Ley 2680

Descarga el documento en version PDF

Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Ley 2680 Sancionada: 27-11-09 Promulgada: 16-12-09 Publicada: 18-12-09 Actualizada: Abril de 2010 Libro Primero. Parte General TÃtulo primero. De las obligaciones fiscales Ãmbito de aplicaciÃ³n ArtÃculo 1Âº. Las obligaciones fiscales, consistentes en impuestos, tasas y contribuciones que establezca la Provincia del NeuquÃ©n, se regirÃ¡n por las disposiciones de este CÃ³digo y por las leyes fiscales especiales. A todo otro recurso que recaude y fiscalice la DirecciÃ³n provincial de Rentas le serÃ¡ aplicable este CÃ³digo en cuanto sea compatible con su naturaleza. Para aquel os casos no previstos en este CÃ³digo Fiscal, de manera supletoria y en tanto no se le oponga, serÃ¡ aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo provincial. Impuestos ArtÃculo 2Âº. Son impuestos las prestaciones pecuniarias que, por disposiciÃ³n del presente CÃ³digo o leyes especiales, estÃ©n obligadas a pagar a la Provincia las personas que realicen actos, contratos u operaciones o se encuentren en situaciones que la ley considere como hechos imponibles. Es hecho imponible, todo hecho, acto, contrato, operaciÃ³n o situaciÃ³n de la vida econÃ³mica de los que este CÃ³digo o leyes fiscales especiales hagan depender el nacimiento de la obligaciÃ³n impositiva. Tasas ArtÃculo 3Âº. Son tasas las prestaciones pecuniarias que, por disposiciÃ³n del presente CÃ³digo o de leyes especiales, estÃ©n obligadas a pagar a la Provincia las personas como retribuciÃ³n de servicios administrativos o judiciales prestados a las mismas. Contribuciones ArtÃculo 4Âº. Son contribuciones las prestaciones pecuniarias que por disposiciÃ³n del presente CÃ³digo o de leyes especiales, estÃ©n obligadas a pagar a la Provincia las personas que obtengan beneficios o mejoras en los bienes de su propiedad o poseÃdos a tÃtulo de dueÃ±o por obras o servicios pÃºblicos generales. Vigencia de las normas ArtÃculo 5Âº. Las resoluciones generales de la DirecciÃ³n provincial de Rentas entrarÃ¡n en vigencia el octavo dÃa hÃ¡bil siguiente al de su publicaciÃ³n en el BoletÃn Oficial de la Provincia del NeuquÃ©n, salvo que las mismas establezcan un plazo distinto u otra fecha especÃfica. CÃ³mputo de los plazos ArtÃculo 6Âº. Todos los plazos que se establezcan en dÃas en las normas tributarias se computan por dÃas hÃ¡biles administrativos, salvo expresa disposiciÃ³n en contrario. Del mismo modo, son improrrogables, a menos que una norma legal establezca lo opuesto. Los plazos se computan a partir del dÃa siguiente al de la notificaciÃ³n. TÃtulo segundo. De la interpretaciÃ³n del CÃ³digo y de las leyes fiscales MÃ©todos de interpretaciÃ³n ArtÃculo 7Âº. Son admisibles todos los mÃ©todos para la interpretaciÃ³n de las disposiciones de este CÃ³digo y demÃ¡s leyes fiscales, pero en ningÃºn caso se establecerÃ¡n impuestos, tasas o contribuciones, ni se considerarÃ¡ a ninguna persona como contribuyente o responsable del pago de una obligaciÃ³n fiscal sino en virtud de este CÃ³digo u otra ley. AnalogÃa. Finalidad ArtÃculo 8Âº. Para los casos que no puedan ser resueltos por las disposiciones pertinentes de este CÃ³digo o de una ley fiscal especial, se recurrirÃ¡ a las restantes disposiciones de este CÃ³digo u otra ley relativa en materia anÃ¡loga, salvo sin embargo lo dispuesto por el artÃculo anterior. En defecto de normas establecidas por materia anÃ¡loga se recurrirÃ¡ a los principios generales del Derecho, teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de las normas fiscales. Cuando los tÃ©rminos o conceptos contenidos en las disposiciones del presente CÃ³digo o demÃ¡s leyes fiscales no resulten aclarados en su significaciÃ³n y alcance por los mÃ©todos de interpretaciÃ³n indicados en el pÃ¡rrafo anterior, se atenderÃ¡ al significado y alcance que los mismos tengan en las normas del Derecho Privado. Realidad econÃ³mica ArtÃculo 9Âº. Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderÃ¡ a los actos o situaciones efectivamente realizados, con prescindencia de las formas o de los contratos del Derecho Privado en que se exterioricen. La elecciÃ³n de actos o contratos diferentes de los que normalmente se utilizan para realizar las operaciones econÃ³micas que el presente CÃ³digo y otras leyes fiscales consideren como hechos imponibles, es irrelevante a los efectos de la aplicaciÃ³n del impuesto. A este efecto se tendrÃ¡n en cuenta el conjunto de circunstancias concretas que dan origen al hecho imponible, la Ãndole de las operaciones comerciales, actividades industriales o profesionales o de las relaciones civiles que a Ã©l se refieren, la contabilidad correcta y ordenada de los contribuyentes y los usos y costumbres de la vida econÃ³mica y social. TÃtulo tercero. De las consultas Sujetos. Admisibilidad ArtÃculo 10. Todos aquel os sujetos pasivos de las obligaciones tributarias dispuestas por este CÃ³digo o demÃ¡s leyes especiales, que posean un interÃ©s directo, se encuentran facultados para consultar a la DirecciÃ³n provincial respecto de las cuestiones de carÃ¡cter tÃ©cnico-jurÃdico que formulen acerca de la calificaciÃ³n o clasificaciÃ³n tributaria de una situaciÃ³n de hecho de naturaleza efectiva y concreta. Es requisito de admisibilidad el exponer de manera precisa todos los antecedentes y acompaÃ±ar todos los elementos que se posean acerca de la situaciÃ³n de hecho que origina el pedido. El sujeto pasivo que formule la consulta deberÃ¡ dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que dieron origen a la consulta, dentro de los plazos originalmente establecidos, conforme a su criterio. Si la consulta no resulta coincidente con dicho temperamento, deberÃ¡ los intereses por mora del artÃculo 84 de este CÃ³digo pero estarÃ¡ exento de las sanciones previstas en el citado cuerpo legal. Cuando la consulta se refiera al Impuesto de Sel os, sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, los plazos relacionados con el recargo por simple mora