición de la autoridad judicial competente.<br>Cuando del expediente resulte que la parte ha tenido conocimiento de la<br>resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.<br> Art. 65. Apercibimiento.<br> Los testigos, peritos, intérpretes y depositarios serán citados bajo<br>apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública en caso de<br>incomparecencia injustificada. El apercibimiento se hará efectivo en forma<br>inmediata. La incomparecencia injustificada hará incurrir al citado en las<br>costas que causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que<br>correspondiere.<br> Art. 66. Vistas.<br> Las vistas sólo se ordenarán cuando la ley lo disponga y serán diligenciadas<br>por las personas habilitadas para notificar.<br> Las vistas se correrán entregando al interesado que lo solicite, bajo recibo,<br>las actuaciones sobre las que se ordenen o copia certificada.<br> El secretario o empleado autorizado dejará constancia de la fecha del acto<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br> del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su<br>contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de<br>parentesco o secreto profesional.<br> Art. 118. Prohibición.<br> No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a<br>defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones<br>por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.<br> Capítulo 4. Prueba testimonial<br> Art. 119. Facultad de interrogar.<br> El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca<br>los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la<br>verdad.<br> Art. 120. Entrevista con el testigo.<br> Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones<br>testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como<br>definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la<br>sentencia en caso de avenimiento.<br> Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración<br>en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en<br>el domicilio del testigo o en otro sitio. También podrá delegar el<br>interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de<br>seguridad según lo previsto en el artículo 94.<br> Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.<br> Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.<br> Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar<br>sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de<br>cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la<br>ley.<br> Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración<br>del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br> Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus<br>ministros y secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores,<br>ministros y secretarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos<br>nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo<br>precedente decidiera declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y<br>deberán ser contestadas en el menor tiempo posible, bajo juramento de decir<br>verdad y con mención sobre si le comprenden las generales de la ley.<br> Art. 122. Facultad de abstención.<br> Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del / la<br>imputado/a:<br> a) su cónyuge;<br> b) la persona con la cual se encuentra unido/a civilmente;<br> c) sus ascendientes, descendientes o hermanos / as, parientes colaterales hasta<br>el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;<br> d) sus tutores / as, curadores / as y pupilos / as.<br> Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará<br>constancia.<br> Art. 123. Deber de abstención.<br> Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que<br>hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o<br>profesión los ministros de un culto admitido; los/as abogados / as,<br>procuradores / as y escribanos/as; los/as médicos / as y demás auxiliares del<br>arte de curar; los/as militares y funcionarios / as públicos / as sobre<br>secretos de Estado.<br> Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos / as<br>y demás profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un<br>delito hubiera recurrido a sus servicios a fin de preservar su integridad<br> física o la del / la ofendido/a.<br> Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas<br>del deber de guardar secreto por el/la interesado/a.<br> Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho no<br>comprendido en el secreto profesional, el/la Fiscal procederá sin más a<br>interrogarlo.<br> Las pruebas obtenidas en violación a los recaudos precedentes carecerán de<br>valor probatorio y no podrán usarse en la causa para ningún efecto.<br> Art. 124. Personas sordas o mudas.<br> Para recibir juramento e interrogar a una persona sorda o hipoacúsica bilateral<br>profunda se le deberá nombrar un perito intérprete oficial. Si se tratara de<br>una persona muda se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito.<br> Art. 125. Examen en el domicilio.<br> Las personas que no puedan concurrir ante el/la Fiscal por estar físicamente<br>impedidas, serán examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o<br>internación.<br> Art. 126. Declaración por exhorto.<br> Cuando el testigo resida a más de cien kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires,<br>para la recepción de declaración formal se deberá requerir al/la Juez/a que<br>arbitre los medios necesarios para que se la obtenga por exhorto a la autoridad<br>judicial de su residencia, salvo que el/la Fiscal considere necesario hacerlo<br>comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del<br>testimonio. En este caso se fijará prudencialmente el reembolso de los gastos<br>ocasionados al citado.<br> Art. 127. Detención. Declaración.<br> El/la Fiscal podrá ordenar la detención de un testigo cuando haya temor fundado<br>de que se oculte, fugue o ausente, con inmediata noticia al/la Juez/a. Esta<br>medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca<br>podrá exceder de veinticuatro (24) horas. Si el testigo mantuviera su negativa<br>a declarar vencido ese término, se formulará la pertinente denuncia penal y se<br>lo pondrá a disposición de la autoridad judicial competente.<br> Art. 128. Declaración. Formalidades.<br> Al comenzar el interrogatorio, aun en los informales, el testigo deberá ser<br>instruido acerca de las penas por el delito de falso testimonio y prestar<br>juramento o promesa de decir verdad, con excepción de los menores inimputables<br>y de las personas imputadas de un hecho conexo.<br> El/la Fiscal o el auxiliar delegado interrogarán separadamente a cada testigo,<br>requiriendo su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio,<br>vínculos de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra<br>circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de su declaración.