Código De Procedimientos En Lo Contencioso Administrativo De La Provincia De Corrientes

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Código De Procedimientos En Lo Contencioso Administrativo De La Provincia De Corrientes Título I De las Causas y Jurisdicción Contencioso - Administrativas Capítulo I De la materia contencioso administrativa Artículo 1.- Proceden las acciones a las que se refiere la presente ley cuando se invoque un derecho subjetivo, interés legítimo o derecho difuso de carácter administrativo, establecido a favor del reclamante por la Constitución, ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución, acto, contrato o cualquier disposición o principio de derecho administrativo anterior. Artículo 2.- Toda actuación del Poder Ejecutivo se presume de tipo administrativo, salvo que de ella misma o de sus antecedentes, surja que haya sido sometida a un régimen jurídico distinto. Artículo 3.- Materia incluida. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son impugnables por las vías que este código establece: a) Los actos dictados en ejercicio de facultades discrecionales siempre que la impugnación se funde en razones de ilegitimidad. El concepto de ilegitimidad comprende los vicios en la competencia, objeto, voluntad, procedimiento y la forma del acto, la desviación y el abuso o exceso de poder, la arbitrariedad y la violación de principios generales del derecho, b) Los actos separables de los contratos en la actividad administrativa; c) Los actos que resuelven sobre todo tipo de reclamo por retribuciones, jubilaciones o pensiones de agentes estatales, con excepción de aquellas relaciones que sobre tales aspectos se regulan por el derecho del trabajo. Artículo 4.- No se regirán por esta ley, aunque la Administración Pública intervenga en litigio: a) Los juicios ejecutivos, de apremio, interdictos y desalojos, b) Los que versen sobre instituciones de derecho privado, o sobre bienes y actividades particulares que deban resolverse aplicando exclusivamente aquel anterior, son impugnables por las vías que este código establece: a) Los actos dictados en ejercicio de facultades discrecionales siempre que la impugnación se funde en razones de ilegitimidad. El concepto de ilegitimidad comprende los vicios en la competencia, objeto, voluntad, procedimiento y la forma del acto, la desviación y el abuso o exceso de poder, la arbitrariedad y la violación de principios generales del derecho, b) Los actos separables de los contratos en la actividad administrativa; c) Los actos que resuelven sobre todo tipo de reclamo por retribuciones, jubilaciones o pensiones de agentes estatales, con excepción de aquellas relaciones que sobre tales aspectos se regulan por el derecho del trabajo. Artículo 4.- No se regirán por esta ley, aunque la Administración Pública intervenga en litigio: a) Los juicios ejecutivos, de apremio, interdictos y desalojos, b) Los que versen sobre instituciones de derecho privado, o sobre bienes y actividades particulares que deban resolverse aplicando exclusivamente aquel tipo de normas; c) Los que se planteen en relación a situaciones regidas por leyes o convenios laborales art. 67 inc. 11 Constitución Nacional. d) Los juicios de expropiación; e) Aquellos en que la ley ha establecido otra vía procesal; f) Aquellos en que se reclame reparación de daños ocasionados por agente de la Administración Publica cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de derecho público, contractual o reglamentaria, establecida entre la administración y el reclamante y los que se originen en circunstancias producidas a la administración por los particulares en los mismos casos. Artículo 5.- No procede la revisión jurisdiccional que este código legisla respecto de: a) Los actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan sido consentidos expresamente por el interesado; b) La parte discrecional de los actos cuando se cuestione la mera oportunidad o conveniencia con que fueron dictados, salvo que al emitírselos se hubiera incurrido en arbitrariedad vulnerando los derechos del accionante o que se tratare de una de las excepciones que establezcan este código o leves posteriores. Parte primera: Del tribunal da lo contencioso-administrativo y su competencia Parte primera Del Tribunal de lo Contencioso administrativo y su competencia Artículo 6.- El Superior Tribunal de Justicia de la provincia intervendrá y decidirá en instancia única en las acciones y recursos reglados por la presente ley. Artículo 7.- La competencia contencioso-administrativa es improrrogable, pero el tribunal podrá comisionar a otros tribunales la realización de diligencias en las causas sometidas a su decisión. Artículo 8.- El tribunal tendrá competencia para el conocimiento y decisión de tipo de normas; c) Los que se planteen en relación a situaciones regidas por leyes o convenios laborales art. 67 inc. 11 Constitución Nacional. d) Los juicios de expropiación; e) Aquellos en que la ley ha establecido otra vía procesal; f) Aquellos en que se reclame reparación de daños ocasionados por agente de la Administración Publica cuando no se produzcan por incumplimiento o en relación a una vinculación especial de derecho público, contractual o reglamentaria, establecida entre la administración y el reclamante y los que se originen en circunstancias producidas a la administración por los particulares en los mismos casos. Artículo 5.- No procede la revisión jurisdiccional que este código legisla respecto de: a) Los actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan sido consentidos expresamente por el interesado; b) La parte discrecional de los actos cuando se cuestione la mera oportunidad o conveniencia con que fueron dictados, salvo que al emitírselos se hubiera incurrido en arbitrariedad vulnerando los derechos del accionante o que se tratare de una de las excepciones que establezcan este código o leves posteriores. Parte primera: Del tribunal da lo contencioso-administrativo y su competencia Parte primera Del Tribunal de lo Contencioso administrativo y su competencia Artículo 6.- El Superior Tribunal de Justicia de la provincia intervendrá y decidirá en instancia única en las acciones y recursos reglados por la presente ley. Artículo 7.- La competencia contencioso-administrativa es improrrogable, pero el tribunal podrá comisionar a otros tribunales la realización de diligencias en las causas sometidas a su decisión. Artículo 8.- El tribunal tendrá competencia para el conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales, aún cuando deban resolverse por aplicación de normas que no sean de derecho administrativo siempre que estuvieren directamente relacionadas con una acción administrativa, y salvo las de carácter penal. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte, salvo en la acción de plena jurisdicción, cuando se hubiere solicitado indemnización y esta fuera resuelta por el tribunal Parte segunda Conflicto de competencia Artículo 9.- Los conflictos de competencia entre un tribunal ordinario de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia como órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, serán resueltos por éste de oficio o a petición de parte, previo dictamen del fiscal del Superior Tribunal; su declaración causará ejecutoria. Capítulo II Del reclamo administrativo previo Artículo 10.- Antes de iniciar las acciones a que se refiere este Código, será preciso incluir el reclamo administrativo. El mismo quedará cumplido con el agotamiento de los recursos previstos en la Ley 3460 o con el trámite previsto en el art. 112 de dicha ley según el caso. Artículo 11.- El reclamo administrativo previo a que se refiere el artículo anterior no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: a) Un acto dictado de oficio pudiera ser ejecutado antes de que transcurra el plazo de sustanciación del reclamo; b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario; c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente; d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare acción de desalojo contra él o una que no tramite por vía ordinaria; b) La parte discrecional de los actos cuando se cuestione la mera oportunidad o conveniencia con que fueron dictados, salvo que al emitírselos se hubiera incurrido en arbitrariedad vulnerando los derechos del accionante o que se tratare de una de las excepciones que establezcan este código o leves posteriores. Parte primera: Del tribunal da lo contencioso-administrativo y su competencia Parte primera Del Tribunal de lo Contencioso administrativo y su competencia Artículo 6.- El Superior Tribunal de Justicia de la provincia intervendrá y decidirá en instancia única en las acciones y recursos reglados por la presente ley. Artículo 7.- La competencia contencioso-administrativa es improrrogable, pero el tribunal podrá comisionar a otros tribunales la realización de diligencias en las causas sometidas a su decisión. Artículo 8.- El tribunal tendrá competencia para el conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales, aún cuando deban resolverse por aplicación de normas que no sean de derecho administrativo siempre que estuvieren directamente relacionadas con una acción administrativa, y salvo las de carácter penal. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte, salvo en la acción de plena jurisdicción, cuando se hubiere solicitado indemnización y esta fuera resuelta por el tribunal Parte segunda Conflicto de competencia Artículo 9.- Los conflictos de competencia entre un tribunal ordinario de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia como órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, serán resueltos por éste de oficio o a petición de parte, previo dictamen del fiscal del Superior Tribunal; su declaración causará ejecutoria. Capítulo II Del reclamo administrativo previo Artículo 10.- Antes de iniciar las acciones a que se refiere este Código, será preciso incluir el reclamo administrativo. El mismo quedará cumplido con el agotamiento de los recursos previstos en la Ley 3460 o con el trámite previsto en el art. 112 de dicha ley según el caso. Artículo 11.- El reclamo administrativo previo a que se refiere el artículo anterior no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: a) Un acto dictado de oficio pudiera ser ejecutado antes de que transcurra el plazo de sustanciación del reclamo; b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario; c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente; d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare acción de desalojo contra él o una que no tramite por vía ordinaria; e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, trasformando el reclamo previo en un ritualismo inútil; f) Se demandare a un ente autárquico, o una empresa del Estado, una sociedad mixta o de economía mixta o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o las sociedades del Estado, o a un ente descentralizado con facultad para estar en juicio. Artículo 12.- Las pretensiones de las acciones o recursos que se planteen de conformidad a esta ley, deberán limitarse a las cuestiones que fueron debatidas en sede administrativa. Se deducirán indistintamente contra la decisión definitiva originaria o la que proviniera de los recursos administrativos interpuestos, o contra ambas conjuntamente. Título II Disposiciones Comunes Capítulo I Del cumplimiento de las decisiones administrativas cuestionadas en juicio Artículo 13.- La promoción de las acciones o recursos previstos en este código no interrumpe la ejecución de las disposiciones administrativas involucradas en ellos, salvo que se trate de alguna de las excepciones contempladas en la presente ley. Artículo 14.- Cuando se trate de acciones o recursos interpuestos contra decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, no será necesario el pago previo, salvo las de derecho tributario, a cuyo respecto regirá lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 15.- Para el ejercicio de las acciones o recursos que se interpongan contra decisiones derivadas del derecho tributario, será necesario el pago previo de la obligación, salvo si el plazo para su cumplimiento no estuviese vencido. En este último caso, si no recayese resolución favorable al recurrente antes del fenecimiento del plazo dentro del cual deba pagarse la obligación, el interesado deberá hacerla efectiva, no obstante la sustanciación del juicio, el cual se considerará, desistido si no se acreditare haber cumplido la obligación inicial en el término de diez días después del fenecimiento del plazo dentro del cual la obligación debía cumplirse. las cuestiones prejudiciales e incidentales, aún cuando deban resolverse por aplicación de normas que no sean de derecho administrativo siempre que estuvieren directamente relacionadas con una acción administrativa, y salvo las de carácter penal. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte, salvo en la acción de plena jurisdicción, cuando se hubiere solicitado indemnización y esta fuera resuelta por el tribunal Parte segunda Conflicto de competencia Artículo 9.- Los conflictos de competencia entre un tribunal ordinario de la provincia y el Superior Tribunal de Justicia como órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, serán resueltos por éste de oficio o a petición de parte, previo dictamen del fiscal del Superior Tribunal; su declaración causará ejecutoria. Capítulo II Del reclamo administrativo previo Artículo 10.- Antes de iniciar las acciones a que se refiere este Código, será preciso incluir el reclamo administrativo. El mismo quedará cumplido con el agotamiento de los recursos previstos en la Ley 3460 o con el trámite previsto en el art. 112 de dicha ley según el caso. Artículo 11.