del artÃculo 271 se suspenderÃ¡n desde la interposiciÃ³n de la consulta hasta la notificaciÃ³n de la contestaciÃ³n a la misma. Previo a la evacuaciÃ³n de la consulta se requerirÃ¡ dictamen legal de los servicios tÃ©cnicos de este organismo fiscal. CarÃ¡cter Vinculante. Plazo ArtÃculo 11. La contestaciÃ³n, que deberÃ¡ emitirse dentro de los sesenta (60) dÃas contados a partir de la presentaciÃ³n, tendrÃ¡ carÃ¡cter vinculante para la DirecciÃ³n provincial y para el sujeto consultante, con relaciÃ³n al caso estrictamente consultado. La misma serÃ¡ irrecurrible para el sujeto pasivo. Sin perjuicio de el o podrÃ¡n ser recurridos de conformidad a lo establecido en este CÃ³digo Fiscal los actos administrativos emitidos con posterioridad y fundados en la contestaciÃ³n elaborada por la DirecciÃ³n provincial. Funcionario competente ArtÃculo 12. SerÃ¡ competente para emitir la contestaciÃ³n a la consulta establecida en el presente tÃtulo, el director provincial o el juez administrativo que autorice Ã©ste de manera especial para tales casos. TÃtulo cuarto. De los Ã³rganos de la AdministraciÃ³n fiscal Atribuciones del director provincial de Rentas ArtÃculo 13. El director y el subdirector provincial deberÃ¡n poseer tÃtulo de contador pÃºblico. PodrÃ¡ acceder otro profesional universitario con tÃtulo de abogado, licenciado en AdministraciÃ³n de Empresas o licenciado en EconomÃa que acredite tÃtulo de posgrado en materia tributaria. Son atribuciones del director provincial, ademÃ¡s de las previstas en este CÃ³digo y otras leyes, las siguientes: a) Dirigir la actividad del organismo administrativo mediante el ejercicio de todas las funciones, poderes y facultades que las leyes y otras disposiciones le encomiendan a Ã©l o asignan a la DirecciÃ³n provincial de Rentas, para los fines de determinar, percibir, recaudar, exigir, ejecutar impuestos, tasas, contribuciones a cargo de la entidad mencionada, interpretar las normas, resolver las dudas que a el os se refieren y en su caso proceder a su devoluciÃ³n. b) Ejercer todas las facultades y poderes atribuidos por este CÃ³digo u otras leyes fiscales a la DirecciÃ³n provincial, representando a la Provincia frente a los poderes pÃºblicos, contribuyentes, responsables y terceros. c) Ejercer las funciones de juez administrativo en la determinaciÃ³n de oficio de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y demÃ¡s responsables; aplicaciÃ³n de multas; solicitudes de reconocimiento de exenciones; resoluciÃ³n de los recursos de reconsideraciÃ³n y demandas administrativas de repeticiÃ³n. Facultades de reglamentaciÃ³n ArtÃculo 14. El director provincial estÃ¡ facultado para impartir normas generales obligatorias para los contribuyentes, responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la DirecciÃ³n provincial para reglamentar la situaciÃ³n de aquÃ©l os frente a la AdministraciÃ³n. Dichas normas regirÃ¡n mientras no sean modificadas por el propio director provincial o por el Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas. En especial, podrÃ¡ dictar normas obligatorias con relaciÃ³n a los siguientes puntos: a) DesignaciÃ³n de agentes de recaudaciÃ³n, retenciÃ³n, percepciÃ³n o informaciÃ³n y las obligaciones, condiciones y requisitos que regulen su desenvolvimiento. b) DeterminaciÃ³n de la forma de documentar la deuda fiscal por parte de los responsables. c) DeterminaciÃ³n de la forma y plazo de presentaciÃ³n de declaraciones juradas y de los formularios de liquidaciÃ³n administrativa de gravÃ¡menes; modos, plazos y formas de la percepciÃ³n de los gravÃ¡menes, pagos a cuenta de los mismos, anticipos, accesorios y multas. d) Determinar los libros, registros y anotaciones que de modo especial deberÃ¡n l evar los contribuyentes, responsables y terceros, y tÃ©rmino durante el cual deberÃ¡n conservarse aquÃ©l os y los documentos y demÃ¡s comprobantes; deberes de unos y otros ante los requerimientos tendientes a realizar una verificaciÃ³n y cualquier otra medida que sea conveniente para fiscalizar la recaudaciÃ³n. e) Requerir orden de al anamiento al juez penal de turno que corresponda, quien determinarÃ¡ la procedencia de la solicitud, debiendo especificarse en la misma el objeto, lugar y oportunidad en que habrÃ¡ de practicarse. f) Solicitar al juez competente, a travÃ©s de la FiscalÃa de Estado, la adopciÃ³n de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el CÃ³digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia que se estime adecuada para las siguientes situaciones: 1) Para el resguardo del crÃ©dito fiscal que adeuden los contribuyentes o responsables. 2) Para la conservaciÃ³n de la documentaciÃ³n u otro elemento de prueba relevante para la determinaciÃ³n de la materia imponible, con el objeto de impedir su desapariciÃ³n, destrucciÃ³n o alteraciÃ³n. La efectivizaciÃ³n de las medidas que se ordenen podrÃ¡ ser l evada a cabo por oficiales de Justicia ad hoc que proponga la DirecciÃ³n provincial por intermedio de la FiscalÃa de Estado, los cuales actuarÃ¡n con las facultades y responsabilidades de los titulares. La caducidad de las medidas cautelares, consistentes en la traba de embargo preventivo o en la anotaciÃ³n de inhibiciones generales de bienes, se producirÃ¡ si la Provincia no iniciase el juicio de apremio transcurridos sesenta (60) dÃas hÃ¡biles judiciales contados de la siguiente forma: 1) Desde la notificaciÃ³n al contribuyente del rechazo de los recursos interpuestos contra la determinaciÃ³n de oficio o la liquidaciÃ³n administrativa -sea el recurso de reconsideraciÃ³n ante el director provincial, sea el recurso de apelaciÃ³n ante el Poder Ejecutivo-. 