<br> Después de ello lo interrogará sobre el hecho.<br> Si se temiera por su integridad física o de otra persona, se podrá indicar su<br>domicilio en forma reservada, pero no podrá ocultarse su identidad salvo en los<br>casos en que esté incluido en un programa de protección de testigos. La reserva<br>de identidad solo podrá mantenerse hasta el juicio.<br> Para cada declaración formal se deberá labrar un acta o dejar constancia de lo<br>sustancial en el acta de la audiencia oral, según el caso.<br> Capítulo 5. Prueba pericial<br> Art. 129. Oportunidad.<br> El/la Fiscal ordenará informes periciales durante la investigación preparatoria<br>cuando los considere necesarios para fundar sus peticiones.<br> Art. 130. Designación. Intervención de las partes.<br> El/la Fiscal, según el procedimiento que determine la reglamentación, designará<br>de oficio a un (1) perito, salvo que considere indispensable que sean más.<br> Notificará esta resolución a las partes antes de que se inicien las operaciones<br>periciales, informándoles de su facultad de designar peritos de parte, dentro<br>de los tres (3) días, a su costa, para que participen de los análisis<br>periciales o examinen sus conclusiones y propongan puntos de pericia.<br> Art. 131. Obligatoriedad del cargo.<br>mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y el interesado.<br> Toda vista que no tenga término fijado se considerará otorgada por tres (3)<br>días.<br> Art. 67. Falta de devolución de las actuaciones.<br> Vencido el término por el cual se corrió la vista sin que las actuaciones hayan<br>sido devueltas, el/la Juez/a que la dispuso, de oficio o a pedido del / la<br>Fiscal que la otorgara librará orden inmediata al oficial de justicia para que<br>las requiera o se incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y<br>hacer uso de la fuerza pública.<br> Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento por culpa del requerido,<br>se le impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10%) del sueldo de un/a<br>Juez/a de primera instancia, sin perjuicio de la formación de causa que<br>corresponda.<br> Capítulo 6. Plazos<br> Art. 68. Reglas Generales.<br> Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br> del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su<br>contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de<br>parentesco o secreto profesional.<br> Art. 118. Prohibición.<br> No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a<br>defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones<br>por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.<br> Capítulo 4. Prueba testimonial<br> Art. 119. Facultad de interrogar.<br> El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca<br>los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la<br>verdad.<br> Art. 120. Entrevista con el testigo.<br> Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones<br>testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como<br>definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la<br>sentencia en caso de avenimiento.<br> Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración<br>en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en<br>el domicilio del testigo o en otro sitio. También podrá delegar el<br>interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de<br>seguridad según lo previsto en el artículo 94.<br> Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.<br> Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.<br> Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar<br>sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de<br>cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la<br>ley.<br> Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración<br>del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br> Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus<br>ministros y secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores,<br>ministros y secretarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, los integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos<br>nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.<br> En caso de que un funcionario o magistrado de los citados en el párrafo<br>precedente decidiera declarar por oficio, se le remitirán las preguntas y<br>deberán ser contestadas en el menor tiempo posible, bajo juramento de decir<br>verdad y con mención sobre si le comprenden las generales de la ley.<br> Art. 122. Facultad de abstención.<br> Podrán abstenerse de testificar o dar información en contra del / la<br>imputado/a:<br> a) su cónyuge;<br> b) la persona con la cual se encuentra unido/a civilmente;<br> c) sus ascendientes, descendientes o hermanos / as, parientes colaterales hasta<br>el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;<br> d) sus tutores / as, curadores / as y pupilos / as.<br> Se deberá advertir a dichas personas sobre esa facultad, de lo que se dejará<br>constancia.<br> Art. 123. Deber de abstención.<br> Deberán abstenerse de declarar o dar información sobre los hechos secretos que<br>hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o<br>profesión los ministros de un culto admitido; los/as abogados / as,<br>procuradores / as y escribanos/as; los/as médicos / as y demás auxiliares del<br>arte de curar; los/as militares y funcionarios / as públicos / as sobre<br>secretos de Estado.<br> Se entenderá que rige el secreto profesional en el caso de los/as médicos / as<br>y demás profesionales del arte de curar, cuando una persona involucrada en un<br>delito hubiera recurrido a sus servicios a fin de preservar su integridad<br> física o la del / la ofendido/a.<br> Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas<br>del deber de guardar secreto por el/la interesado/a.<br> Si el testigo invocase erróneamente ese deber con respecto a un hecho no<br>comprendido en el secreto profesional, el/la Fiscal procederá sin más a<br>interrogarlo.<br> Las pruebas obtenidas en violación a los recaudos precedentes carecerán de<br>valor probatorio y no podrán usarse en la causa para ningún efecto.<br> Art. 124. Personas sordas o mudas.<br> Para recibir juramento e interrogar a una persona sorda o hipoacúsica bilateral<br>profunda se le deberá nombrar un perito intérprete oficial. Si se tratara de<br>una persona muda se le harán oralmente las preguntas y responderá por escrito.<br> Art. 125. Examen en el domicilio.<br> Las personas que no puedan concurrir ante el/la Fiscal por estar físicamente<br>impedidas, serán examinadas en su domicilio o lugar de alojamiento o<br>internación.