- El reclamo administrativo previo a que se refiere el artículo anterior no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: a) Un acto dictado de oficio pudiera ser ejecutado antes de que transcurra el plazo de sustanciación del reclamo; b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario; c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente; d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare acción de desalojo contra él o una que no tramite por vía ordinaria; e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, trasformando el reclamo previo en un ritualismo inútil; f) Se demandare a un ente autárquico, o una empresa del Estado, una sociedad mixta o de economía mixta o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o las sociedades del Estado, o a un ente descentralizado con facultad para estar en juicio. Artículo 12.- Las pretensiones de las acciones o recursos que se planteen de conformidad a esta ley, deberán limitarse a las cuestiones que fueron debatidas en sede administrativa. Se deducirán indistintamente contra la decisión definitiva originaria o la que proviniera de los recursos administrativos interpuestos, o contra ambas conjuntamente. Título II Disposiciones Comunes Capítulo I Del cumplimiento de las decisiones administrativas cuestionadas en juicio Artículo 13.- La promoción de las acciones o recursos previstos en este código no interrumpe la ejecución de las disposiciones administrativas involucradas en ellos, salvo que se trate de alguna de las excepciones contempladas en la presente ley. Artículo 14.- Cuando se trate de acciones o recursos interpuestos contra decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, no será necesario el pago previo, salvo las de derecho tributario, a cuyo respecto regirá lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 15.- Para el ejercicio de las acciones o recursos que se interpongan contra decisiones derivadas del derecho tributario, será necesario el pago previo de la obligación, salvo si el plazo para su cumplimiento no estuviese vencido. En este último caso, si no recayese resolución favorable al recurrente antes del fenecimiento del plazo dentro del cual deba pagarse la obligación, el interesado deberá hacerla efectiva, no obstante la sustanciación del juicio, el cual se considerará, desistido si no se acreditare haber cumplido la obligación inicial en el término de diez días después del fenecimiento del plazo dentro del cual la obligación debía cumplirse. Artículo 16.- No será necesario, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, el pago previo de las multas, recargos e intereses que sean accesorios a la obligación que motiva la acción o recurso. Capítulo II De la suspensión de la decisión administrativa Artículo 17.- Al promoverse cualquiera de las acciones o recursos que legisla este código, durante su sustanciación, o antes si hubiera urgencia notoria, el accionante o recurrente podrá solicitar al tribunal que decrete la suspensión de la decisión administrativa acreditando: a) Haber solicitado esta medida a la persona que deba ser demandada con resultado negativo, salvo los supuestos del art. 11; b) La verosimilitud de las irregularidades que denuncia contra la decisión recurrida; c) Que el daño que pueda ocasionar la ejecución de la decisión administrativa, sea mayor o no guarde proporción con el perjuicio que puede ocasionar su suspensión; d) La urgencia notoria, en su caso. Cuando la irregularidad de la decisión administrativa sea manifiesta no será necesario el requisito establecido en el inc. d). Al disponer la medida, el tribunal establecerá el modo y monto de fianza que deberá rendir el peticionante. Artículo 18.- El pedido sobre suspensión de la decisión administrativa, se substanciará como incidente por cuerdas separada, sin suspenderse el procedimiento en los autos principales. Artículo 19.- Si la Administración Pública justificase en cualquier estado de la causa que la suspensión decretada produce perjuicio al interés público o que es urgente cumplir la decisión o que se trata de alguno de los supuestos del art. 113, el tribunal, según pruebas y razones, podrá dejarla sin efecto. declarando a cargo de la Administración Pública la responsabilidad por los perjuicios que produzca la ejecución que deberá establecerse y valuarse en el mismo incidente de suspensión. Artículo 10.- Antes de iniciar las acciones a que se refiere este Código, será preciso incluir el reclamo administrativo. El mismo quedará cumplido con el agotamiento de los recursos previstos en la Ley 3460 o con el trámite previsto en el art. 112 de dicha ley según el caso. Artículo 11.- El reclamo administrativo previo a que se refiere el artículo anterior no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: a) Un acto dictado de oficio pudiera ser ejecutado antes de que transcurra el plazo de sustanciación del reclamo; b) Antes de dictarse de oficio un acto por el Poder Ejecutivo, el administrado se hubiere presentado expresando su pretensión en sentido contrario; c) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente; d) Se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare acción de desalojo contra él o una que no tramite por vía ordinaria; e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, trasformando el reclamo previo en un ritualismo inútil; f) Se demandare a un ente autárquico, o una empresa del Estado, una sociedad mixta o de economía mixta o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o las sociedades del Estado, o a un ente descentralizado con facultad para estar en juicio. Artículo 12.- Las pretensiones de las acciones o recursos que se planteen de conformidad a esta ley, deberán limitarse a las cuestiones que fueron debatidas en sede administrativa. Se deducirán indistintamente contra la decisión definitiva originaria o la que proviniera de los recursos administrativos interpuestos, o contra ambas conjuntamente. Título II Disposiciones Comunes Capítulo I Del cumplimiento de las decisiones administrativas cuestionadas en juicio Artículo 13.- La promoción de las acciones o recursos previstos en este código no interrumpe la ejecución de las disposiciones administrativas involucradas en ellos, salvo que se trate de alguna de las excepciones contempladas en la presente ley. Artículo 14.- Cuando se trate de acciones o recursos interpuestos contra decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, no será necesario el pago previo, salvo las de derecho tributario, a cuyo respecto regirá lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 15.- Para el ejercicio de las acciones o recursos que se interpongan contra decisiones derivadas del derecho tributario, será necesario el pago previo de la obligación, salvo si el plazo para su cumplimiento no estuviese vencido. En este último caso, si no recayese resolución favorable al recurrente antes del fenecimiento del plazo dentro del cual deba pagarse la obligación, el interesado deberá hacerla efectiva, no obstante la sustanciación del juicio, el cual se considerará, desistido si no se acreditare haber cumplido la obligación inicial en el término de diez días después del fenecimiento del plazo dentro del cual la obligación debía cumplirse. Artículo 16.- No será necesario, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, el pago previo de las multas, recargos e intereses que sean accesorios a la obligación que motiva la acción o recurso. Capítulo II De la suspensión de la decisión administrativa Artículo 17.- Al promoverse cualquiera de las acciones o recursos que legisla este código, durante su sustanciación, o antes si hubiera urgencia notoria, el accionante o recurrente podrá solicitar al tribunal que decrete la suspensión de la decisión administrativa acreditando: a) Haber solicitado esta medida a la persona que deba ser demandada con resultado negativo, salvo los supuestos del art. 11; b) La verosimilitud de las irregularidades que denuncia contra la decisión recurrida; c) Que el daño que pueda ocasionar la ejecución de la decisión administrativa, sea mayor o no guarde proporción con el perjuicio que puede ocasionar su suspensión; d) La urgencia notoria, en su caso. Cuando la irregularidad de la decisión administrativa sea manifiesta no será necesario el requisito establecido en el inc. d). Al disponer la medida, el tribunal establecerá el modo y monto de fianza que deberá rendir el peticionante. Artículo 18.- El pedido sobre suspensión de la decisión administrativa, se substanciará como incidente por cuerdas separada, sin suspenderse el procedimiento en los autos principales. Artículo 19.- Si la Administración Pública justificase en cualquier estado de la causa que la suspensión decretada produce perjuicio al interés público o que es urgente cumplir la decisión o que se trata de alguno de los supuestos del art. 113, el tribunal, según pruebas y razones, podrá dejarla sin efecto. declarando a cargo de la Administración Pública la responsabilidad por los perjuicios que produzca la ejecución que deberá establecerse y valuarse en el mismo incidente de suspensión. La suspensión dispuesta antes de la formalización de la demanda caducará automáticamente de pleno si ésta no se deduce en el plazo de 15 (quince) días. Capítulo III De la acumulación de causas Artículo 20.- El tribunal, de oficio o a pedido de partes, podrá decretar la acumulación de causas, cuando tengan su origen en un mismo hecho y se substancien por igual procedimiento. Esta medida podrá disponerse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y podrá ser dejada sin efecto cuando medie desistimiento, allanamiento y transacción en alguna de las litis acumuladas. Artículo 21.- Si antes de quedar trabada la litis se dictare una nueva decisión conexa con la recurrida, se podrá solicitar, sin reclamo administrativo previo, que la causa promovida se amplíe respecto de aquélla. Esta ampliación suspenderá el curso de la actuación o recurso en trámite hasta la remisión al tribunal del expediente en que se hubiera dictado la decisión motivo de la ampliación. Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, e) Mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, trasformando el reclamo previo en un ritualismo inútil; f) Se demandare a un ente autárquico, o una empresa del Estado, una sociedad mixta o de economía mixta o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, o las sociedades del Estado, o a un ente descentralizado con facultad para estar en juicio. Artículo 12.- Las pretensiones de las acciones o recursos que se planteen de conformidad a esta ley, deberán limitarse a las cuestiones que fueron debatidas en sede administrativa. Se deducirán indistintamente contra la decisión definitiva originaria o la que proviniera de los recursos administrativos interpuestos, o contra ambas conjuntamente. Título II Disposiciones Comunes Capítulo I Del cumplimiento de las decisiones administrativas cuestionadas en juicio Artículo 13.- La promoción de las acciones o recursos previstos en este código no interrumpe la ejecución de las disposiciones administrativas involucradas en ellos, salvo que se trate de alguna de las excepciones contempladas en la presente ley. Artículo 14.- Cuando se trate de acciones o recursos interpuestos contra decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, no será necesario el pago previo, salvo las de derecho tributario, a cuyo respecto regirá lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 15.- Para el ejercicio de las acciones o recursos que se interpongan contra decisiones derivadas del derecho tributario, será necesario el pago previo de la obligación, salvo si el plazo para su cumplimiento no estuviese vencido. En este último caso, si no recayese resolución favorable al recurrente antes del fenecimiento del plazo dentro del cual deba pagarse la obligación, el interesado deberá hacerla efectiva, no obstante la sustanciación del juicio, el cual se considerará, desistido si no se acreditare haber cumplido la obligación inicial en el término de diez días después del fenecimiento del plazo dentro del cual la obligación debía cumplirse. Artículo 16.- No será necesario, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, el pago previo de las multas, recargos e intereses que sean accesorios a la obligación que motiva la acción o recurso. Capítulo II De la suspensión de la decisión administrativa Artículo 17.- Al promoverse cualquiera de las acciones o recursos que legisla este código, durante su sustanciación, o antes si hubiera urgencia notoria, el accionante o recurrente podrá solicitar al tribunal que decrete la suspensión de la decisión administrativa acreditando: a) Haber solicitado esta medida a la persona que deba ser demandada con resultado negativo, salvo los supuestos del art. 11; b) La verosimilitud de las irregularidades que denuncia contra la decisión recurrida; c) Que el daño que pueda ocasionar la ejecución de la decisión administrativa, sea mayor o no guarde proporción con el perjuicio que puede ocasionar su suspensión; d) La urgencia notoria, en su caso. Cuando la irregularidad de la decisión administrativa sea manifiesta no será necesario el requisito establecido en el inc. d). Al disponer la medida, el tribunal establecerá el modo y monto de fianza que deberá rendir el peticionante. Artículo 18.- El pedido sobre suspensión de la decisión administrativa, se substanciará como incidente por cuerdas separada, sin suspenderse el procedimiento en los autos principales. Artículo 19.- Si la Administración Pública justificase en cualquier estado de la causa que la suspensión decretada produce perjuicio al interés público o que es urgente cumplir la decisión o que se trata de alguno de los supuestos del art. 113, el tribunal, según pruebas y razones, podrá dejarla sin efecto. declarando a cargo de la Administración Pública la responsabilidad por los perjuicios que produzca la ejecución que deberá establecerse y valuarse en el mismo incidente de suspensión. La suspensión dispuesta antes de la formalización de la demanda caducará automáticamente de pleno si ésta no se deduce en el plazo de 15 (quince) días. Capítulo III De la acumulación de causas Artículo 20.