2) Desde que la deuda hubiese sido consentida por el contribuyente, al no interponer recursos contra su determinaciÃ³n o liquidaciÃ³n administrativa dentro de los plazos establecidos. Facultades de interpretaciÃ³n ArtÃculo 15. El director provincial tendrÃ¡ funciÃ³n de interpretar con carÃ¡cter general las disposiciones del CÃ³digo Fiscal y leyes tributarias que rijan la percepciÃ³n de los gravÃ¡menes a cargo de la DirecciÃ³n provincial de Rentas, cuando asÃ lo estimen conveniente o lo soliciten los contribuyentes, agentes de retenciÃ³n, agentes de percepciÃ³n, agentes de recaudaciÃ³n y agentes de informaciÃ³n, y demÃ¡s responsables, y cualquier otra organizaciÃ³n que represente un interÃ©s colectivo, siempre que el pronunciamiento a dictarse ofrezca interÃ©s general. El pedido de tal pronunciamiento no tendrÃ¡ por virtud suspender cualquier decisiÃ³n que los demÃ¡s funcionarios de la DirecciÃ³n provincial hubieran adoptado en casos particulares. Las interpretaciones del director provincial se publicarÃ¡n en el BoletÃn Oficial y tendrÃ¡n el carÃ¡cter de normas generales obligatorias, si al expirar el plazo de quince (15) dÃas hÃ¡biles desde la fecha de su publicaciÃ³n no fueran apeladas ante el Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas por cualquiera de las personas o entidades mencionadas en el pÃ¡rrafo anterior, en cuyo caso tendrÃ¡n dicho carÃ¡cter desde el dÃa siguiente a aquel en que se publique la aprobaciÃ³n o modificaciÃ³n por parte de dicho Ministerio. En estos casos deberÃ¡ otorgarse vista previa por el tÃ©rmino de diez (10) dÃas a la DirecciÃ³n provincial de Rentas para que se expida sobre las objeciones opuestas a la interpretaciÃ³n. El Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas deberÃ¡ resolver sobre la apelaciÃ³n dentro del plazo de sesenta (60) dÃas, a contar desde el momento en que el a fue interpuesta. Las interpretaciones firmes podrÃ¡n ser rectificadas por la autoridad que las dictÃ³ -Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas o DirecciÃ³n provincial de Rentas- con sujeciÃ³n a lo dispuesto en el pÃ¡rrafo precedente, pero las rectificaciones no serÃ¡n de aplicaciÃ³n a hechos o situaciones cumplidos con anterioridad al momento en que tales rectificaciones entren en vigor. DelegaciÃ³n de atribuciones y facultades ArtÃculo 16. El director provincial podrÃ¡ delegar sus atribuciones y facultades en funcionarios dependientes, de manera general o especial. El director provincial determinarÃ¡ quÃ© funcionarios y en quÃ© medida lo sustituirÃ¡n, ademÃ¡s del subdirector provincial, en sus funciones de juez administrativo. El director provincial, en todos los casos en que se autorice la intervenciÃ³n de otros funcionarios como jueces administrativos, podrÃ¡ arrogarse por vÃa de superintendencia el conocimiento y decisiÃ³n de las cuestiones planteadas. Las designaciones de funcionarios que sustituyan al director y subdirector provincial deberÃ¡n recaer en funcionarios que cumplan con las mismas condiciones fijadas en el artÃculo 13 del presente CÃ³digo. Atribuciones y facultades indelegables ArtÃculo 17. Son indelegables las siguientes atribuciones y facultades: 1) ConsideraciÃ³n y resoluciÃ³n de los recursos de reconsideraciÃ³n. 2) Dictado de resoluciones generales interpretativas que establezcan de manera obligatoria para todos los funcionarios dependientes el criterio fiscal en la aplicaciÃ³n de las normas tributarias y de las normativas complementarias. Subdirector provincial de Rentas ArtÃculo 18. El director provincial serÃ¡ secundado en sus funciones por un subdirector provincial, quien sin perjuicio de reemplazar al director provincial en el caso de ausencia o impedimento en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, participarÃ¡ en las funciones relacionadas con la aplicaciÃ³n, percepciÃ³n y fiscalizaciÃ³n de los gravÃ¡menes y actuarÃ¡ como juez administrativo. Tribunal competente para entender en los recursos de apelaciÃ³n ArtÃculo 19. El Poder Ejecutivo intervendrÃ¡ en las causas mediante un tribunal presidido por el ministro de Hacienda y Obras PÃºblicas, e integrado por el subsecretario de Ingresos PÃºblicos y el asesor general de Gobierno, y resolverÃ¡ por simple mayorÃa con el tribunal reunido en pleno. En caso de licencias, renuncias o impedimentos serÃ¡n reemplazados: el ministro de Hacienda y Obras PÃºblicas por el ministro de CoordinaciÃ³n; el subsecretario de Ingresos PÃºblicos por el subsecretario de Hacienda, y el asesor general de Gobierno por un abogado de la AsesorÃa General. El tribunal dictarÃ¡ su propio reglamento. Las normas procesales serÃ¡n fijadas asimismo por el tribunal, cuidando de asegurar el derecho de defensa de las partes. La composiciÃ³n del tribunal serÃ¡ modificada conforme a los reemplazos que surjan de los cambios que se efectÃºen en la Ley de Ministerios. DeclaraciÃ³n de inconstitucionalidad de normas ArtÃculo 20. El tribunal mencionado en el artÃculo anterior podrÃ¡ aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la NaciÃ³n y Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, que haya declarado la inconstitucionalidad de normas tributarias. TÃtulo quinto. De los sujetos pasivos de las obligaciones fiscales Obligados a pagar los impuestos, tasas y contribuciones ArtÃculo 21. EstÃ¡n obligados a pagar los impuestos, tasas y contribuciones en la forma y oportunidad establecidos en el presente CÃ³digo y leyes fiscales especiales, personalmente o por medio de sus representantes legales, en cumplimiento de su deuda tributaria, los contribuyentes, sus herederos y demÃ¡s responsables segÃºn las disposiciones del CÃ³digo Civil. Contribuyentes de impuestos, tasas y contribuciones. Responsables por deuda propia ArtÃculo 22. Son contribuyentes de los impuestos, tasas y contribuciones, en tanto realicen los actos u operaciones, o se hal en en situaciones que este CÃ³digo o leyes fiscales especiales consideren como hechos imponibles a su respecto: 1) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces, segÃºn el Derecho comÃºn. 2) Las personas jurÃdicas del CÃ³digo Civil, y todas aquel as entidades a las cuales el Derecho Privado reconoce la calidad de sujeto de derecho. 3) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no posean la calidad prevista en el inciso anterior; los patrimonios destinados a un fin determinado y las uniones transitorias de empresas, las agrupaciones de colaboraciÃ³n y los demÃ¡s consorcios y formas asociativas tengan o no personerÃa jurÃdica, cuando sean consideradas por las normas tributarias como unidades econÃ³micas para la atribuciÃ³n del hecho imponible. Las sociedades no constituidas legalmente deben considerarse sociedades irregulares e inscribirse a nombre de todos sus integrantes. De igual forma, las uniones transitorias de empresas deben inscribirse a nombre de todos sus integrantes. 4) Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la atribuciÃ³n del hecho imponible. 5) Las reparticiones centralizadas, descentralizadas y autÃ¡rquicas de los Estados nacional, provinciales o municipales, asÃ como las empresas estatales y empresas estatales mixtas, salvo exenciÃ³n expresa. 6) Los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 24.441 y los fondos comunes de inversiÃ³n no comprendidos en el primer pÃ¡rrafo del artÃculo 1Âº de la ley nacional 24.083 y sus modificaciones. Solidaridad tributaria. Conjunto econÃ³mico ArtÃculo 23. Cuando en un mismo hecho imponible intervengan dos (2) o mÃ¡s personas, todas se considerarÃ¡n como contribuyentes por igual y serÃ¡n solidariamente obligadas al pago del tributo por la totalidad del mismo, sus intereses, actualizaciones y multas, salvo el derecho del fisco a dividir la obligaciÃ³n a cargo de cada una de el as y el de cada partÃcipe, de repetir de los demÃ¡s la cuota de tributo que le correspondiere. Los hechos imponibles realizados por una persona o entidad se atribuirÃ¡n tambiÃ©n a otra persona o entidad con la cual aquÃ©l a tenga vinculaciones econÃ³micas o jurÃdicas, cuando de la naturaleza de esas vinculaciones resultare que ambas personas o entidades pueden ser consideradas como constituyendo una unidad o conjunto econÃ³mico. En este caso, ambas personas o entidades se considerarÃ¡n como contribuyentes codeudores de los impuestos con responsabilidad solidaria y total. AnÃ¡loga disposiciÃ³n rige con respecto a las tasas y a las contribuciones. Concurrencia de sujetos gravados y exentos en la realizaciÃ³n de un mismo hecho imponible ArtÃculo 24. Si en la realizaciÃ³n de un hecho imponible intervienen dos (2) o mÃ¡s personas en calidad de contribuyentes y alguno de tales intervinientes estuviera exento del pago del gravamen por disposiciÃ³n de este CÃ³digo o de leyes especiales, la obligaciÃ³n fiscal se considerarÃ¡ en este caso divisible y la exenciÃ³n se limitarÃ¡ a la parte que le corresponda a la persona exenta. Responsables por deuda ajena ArtÃculo 25. EstÃ¡n obligados a pagar los impuestos, tasas y contribuciones, como tambiÃ©n los recargos, las multas y los intereses que pudieran corresponder, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de los contribuyentes en la misma forma y oportunidad que rija para Ã©stos los siguientes: 1) Quienes administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes como representantes legales, judiciales o convencionales. 2) Quienes integren los Ã³rganos de administraciÃ³n o sean los representantes legales de personas de existencia ideal, asociaciones, entidades y empresas con o sin personerÃa jurÃdica y los integrantes de las uniones transitorias de empresas. 3) Los sÃndicos de las quiebras; los representantes de las sociedades en liquidaciÃ³n y administradores legales o judiciales de las sucesiones. 4) Quienes participen por el ejercicio de sus funciones pÃºblicas, o por su oficio o profesiÃ³n, en la formalizaciÃ³n de actos, operaciones o situaciones que este CÃ³digo o leyes fiscales especiales consideren como hechos imponibles o servicios retribuibles o beneficios que sean causa de contribuciones. 5) Quienes sean designados agentes de recaudaciÃ³n, retenciÃ³n o percepciÃ³n de tributos provinciales. 6) Los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso previstas en la ley nacional 24.441, cuando el fideicomiso sea sujeto del impuesto segÃºn lo dispuesto en el inciso 6) del artÃculo 22. Solidaridad de los responsables por deuda ajena ArtÃculo 26. En el caso de los agentes de recaudaciÃ³n, retenciÃ³n o percepciÃ³n responderÃ¡n con sus bienes propios y solidariamente con el contribuyente cuando: a) Habiendo retenido, percibido y/o recaudado el tributo lo dejaron de ingresar en el plazo indicado por las normas legales, siempre que el contribuyente acredite la retenciÃ³n, percepciÃ³n o recaudaciÃ³n realizada. b) Omitieron retener, percibir o recaudar el tributo, salvo que acrediten que el contribuyente ha ingresado al fisco tales importes, sin perjuicio de responder por la mora y por las infracciones cometidas. El resto de los responsables mencionados en el artÃculo 25 responderÃ¡n de igual manera, sin perjuicio de las sanciones que establezca este CÃ³digo y otras leyes fiscales, cuando intencionalmente o por culpa facilitaren y ocasionaren el incumplimiento de la obligaciÃ³n fiscal del contribuyente o demÃ¡s responsables, salvo que demuestre que el contribuyente o responsable los haya colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y tempestivamente con su obligaciÃ³n. Responsabilidad de los sucesores a tÃtulo particular ArtÃculo 27. Los sucesores a tÃtulo particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones o en bienes que constituyan el objeto del hecho imponible o servicios retribuibles o beneficios causas de contribuciones, responderÃ¡n con el contribuyente y demÃ¡s responsables por el pago de impuestos, tasas y contribuciones, recargos, multas o intereses. La responsabilidad de los adquirentes en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducarÃ¡: 1) A los ciento veinte (120) dÃas de efectuada la denuncia ante la DirecciÃ³n provincial de Rentas y si durante ese lapso Ã©sta no determinara presuntos crÃ©ditos fiscales. 