<br> Art. 126. Declaración por exhorto.<br> Cuando el testigo resida a más de cien kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires,<br>para la recepción de declaración formal se deberá requerir al/la Juez/a que<br>arbitre los medios necesarios para que se la obtenga por exhorto a la autoridad<br>judicial de su residencia, salvo que el/la Fiscal considere necesario hacerlo<br>comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del<br>testimonio. En este caso se fijará prudencialmente el reembolso de los gastos<br>ocasionados al citado.<br> Art. 127. Detención. Declaración.<br> El/la Fiscal podrá ordenar la detención de un testigo cuando haya temor fundado<br>de que se oculte, fugue o ausente, con inmediata noticia al/la Juez/a. Esta<br>medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca<br>podrá exceder de veinticuatro (24) horas. Si el testigo mantuviera su negativa<br>a declarar vencido ese término, se formulará la pertinente denuncia penal y se<br>lo pondrá a disposición de la autoridad judicial competente.<br> Art. 128. Declaración. Formalidades.<br> Al comenzar el interrogatorio, aun en los informales, el testigo deberá ser<br>instruido acerca de las penas por el delito de falso testimonio y prestar<br>juramento o promesa de decir verdad, con excepción de los menores inimputables<br>y de las personas imputadas de un hecho conexo.<br> El/la Fiscal o el auxiliar delegado interrogarán separadamente a cada testigo,<br>requiriendo su nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio,<br>vínculos de parentesco y de interés con las partes y cualquier otra<br>circunstancia que sirva para apreciar la veracidad de su declaración.<br> Después de ello lo interrogará sobre el hecho.<br> Si se temiera por su integridad física o de otra persona, se podrá indicar su<br>domicilio en forma reservada, pero no podrá ocultarse su identidad salvo en los<br>casos en que esté incluido en un programa de protección de testigos. La reserva<br>de identidad solo podrá mantenerse hasta el juicio.<br> Para cada declaración formal se deberá labrar un acta o dejar constancia de lo<br>sustancial en el acta de la audiencia oral, según el caso.<br> Capítulo 5. Prueba pericial<br> Art. 129. Oportunidad.<br> El/la Fiscal ordenará informes periciales durante la investigación preparatoria<br>cuando los considere necesarios para fundar sus peticiones.<br> Art. 130. Designación. Intervención de las partes.<br> El/la Fiscal, según el procedimiento que determine la reglamentación, designará<br>de oficio a un (1) perito, salvo que considere indispensable que sean más.<br> Notificará esta resolución a las partes antes de que se inicien las operaciones<br>periciales, informándoles de su facultad de designar peritos de parte, dentro<br>de los tres (3) días, a su costa, para que participen de los análisis<br>periciales o examinen sus conclusiones y propongan puntos de pericia.<br> Art. 131. Obligatoriedad del cargo.<br> El/la designado/a como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente<br>el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo<br>en conocimiento del / la Fiscal, al ser notificado de la designación.<br> Si no acudiera a la citación o no presentara el informe a debido tiempo, sin<br>causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los<br>testigos.<br> Los peritos no oficiales deberán aceptar el cargo bajo juramento.<br> Art.132. Directivas.<br> El/la Fiscal dirigirá el peritaje, formulará concretamente las cuestiones a<br>dilucidar, fijará el plazo en el que habrá de expedirse el perito y si lo<br>juzgare conveniente asistirá a las operaciones. Los peritos procurarán<br>practicar juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán<br>asistir a él y solicitar las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse<br>cuando los peritos comiencen la deliberación.<br> El fiscal podrá autorizar a los peritos a examinar las actuaciones o a asistir<br>a determinados actos procesales.<br> Art. 133. Conservación de la materia a peritar.<br> Tanto el/la Fiscal como los peritos deberán procurar que las cosas a examinar<br>sean conservadas, de modo que el peritaje pueda repetirse.<br> Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiera<br>discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán<br>informar al/la Fiscal antes de proceder.<br> Art. 134. Contenido del dictamen pericial.<br> El dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o constar en acta y<br>comprenderá:<br> 1) la descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las<br>condiciones en que hubieren sido hallados;<br> 2) una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus<br>resultados;<br>Los actos procésales deberán practicarse dentro de los plazos fijados en cada<br>caso.<br> Cuando no se fije término, se practicarán dentro de los tres (3) días. Los<br>plazos correrán para cada interesado a partir del día hábil siguiente a la<br>notificación o, si fueran comunes, a partir del día hábil siguiente a la última<br>que se practique.<br> Art. 69. Cómputo.<br> En los términos se computarán únicamente los días hábiles y los que se<br>habiliten.<br> Las presentaciones se podrán realizar dentro de las dos (2) primeras horas<br>hábiles del día siguiente al vencimiento del término establecido.<br> Art. 70. Carácter de los términos. Renuncia. Abreviación.<br> Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas<br>por la ley.<br> La parte a cuyo favor se hubiera establecido un término podrá renunciarlo o<br>consentir expresamente su abreviación.<br> Capítulo 7. Nulidades procésales<br> Art. 71. Regla general.<br> La validez de los actos procésales sólo se podrá cuestionar cuando se<br>pretendiera su utilización por las partes.<br> Serán declarados nulos los actos procésales solo cuando no se hubieran<br>observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo consecuencia de<br>nulidad.<br> Deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso por el<br>tribunal interviniente, las nulidades de los actos que impliquen violación de<br>garantías constitucionales.<br> Art. 72. Nulidad de orden general.<br> Son nulos los actos que se realicen con inobservancia de las disposiciones<br>concernientes a:<br> 1) la competencia del Tribunal o del / la magistrado/a del Ministerio Público<br>Fiscal interviniente.<br> 2) la intervención del / la Juez/a o del / la magistrado/a del Ministerio<br>Público Fiscal en el proceso y su participación en los actos en que ella sea<br>obligatoria.<br> 3) la intervención, asistencia y representación del / la imputado/a, en los<br>casos y formas que la ley establece.<br> Art. 73. Declaración de nulidades.