- El tribunal, de oficio o a pedido de partes, podrá decretar la acumulación de causas, cuando tengan su origen en un mismo hecho y se substancien por igual procedimiento. Esta medida podrá disponerse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y podrá ser dejada sin efecto cuando medie desistimiento, allanamiento y transacción en alguna de las litis acumuladas. Artículo 21.- Si antes de quedar trabada la litis se dictare una nueva decisión conexa con la recurrida, se podrá solicitar, sin reclamo administrativo previo, que la causa promovida se amplíe respecto de aquélla. Esta ampliación suspenderá el curso de la actuación o recurso en trámite hasta la remisión al tribunal del expediente en que se hubiera dictado la decisión motivo de la ampliación. Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: Artículo 13.- La promoción de las acciones o recursos previstos en este código no interrumpe la ejecución de las disposiciones administrativas involucradas en ellos, salvo que se trate de alguna de las excepciones contempladas en la presente ley. Artículo 14.- Cuando se trate de acciones o recursos interpuestos contra decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, no será necesario el pago previo, salvo las de derecho tributario, a cuyo respecto regirá lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 15.- Para el ejercicio de las acciones o recursos que se interpongan contra decisiones derivadas del derecho tributario, será necesario el pago previo de la obligación, salvo si el plazo para su cumplimiento no estuviese vencido. En este último caso, si no recayese resolución favorable al recurrente antes del fenecimiento del plazo dentro del cual deba pagarse la obligación, el interesado deberá hacerla efectiva, no obstante la sustanciación del juicio, el cual se considerará, desistido si no se acreditare haber cumplido la obligación inicial en el término de diez días después del fenecimiento del plazo dentro del cual la obligación debía cumplirse. Artículo 16.- No será necesario, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, el pago previo de las multas, recargos e intereses que sean accesorios a la obligación que motiva la acción o recurso. Capítulo II De la suspensión de la decisión administrativa Artículo 17.- Al promoverse cualquiera de las acciones o recursos que legisla este código, durante su sustanciación, o antes si hubiera urgencia notoria, el accionante o recurrente podrá solicitar al tribunal que decrete la suspensión de la decisión administrativa acreditando: a) Haber solicitado esta medida a la persona que deba ser demandada con resultado negativo, salvo los supuestos del art. 11; b) La verosimilitud de las irregularidades que denuncia contra la decisión recurrida; c) Que el daño que pueda ocasionar la ejecución de la decisión administrativa, sea mayor o no guarde proporción con el perjuicio que puede ocasionar su suspensión; d) La urgencia notoria, en su caso. Cuando la irregularidad de la decisión administrativa sea manifiesta no será necesario el requisito establecido en el inc. d). Al disponer la medida, el tribunal establecerá el modo y monto de fianza que deberá rendir el peticionante. Artículo 18.- El pedido sobre suspensión de la decisión administrativa, se substanciará como incidente por cuerdas separada, sin suspenderse el procedimiento en los autos principales. Artículo 19.- Si la Administración Pública justificase en cualquier estado de la causa que la suspensión decretada produce perjuicio al interés público o que es urgente cumplir la decisión o que se trata de alguno de los supuestos del art. 113, el tribunal, según pruebas y razones, podrá dejarla sin efecto. declarando a cargo de la Administración Pública la responsabilidad por los perjuicios que produzca la ejecución que deberá establecerse y valuarse en el mismo incidente de suspensión. La suspensión dispuesta antes de la formalización de la demanda caducará automáticamente de pleno si ésta no se deduce en el plazo de 15 (quince) días. Capítulo III De la acumulación de causas Artículo 20.- El tribunal, de oficio o a pedido de partes, podrá decretar la acumulación de causas, cuando tengan su origen en un mismo hecho y se substancien por igual procedimiento. Esta medida podrá disponerse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y podrá ser dejada sin efecto cuando medie desistimiento, allanamiento y transacción en alguna de las litis acumuladas. Artículo 21.- Si antes de quedar trabada la litis se dictare una nueva decisión conexa con la recurrida, se podrá solicitar, sin reclamo administrativo previo, que la causa promovida se amplíe respecto de aquélla. Esta ampliación suspenderá el curso de la actuación o recurso en trámite hasta la remisión al tribunal del expediente en que se hubiera dictado la decisión motivo de la ampliación. Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Artículo 16.- No será necesario, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, el pago previo de las multas, recargos e intereses que sean accesorios a la obligación que motiva la acción o recurso. Capítulo II De la suspensión de la decisión administrativa Artículo 17.- Al promoverse cualquiera de las acciones o recursos que legisla este código, durante su sustanciación, o antes si hubiera urgencia notoria, el accionante o recurrente podrá solicitar al tribunal que decrete la suspensión de la decisión administrativa acreditando: a) Haber solicitado esta medida a la persona que deba ser demandada con resultado negativo, salvo los supuestos del art. 11; b) La verosimilitud de las irregularidades que denuncia contra la decisión recurrida; c) Que el daño que pueda ocasionar la ejecución de la decisión administrativa, sea mayor o no guarde proporción con el perjuicio que puede ocasionar su suspensión; d) La urgencia notoria, en su caso. Cuando la irregularidad de la decisión administrativa sea manifiesta no será necesario el requisito establecido en el inc. d). Al disponer la medida, el tribunal establecerá el modo y monto de fianza que deberá rendir el peticionante. Artículo 18.- El pedido sobre suspensión de la decisión administrativa, se substanciará como incidente por cuerdas separada, sin suspenderse el procedimiento en los autos principales. Artículo 19.- Si la Administración Pública justificase en cualquier estado de la causa que la suspensión decretada produce perjuicio al interés público o que es urgente cumplir la decisión o que se trata de alguno de los supuestos del art. 113, el tribunal, según pruebas y razones, podrá dejarla sin efecto. declarando a cargo de la Administración Pública la responsabilidad por los perjuicios que produzca la ejecución que deberá establecerse y valuarse en el mismo incidente de suspensión. La suspensión dispuesta antes de la formalización de la demanda caducará automáticamente de pleno si ésta no se deduce en el plazo de 15 (quince) días. Capítulo III De la acumulación de causas Artículo 20.- El tribunal, de oficio o a pedido de partes, podrá decretar la acumulación de causas, cuando tengan su origen en un mismo hecho y se substancien por igual procedimiento. Esta medida podrá disponerse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y podrá ser dejada sin efecto cuando medie desistimiento, allanamiento y transacción en alguna de las litis acumuladas. Artículo 21.- Si antes de quedar trabada la litis se dictare una nueva decisión conexa con la recurrida, se podrá solicitar, sin reclamo administrativo previo, que la causa promovida se amplíe respecto de aquélla. Esta ampliación suspenderá el curso de la actuación o recurso en trámite hasta la remisión al tribunal del expediente en que se hubiera dictado la decisión motivo de la ampliación. Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley suspensión; d) La urgencia notoria, en su caso. Cuando la irregularidad de la decisión administrativa sea manifiesta no será necesario el requisito establecido en el inc. d). Al disponer la medida, el tribunal establecerá el modo y monto de fianza que deberá rendir el peticionante. Artículo 18.- El pedido sobre suspensión de la decisión administrativa, se substanciará como incidente por cuerdas separada, sin suspenderse el procedimiento en los autos principales. Artículo 19.- Si la Administración Pública justificase en cualquier estado de la causa que la suspensión decretada produce perjuicio al interés público o que es urgente cumplir la decisión o que se trata de alguno de los supuestos del art. 113, el tribunal, según pruebas y razones, podrá dejarla sin efecto. declarando a cargo de la Administración Pública la responsabilidad por los perjuicios que produzca la ejecución que deberá establecerse y valuarse en el mismo incidente de suspensión. La suspensión dispuesta antes de la formalización de la demanda caducará automáticamente de pleno si ésta no se deduce en el plazo de 15 (quince) días. Capítulo III De la acumulación de causas Artículo 20.- El tribunal, de oficio o a pedido de partes, podrá decretar la acumulación de causas, cuando tengan su origen en un mismo hecho y se substancien por igual procedimiento. Esta medida podrá disponerse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y podrá ser dejada sin efecto cuando medie desistimiento, allanamiento y transacción en alguna de las litis acumuladas. Artículo 21.- Si antes de quedar trabada la litis se dictare una nueva decisión conexa con la recurrida, se podrá solicitar, sin reclamo administrativo previo, que la causa promovida se amplíe respecto de aquélla. Esta ampliación suspenderá el curso de la actuación o recurso en trámite hasta la remisión al tribunal del expediente en que se hubiera dictado la decisión motivo de la ampliación. Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio La suspensión dispuesta antes de la formalización de la demanda caducará automáticamente de pleno si ésta no se deduce en el plazo de 15 (quince) días. Capítulo III De la acumulación de causas Artículo 20.- El tribunal, de oficio o a pedido de partes, podrá decretar la acumulación de causas, cuando tengan su origen en un mismo hecho y se substancien por igual procedimiento. Esta medida podrá disponerse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y podrá ser dejada sin efecto cuando medie desistimiento, allanamiento y transacción en alguna de las litis acumuladas. Artículo 21.- Si antes de quedar trabada la litis se dictare una nueva decisión conexa con la recurrida, se podrá solicitar, sin reclamo administrativo previo, que la causa promovida se amplíe respecto de aquélla. Esta ampliación suspenderá el curso de la actuación o recurso en trámite hasta la remisión al tribunal del expediente en que se hubiera dictado la decisión motivo de la ampliación. Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto Capítulo IV Del procedimiento acelerado Artículo 22.- El tribunal, a pedido de parte y cuando existan "prima facie" irregularidades en la decisión administrativa recurrida y la posibilidad de daños graves si se procede a su ejecución, podrá dictar resolución fundada disponiendo la abreviación de los plazos procesales establecidos en este código, excluyendo en lo posible las convocatorias a audiencias. También dispondrá el diligenciamiento urgente de medidas anticipadas para la comprobación de los hechos invocados en el litigio de forma de poder dictar sentencia en breve tiempo. Capítulo V De las medidas precautorias Artículo 23.- Las partes podrán solicitar al tribunal, en cuanto estado del juicio y aún antes de que se declare expedita la vía judicial, las medidas precautorias o innovativas idóneas para asegurar la conservación de los bienes, motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas motivo de la causa, la comprobación de alguna situación de hecho, la existencia de pruebas pasibles de desaparición o depredables, o para garantizar la ejecución de la sentencia. Artículo 24.- La decisión administrativa que motiva la acción o recurso será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo anterior, cuando las solicite la Administración Pública Artículo 25.- En los demás casos deberá acreditarse sumariamente el derecho invocado, la posibilidad de pérdida o frustración del derecho y la urgencia de la prevención requerida indicándose las pruebas justificatorias que deberán diligenciarse dentro de los diez (10) días. Artículo 26.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas, salvo las que respondan a la verificación de la existencia de pruebas, se harán sin audiencia ni conocimiento de la otra parte que será notificada después de cumplidas. E1 tribunal podrá disponer una medida distinta o limitar la solicitada para evitar lesiones innecesarias a la parte afectada. Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; Artículo 27.- El auto que acoge y ordena realizar la medida precautoria deberá establecer, aunque no se hubiera solicitado, que se cumplirá con el auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio v habilitación de tiempo si fuere necesario, dispondrá en los casos en que el tribunal lo considere necesario, el monto y modo de la fianza que deba rendir el peticionante. Artículo 28.- La parte afectada por la medida precautoria o los terceros que acrediten derechos suficientes, podrán pedir que sea dejada sin efecto, cuando se hayan modificado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al decretarla, y en cualquier momento que sea sustituida por otra equivalente. El tribunal resolverá lo que corresponda previa vista a la parte que solicitó aquella. Decretada la medida precautoria por el tribunal antes de concluir el reclamo administrativo previo, la misma quedará sin efecto si en el término de diez (10) días a contar desde que quedara expedita la vía judicial, no se iniciare la correspondiente preparación de la acción conforme lo dispone el art. 44 del presente. Artículo 29.