2) En cualquier momento en que la DirecciÃ³n provincial de Rentas reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relaciÃ³n al gravamen que pudiere adeudarse o en que acepte la garantÃa que Ã©ste ofrezca a ese efecto. Pago de reliquidaciones retroactivas ArtÃculo 28. Los contribuyentes no quedan excusados del pago retroactivo de las diferencias de gravÃ¡menes, actualizaciones, intereses, recargos y multas que surjan como consecuencia de reliquidaciones, cuando la AdministraciÃ³n haya aceptado el pago de tributos de acuerdo a los valores vigentes con anterioridad a la operaciÃ³n de reajuste, en virtud de haber sido inducida a error en la liquidaciÃ³n originaria por la actividad dolosa o culposa del sujeto pasivo. En los casos de disminuciÃ³n tendrÃ¡n derecho a la devoluciÃ³n o acreditaciÃ³n de las sumas abonadas de mÃ¡s. TÃtulo sexto. Del domicilio fiscal ConstituciÃ³n del domicilio fiscal ArtÃculo 29. El domicilio fiscal deberÃ¡ constituirse siempre en el territorio de la Provincia del NeuquÃ©n conforme a las siguientes normas: 1) Para las personas de existencia visible: a) El lugar de su residencia habitual. b) De hal arse la residencia habitual fuera de la Provincia, el lugar donde ejerza suactividad, o el del domicilio de su representante, en la Provincia. De existir dificultad para determinarlo conforme estos parÃ¡metros, se lo considerarÃ¡ situado en el lugar donde se encuentren sus bienes o donde se realicen o se hayan realizado los hechos imponibles. 2) Para las personas de existencia ideal regularmente constituidas: a) El domicilio inscripto ante la autoridad administrativa de contralor de las personas jurÃdicas o ante el Registro PÃºblico de Comercio, segÃºn corresponda. b) De encontrarse situado el domicilio mencionado en el inciso a) fuera del territorio de la Provincia, el del domicilio de su representante, el lugar donde se encuentren sus bienes o donde se desarrol an o hayan desarrol ado sus actividades en la Provincia. 3) Para las personas de existencia ideal no constituidas regularmente: a) El del lugar de la Provincia donde se encuentra el domicilio de alguno de sus integrantes. b) De encontrarse situado el domicilio de todos sus integrantes fuera del territorio de la Provincia, el lugar donde se encuentren sus bienes, donde ejercen las actividades sometidas a los tributos o donde se realicen o hayan realizado los hechos imponibles. En los casos en que el domicilio fiscal establecido en base a los criterios precedentes se encuentre fuera del territorio provincial, el contribuyente deberÃ¡ constituir domicilio fiscal ante la DirecciÃ³n provincial dentro de los lÃmites de la Provincia del NeuquÃ©n. Concepto y efectos del domicilio fiscal ArtÃculo 30. Cuando los contribuyentes no cumplimenten la obligaciÃ³n de consignar su domicilio fiscal ante la DirecciÃ³n provincial en el plazo que fije la reglamentaciÃ³n o de notificar su cambio en el tÃ©rmino de diez (10) dÃas de producido, se tendrÃ¡ por subsistente el Ãºltimo domicilio informado, excepto el caso de los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario, que quedarÃ¡ constituido en el lugar del inmueble. El domicilio fiscal de los contribuyentes y demÃ¡s responsables tiene el carÃ¡cter de domicilio constituido para todos los efectos tributarios en procedimientos administrativos y procesos judiciales, siendo vÃ¡lidas y vinculantes todas las notificaciones administrativas y judiciales que al Ã se realicen. Deber de consignar el domicilio y consecuencias del incumplimiento ArtÃculo 31. El domicilio fiscal deberÃ¡ ser consignado en las declaraciones juradas y en toda presentaciÃ³n de los obligados ante la DirecciÃ³n provincial. Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de este deber formal, se reputarÃ¡ subsistente el Ãºltimo que se haya comunicado en la forma debida. TÃtulo sÃ©ptimo. De los deberes formales de los contribuyentes, terceros y demÃ¡s responsables Deberes generales ArtÃculo 32. Los contribuyentes y demÃ¡s responsables deberÃ¡n cumplir con los deberes que este CÃ³digo, las leyes fiscales y sus reglamentaciones establezcan con el fin de facilitar la percepciÃ³n, determinaciÃ³n, verificaciÃ³n y fiscalizaciÃ³n de los impuestos, tasas y contribuciones, sus accesorios y sanciones de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de los que se establezcan de manera especial, estarÃ¡n obligados a: 1) Inscribirse ante la DirecciÃ³n provincial en las formas, plazos y condiciones que determine la reglamentaciÃ³n. 2) Presentar declaraciÃ³n jurada determinativa de las obligaciones fiscales cuando resulten contribuyentes o responsables del pago de tributos establecidos por este CÃ³digo o leyes impositivas especiales, cuando se disponga expresamente. 3) Comunicar a la DirecciÃ³n dentro de los diez (10) dÃas de verificado cualquier cambio en su situaciÃ³n que pueda dar origen a nuevos hechos imponibles, o modificar o extinguir hechos imponibles existentes. 4) Conservar de manera ordenada, y por un lapso que no podrÃ¡ ser inferior a los diez (10) aÃ±os, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes relacionados con operaciones o situaciones que constituyen materia gravada y que puede ser utilizada para establecer la veracidad de las declaraciones juradas, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado. La DirecciÃ³n podrÃ¡ incluir o excluir determinados elementos de esta obligaciÃ³n segÃºn las modificaciones que se produzcan en las prÃ¡cticas y tÃ©cnicas en lo concerniente a registros y sistemas de archivos de datos e informaciones. 5) Mantener en condiciones operativas los soportes informÃ¡ticos respectivos utilizados por el tÃ©rmino de diez (10) aÃ±os, contados a partir de la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal. Asimismo, deberÃ¡n informar de manera documentada todo lo relacionado con el equipamiento y los programas o aplicativos utilizados, ya sea que el proceso sea l evado a cabo con equipos propios o de terceros. Finalmente, deberÃ¡n permitir el uso del equipamiento para las tareas de los funcionarios a cargo de la fiscalizaciÃ³n. 6) Emitir facturas o documentos equivalentes por las operaciones que se realicen, en la forma y condiciones establecidas en la legislaciÃ³n vigente. 