<br> El Tribunal declarará de oficio o a pedido de parte las nulidades que se<br>produzcan, en cualquier estado y grado del proceso.<br> Cuando la cuestión de nulidad sea promovida por alguna de las partes, el<br>Tribunal resolverá en audiencia con citación a todas las partes legitimadas.<br> Art. 74. Legitimación. Control del procedimiento.<br> Sólo estarán legitimadas para solicitar la nulidad de un acto procesal las<br>partes que no hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la<br>observancia de las disposiciones violadas.<br> El Ministerio Público Fiscal velará en todo momento por la legalidad del<br>procedimiento y reclamará al Tribunal pertinente la nulidad de los actos<br>procésales defectuosos, aunque con ello beneficie al/la imputado/a.<br> Art. 75. Efectos.<br> La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos todos los actos<br>consecutivos que de él dependan.<br> Al declarar la nulidad, el Tribunal deberá establecer los demás actos que<br>resulten nulos por conexión con el acto anulado.<br> El Tribunal que declare la nulidad ordenará, cuando le fuera requerido y sea<br>posible, la renovación o rectificación de los actos anulados.<br> Art. 76. Consecuencias.<br> Cuando un tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno<br>inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.<br> Libro II. Investigación preparatoria<br> Título I. Inicio de las actuaciones<br> Capítulo 1. Inicio<br> Art. 77. Modos de iniciación.<br> La investigación preparatoria se iniciará:<br> 1) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, cuando tome conocimiento directo<br>de la presunta comisión un delito de acción pública dentro del ámbito de su<br>competencia;<br> 2) por el Ministerio Público Fiscal de oficio, como resultado de una actuación<br>de prevención que lo justifique;<br> 3) como consecuencia de una prevención policial en casos de flagrancia;<br> 4) como consecuencia de una denuncia o querella.<br> Art. 78. Flagrancia.<br> Se considerará que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en<br>el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por<br>la fuerza pública, por la víctima o el clamor público.<br> Estará equiparada a la situación de flagrancia, a los fines previstos en este<br>Código, la persona que objetiva y ostensiblemente tenga objetos o presente<br>rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito.<br> Capítulo 2. Denuncia<br> Art. 79. Formulación de la denuncia.<br> Toda persona que tenga noticia de la comisión de un delito de acción pública,<br>podrá denunciarlo ante el Ministerio Público Fiscal. Si el delito fuera<br> dependiente de instancia privada, sólo podrá denunciarlo la víctima, su<br>representante o los organismos autorizados por la ley.<br> La autoridad de prevención recibirá denuncias solamente en caso de flagrancia o<br>cuando sea necesaria su inmediata intervención para evitar consecuencias del<br>delito, la pérdida de la prueba o la fuga de sus partícipes.<br> El simple denunciante no será parte en el proceso.<br> Art. 80. Obstáculos para denunciar.<br> Nadie podrá denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, ascendiente,<br>descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio<br>del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que<br>lo ligue con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o<br>incapaz de valerse por sí misma.<br> Art. 81. Obligación de denunciar.<br> Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública los funcionarios<br>públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.<br> Art. 82. Modos de formular la denuncia.<br> La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente, personalmente o por medio<br>de mandatario especial. En este último caso deberá acreditarse la<br>representación invocada, bajo consecuencia de tenerla por formulada por el<br>presentante a título personal.<br> El funcionario de las fuerzas de seguridad o integrante del Ministerio Público<br>Fiscal que reciba la denuncia deberá comprobar y hacer constar la identidad del<br>denunciante y hacerle entrega de una copia firmada. Si fuera verbal se labrará<br>un acta.<br> Art. 83. Contenido de la denuncia.<br> La denuncia deberá contener, en cuanto fuera posible, un relato preciso y<br>circunstanciado del hecho, la indicación de los partícipes, damnificados,<br>testigos y demás elementos útiles para la comprobación del delito y la<br>determinación de su calificación legal.<br> Art. 84. Denuncia ante la policía, fuerzas de seguridad u otros funcionarios<br> públicos.<br> El integrante de la policía u otra fuerza de seguridad y cualquier otro<br>funcionario público que reciba una denuncia deberá transmitirla inmediatamente<br>al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de realizar de las actuaciones<br>urgentes que correspondan.<br> Art. 85. Consecuencia inmediata de la denuncia.<br> Cuando el/la Fiscal reciba la denuncia directamente o proveniente de la<br>policía, otra fuerza de seguridad u organismo estatal, dispondrá el archivo,<br>planteará ante el/la Juez/a la incompetencia o dará curso a la investigación<br>preparatoria, según corresponda. En este último caso dictará el decreto de<br>determinación de los hechos.<br> Capítulo 3. Actuaciones de Prevención. Actuación de las fuerzas de seguridad<br> Art. 86. Relación funcional. Facultades en circunstancias urgentes.<br> Será obligatorio para la policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando<br>lleguen a su conocimiento hechos delictivos en forma directa, por denuncia o<br>por orden de autoridad competente.<br> Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal deberán:<br> 1) impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores;<br> 2) individualizar a los culpables;<br> 3) reunir las pruebas para dar base a la acusación.<br> Actuarán en forma autónoma, dando cuenta al/la Fiscal inmediatamente, o en el<br>menor tiempo posible para que asuma la dirección de la pesquisa, en casos de<br>urgencia, siempre que sea necesario para preservar la integridad física, la<br>libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos y en casos de<br>flagrancia.<br> Art. 87. Actas de prevención. Noticia al Ministerio Público Fiscal.<br> Cuando la intervención de la policía o las fuerzas de seguridad ocurriera en la<br>vía pública, además de los requisitos previstos en el artículos 50 y 51, las<br>actas de prevención deberán contener en lo posible:<br> 1) la identificación del / la imputado/a;<br> 2) la descripción circunstanciada del hecho que motivó la actuación;<br> 3) los informes que se hubieren producido, el resultado de todas las<br>diligencias<br> practicadas y toda otra prueba del hecho; Las actas deberán ser remitidas de<br>inmediato al/la Fiscal cuando hubiera aprehendidos / as, se hubieran adoptado<br>otras mediadas precautorias o cuando éste lo indique.