- Para la conservación de los bienes motivo de la litis, o el asesoramiento de la sentencia, podrán solicitarse las siguientes medidas: a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos a) Embargo preventivo o secuestro de bienes determinados; b) Intervención o administración, judicial c) Prohibición de contratar o innovar d) Anotación de litis; y e) Inhibición general. El tribunal podrá decretar fundadamente cualquier otra clase de medidas precautorias o innovativas idóneas para el. aseguramiento provisorio del derecho cuya existencia sea materia de la litis. Artículo 30.- Podrán disponerse las siguientes medidas preventivas para el aseguramiento de pruebas o la comprobación previa de alguna situación de hecho, sin perjuicio de otras que puedan ser eficaces: a) Interrogación de testigos, cuando pueda hacerse imposible o difícil la declaración de uno o más de ellos con posterioridad; b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada b) La absolución de posiciones por las mismas razones establecidas en el inciso anterior c) La comprobación del estado de lugares o cosas o la calidad de estas últimas por medio de inspección ocular o informe de peritos técnicos d) El depósito de bienes muebles o semovientes. Estas medidas se practicarán con citación de partes o quienes vayan a hacerlo; cuando por circunstancias excepcionales, debidamente justificadas no fuere posible la citación de alguna de ellas el defensor oficial o designado ad litem, deberá intervenir en su representación en el acto particular respectivo. Capítulo VI De los plazos procesales Art. 31.- Todos los plazos fijados por este código son improrrogables para las partes y son también perentorios, salvo disposiciones en contrario. Serán igualmente improrrogables y perentorios los plazos convencionales y judiciales, con la misma salvedad. Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los Vencido un plazo perentorio, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa que siga en el desarrollo procesal, disponiéndose de oficio las medidas que correspondan. Artículo 32.- El procedimiento podrá suspenderse por un lapso determinado por convenio escrito de las partes, presentado en la causa, y judicialmente por auto fundado en caso de fuerza mayor. En ningún caso la suspensión podrá ser mayor que la mitad del plazo establecido para la perención de la instancia. Artículo 33.- Todo traslado o vista que en este código no tenga otro plazo establecido, deberá ser evacuado en el de cinco (5) días. Capítulo VII De la participación del ministerio fiscal Artículo 34.- En las acciones y recursos reglados por este código, no es parte el ministerio público fiscal, salvo para la determinación de la competencia. Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley Capítulo VIII De las obligaciones de los representantes públicos Artículo 35.- Los representantes y apoderados de los organismos públicos, en los litigios reglados por esta ley, tendrán los mismos deberes que los de los particulares, pero los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los municipios, cuando fueren órganos constitucionales integrantes de esos poderes y tuviesen asiento en la capital de la provincia, serán notificados de las providencias y resoluciones en sus respectivos despachos, por cédula o en el expediente. Capítulo IX De la caducidad de la instancia Artículo 36.- Caducará la instancia si no impulsare su desarrollo dentro de los seis meses a contar desde la última actuación útil. para este fin que conste en el expediente, salvo para las acciones que tengan plazo menor de prescripción en los cuales éste será también, el de la caducidad. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se 182/2001 Artículo 37.- La perención deberá plantearse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal, posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. Artículo 38.- La caducidad también podrá ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. Artículo 39.- En caso de litisconsorcio, la actuación que impulse el procedimiento respecto de uno de los "litisconsortes" beneficiará a todos. Capítulo X Del modo de computar los términos. Las formas de acreditar la personería; las notificaciones y las disposiciones supletorias. Artículo 40.- Lo referente al modo de computar los términos procesales, forma de constituir representación y domicilio, presentación de copias, acreditación de la personería y de notificación se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Procedimiento en lo Civil y Comercial en cuanto no sea modificado por la presente ley. Artículo 41.- Cuando una cuestión del proceso contencioso-administrativo no pueda resolverse por la letra o el espíritu de la presente ley, se recurrirá al Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, leyes y principios a que éste remite, salvo que se tratare de una institución típicamente administrativa, en cuyo caso deberá recurrirse a las leyes análogas del derecho público provincial, y si aún no se resolviere, se atenderá a los principios que integran ese derecho público. Título III Partes y Terceros Artículo 42.- Capacidad procesal. Tendrán capacidad procesal las personas que la ostentan con arreglo al Código Civil. Artículo 43.- Representación. Las partes pueden confiar su representación a un procurador que deberá ser asistido por abogado, salvo cuando el abogado ejerza la procurarán. No se dará curso a ningún escrito que no lleve patrocinio letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, letrado. Artículo 44.- Coadyuvantes. Los terceros que aleguen un derecho subjetivo o un interés legítimo o difuso en relación al acto que se impugne, Podrán intervenir como coadyuvantes en cualquier estado del proceso. El coadyuvante tomará los procedimientos en el estado en que se encuentren sin que su intervención pueda hacer retroceder, interrumpir o suspender los trámites procesales, debiendo, en su primer presentación cumplir en lo pertinente con los recaudos para la demanda. Cuando hubiere más de un coadyuvante de una misma parte, el tribunal podrá ordenar la unificación de su representación. El coadyuvante tiene los mismos derechos que la parte con la que coadyuva y respecto de él la sentencia tendrá efectos y hará cosa juzgada. También podrán efectuarse presentaciones en defensa del interés público o de interés difuso sin adquirir el carácter de parte ni coadyuvante, ni tomar ninguna otra intervención en el proceso. Dichas presentaciones no originarán otra actuación procesal que su agregación, sin perjuicio de las potestades del tribunal de disponer medidas para mejor merituarlas en la sentencia. Artículo 45.- Litisconsorte. Cuando la sentencia pueda afectar derechos de terceros, éstos, a pedido de parte o de oficio, podrán ser citados a tomar intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la intervención en el proceso en calidad de litisconsortes. Artículo 46.- El actor o el demandado podrán requerir que comparezcan a juicio las personas a quienes imputan responsabilidades o relación solidaria por el acto o hecho administrativo. La contienda que pueda plantearse, inclusive por la reconvención deducida por parte del requerido a juicio contra el que lo ha emplazado, se sustanciará en los autos principales y se tomará en cuenta al dictar sentencia. Artículo 47.- Los derechos y obligaciones de los terceros establecidos en los arts. 43, 44 y 45 y el efecto de la sentencia respecto de ellos, será el que establece la ley de procedimientos civiles. Título IV De la Preparación de las Acciones Judiciales Artículo 48.- Antes de iniciar algunas de las acciones previstas en esta ley, el interesado deberá presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo que se solicite se remitan a éste las actuaciones donde recayó el acto cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. cuestionado y las que se realizaron con motivo de la reclamación previa, si hubiera sido interpuesta. Artículo 49.- Dentro del plazo de cinco (5) días el presidente del Superior Tribunal de Justicia, librará oficio al funcionario a quien la demanda contencioso administrativa debe notificarse según el art. 60, pidiendo se le emitan las actuaciones administrativas producidas, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de quince (15) días. Artículo 50.- Si la administración no enviara el expediente en el plazo previsto por el artículo anterior, el presidente del Superior Tribunal librará oficio a la autoridad a quien la demanda debe notificarse según el art. 60, reiterando el pedido de remisión en un plazo perentorio de diez (10) días bajo apercibimiento de que, si así no lo hiciere, salvo el caso de fuerza mayor que apreciará el tribunal, el funcionario responsable de la no remisión se hará pasible de una multa equivalente a la vigésima parte de su sueldo mensual por día de atraso, y se perseguirá en incidente separado en el mismo juicio por el procedimiento establecido para el juicio de apremio. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles, penales y administrativas que correspondieron. Para el supuesto de pérdida o extravío del expediente, el Superior Tribunal fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales fijará a la Administración Pública en plazo no mayor de treinta (30) días para su reconstrucción. Si la administración informase de la imposibilidad de reconstruirlo, el procedimiento sólo podrá continuarse por el procedimiento ordinario del título quinto, quedando impedida la vía sumaria del título séptimo. Artículo 51.- Una vez llegadas las actuaciones al Superior Tribunal, ellas serán puestas a disposición del interesado en la secretaría de aquel de lo que se notificará por cédula. Dentro de los diez (10) días el interesado deberá manifestar si hace uso de la opción a que se refriere el art. 95. Artículo 52.- Si transcurren los diez (10) días a que se refriere el art. 50 y el expediente no es remitido por la autoridad administrativa correspondiente, a petición del interesado, quien hará un sucinto, relato de los antecedentes, el presidente del Superior Tribunal de Justicia tendrá, a este sólo efecto, por ciertos los hechos invocados por aquel y en su mérito resolverá lo establecido en él al 58, previa vista fiscal. Artículo 53.- Si transcurridos treinta (30) días desde la notificación a que se refiere el art. 50, no se formaliza ante el Superior Tribunal alguna de las acciones judiciales previstas en esta ley, las actuaciones administrativas serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales Artículo 101.- Recurso de reposición. Concepto. Procede el recurso de reposición respecto de los actos simples y de las providencias interlocutorias decidan o no artículo, a fin de que se los deje sin efecto o se los modifique por contrario imperio. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación de la resolución; cuando ésta se dictare en una audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Trámite. El Tribunal dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarla dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será sin sustanciación. Resolución. El auto deberá dictarse, en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado de resolver, y contra él no procederá nueva revocatoria. Texto según decreto ley 182 Artículo 102.- Recurso de aclaración. Procede el recurso de aclaración respecto de cualquier acto o sentencia para que se :corrijan errores materiales, se aclaren conceptos oscuros o se subsanen omisiones. Deberá interponerse en la misma forma y plazo que el que se estableció para el recurso de, reposición. La interposición de este recurso suspende el plazo para interponer otra clase de recursos. Mientras las partes no hayan sido notificadas, el tribunal, de oficio, podrá corregir, subsanar o aclarar los actos o sentencias. Artículo 103.- Recurso de nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá dentro de los cinco (5) días de notificación de la sentencia y procederá: a) Cuando en el procedimiento se han omitido tramites sustanciales que incidan sobre los resultados del falto, pero que no fueron consentidos Por las partes o si la sentencia presenta contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; b) Cuando la sentencia presente defectos esenciales de forma, o no decida sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal; serán devueltas a la oficina de origen. Artículo 54.- No se aplicará este TÍTULO a las pretensiones de lesividad ni a las demás demandas, promovidas contra personas no estatales. Título V Acción Procesal Administrativa Capítulo I Contenido de la acción y pretensiones Artículo 55.- Pretensiones procesales. En la acción contencioso administrativa, el demandante podrá pretender: a) La anulación total o parcial de la decisión administrativa impugnada; b) El restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés vulnerado, desconocido o inculpado; c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales Artículo 101.- Recurso de reposición. Concepto. Procede el recurso de reposición respecto de los actos simples y de las providencias interlocutorias decidan o no artículo, a fin de que se los deje sin efecto o se los modifique por contrario imperio. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación de la resolución; cuando ésta se dictare en una audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Trámite. El Tribunal dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarla dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será sin sustanciación. Resolución. El auto deberá dictarse, en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado de resolver, y contra él no procederá nueva revocatoria. Texto según decreto ley 182 Artículo 102.