7) Presentar o exhibir la documentaciÃ³n mencionada precedentemente y toda otra que fuere requerida por la DirecciÃ³n, en ejercicio de su facultad de fiscalizaciÃ³n, sea respecto del contribuyente, responsable o de un tercero. 8) Contestar todo pedido de informes o aclaraciones referido a la materia tributaria o documentaciÃ³n relacionada con el a, sea en asuntos propios o de terceros contribuyentes o no. 9) Comunicar con carÃ¡cter previo la decisiÃ³n de iniciar las actividades sujetas a los tributos provinciales o la de disponer el cese de el as. 10) Facilitar a los funcionarios competentes la realizaciÃ³n de inspecciones, fiscalizaciones o determinaciones impositivas permitiendo el acceso al domicilio fiscal y en cualquier lugar, sean establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depÃ³sitos, oficinas en viviendas, embarcaciones, aeronaves y otros medios de comunicaciÃ³n, con la finalidad de permitir la verificaciÃ³n de las actividades desarrol adas y de toda la documentaciÃ³n relacionada con el as, que le fuere requerida. 11) Concurrir a las oficinas de la DirecciÃ³n cuando su presencia sea requerida y presentar la documentaciÃ³n que le fuera solicitada. 12) En general, facilitar con todos los medios a su alcance, las tareas de verificaciÃ³n, fiscalizaciÃ³n y determinaciÃ³n tributarias. Registraciones especiales ArtÃculo 33. La DirecciÃ³n podrÃ¡ imponer -con carÃ¡cter general- a categorÃas de contribuyentes y responsables, l even o no contabilidad rubricada, el deber de tener regularmente uno (1) o mÃ¡s libros en que se anoten las operaciones y los actos relevantes a los fines de la determinaciÃ³n de las obligaciones fiscales. Deberes de los terceros ArtÃculo 34. La DirecciÃ³n podrÃ¡ requerir a terceros, y Ã©stos estarÃ¡n obligados a suministrarle todos los informes que se refieran a hechos que, en el ejercicio de sus actividades profesionales o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos imponibles segÃºn las normas de este CÃ³digo y otras leyes fiscales, salvo en el caso en que normas del Derecho nacional o provincial establezcan para esas personas el deber del secreto profesional. Deberes de los organismos pÃºblicos ArtÃculo 35. Todos los organismos y entes estatales, sean nacionales, provinciales o municipales, estÃ¡n obligados a suministrar informes a requerimiento de la DirecciÃ³n acerca de los hechos que l eguen a su conocimiento en el desempeÃ±o de sus funciones y que puedan constituir o modificar hechos imponibles, salvo cuando disposiciones expresas se lo prohÃban. Deberes de los escribanos y oficinas pÃºblicas ArtÃculo 36. Ninguna oficina pÃºblica tomarÃ¡ razÃ³n de actuaciÃ³n o tramitaciÃ³n alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales vencidas, cuyo cumplimiento no se pruebe con certificado expedido por la DirecciÃ³n. Los escribanos autorizantes deberÃ¡n asegurar el pago de dichas obligaciones quedando facultados para retener o requerir de los contribuyentes los fondos necesarios a ese efecto. Deberes de las autoridades que otorguen licencias comerciales ArtÃculo 37. Las municipalidades, comisiones de fomento y/o autoridades que expidan licencias comerciales no otorgarÃ¡n las mismas hasta tanto el o los responsables no justifiquen su inscripciÃ³n en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, debiendo constar el nÃºmero de inscripciÃ³n del contribuyente en el respectivo certificado de habilitaciÃ³n. Deberes de informaciÃ³n de los funcionarios pÃºblicos ArtÃculo 38. Los agentes y funcionarios de la AdministraciÃ³n PÃºblica provincial, de sus organismos autÃ¡rquicos o descentralizados, de las municipalidades y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, estÃ¡n obligados a comunicar a la DirecciÃ³n provincial de Rentas, a su requerimiento, los hechos que l eguen a su conocimiento en el desempeÃ±o de sus tareas o funciones y que puedan constituir o modificar hechos imponibles, salvo cuando disposiciones expresas se lo prohÃban. Los seÃ±ores jueces que en cumplimiento de sus funciones tomen conocimiento de la existencia de impuestos impagos que recauda la DirecciÃ³n provincial de Rentas, deberÃ¡n exigir que se demuestre el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante constancias extendidas por la DirecciÃ³n provincial de Rentas. Asimismo los seÃ±ores jueces dispondrÃ¡n el libramiento de oficio a la DirecciÃ³n provincial de Rentas comunicando la iniciaciÃ³n de juicios universales, dentro de los cinco (5) dÃas de producida, a fin de que tome la intervenciÃ³n que corresponda. Deber de facilitar el ejercicio de las facultades de verificaciÃ³n ArtÃculo 39. La DirecciÃ³n podrÃ¡ requerir en cualquier momento a los contribuyentes o a terceros la realizaciÃ³n de inventarios, avalÃºos, tasaciones o peritajes para determinar valores o establecer situaciones que constituyan o modifiquen hechos imponibles sujetos a las normas de este CÃ³digo y otras normas fiscales. Asimismo, quedarÃ¡ facultada para determinar la forma y manera de proceder para la fijaciÃ³n de los valores de los bienes sujetos a imposiciÃ³n o para la estimaciÃ³n de la materia imponible en aquel os casos en que por determinada razÃ³n no pudiese establecerse de acuerdo a como lo preceptÃºa este CÃ³digo o no estuviese contemplado en Ã©l. TÃtulo octavo. De la determinaciÃ³n de las obligaciones fiscales Declaraciones juradas de los contribuyentes y responsables. LiquidaciÃ³n administrativa ArtÃculo 40. La determinaciÃ³n de las obligaciones fiscales se efectuarÃ¡ sobre la base de declaraciones juradas que los contribuyentes y demÃ¡s responsables presenten a la DirecciÃ³n, en la forma y tiempo que la ley, el Poder Ejecutivo o la DirecciÃ³n establezcan, salvo cuando este CÃ³digo u otra ley fiscal especial indiquen expresamente otro procedimiento. La declaraciÃ³n jurada deberÃ¡ contener todos los elementos y datos necesarios para hacer conocer el hecho imponible y el monto de la obligaciÃ³n fiscal correspondiente. La DirecciÃ³n provincial de Rentas podrÃ¡ disponer con carÃ¡cter general cuando asÃ convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidaciÃ³n administrativa de la obligaciÃ³n tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes o responsables o los que el oganismo posea. VerificaciÃ³n de las declaraciones juradas presentadas ArtÃculo 41. Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de los impuestos y contribuciones que de el as resulten, salvo error de cÃ¡lculo o de concepto, sin perjuicio de la obligaciÃ³n fiscal que en definitiva determine la DirecciÃ³n. El incumplimiento habilitarÃ¡ la ejecuciÃ³n por la vÃa de apremio sin mÃ¡s trÃ¡mite. Las liquidaciones administrativas que realice la DirecciÃ³n provincial de Rentas y que surjan de la informaciÃ³n contenida en declaraciones juradas que el contribuyente ha presentado ante otros organismos pÃºblicos deberÃ¡n ser abonadas dentro de los quince (15) dÃas hÃ¡biles de requerido el pago. Las presentaciones o recursos que interponga el contribuyente observando o impugnando la liquidaciÃ³n, interrumpen la obligaciÃ³n de pagarla en el tÃ©rmino fijado. DeterminaciÃ³n de oficio de las obligaciones tributarias ArtÃculo 42. La DirecciÃ³n determinarÃ¡ de oficio la obligaciÃ³n fiscal, sobre base cierta o presunta, en los siguientes casos: 1) Cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado la declaraciÃ³n jurada. 2) Cuando la declaraciÃ³n jurada resultare inexacta por falsedad o error de los datos o por errÃ³nea aplicaciÃ³n de las normas fiscales. 3) En los casos que por la naturaleza del impuesto no existiere el deber formal de presentar declaraciÃ³n jurada y la obligaciÃ³n fiscal se encuentre incumplida. Modos de determinaciÃ³n de oficio ArtÃculo 43. La determinaciÃ³n sobre base cierta corresponderÃ¡ cuando los contribuyentes, responsables o terceros, suministren a la DirecciÃ³n todos los elementos comprobatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles, o cuando este CÃ³digo u otra ley establezcan taxativamente los hechos y las circunstancias que la DirecciÃ³n debe tener en cuenta a los fines de la determinaciÃ³n. En caso contrario, corresponderÃ¡ la determinaciÃ³n sobre base presunta. La DirecciÃ³n efectuarÃ¡, considerando todos los hechos y circunstancias, que por su vinculaciÃ³n o conexiÃ³n normal con lo que este CÃ³digo o las leyes fiscales especiales consideran como hecho imponible permitan inducir, en el caso particular la existencia y el monto del mismo. DeterminaciÃ³n de oficio sobre base presunta ArtÃculo 44. A los fines de la determinaciÃ³n sobre base presunta, podrÃ¡n servir especialmente como indicios el capital invertido en la explotaciÃ³n, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros perÃodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderÃas, el rendimiento normal del negocio o explotaciÃ³n o de empresas similares, los gastos generales de aquÃ©l os, los salarios, el consumo de gas o energÃa elÃ©ctrica, la adquisiciÃ³n de materias primas o envases, los servicios de transporte utilizados, la venta de subproductos, el alquiler del negocio y de la casa-habitaciÃ³n, el nivel de vida del contribuyente y cualquier otro elemento de juicio que permita inducir la existencia y monto del tributo. Presunciones de base imponible ArtÃculo 45. En la determinaciÃ³n sobre base presunta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos podrÃ¡ tomarse como presunciÃ³n general, salvo prueba en contrario, que son ingresos alcanzados por el tributo: 1) Las diferencias de ingresos establecidas mediante el sistema de control de ventas, prestaciones y/o locaciones de obras y/o servicios, conforme el procedimiento que sigue: 1.a) El resultado de promediar el total de los ingresos controlados por la DirecciÃ³n en no menos de diez (10) dÃas continuos o alternados de un mismo mes, fraccionados en dos (2) perÃodos de cinco (5) dÃas cada uno, con un intervalo entre el os no inferior a siete (7) dÃas, multiplicado por el nÃºmero de sus dÃas hÃ¡biles comerciales, constituye el ingreso bruto gravado de ese mes. 1.b) Si el mencionado control se realizara durante no menos de cuatro (4) meses continuos o alternados de un mismo ejercicio fiscal, el promedio de ventas constatadas podrÃ¡ aplicarse a los restantes meses no controlados del citado ejercicio fiscal y de los perÃodos no prescriptos, impagos total o parcialmente, siempre y cuando no sean actividades con marcada estacionalidad. Cuando se tratare de actividades estacionales, se deberÃ¡n tomar como mÃnimo dos (2) meses de temporada alta y dos (2) meses de temporada baja, aplicÃ¡ndose el promedio de ventas verificadas de igual forma que en el pÃ¡rrafo anterior. Cuando no existan otras formas de determinaciÃ³n sobre base cierta o presunta, la presente presunciÃ³n podrÃ¡ trasladarse a los restantes perÃodos fiscales no prescriptos. AdemÃ¡s de la estacionalidad, y en caso de corresponder, se deberÃ¡ tener en cuenta si con anterioridad a la realizaciÃ³n del punto fijo se han producido modificaciones que hubiesen alterado los ingresos normales del comercio, tales como ampliaciones o apertura de sucursales, o reducciones o cierre de sucursales; para proceder a la aplicaciÃ³n a los restantes meses no controlados del ejercicio fiscal y a los perÃodos no prescriptos. 2) Las diferencias de ingresos establecidas por haberse detectado operaciones de ventas, prestaciones y/o locaciones de obras y/o servicios, no registradas o contabilizadas, cuando se l even libros o registraciones contables o extracontables. En el caso en que se comprueben operaciones no registradas o no contabilizadas impositivamente durante un perÃodo fiscalizado, que puede ser inferior a un (1) mes, el porcentaje que resulte de compararlos con las operaciones de ese mismo perÃodo, registradas y facturadas conforme a las normas de facturaciÃ³n vigentes, aplicado sobre las ventas, prestaciones y/o locaciones de obras y/o servicios de los perÃodos no prescriptos, determinarÃ¡, salvo prueba en contrario y previo reajuste en funciÃ³n de la estacionalidad de la actividad o ramo inspeccionado, el monto de las diferencias omitidas. 