<br> Art. 88. Deberes específicos.<br> Los integrantes de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán los<br>siguientes deberes:<br> 1) Cuidar que los rastros materiales del hecho sean conservados y que el estado<br>de las cosas no se modifique.<br> 2) En caso necesario y cuando la naturaleza del hecho lo justifique, disponer<br>que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus<br>adyacencias, se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que<br>correspondan.<br> De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato al/la Fiscal.<br> 3) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la<br>investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los<br>lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, filmaciones, exámenes<br>técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.<br> 4) Interrogar a los testigos, asentando sus dichos en simple acta al solo<br>efecto de orientar las pesquisa.<br> 5) Aprehender a los presuntos/as autores / as en los casos y formas que este<br>Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 6) Disponer las requisas con arreglo a lo dispuesto en este Código con<br>inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 7) Disponer la clausura preventiva del lugar en los casos y formas que este<br> Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente.<br> 8) Hacer uso de la fuerza pública en la medida estrictamente necesaria,<br>adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar.<br> Art. 89. Prohibición de recibir declaración al/la imputado/a.<br> La policía y las fuerzas de seguridad no podrán recibir declaraciones al/la<br>imputado/a.<br> Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad. En este supuesto<br>deberán previamente informar al/la imputado/a en alta voz sus derechos de<br>guardar silencio sin que ello importe presunción en su contra y de designar<br>defensor/a o contar con uno/a de oficio. De lo actuado se labrará acta.<br> El incumplimiento de los recaudos precedentemente establecidos privará al acto<br>y sus consecuencias de todo efecto probatorio en el proceso, sin perjuicio de<br>la comunicación que harán el/la Fiscal y/o Juez/a a la autoridad superior del<br>funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave<br>incumplimiento.<br> En caso de que el/la imputado/a manifieste razones de urgencia para declarar,<br>el/la funcionario/a policial o de otra fuerza de seguridad que intervenga,<br>deberá instruirlo acerca de su derecho a declarar inmediatamente ante el/la<br>Fiscal competente o en su defecto, si por algún motivo éste no pudiera<br>recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, ante cualquier otro<br>Fiscal que al efecto puede ser requerido.<br> Art. 90. Prohibición de abrir correspondencia o inspeccionar datos privados.<br> Los integrantes de la policía y otras fuerzas de seguridad no podrán abrir la<br>correspondencia que secuestren, ni inspeccionar datos privados contenidos en<br>soporte informático, sino que la remitirán a la autoridad judicial o del<br>Ministerio Público Fiscal competente; sin embargo, en los casos urgentes,<br>podrán ocurrir al juez competente más cercano, el que le autorizará la apertura<br>de considerarlo oportuno. Una vez conocido el contenido, el/la Juez/a podrán<br>autorizar a los integrantes de fuerzas de seguridad la inspección de<br>correspondencia y datos privados contenidos en soporte informático legalmente<br>incautados, a los fines periciales.<br> Título II. Investigación preparatoria.<br> Capítulo 1. Finalidad y objeto<br> Art. 91. Objeto de la investigación preparatoria.<br> El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la<br>finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías<br>legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio.<br> A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer la investigación para:<br> 1) comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y<br>averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad;<br> 2) establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o<br>justifiquen o influyan en la punibilidad;<br> 3) individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores;<br> 4) propiciar la utilización de los medios alternativos de resolución de<br>conflictos legalmente previstos.<br> Las actuaciones de la investigación preparatoria que no se incorporen al debate<br>en la forma prevista en este Código no tendrán valor probatorio para fundar la<br>condena del acusado, excepto los actos definitivos e irreproducibles cuya<br>incorporación al debate sea admitida.<br> Capítulo 2. Determinación del objeto y actos del Ministerio Público Fiscal.<br> Art. 92. Decreto de determinación de hechos. Intervención al/la Juez/a.<br> Cuando el/la Fiscal decida actuar en virtud de lo establecido en el artículo 77<br>y no disponga el archivo de las actuaciones, dictará inmediatamente un decreto<br>de determinación del objeto de la investigación preparatoria, que deberá<br>contener:<br> 1) la relación suficientemente circunstanciada del hecho, con indicación, si<br>fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución y su calificación<br>provisoria;<br> 2) las condiciones personales de los/las imputados / as y, en su caso, de la<br>víctima que fueran conocidas;<br> Si de la pesquisa surgiera que los hechos son distintos o deben ser ampliados,<br>o cuando otras personas resulten imputadas, el decreto de determinación del<br>hecho se deberá modificar de oficio, respetándose los requisitos establecidos<br>en este artículo. La investigación preparatoria se limitará a los hechos<br>referidos en el decreto de determinación y sus ampliaciones.<br> Art. 93. Actos de investigación.<br> A fin de desarrollar la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá citar a<br>testigos, requerir los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles,<br>practicar las inspecciones de lugares y cosas, disponer o requerir secuestro de<br>elementos y todas las medidas que considere necesarias para el ejercicio de sus<br>funciones. Deberá solicitar orden judicial para practicar allanamientos,<br>requisas o interceptaciones de comunicaciones o correspondencia<br> Art. 94. Actuaciones. Delegación.<br> La investigación preparatoria se realizará de manera desformalizada, excepto<br>cuando se trate de actos definitivos e irreproducibles.<br> Los actos de investigación que no deban ser formalizados podrán ser delegados<br>por el/la Fiscal interviniente, mediante decreto, en el personal a su cargo o<br>en investigadores de las fuerzas de seguridad debidamente individualizados.