- Recurso de aclaración. Procede el recurso de aclaración respecto de cualquier acto o sentencia para que se :corrijan errores materiales, se aclaren conceptos oscuros o se subsanen omisiones. Deberá interponerse en la misma forma y plazo que el que se estableció para el recurso de, reposición. La interposición de este recurso suspende el plazo para interponer otra clase de recursos. Mientras las partes no hayan sido notificadas, el tribunal, de oficio, podrá corregir, subsanar o aclarar los actos o sentencias. Artículo 103.- Recurso de nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá dentro de los cinco (5) días de notificación de la sentencia y procederá: a) Cuando en el procedimiento se han omitido tramites sustanciales que incidan sobre los resultados del falto, pero que no fueron consentidos Por las partes o si la sentencia presenta contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; b) Cuando la sentencia presente defectos esenciales de forma, o no decida sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal; c) Cuando resultara que los representantes de la Administración Pública hubiesen procedido a hacer reconocimiento o transacciones sin la autorización respectiva. Si el tribunal declara la nulidad de la sentencia, deberá dictar un nuevo fallo dentro de los sesenta (60) días. Artículo 104.- Recurso de revisión. El recurso de revisión procederá: a) Si después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen pruebas decisivas que la parte ignoraba que existiesen o no pudo presentarlas por fuerza mayor, o que las tenía la parte en cuyo favor se hubiese dictado el fallo; b) Si la sentencia hubiese sido dictada apoyándose en documentos cuya falsedad hubiese sido declarada en un fallo, y este hecho no se denunció en el juicio o se resolvió después de la sentencia; c) Si la sentencia se hubiese dictado en mérito de la prueba testimonial y los testigos fueren condenados posteriormente por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a aquélla; d) Si se probase con sentencia consentida que existió prevaricato, cohecho o violencia al dictarse sentencia. El plazo para poder deducir el recurso de revisión será de treinta (30) días y se contará desde que se tuvo conocimiento de los hechos. En todo lo no previsto se aplicarán a los recursos de aclaración, nulidad y revisión, las normas del recurso de reposición. Título IX De los Incidentes Artículo 105.- Los incidentes que no tengan previsto un procedimiento especial en este Código, se tramitarán de a cuerdo a las normas establecidas en este TÍTULO, incluso aquéllas que se refieren a la nulidad de las actuaciones, y se sustanciarán en piezas separadas. Salvo auto fundado del tribunal, no suspenderán la tramitación de la causa, la que solo podrá disponerse cuando por la naturaleza y la gravedad de la cuestión planteada, obste a la prosecución de aquella. El auto de suspensión puede ser dejado sin efecto en cualquier momento sin sustanciación c) El resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos; d) La interpretación que corresponda a la norma de que se trate, previo el trámite del Titulo Sexto e) La anulación total o parcial de los actos irrevocables administrativamente, previamente declarados lesivos públicos por razones de ilegitimidad. Capítulo II De la demanda Artículo 56.- Requisitos de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: a) Nombre y domicilio real y legal del actor; b) Nombre y domicilio de la demandada, si fueren conocidos, de lo contrario, las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para individualizarlos y el último domicilio conocido; c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales Artículo 101.- Recurso de reposición. Concepto. Procede el recurso de reposición respecto de los actos simples y de las providencias interlocutorias decidan o no artículo, a fin de que se los deje sin efecto o se los modifique por contrario imperio. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación de la resolución; cuando ésta se dictare en una audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Trámite. El Tribunal dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarla dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será sin sustanciación. Resolución. El auto deberá dictarse, en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado de resolver, y contra él no procederá nueva revocatoria. Texto según decreto ley 182 Artículo 102.- Recurso de aclaración. Procede el recurso de aclaración respecto de cualquier acto o sentencia para que se :corrijan errores materiales, se aclaren conceptos oscuros o se subsanen omisiones. Deberá interponerse en la misma forma y plazo que el que se estableció para el recurso de, reposición. La interposición de este recurso suspende el plazo para interponer otra clase de recursos. Mientras las partes no hayan sido notificadas, el tribunal, de oficio, podrá corregir, subsanar o aclarar los actos o sentencias. Artículo 103.- Recurso de nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá dentro de los cinco (5) días de notificación de la sentencia y procederá: a) Cuando en el procedimiento se han omitido tramites sustanciales que incidan sobre los resultados del falto, pero que no fueron consentidos Por las partes o si la sentencia presenta contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; b) Cuando la sentencia presente defectos esenciales de forma, o no decida sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal; c) Cuando resultara que los representantes de la Administración Pública hubiesen procedido a hacer reconocimiento o transacciones sin la autorización respectiva. Si el tribunal declara la nulidad de la sentencia, deberá dictar un nuevo fallo dentro de los sesenta (60) días. Artículo 104.- Recurso de revisión. El recurso de revisión procederá: a) Si después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen pruebas decisivas que la parte ignoraba que existiesen o no pudo presentarlas por fuerza mayor, o que las tenía la parte en cuyo favor se hubiese dictado el fallo; b) Si la sentencia hubiese sido dictada apoyándose en documentos cuya falsedad hubiese sido declarada en un fallo, y este hecho no se denunció en el juicio o se resolvió después de la sentencia; c) Si la sentencia se hubiese dictado en mérito de la prueba testimonial y los testigos fueren condenados posteriormente por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a aquélla; d) Si se probase con sentencia consentida que existió prevaricato, cohecho o violencia al dictarse sentencia. El plazo para poder deducir el recurso de revisión será de treinta (30) días y se contará desde que se tuvo conocimiento de los hechos. En todo lo no previsto se aplicarán a los recursos de aclaración, nulidad y revisión, las normas del recurso de reposición. Título IX De los Incidentes Artículo 105.- Los incidentes que no tengan previsto un procedimiento especial en este Código, se tramitarán de a cuerdo a las normas establecidas en este TÍTULO, incluso aquéllas que se refieren a la nulidad de las actuaciones, y se sustanciarán en piezas separadas. Salvo auto fundado del tribunal, no suspenderán la tramitación de la causa, la que solo podrá disponerse cuando por la naturaleza y la gravedad de la cuestión planteada, obste a la prosecución de aquella. El auto de suspensión puede ser dejado sin efecto en cualquier momento sin sustanciación Artículo 106.- La parte que promueve un incidente, deberá exponer concretamente los hechos y el derecho en que se funde acompañando la prueba necesaria. De dicho escrito se correrá traslado por cinco días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si no se hubiera ofrecido prueba, el incidente quedará en estado de sentencia. El lapso para la producción de la prueba será de diez (10) días, quedando la causa en estado de resolver. Texto según decreto ley 182 Título X Capítulo I Ejecución de la sentencia Artículo 107.- Plazo de ejecución. La autoridad administrativa vencida en juicio, gozará de sesenta (60) días, contados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas salvo que se tratare de pagar una deuda en cuyo caso no podrá ser ejecutada, ni embargado sus bienes, debiendo la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar dicho pago. La ley se dictará dentro de los seis (6) meses de consentida o ejecutoriada la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio. Artículo 108.- Ejecución directa. Vencidos los plazos que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplimentada, a petición de parte, el tribunal ordenará la ejecución directa mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia determinando concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deban realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia podrá adoptar, aún de oficio, todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquéllas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes, decretos o actos de cualquier naturaleza emanados o no de la administración, pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados por ley a la prestación de servicios públicos. Artículo 109.- Desobediencia de los agentes. Los agentes a quienes se ordenare el cumplimiento de la sentencia deberán proceder a ello aun cuando haya ley que lo prohibe, o sus superiores les ordenen no obedecer; pero en estos casos para c) La individualización y contenido del acto impugnado, indicando la lesión del derecho subjetivo, interés legítimo o difuso; d) Los hechos en que se funde, explicados con claridad y precisión; e) El ofrecimiento de la prueba de que, quiera valerse, acompañándose los pliegos de posiciones, interrogatorios para testigos, puntos y proporciones necesarios para las informaciones y pericias; f) El derecho expuesto sucintamente; g) La justificación de la competencia del tribunal; h) la petición en términos claros, precisos y positivos. Artículo 57.- Documentación adjunta. Deben acompañarse al escrito de demanda. a) El instrumento que acredite la representación invocada; b) La prueba documental que estuviese en poder de las partes. Si no la tuviere a su disposición, la individualización indicando su contenido, lugar, archivo, oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales Artículo 101.- Recurso de reposición. Concepto. Procede el recurso de reposición respecto de los actos simples y de las providencias interlocutorias decidan o no artículo, a fin de que se los deje sin efecto o se los modifique por contrario imperio. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación de la resolución; cuando ésta se dictare en una audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Trámite. El Tribunal dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarla dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será sin sustanciación. Resolución. El auto deberá dictarse, en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado de resolver, y contra él no procederá nueva revocatoria. Texto según decreto ley 182 Artículo 102.- Recurso de aclaración. Procede el recurso de aclaración respecto de cualquier acto o sentencia para que se :corrijan errores materiales, se aclaren conceptos oscuros o se subsanen omisiones. Deberá interponerse en la misma forma y plazo que el que se estableció para el recurso de, reposición. La interposición de este recurso suspende el plazo para interponer otra clase de recursos. Mientras las partes no hayan sido notificadas, el tribunal, de oficio, podrá corregir, subsanar o aclarar los actos o sentencias. Artículo 103.- Recurso de nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá dentro de los cinco (5) días de notificación de la sentencia y procederá: a) Cuando en el procedimiento se han omitido tramites sustanciales que incidan sobre los resultados del falto, pero que no fueron consentidos Por las partes o si la sentencia presenta contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; b) Cuando la sentencia presente defectos esenciales de forma, o no decida sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal; c) Cuando resultara que los representantes de la Administración Pública hubiesen procedido a hacer reconocimiento o transacciones sin la autorización respectiva. Si el tribunal declara la nulidad de la sentencia, deberá dictar un nuevo fallo dentro de los sesenta (60) días. Artículo 104.- Recurso de revisión. El recurso de revisión procederá: a) Si después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen pruebas decisivas que la parte ignoraba que existiesen o no pudo presentarlas por fuerza mayor, o que las tenía la parte en cuyo favor se hubiese dictado el fallo; b) Si la sentencia hubiese sido dictada apoyándose en documentos cuya falsedad hubiese sido declarada en un fallo, y este hecho no se denunció en el juicio o se resolvió después de la sentencia; c) Si la sentencia se hubiese dictado en mérito de la prueba testimonial y los testigos fueren condenados posteriormente por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a aquélla; d) Si se probase con sentencia consentida que existió prevaricato, cohecho o violencia al dictarse sentencia. El plazo para poder deducir el recurso de revisión será de treinta (30) días y se contará desde que se tuvo conocimiento de los hechos. En todo lo no previsto se aplicarán a los recursos de aclaración, nulidad y revisión, las normas del recurso de reposición. Título IX De los Incidentes Artículo 105.- Los incidentes que no tengan previsto un procedimiento especial en este Código, se tramitarán de a cuerdo a las normas establecidas en este TÍTULO, incluso aquéllas que se refieren a la nulidad de las actuaciones, y se sustanciarán en piezas separadas. Salvo auto fundado del tribunal, no suspenderán la tramitación de la causa, la que solo podrá disponerse cuando por la naturaleza y la gravedad de la cuestión planteada, obste a la prosecución de aquella. El auto de suspensión puede ser dejado sin efecto en cualquier momento sin sustanciación Artículo 106.- La parte que promueve un incidente, deberá exponer concretamente los hechos y el derecho en que se funde acompañando la prueba necesaria. De dicho escrito se correrá traslado por cinco días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si no se hubiera ofrecido prueba, el incidente quedará en estado de sentencia. El lapso para la producción de la prueba será de diez (10) días, quedando la causa en estado de resolver. Texto según decreto ley 182 Título X Capítulo I Ejecución de la sentencia Artículo 107.- Plazo de ejecución. La autoridad administrativa vencida en juicio, gozará de sesenta (60) días, contados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas salvo que se tratare de pagar una deuda en cuyo caso no podrá ser ejecutada, ni embargado sus bienes, debiendo la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar dicho pago. La ley se dictará dentro de los seis (6) meses de consentida o ejecutoriada la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio. Artículo 108.- Ejecución directa. Vencidos los plazos que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplimentada, a petición de parte, el tribunal ordenará la ejecución directa mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia determinando concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deban realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia podrá adoptar, aún de oficio, todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquéllas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes, decretos o actos de cualquier naturaleza emanados o no de la administración, pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados por ley a la prestación de servicios públicos. Artículo 109.- Desobediencia de los agentes. Los agentes a quienes se ordenare el cumplimiento de la sentencia deberán proceder a ello aun cuando haya ley que lo prohibe, o sus superiores les ordenen no obedecer; pero en estos casos para deslindar responsabilidades podrán hacer constar por escrito ante el tribunal las alegaciones pertinentes, y si la decisión de no ejecutar fuese tomada por órgano colegiado, los disidentes podrán presentar ante el órgano jurisdiccional copia del acta donde conste su voto. Artículo 110.- Responsabilidad de los agentes. Los agentes a quienes se mande cumplir la sentencia son solidariamente responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular cumplimiento. Artículo 111.- Ejecución contra entidades no estatales. La ejecución de la sentencia contra entidades no estatales, entidades privadas o personas de existencia visible, se cumplirá conforme a las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil. Capítulo II Suspensión de la ejecución de la sentencia Artículo 112.- Término. Ejecución sustitutiva. Dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia, podrá solicitarse que se suspenda su ejecución con la declaración de estar dispuesto el peticionante indemnizar los daños y perjuicios que la suspensión causare. Si el cumplimiento de la sentencia puede legalmente sustituirse por el pago de una indemnización, el tribunal así lo resolverá previo cumplimiento del trámite establecido en el art. 114. La pertinente solicitud debe ser presentada, asimismo, dentro de los cinco (5) días de la notificación de la sentencia. Artículo 113.- Casos. Podrá disponerse la suspensión, sin perjuicio de otros motivos graves de interés público, cuando la ejecución: a) Determine la suspensión o supresión prolongada de un servicio prestado al público; b) Motivase fundados peligros de trastornos al orden público; c) Determine la privación del uso colectivo de un bien afectado a ese uso, siendo éste real, y actual, siempre que medie interés público mayor; d) Trabase la percepción de contribuciones fiscales que aparezcan regularmente establecidas y, que no hayan sido declaradas inconstitucionales en sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; oficina pública y/o persona en cuyo poder se encuentra. Después de librada la cédula para el traslado de la demanda, no podrán agregarse nuevos documentos, salvo que se justifique que son de fecha posterior o que no haya sido posible conocerlos con anterioridad; e) El Boletín Oficial, si estuviera publicada la resolución impugnado, el testimonio de la misma o certificado expedido por autoridad competente. En el supuesto de no haberse podido obtener ninguna de esas constancias, deberá precisarse la razón de ello y el expediente donde se hallen; d) Cuando se accione mediando denegación tácita, deberá individualizarse el expediente respectivo; e) Copias para traslado Capítulo III De la admisión provisoria Artículo 58.- Presentada la demanda el presidente del Superior Tribunal resolverá si "prima-facie" corresponde a su competencia y reúne los requisitos formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales Artículo 101.- Recurso de reposición. Concepto. Procede el recurso de reposición respecto de los actos simples y de las providencias interlocutorias decidan o no artículo, a fin de que se los deje sin efecto o se los modifique por contrario imperio. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación de la resolución; cuando ésta se dictare en una audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Trámite. El Tribunal dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarla dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será sin sustanciación. Resolución. El auto deberá dictarse, en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado de resolver, y contra él no procederá nueva revocatoria. Texto según decreto ley 182 Artículo 102.- Recurso de aclaración. Procede el recurso de aclaración respecto de cualquier acto o sentencia para que se :corrijan errores materiales, se aclaren conceptos oscuros o se subsanen omisiones. Deberá interponerse en la misma forma y plazo que el que se estableció para el recurso de, reposición. La interposición de este recurso suspende el plazo para interponer otra clase de recursos. Mientras las partes no hayan sido notificadas, el tribunal, de oficio, podrá corregir, subsanar o aclarar los actos o sentencias. Artículo 103.- Recurso de nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá dentro de los cinco (5) días de notificación de la sentencia y procederá: a) Cuando en el procedimiento se han omitido tramites sustanciales que incidan sobre los resultados del falto, pero que no fueron consentidos Por las partes o si la sentencia presenta contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; b) Cuando la sentencia presente defectos esenciales de forma, o no decida sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal; c) Cuando resultara que los representantes de la Administración Pública hubiesen procedido a hacer reconocimiento o transacciones sin la autorización respectiva. Si el tribunal declara la nulidad de la sentencia, deberá dictar un nuevo fallo dentro de los sesenta (60) días. Artículo 104.- Recurso de revisión. El recurso de revisión procederá: a) Si después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen pruebas decisivas que la parte ignoraba que existiesen o no pudo presentarlas por fuerza mayor, o que las tenía la parte en cuyo favor se hubiese dictado el fallo; b) Si la sentencia hubiese sido dictada apoyándose en documentos cuya falsedad hubiese sido declarada en un fallo, y este hecho no se denunció en el juicio o se resolvió después de la sentencia; c) Si la sentencia se hubiese dictado en mérito de la prueba testimonial y los testigos fueren condenados posteriormente por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a aquélla; d) Si se probase con sentencia consentida que existió prevaricato, cohecho o violencia al dictarse sentencia. El plazo para poder deducir el recurso de revisión será de treinta (30) días y se contará desde que se tuvo conocimiento de los hechos. En todo lo no previsto se aplicarán a los recursos de aclaración, nulidad y revisión, las normas del recurso de reposición. Título IX De los Incidentes Artículo 105.- Los incidentes que no tengan previsto un procedimiento especial en este Código, se tramitarán de a cuerdo a las normas establecidas en este TÍTULO, incluso aquéllas que se refieren a la nulidad de las actuaciones, y se sustanciarán en piezas separadas. Salvo auto fundado del tribunal, no suspenderán la tramitación de la causa, la que solo podrá disponerse cuando por la naturaleza y la gravedad de la cuestión planteada, obste a la prosecución de aquella. El auto de suspensión puede ser dejado sin efecto en cualquier momento sin sustanciación Artículo 106.- La parte que promueve un incidente, deberá exponer concretamente los hechos y el derecho en que se funde acompañando la prueba necesaria. De dicho escrito se correrá traslado por cinco días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si no se hubiera ofrecido prueba, el incidente quedará en estado de sentencia. El lapso para la producción de la prueba será de diez (10) días, quedando la causa en estado de resolver. Texto según decreto ley 182 Título X Capítulo I Ejecución de la sentencia Artículo 107.- Plazo de ejecución. La autoridad administrativa vencida en juicio, gozará de sesenta (60) días, contados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas salvo que se tratare de pagar una deuda en cuyo caso no podrá ser ejecutada, ni embargado sus bienes, debiendo la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar dicho pago. La ley se dictará dentro de los seis (6) meses de consentida o ejecutoriada la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio. Artículo 108.- Ejecución directa. Vencidos los plazos que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplimentada, a petición de parte, el tribunal ordenará la ejecución directa mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia determinando concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deban realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia podrá adoptar, aún de oficio, todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquéllas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes, decretos o actos de cualquier naturaleza emanados o no de la administración, pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados por ley a la prestación de servicios públicos. Artículo 109.- Desobediencia de los agentes. Los agentes a quienes se ordenare el cumplimiento de la sentencia deberán proceder a ello aun cuando haya ley que lo prohibe, o sus superiores les ordenen no obedecer; pero en estos casos para deslindar responsabilidades podrán hacer constar por escrito ante el tribunal las alegaciones pertinentes, y si la decisión de no ejecutar fuese tomada por órgano colegiado, los disidentes podrán presentar ante el órgano jurisdiccional copia del acta donde conste su voto. Artículo 110.- Responsabilidad de los agentes. Los agentes a quienes se mande cumplir la sentencia son solidariamente responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular cumplimiento. Artículo 111.- Ejecución contra entidades no estatales. La ejecución de la sentencia contra entidades no estatales, entidades privadas o personas de existencia visible, se cumplirá conforme a las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil. Capítulo II Suspensión de la ejecución de la sentencia Artículo 112.- Término. Ejecución sustitutiva. Dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia, podrá solicitarse que se suspenda su ejecución con la declaración de estar dispuesto el peticionante indemnizar los daños y perjuicios que la suspensión causare. Si el cumplimiento de la sentencia puede legalmente sustituirse por el pago de una indemnización, el tribunal así lo resolverá previo cumplimiento del trámite establecido en el art. 114. La pertinente solicitud debe ser presentada, asimismo, dentro de los cinco (5) días de la notificación de la sentencia. Artículo 113.- Casos. Podrá disponerse la suspensión, sin perjuicio de otros motivos graves de interés público, cuando la ejecución: a) Determine la suspensión o supresión prolongada de un servicio prestado al público; b) Motivase fundados peligros de trastornos al orden público; c) Determine la privación del uso colectivo de un bien afectado a ese uso, siendo éste real, y actual, siempre que medie interés público mayor; d) Trabase la percepción de contribuciones fiscales que aparezcan regularmente establecidas y, que no hayan sido declaradas inconstitucionales en sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; e) Por la magnitud de la suma que debe abonarse, provocase graves inconvenientes al tesoro público, caso en el cual el tribunal establecerá el pago por cuotas con más actualización e interés. Artículo 114.- Trámite y resolución. Del pedido de suspensión se correrá traslado por cinco (5) días a la contraparte; si ésta al contestar no se allanare, el tribunal fijará dentro de diez (10) días siguientes, audiencia para que se agregue, realice y alegue sobre las pruebas, las que deberán ofrecerse en los respectivos escritos. El tribunal, antes o después de la audiencia, podrá decretar las medidas para mejor proveer que considere pertinentes debiendo dictar la resolución dentro de los diez (10) días de encontrarse los autos en estado. Título XI Artículo 115.- Si una cuestión contencioso administrativa no puede resolverse por la letra o el espíritu de las leyes provinciales, se recurrirá a las leyes análogas de la provincia, y si aún no pudiere resolverse se atendrá a los principios que instruyen su orden jurídico. Sólo si el asunto siguiera sin encontrar solución, se recurrirá a las leyes análogas del derecho nacional y a los principios en que se funda. La costumbre podrá ser invocada como fuente de derecho administrativo cuando se conforme con los principios generales del derecho y cuando por. su generalidad y necesidad se juzgare jurídica la. aplicación de la norma consuetudinaria invocada. Artículo 116.