<br>Éstos reportarán el cumplimiento de las diligencias encomendadas mediante<br>informes firmados, los que se reservarán en la Fiscalía.<br> El/la Fiscal también podrá delegar en el/la Secretario/a, mediante decreto, la<br>notificación al/la imputado/a de los hechos investigados.<br> Art. 95. Uso de la fuerza pública.<br> En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal podrá requerir<br>la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere<br>necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. El<br>Ministerio Público Fiscal dirigirá a la policía y a las fuerzas de seguridad en<br>función judicial.<br> Capítulo 3. Intervención de las otras partes.<br> Art. 96. Intervención de la defensa y la querella.<br> El/la defensor/a del / la impudo/a y el/la querellante, sus respectivos/vas<br> letrados / dasy/o mandatarios / as tendrán derecho a participar de todos los<br>actos formales de la investigación preparatoria, con excepción de aquellos que<br>se realicen durante el secreto de la investigación. En ningún caso se podrá<br>restringir el acceso de los/as de la defensa en los actos ñeque deban<br>participar personalmente los/as imputados/as.<br> Las partes deberán ser notificados únicamente de los actos en los que ello este<br>expresamente previsto.<br> Art. 97.- proposición de diligencias<br> La defensa y la querella podrán proponer diligencias. El/la fiscal practicara<br>las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y útiles para los<br>fines de la investigación preparatoria o cuando fueren actos que no puedan<br>producirse en el debate<br> Capitulo 4. actos definitivos e irreproducibles.<br> Art. 98.- actos definitivos e irreproducibles. Notificación<br> Antes de realizarse actos definitivos e irreproducibles, excepto los registros<br>domiciliarios, debera citarse a la querella y a la defensa si el/la imputado/a<br>estuviese identificado/a. La incomparecía de las partes debidamente notificadas<br>no impedirá la realización del acto, que tendrá valor para todos sus efectos<br> Solo en casos de suma urgencia se podra proceder sin notificación antes del<br>termino fijado dejándose constancia de los motivos que lo justifiquen. Para<br>estos casos, se debera intentar la comparencia del / la defensora/or oficial si<br>no estuviese el/la defensora/or particular. Si la presencia de aquel fuera<br>imposible, debera dejarse constancia de los ,motivos que la impidieron.<br> A pedido de la defensa, el/la Juez/a podra establecer las condiciones de<br>realización del acto para asegurar el control de las partes sobre su producción<br> Art. 99.- violación de recaudos<br> los actos definitivos e irreproducibles celebrados con violación a los recaudos<br>precedentemente establecidos y los que fueran su consecuencia carecen de valor<br>probatorio y no podrán ser usados en la causa para ningún efecto<br> Art. 100.-actuación en actos definitivos e irreproducibles.<br> En los actos definitivos e irreproducibles las partes podrán pedir que se deje<br>constancia de las circunstancias que consideren relevantes e interrogar a los<br>testigos con autorización del / la Juez/a, según el caso<br> Capitulo 5 Publicidad de la investigación preparatoria<br> Art. 101.- Legajo de investigación<br> El fiscal formara un legajo de investigación, con el fin de preparar su<br>requerimiento. E incorporaran al legajo de actuación:<br> 1) las actuaciones correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles.<br> 2) Las diligencias probatorias que el/la fiscal considere necesario incluir<br>para promover decisiones jurisdiccionales<br> 3) Las actas de la prevención y los informes de os auxiliares del / la fiscal<br> 4) Los actos que le correspondan al/la Juez/a.<br> 5) Los informes de organismos privados u oficiales, peritajes y documentos.<br> Los actos mencionados deberán registrarse en las actas que el/la Secretario/a<br>de la fiscalia debera compilar ordenadamente.<br> Art.. 102.- Carácter de las actuaciones. Secreto.<br> El legajo de investigación será publico para las partes y sus defensores/as y/o<br>letrados/as o quienes tengan interés legitimo a partir de la intimación del<br>hecho y la constitución de querellante, según el caso, quienes lo podrán<br>examinar libremente en cualquier momento, salvo que se haya dispuesto el<br>secreto de la investigación. Las audiencias orales que se realicen durante la<br>instrucción serán publicas, excepto cuando el tribunal, de oficio o a pedido de<br>parte, dispongan que sean reservadas por, motivos de seguridad, para garantizar<br>derechos de las partes o el resultado de la investigación<br> El fiscal por resolución motivada podra disponer la reserva parcial de las<br>actuaciones imprescindibles para no frustrar la eficacia de las medidas<br>dispuestas, hasta que concluyan las diligencias y por un plazo que no podra<br>superar los diez (10) días<br> No obstante, podra decretarse nuevamente la reserva si aparecieren otras/as<br> imputados/as o cuando la eficacia de un acto en particular dependa del secreto<br>de las actuaciones. En tales casos el secreto se limitara al tiempo<br>indispensable para orientar la investigación o cumplir con el acto ordenado,<br>que no podra exceder de diez (10) días.<br> El secreto de la investigación no impedirá que el/la imputada/o y su defensor/a<br>conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de informársele<br>los hechos imputados.<br> Art. 103.- Control de/la Juez/a<br> Si alguna parte entendiera que el secreto es improcedente, podra plantear su<br>oposición al/la Juez/a, quien debera oír de inmediato al/la fiscalia y resolver<br>sin mas tramite. La resolución será irrecurrible<br> Art.104.- Duración<br> La investigación preparatoria deberá concluir dentro del termino de tres (3)<br>meses a partir de la intimación del hecho al/la imputado/a. Si ese termino<br>resultare insuficiente, el/la fiscalia debera solicitar prorroga a el/la<br>fiscalia de cámara, quien podra acordarla hasta por dos (2) meses mas, según<br>las causas de la demora y la naturaleza de la investigación.<br> Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy déficit investigación,<br>el/la fiscal podra solicitar que la prorroga otorgada exceda excepcionalmente<br>dicho plazo, debiendo fijar el tribunal el termino perentorio de finalización<br>de la investigación preparatoria que, no podra exceder de un (1) mes año a<br>partir de la intimación de los hechos.<br> Si hubiera mas de un/a (1) imputado/a el termino correrá independientemente<br>para cada uno de ellos.