- El Poder Ejecutivo deberá elevar al Poder Legislativo todas las sentencias adversas a la Administración Pública, con las consideraciones informativas que correspondan, expresadas por las autoridades del órgano que actuó como parte en la causa. Artículo 117.- Los agentes de la Administración Pública que recurrieron ante el tribunal en causas contencioso administrativas, por cuestiones de derecho subjetivo o interés legítimo motivado por su situación en los cuadros de la administración o de previsión social, gozarán del derecho de actuar en papel simple y eximidos de las tasas fiscales de justicia. Artículo 118.- Este código comenzará a regir a los ciento veinte (120) días de su promulgarán; se aplicará desde esa fecha y según su estado a todas las formales. Si el asunto no fuere "prima facie" de su competencia, lo rechazará sin más trámite. Si en cambio, encontrara que falta "prima facie" un presupuesto procesal o no se han guardado las formas, previamente resolverá por auto simple que se subsanen los defectos u omisiones que serán individualizados en el auto- en el plazo de cinco (5) días. Vencido ese plazo sin que se hubiesen subsanado los defectos indicados, o declarada la incompetencia, se procederá al archivo de las actuaciones, previa devolución de los documentos y pruebas acompañadas. Contra la resolución que se dictare procederá el recurso de revocatoria ante el tribunal. Capítulo IV Del traslado de la demanda Artículo 59.- Traslado de la demanda. Una vez resuelto que la cuestión planteada, "prima facie" es de competencia del Superior Tribunal y reúne los requisitos y preceptos determinados por esta ley en la forma establecida en el art.58 se correrá traslado de la demanda al demandado emplazándolo para que la conteste dentro de quince (15) días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 60.- Notificación. La demanda se notificará: a) Si se accionara por actos imputables a: 1) La administración centralizada o descentralizada, al Poder Ejecutivo; 2) Organo del Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al presidente del órgano legislativo de que se trate; 3) Organo del Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y al presidente del Superior Tribunal de Justicia; 4) Organo constitucional extrapoder tal como el Tribunal de Cuentas a su presidente y al Poder Ejecutivo; 5) Un ente estatal descentralizado al presidente del directorio del ente o a quien ejerza el cargo equivalente y al Poder Ejecutivo. b) Si fuere contra una municipalidad, se cumplirá la diligencia con el intendente; c) Si se interpone contra una entidad no estatal persona pública o privada individual o colectiva- a su representante legal o a ella individualmente según corresponda; d) En la acción por pretensión de lesividad, a el o los beneficiarios del acto impugnado. Capítulo V De las excepciones Artículo 61.- La demandada dentro de los diez (10) primeros días del plazo para contestar la demanda, podrá oponer las siguientes excepciones de pronunciamiento previo: Párrafo según Decreto Ley 182/2001 a) Caducidad del recurso; b) Incompetencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de capacidad procesal del recurrente; y e) Defecto legal en la forma de proponer la demanda. En el escrito oponiendo excepciones, deberán también ofrecer las pruebas correspondientes. Salvo las excepciones de caducidad del recurso y defecto legal en la forma de proponer la demanda, las otras que no se opusieron con carácter de pronunciamiento previo podrán sostenerse conjuntamente con la contestación de la demanda y resultas en el momento de dictarse sentencia. Artículo 62.- El incidente de excepciones suspende el plazo de contestación de la demanda por todos los emplazados. También para aquellos que no la hubieren opuesto. Artículo 63.- Del escrito deduciendo excepciones se correrá traslado notificándose al recurrente por cédula para que las conteste dentro del plazo de cinco (5) días, debiendo también en esta oportunidad ofrecer la prueba pertinente. Artículo 64.- El trámite de las excepciones será el dispuesto para los incidentes. Dentro de los diez (10) días del libramiento de autos, el tribunal resolverá sobre las excepciones opuestas. Artículo 65.- Si se estimaron las excepciones opuestas se procederá a: a) Mandar al archivo las actuaciones producidas, si se tratara de las de caducidad del recurso, incompetencia y cosa juzgada. b) Fijar un plazo para que se subsanen las deficiencias reconocidas en los casos de falta de personería y de defecto legal bajo apercibimiento de declarar la caducidad de la acción promovida. Artículo 66.- Subsanados que fueren por el recurrente dentro del plazo establecido las omisiones que fueren acogidas así se declarará por auto expreso, que se notificará por cédula, emplazándose a la otra parte a contestar la demanda dentro del término de 15 días. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VI De la contestación de la demanda Artículo 67.- La contestación de la demanda será formulada por escrito, y contendrá los mismos requisitos establecidos para aquélla. La demandada deberá reconocer o negar allí en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas a ella dirigidos; cuyas coplas se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrán considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción. Capítulo VII Reconvención Artículo 68.- Reconvención. Al contestar la demanda, el demandado podrá reconvenir siguiendo a su respecto lo establecido en los Arts.56 y 57. De la reconvención se dará traslado al actor por quince (15) días y la contestación se ajustará a lo dispuesto en el art.67. Es de aplicación en este caso, lo dispuesto en el capítulo quinto del título quinto. Texto según Decreto Ley 182/2001 Capítulo VIII Del traslado de la reconvención y del ofrecimiento de pruebas y de los hechos nuevos Artículo 69.- Nuevas pruebas. Dentro del plazo de cinco (5) días el actor podrá ofrecer nuevas pruebas al solo efecto de desvirtuar los hechos y pruebas invocados por la contraria, y deberá expedirse conforme lo dispone el art.67 respecto a documentos que se le atribuyen a la recepción de cartas y telegramas. Texto según Decreto Ley 182/2001 Artículo 70.- Fuera de las oportunidades expuestas en los artículos precedentes, no se admitirá ninguna otra prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior. Sólo podrá ofrecerse prueba anterior cuando se justifique que antes no se la había conocido. Artículo 71.- También dentro del plano probatorio podrán alegarse hechos nuevos, ofreciéndose, además la prueba respectiva. Este incidente se sustanciará con vista a la parte contraria, decidiendo el Tribunal en definitiva lo que correspondiere. Capítulo IX De la declaración de competencia y de la apertura a prueba. Artículo 72.- Declaración de competencia. Dentro de los diez (10) días de contestado el traslado de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, según el art. 19 o decretada la pérdida del derecho a hacerlo, el tribunal se pronunciará sobre su competencia si no lo hubiere hecho con anterioridad, previa vista que se correrá al fiscal, quien deberá pronunciarse dentro de cinco (5) días. Artículo 73.- Incompetencia. El tribunal podrá declarar su incompetencia por razón de la materia: a) De oficio, solo en las actuaciones indicadas en los arts. 58 y 72. En este caso se remitirán las acciones al órgano jurisdiccional competente; b) A pedido del demandado, únicamente si éste lo hubiere planteado como excepción de pronunciamiento previo. Admitida la excepción de incompetencia se ordenará el archivo de las actuaciones producidas. Pasadas las oportunidades a que se refieren los incisos precedentes, la competencia del tribunal quedará radicada en forma definitiva. Asimismo en las demandas que se promovieren ante estos tribunales de la provincia, una vez declarada y consentida su competencia, o consentido o ejecutoriado el auto que dispone la apertura a pruebas o el que declare la cuestión de puro, derecho, en ningún caso podrá decretarse más la incompetencia para declarar que la cuestión debatida corresponde a la competencia del Superior Tribunal, y el procedimiento continuará hasta terminar, cualquiera fuese la naturaleza del debate y el sistema normativo que deba aplicarse al resolver, en los tribunales y por el procedimiento que corresponda al fuero del tribunal que hubiese dictado los autos que menciona la primera parte de este parágrafo. Artículo 74.- Cuando un expediente viniere a conocimiento del Superior Tribunal para ser tramitado según las normas de esta ley, por haberse declarado la incompetencia de otro tribunal por auto firme, el procedimiento seguirá en el estado en que se encuentra, debiendo el presidente del tribunal a su recibo y dentro de los cinco (5) días, disponer se cumplan los pasos que no se hubieren cumplido en el tribunal de origen y sean necesarios según esta ley. Capítulo X De las cuestiones de puro derecho Artículo 75.- Declaración de puro derecho. Si el tribunal se declarase competente y no se hubieran ofrecido pruebas ni el tribunal considere necesario alguna para mejor proveer se decretará un nuevo traslado a las partes por un plazo de diez (10) días por su orden para el alegar sobre sus derechos. Cumplido con este procedimiento se llamará autos para sentencia pudiendo antes o después el Tribunal decretar medidas para mejor proveer. Capítulo XI De la prueba Artículo 76.- Producción. Procederá la apertura a prueba siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediare conformidad entre litigantes, aplicándose al respecto las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, en tanto no se opongan a las de este cuerpo legal. Artículo 77.- Admisión. En la oportunidad del art. 72 y salvo los casos del art. 75, el tribunal decretará a apertura a prueba. Dentro de los tres (3) días de notificado el auto así dictado, el presidente del tribunal se pronunciará sobre la admisión de la prueba y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula. Toda denegatoria de prueba deberá ser fundada. El auto que resuelva será susceptible de impugnación por el recurso de reposición. El lapso para la producción de la prueba será de treinta (30) días. Artículo 78.- Prueba pericial. No será causal de recusación para los peritos la circunstancia de que sean agentes estatales, salvo cuando se encuentren bajo dependencia jerárquica directa del órgano autor del acto que origine la acción. Artículo 79.- Prueba confesional. Los agentes estatales podrán ser citados para absolver posiciones por la entidad a la que se encuentran incorporados, respetándose las reglas de la competencia y lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y en la ley de procedimientos administrativos sobre la forma de producción. Capítulo XII Alegato Artículo 80.- Alegato. Producida la prueba se correrá traslado por su orden por seis (6) días, para que las partes puedan presentar un memorial alegando sobre su mérito. Capítulo XIII Sentencia Artículo 81.- Plazo. La sentencia debe ser pronunciada en el plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado. Artículo 82.- Requisitos. La sentencia contendrá: a) Designación de los litigantes; b) Una relación sucinta,. de las cuestiones planteadas; c) Consideración de las cuestiones, bajo sus aspectos de hecho y jurídico, merituando la prueba y estableciendo concretamente cuáles de los hechos conducentes controvertidos se juzgan probados; d) Decisión expresa y precisa sobre cada una de las acciones y defensas deducidas en el proceso. Artículo 83.- Efectos. Cuando la sentencia acogiere la acción, deberá en su caso: a) Anular total o parcialmente el acto impugnado; b) Reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar medidas necesarias para su restablecimiento; c) Pronunciamiento sobre los daños y perjuicios reclamados; d) Formular la interpretación que correspondiere adecuada a la norma; e) Resolver sobre costas y honorarios. Artículo 84.- Efectos entre partes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del derecho subjetivo, la sentencia sólo tendrá efecto entre partes. Artículo 85.- Efectos erga omnes. Cuando se hubiere accionado para la defensa del interés legítimo o difuso, la sentencia se limitará a declarar la extinción del acto impugnado, mandando notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquella efectos "erga omnes" y pudiendo ser invocada peca terceros. En estos casos, el rechazo de la acción no produce efecto de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en ella. Igualmente, si la acción es admitida las costas serán a cargo de la demandada; si la acción es rechazada las costas serán por su orden. En el caso de las presentaciones de coadyuvantes o en defensa del interés público, las costas correspondientes a las mismas serán en todos los casos en el orden causado. Artículo 86.- Sentencia de interpretación. La interpretación de normas dadas por el tribunal será obligatoria para todos los órganos o sujetos en cuanto actúe en ejercicio de función administrativa. Artículo 87.- Toda sentencia con alcance "erga omnes" deberá ser publicada en el mismo órgano de difusión que la ley impusiere para el acto objeto de la decisión, su alcance entre partes será desde la notificación; respecto de terceros después de la publicación, en los casos que marca la ley. Título VI De la Tramitación de la Acción de Interpretación Artículo 88.- Antes de iniciar la acción de interpretación el interesado deberá pedir a la autoridad superior con competencia en la cuestión, que declare cuál es la interpretación que corresponde a la norma que se trate. Se considera "autoridad superior a aquellas de las mencionadas en el art. 60 que tenga a su cargo la aplicación de la norma como autoridad superior. Si transcurridos diez (10) días desde la fecha de Presentación de la petición a que se refiere el artículo anterior, no recayera resolución o desde que ésta recayese, si fuere desfavorable, quedará expedita la vía judicial. Artículo 89.- La acción deberá promoverse dentro de los treinta (30) días de la notificación de la denegación expresa o tácita a que se refiere el artículo anterior, sin necesidad de cumplir otro trámite. Artículo 90.- La demanda deberá contener los requisitos a que se refiere el art. 56, salvo lo dispuesto en el inc e) y deberá acompañarse a la misma el documento en el que consta la interpretación que al acto ha dado la administración. Presentado que fuere, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 91.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado se correrá traslado a la autoridad que corresponda según el artículo 60, por el plazo de 15 días, la que podrá contestarlo pero no será parte en el juicio Artículo 92.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal dictará sentencia dentro de los diez (l0) días, estableciendo la interpretación adecuada a la norma, pudiendo antes decretar las medidas que estime necesarias para mejor proveer como en el caso del art. 30. Artículo 93.- La interpretación de las normas dadas por el tribunal será obligatoria para los organismos de la provincia, sus municipalidades y entes autárquicos. Título VII Del Recurso Facultativo Artículo 94.- Los particulares que estén en situación de promover la acción a que se refiere el art. 55, salvo el caso del inc. d) podrían optar por seguir, en lugar de ella, el recurso a que se refiere este TÍTULO. Artículo 95.- En este caso, llegadas que fuesen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia en la forma prevista en el TÍTULO Cuarto, el recurrente deberá expresar ante dicho tribunal, dentro del plazo a que se refiere el art. 50 en. forma expresa, que formaliza la opción a que se refiere el presente TÍTULO. En el mismo acto deberá expresar los agravios que le cause la resolución recurrida. Artículo 96.- La expresión de agravios deberá reunir los requisitos a que se refiere el art. 56 con la salvedad para lo dispuesto en el inc. e) de que en este procedimiento las partes no podrán alegar ni producir nuevas pruebas, salvo la documental que conste en instrumentos públicos. Presentado que fuese, se dictará resolución en la forma establecida en el art. 58. Artículo 97.- Si se resolviera que el recurso ha estado bien planteado, se dará traslado al funcionario que corresponda según el art.60, para que lo conteste dentro del término de quince (15) días Texto según decreto ley 182 Artículo 98.- La contestación a la expresión de agravios deberá reunir los requisitos que se refiere el art.67, salvo lo dispuesto respecto de las pruebas, pudiendo invocar y acompañar sólo la prueba documental que conste en documento público. Contestada se procederá de acuerdo al art.69. Texto según decreto ley 182 Artículo 99.- El Superior Tribunal de Justicia dictará sentencia definitiva dentro de veinte (20) días hábiles, pudiendo previamente, decretar las medidas para mejor proveer que estime conveniente en cuyo caso seguirá el procedimiento establecido en el Capítulo décimo del TÍTULO quinto. Artículo 100.- Las disposiciones del TÍTULO quinto, serán aplicables a este recurso en todo lo que no se contraponga a su naturaleza y espíritu. Título VIII Recursos contra las Resoluciones Judiciales Artículo 101.- Recurso de reposición. Concepto. Procede el recurso de reposición respecto de los actos simples y de las providencias interlocutorias decidan o no artículo, a fin de que se los deje sin efecto o se los modifique por contrario imperio. Plazo y forma: El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los tres (3) días siguientes de la notificación de la resolución; cuando ésta se dictare en una audiencia deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Trámite. El Tribunal dictará resolución, previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarla dentro del plazo de tres días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito, y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió, será sin sustanciación. Resolución. El auto deberá dictarse, en el plazo de cinco (5) días de quedar en estado de resolver, y contra él no procederá nueva revocatoria. Texto según decreto ley 182 Artículo 102.- Recurso de aclaración. Procede el recurso de aclaración respecto de cualquier acto o sentencia para que se :corrijan errores materiales, se aclaren conceptos oscuros o se subsanen omisiones. Deberá interponerse en la misma forma y plazo que el que se estableció para el recurso de, reposición. La interposición de este recurso suspende el plazo para interponer otra clase de recursos. Mientras las partes no hayan sido notificadas, el tribunal, de oficio, podrá corregir, subsanar o aclarar los actos o sentencias. Artículo 103.- Recurso de nulidad. El recurso de nulidad se interpondrá dentro de los cinco (5) días de notificación de la sentencia y procederá: a) Cuando en el procedimiento se han omitido tramites sustanciales que incidan sobre los resultados del falto, pero que no fueron consentidos Por las partes o si la sentencia presenta contradicción entre los considerandos y la parte dispositiva; b) Cuando la sentencia presente defectos esenciales de forma, o no decida sobre cuestiones expresamente planteadas en la relación procesal; c) Cuando resultara que los representantes de la Administración Pública hubiesen procedido a hacer reconocimiento o transacciones sin la autorización respectiva. Si el tribunal declara la nulidad de la sentencia, deberá dictar un nuevo fallo dentro de los sesenta (60) días. Artículo 104.- Recurso de revisión. El recurso de revisión procederá: a) Si después de dictada la sentencia se recobrasen o descubriesen pruebas decisivas que la parte ignoraba que existiesen o no pudo presentarlas por fuerza mayor, o que las tenía la parte en cuyo favor se hubiese dictado el fallo; b) Si la sentencia hubiese sido dictada apoyándose en documentos cuya falsedad hubiese sido declarada en un fallo, y este hecho no se denunció en el juicio o se resolvió después de la sentencia; c) Si la sentencia se hubiese dictado en mérito de la prueba testimonial y los testigos fueren condenados posteriormente por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a aquélla; d) Si se probase con sentencia consentida que existió prevaricato, cohecho o violencia al dictarse sentencia. El plazo para poder deducir el recurso de revisión será de treinta (30) días y se contará desde que se tuvo conocimiento de los hechos. En todo lo no previsto se aplicarán a los recursos de aclaración, nulidad y revisión, las normas del recurso de reposición. Título IX De los Incidentes Artículo 105.- Los incidentes que no tengan previsto un procedimiento especial en este Código, se tramitarán de a cuerdo a las normas establecidas en este TÍTULO, incluso aquéllas que se refieren a la nulidad de las actuaciones, y se sustanciarán en piezas separadas. Salvo auto fundado del tribunal, no suspenderán la tramitación de la causa, la que solo podrá disponerse cuando por la naturaleza y la gravedad de la cuestión planteada, obste a la prosecución de aquella. El auto de suspensión puede ser dejado sin efecto en cualquier momento sin sustanciación Artículo 106.- La parte que promueve un incidente, deberá exponer concretamente los hechos y el derecho en que se funde acompañando la prueba necesaria. De dicho escrito se correrá traslado por cinco días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si no se hubiera ofrecido prueba, el incidente quedará en estado de sentencia. El lapso para la producción de la prueba será de diez (10) días, quedando la causa en estado de resolver. Texto según decreto ley 182 Título X Capítulo I Ejecución de la sentencia Artículo 107.- Plazo de ejecución. La autoridad administrativa vencida en juicio, gozará de sesenta (60) días, contados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas salvo que se tratare de pagar una deuda en cuyo caso no podrá ser ejecutada, ni embargado sus bienes, debiendo la Legislatura arbitrar el modo y forma de verificar dicho pago. La ley se dictará dentro de los seis (6) meses de consentida o ejecutoriada la sentencia, bajo pena de quedar sin efecto este privilegio. Artículo 108.- Ejecución directa. Vencidos los plazos que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplimentada, a petición de parte, el tribunal ordenará la ejecución directa mandando que el o los agentes correspondientes, debidamente individualizados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia determinando concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deban realizarlo, bajo apercibimiento de hacer efectiva la responsabilidad que establece la Constitución de la provincia. El Superior Tribunal de Justicia podrá adoptar, aún de oficio, todas las providencias y resoluciones que estime convenientes para poner en ejercicio las atribuciones que le confiere la Constitución, sin que puedan oponerse a aquéllas providencias o resoluciones las disposiciones que figuren en leyes, decretos o actos de cualquier naturaleza emanados o no de la administración, pero no podrá trabarse embargo en los bienes afectados por ley a la prestación de servicios públicos. Artículo 109.- Desobediencia de los agentes. Los agentes a quienes se ordenare el cumplimiento de la sentencia deberán proceder a ello aun cuando haya ley que lo prohibe, o sus superiores les ordenen no obedecer; pero en estos casos para deslindar responsabilidades podrán hacer constar por escrito ante el tribunal las alegaciones pertinentes, y si la decisión de no ejecutar fuese tomada por órgano colegiado, los disidentes podrán presentar ante el órgano jurisdiccional copia del acta donde conste su voto. Artículo 110.- Responsabilidad de los agentes. Los agentes a quienes se mande cumplir la sentencia son solidariamente responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular cumplimiento. Artículo 111.- Ejecución contra entidades no estatales. La ejecución de la sentencia contra entidades no estatales, entidades privadas o personas de existencia visible, se cumplirá conforme a las disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil. Capítulo II Suspensión de la ejecución de la sentencia Artículo 112.- Término. Ejecución sustitutiva. Dentro de los cinco (5) días de notificada la sentencia, podrá solicitarse que se suspenda su ejecución con la declaración de estar dispuesto el peticionante indemnizar los daños y perjuicios que la suspensión causare. Si el cumplimiento de la sentencia puede legalmente sustituirse por el pago de una indemnización, el tribunal así lo resolverá previo cumplimiento del trámite establecido en el art. 114. La pertinente solicitud debe ser presentada, asimismo, dentro de los cinco (5) días de la notificación de la sentencia. Artículo 113.- Casos. Podrá disponerse la suspensión, sin perjuicio de otros motivos graves de interés público, cuando la ejecución: a) Determine la suspensión o supresión prolongada de un servicio prestado al público; b) Motivase fundados peligros de trastornos al orden público; c) Determine la privación del uso colectivo de un bien afectado a ese uso, siendo éste real, y actual, siempre que medie interés público mayor; d) Trabase la percepción de contribuciones fiscales que aparezcan regularmente establecidas y, que no hayan sido declaradas inconstitucionales en sentencia basada en autoridad de cosa juzgada; e) Por la magnitud de la suma que debe abonarse, provocase graves inconvenientes al tesoro público, caso en el cual el tribunal establecerá el pago por cuotas con más actualización e interés. Artículo 114.- Trámite y resolución. Del pedido de suspensión se correrá traslado por cinco (5) días a la contraparte; si ésta al contestar no se allanare, el tribunal fijará dentro de diez (10) días siguientes, audiencia para que se agregue, realice y alegue sobre las pruebas, las que deberán ofrecerse en los respectivos escritos. El tribunal, antes o después de la audiencia, podrá decretar las medidas para mejor proveer que considere pertinentes debiendo dictar la resolución dentro de los diez (10) días de encontrarse los autos en estado. Título XI Artículo 115.- Si una cuestión contencioso administrativa no puede resolverse por la letra o el espíritu de las leyes provinciales, se recurrirá a las leyes análogas de la provincia, y si aún no pudiere resolverse se atendrá a los principios que instruyen su orden jurídico. Sólo si el asunto siguiera sin encontrar solución, se recurrirá a las leyes análogas del derecho nacional y a los principios en que se funda. La costumbre podrá ser invocada como fuente de derecho administrativo cuando se conforme con los principios generales del derecho y cuando por. su generalidad y necesidad se juzgare jurídica la. aplicación de la norma consuetudinaria invocada. Artículo 116.- El Poder Ejecutivo deberá elevar al Poder Legislativo todas las sentencias adversas a la Administración Pública, con las consideraciones informativas que correspondan, expresadas por las autoridades del órgano que actuó como parte en la causa. Artículo 117.- Los agentes de la Administración Pública que recurrieron ante el tribunal en causas contencioso administrativas, por cuestiones de derecho subjetivo o interés legítimo motivado por su situación en los cuadros de la administración o de previsión social, gozarán del derecho de actuar en papel simple y eximidos de las tasas fiscales de justicia. Artículo 118.- Este código comenzará a regir a los ciento veinte (120) días de su promulgarán; se aplicará desde esa fecha y según su estado a todas las causas en trámite y siempre que no demoren o lesionen las actuaciones o providencias dictadas o consentidas.