<br> El imputado/a podra cuestionar las prorrogas ante el Juez solicitando que se<br>fije un plazo razonable para que se clausure la investigación preparatoria, que<br>no podra exceder los previstos precedentemente.<br> Art. 105.- vencimiento del termino<br> Dentro del quinto día de vencido el termino previsto en el articulo anterior y<br>sus prorrogas, el/la fiscalia debera solicitar la remisión a juicio, disponer<br>la clausura provisional o el archivo de las actuaciones.<br> Vencido el plazo previsto en el párrafo que antecede sin que el/la fiscal se<br>hubiera expedido, se archivara la causa respecto del imputado /a por el/la cual<br>hubiera vencido y no podra ser nuevamente perseguido/a penalmente por el mismo<br>hecho.<br> Titulo III. Prueba.<br> Capitulo. 1 Reglas generales.<br> Art. 106.-amplitud probatoria<br> Los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso<br>podrán acreditarse por cualquier medio de prueba que no resulte contrario a los<br>principios contemplados en este Código.<br> No regirán las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la<br>prueba, con excepción de las relativas al estado civil de las personas<br> Art. 107.- Admisibilidad de la prueba.<br> Los elementos de prueba solo serán admisibles cuando sean obtenidos por un<br>medio licito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de<br>este Código.<br> Se podrán limitar los medios de prueba ofrecidos cuando resulten<br>manifiestamente sobreabundante y prescindir de la prueba cuando sea ofrecida<br>para acreditar un hecho notorio. Las partes podrán acordar que circunstancias<br>determinadas, que no integren los requisitos objetivos y subjetivos del tipo<br>penal o sean cuestiones de interés publico, no necesitan ser probados. Ello<br>constara en acta que podra incorporarse por lectura a cualquier audiencia y al<br>debate a pedido de cualquiera de las partes concurrentes, si hubiera sido<br>firmada por todas ellas y sus defensores.<br> Capítulo 2. Registro domiciliario y requisa personal<br> Art. 108. Causales para el allanamiento.<br> Si hubieran motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas<br>pertinentes al hecho o que allí puede efectuarse la aprehensión del / la<br>imputado/a o de alguna persona requerida o fuere necesario el ingreso para la<br>aplicación de alguna medida precautoria, ante el pedido fundamentado del / la<br>Fiscal, el tribunal podrá ordenar, por auto, el ingreso y/o el registro de ese<br> lugar. En casos graves y/o urgentes el auto se podrá adelantar por cualquier<br>medio a los autorizados para el registro, con constancia del Secretario/a del<br>juzgado sobre el modo de comunicación usado y quien fue el receptor.<br> A tales efectos, el/la Fiscal autorizado por el/la juez/a podrá disponer de la<br>fuerza pública y proceder personalmente o encomendar la diligencia en el<br>funcionario debidamente individualizado del Ministerio Público Fiscal o de las<br>fuerzas de seguridad que estime pertinente. En este caso la orden deberá<br>realizarse por escrito y contener el lugar, día y hora en que la medida debe<br>efectuarse y el nombre del comisionado. El funcionario actuante labrará un acta<br>conforme lo normado por los arts. 50 y 51 de este Código.<br> Art. 109. Horario.<br> Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias<br>cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde que salga hasta que se<br>ponga el sol, salvo cuando el interesado o su representante consienta que se<br>realice en cualquier horario o en casos sumamente graves y/o urgentes. En estos<br>casos la autorización de ingreso nocturno deberá emanar del auto.<br> Art. 110. Edificios que no son morada.<br> Lo establecido en el primer párrafo del artículo 109 no será aplicable cuando<br>las diligencias deban practicarse en los edificios públicos y oficinas<br>administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, la sede de las<br>asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación<br>o residencia particular. En estos casos deberá darse aviso a las personas a<br>cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la<br>investigación.<br> Si el lugar fuera sede de la Legislatura o del Congreso Nacional, deberá<br>requerirse la autorización del Presidente de la Legislatura o de la Cámara del<br>Congreso Nacional donde deba practicarse el allanamiento.<br> Art. 111. Formas del allanamiento.<br> La orden de allanamiento deberá ser notificada en el momento de realizarse a<br>quien habite o posea el lugar donde deba efectuarse. Cuando esté ausente deberá<br>notificarse al/la encargado/a o, a falta de éste, a sus familiares o cualquier<br>persona mayor de edad que se hallare en el lugar. Se invitará al notificado a<br>presenciar el registro. Cuando no se encontrare a nadie, se hará constar en el<br>acta y el registro se llevará a cabo.<br> Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de<br>las circunstancias útiles para la investigación.<br> El acta deberá ser firmada por los/as concurrentes. Si alguien no lo hiciere,<br>deberá constar el motivo.<br> Si en el acto del registro se encontraren elementos probatorios no previstos en<br>la orden judicial o rastros de otro delito, se deberá requerir la conformidad<br>judicial para su incautación, sin perjuicio a de adoptarse los recaudos<br>pertinentes para preservarlos.<br> Cuando exista evidente riesgo para la seguridad de los intervinientes en el<br>procedimiento, la autoridad ingresará directamente, dejando constancia de los<br>motivos en el acta bajo consecuencia de nulidad.<br> Art. 112. Requisa<br> Cuando hubiera motivos urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran<br>presumir que una persona porta entre sus efectos personales o adheridas a su<br>cuerpo o en el vehículo en que circula, cosas constitutivas de un delito o que<br>pudieran haber sido usadas para cometer un delito, las autoridades de<br>prevención podrán disponer que se efectúen requisas personales. De lo actuado<br>deberán dar inmediata noticia a el/la Fiscal, quien lo ratificará o dispondrá<br>la devolución de los efectos incautados.<br> En el curso de una investigación, en casos urgentes, el/la Fiscal podrá<br>disponer, de manera motivada, la requisa de una persona, de los efectos que<br>portare o de su vehículo, para la obtención de elementos probatorios<br>determinados, dando inmediata noticia de lo dispuesto a el/la Juez/a<br>competente.<br> En estos actos deberá respetarse el pudor de las personas, que serán requisadas<br>por autoridades del mismo sexo. Previamente, se invitará a las personas a<br>mostrar sus efectos. En caso de negarse se procederá a revisar sus ropas,<br>elementos que porten y vehículos.<br> De lo actuado se labrará acta y si se encontraren cosas susceptibles de<br>secuestro, a los fines probatorios y/o de comiso, los efectos quedarán<br>disposición del/la Fiscal. En el acta deberán constar los motivos que<br>justificaron la actuación bajo consecuencia de inadmisibilidad de la prueba<br>obtenida.<br> Art. 113. Secuestro y clausura provisional.<br> El/la Fiscal, o el/la Juez/a cuando así lo requiera el cumplimiento de la<br>garantías constitucionales en general o respecto de los elementos mencionados<br>en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,<br>podrán disponer la requisa y/o el secuestro de las cosas relacionadas con el<br>hecho, o aquellas que puedan servir como medios de prueba.<br> En casos urgentes esta medida podrá ser delegada en las fuerzas de seguridad en<br>la forma prevista para los registros.<br> El/la Fiscal podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los<br>objetos o documentos a que se refiere este artículo, con excepción de los<br>elementos citados en el art. 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad Autónoma<br>de Buenos Aires.<br> Cuando para la averiguación de un delito sea indispensable la clausura de un<br>local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones<br>no puedan ser mantenidas en depósito, se procederá a asegurarlas, según las<br>reglas precedentes.<br> Cuando el secuestro fuera de documentos, equipos de computación u otro soporte<br>informático, deberá guardarse reserva de su contenido con igual alcance que el<br>previsto para la interceptación de correspondencia y comunicaciones.<br> Art. 114. Restitución.<br> La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por lo<br>clausura, podrá requerir a el/la Juez/a que revise la medida. El/la jueza<br>convocará a una audiencia con citación de el/la Fiscal y resolverá de<br>inmediato. La decisión solo será susceptible de recurso de reposición, que se<br>substanciará en la audiencia.<br> Los objetos secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén<br>sometidos a la medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean<br>necesarios para el proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder<br>se retiraron o a quien acredite su derecho.<br> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de depósito e<br>imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea<br>requerido.<br> Capítulo 3. Intervención de comunicaciones<br> Art. 115. Interceptación de correspondencia. Prohibición. Urgencia. Siempre que<br>lo considere útil para la comprobación del hecho, ante el pedido fundamentado<br>del/la Fiscal, el/la Juez/a ordenará, mediante auto, la interceptación y el<br>secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto<br>remitido por el/la imputado/a o destinado a éste en cualquier soporte, aun<br>cuando sea bajo nombre supuesto.<br> Los integrantes de la policía y fuerzas de seguridad deberán remitir intacta la<br>correspondencia secuestrada a la autoridad judicial o del Ministerio Público<br>Fiscal competente. En los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la<br>que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.<br> Art. 116. Apertura y lectura.<br> Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el/la Fiscal procederá<br>a su apertura en presencia del secretario, dejando constancia en acta. Deberá<br>examinar los objetos y leer por sí el contenido de la correspondencia.<br> Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario,<br>mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus<br>representantes o parientes próximos, bajo constancia.<br> El examen de la correspondencia o el resultado de la interceptación de<br>comunicaciones, se hará bajo la responsabilidad del fiscal que lo solicitó.<br> Art. 117. Intervención de comunicaciones.<br> Ante pedido fundamentado del / la Fiscal, el/la Juez/a podrá ordenar, mediante<br>auto, la intervención de comunicaciones del / la imputado/a por cualquier<br>medio, para impedirlas o conocerlas. La intervención de comunicaciones tendrá<br>carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo de treinta días,<br>pudiendo ser renovada sólo una vez por quince días más, expresando los motivos<br>que justifican la extensión del plazo. Rige para los funcionarios encargados de<br>efectuar la intervención el deber de confidencialidad y secreto respecto de la<br>información obtenida por estos medios, excepto respecto de la autoridad que la<br>haya requerido. Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad<br>personal.<br> En ningún caso podrá usarse este medio de investigación para eludir el derecho<br> del/la imputado/a de negarse a declarar sin que ello importe presunción en su<br>contra o suplir las declaraciones testimoniales prohibidas por vínculo de<br>parentesco o secreto profesional.<br> Art. 118. Prohibición.<br> No podrán secuestrarse las cartas o documentos que se envíen o entreguen a<br>defensores/as para el desempeño de su cargo, ni interceptarse comunicaciones<br>por cualquier medio entre el/la imputado/a y su defensor/a.<br> Capítulo 4. Prueba testimonial<br> Art. 119. Facultad de interrogar.<br> El/la Fiscal o la persona que designe, interrogará a toda persona que conozca<br>los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la<br>verdad.<br> Art. 120. Entrevista con el testigo.<br> Solamente se formalizarán en el legajo de investigación las declaraciones<br>testimoniales que, por las circunstancias del caso, deban considerarse como<br>definitivas e irreproducibles y las imprescindibles para el dictado de la<br>sentencia en caso de avenimiento.<br> Cuando el/la Fiscal entendiere que no será necesario formalizar la declaración<br>en el legajo de investigación, podrá entrevistar al testigo en la Fiscalía, en<br>el domicilio del testigo o en otro sitio. También podrá delegar el<br>interrogatorio informal en un auxiliar o en un investigador de las fuerzas de<br>seguridad según lo previsto en el artículo 94.<br> Se dejará constancia de las entrevistas en el legajo de investigación.<br> Art. 121. Deber de testimoniar. Capacidad.<br> Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento para informar<br>sobre lo que sabe o deponer como testigo y el deber de declarar la verdad de<br>cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la<br>ley.<br> Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la posterior valoración<br>del testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica.<br> Podrán declarar por oficio el Presidente y Vicepresidente de la República, sus<br>ministros y secretarios de estado, los gobernadores y vice gobernadores,<br>ministros y secretarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos<br>Aires, los legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de<br>Buenos Aires, lo