3) Las diferencias de ingresos establecidas por haberse detectado compras y/o gastos relacionados con la explotaciÃ³n, no registrados o contabilizados; cuando se l even libros o registraciones contables o extracontables. 3.a) En el caso de las compras: se considerarÃ¡ ventas omitidas del perÃodo en que se efectuaron, el monto resultante de adicionar a dichas compras el porcentaje de utilidad bruta sobre compras, declaradas por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas impositivas y, a falta de aquÃ©l as, cualquier otro elemento de juicio que permita establecer dicho porcentaje de utilidad bruta. 3.b) En el caso de los gastos: representan ingresos brutos omitidos del perÃodo fiscal en que se realizaron. 3.c) En el caso de compras y gastos detectados conjuntamente y cuando sea imposible su discriminaciÃ³n: se considerarÃ¡n ventas omitidas del perÃodo en que se efectuaron, el monto resultante de adicionar a dichas compras y gastos el porcentaje de utilidad neta declaradas por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas impositivas y, a falta de aquÃ©l as, cualquier otro elemento de juicio que permita establecer dicho porcentaje de utilidad neta. 4) Cuando se detecte que durante un perÃodo fiscal el importe total de las compras es superior o igual al de las ventas declaradas, registradas, facturadas o informadas o cuando el total de compras detectadas sea inferior a las ventas antes citadas, en una magnitud tal que multiplicando dichas compras por el porcentaje de utilidad bruta y adicionando este valor a las mismas el monto total resultante supere a dichas ventas, se considerarÃ¡n ingresos gravados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo al procedimiento que se detal a a continuaciÃ³n. En este caso se efectuarÃ¡ la sumatoria de las compras detectadas, mÃ¡s todos los gastos inherentes al giro del comercio tales como alquileres, servicios de gas, energÃa elÃ©ctrica, telÃ©fono, agua y saneamiento, seguros, seguridad y vigilancia, transporte, publicidad, sueldos, tasas municipales, y otros gastos varios de la explotaciÃ³n; mÃ¡s los gastos particulares (alimentaciÃ³n, vestimenta, combustible, educaciÃ³n, salud, servicio domÃ©stico, alquiler, etc.) acorde al nivel de vida, del/los propietario/s o socio/s. La sumatoria de todos los conceptos mencionados anteriormente deberÃ¡ confrontarse con el monto resultante de aplicar sobre las compras detectadas el porcentaje de utilidad bruta declarada por el sujeto pasivo en sus declaraciones juradas impositivas y a falta de aquÃ©l a, se calcularÃ¡ el porcentaje de remarcaciÃ³n por comparaciÃ³n entre los precios de compra y los precios de venta vigentes para los distintos productos, o cualquier otro elemento de juicio que permita establecer dicho porcentaje de utilidad bruta, atento a lo determinado por la DirecciÃ³n provincial de Rentas. DeberÃ¡ computarse el mayor de los dos (2) importes resultantes de los procedimientos detal ados en los pÃ¡rrafos anteriores, el cual serÃ¡ considerado como ingreso gravado del perÃodo fiscal, los que deberÃ¡n ser asignados o prorrateados mensualmente en caso de no contar con tal desagregaciÃ³n, en funciÃ³n de las ventas gravadas que se hubieran declarado, registrado o determinado en los respectivos meses. Si se tratare de actividades en las cuales las compras o insumos utilizados representen un bajo porcentaje de participaciÃ³n respecto al precio final, se deberÃ¡ tener una mayor consideraciÃ³n al establecer el porcentaje de utilidad bruta. Todas las compras y gastos citados anteriormente se computarÃ¡n independientemente que se encuentren cancelados o no. En relaciÃ³n a los sueldos y jornales, se considerarÃ¡n los relacionados con la explotaciÃ³n, ya sea de administraciÃ³n, comercializaciÃ³n, ventas y otros, incluyendo las cargas sociales, y los mismos se computarÃ¡n aunque no se encuentren declarados ante los organismos fiscales correspondientes, previa elaboraciÃ³n de un acta de comprobaciÃ³n por parte del inspector actuante en la cual consten todos los datos de los empleados, antigÃ¼edad e ingresos mensuales. En el caso de detectarse familiares o terceros que manifiesten no ser empleados ni propietarios, y tengan permanencia continua en el comercio -aunque no sea de turno completorealizando tareas inherentes al mismo, se considerarÃ¡ para cada uno de el os un sueldo acorde a la jerarquÃa de la tarea efectuada. En caso de no obtener el monto del alquiler de la casa-habitaciÃ³n o de los locales en los cuales se desarrol a la actividad, o que los importes declarados por el contribuyente o responsable resulten notablemente inferiores a los del mercado, los inspectores actuantes deberÃ¡n solicitar por escrito como mÃnimo a dos (2) inmobiliarias el valor estimativo de locaciÃ³n, acorde a la zona y caracterÃsticas del inmueble; a efectos de conformar un valor promedio y computarlo en la sumatoria arriba citada. Respecto a los gastos particulares del/los dueÃ±o/s o socio/s, se deberÃ¡n requerir los resÃºmenes mensuales de tarjetas de crÃ©dito, facturas de gas, energÃa elÃ©ctrica, telÃ©fono, contrato de alquiler o recibos de pago, gastos en servicio domÃ©stico, obras sociales prepagas, cuotas de instituciones de enseÃ±anza privada, seguros de automotores e inmuebles, y otros gastos de cada grupo familiar relacionado con la explotaciÃ³n. En caso de no aportar -total o parcialmente- la documentaciÃ³n respaldatoria de tales gastos, se deberÃ¡ solicitar a los responsables una manifestaciÃ³n con carÃ¡cter de declaraciÃ³n jurada detal ando el concepto y monto mensual de los mismos. 5) Las diferencias de ingresos establecidas por haberse detectado cuentas bancarias o depÃ³sitos bancarios constituyen ingresos brutos gravados en el respectivo perÃodo fiscal. A tales fines, tambiÃ©n se considerarÃ¡n ingresos vinculados con el ejercicio de la actividad ejercida por el contribuyente los depÃ³sitos en las cuentas bancarias de los integrantes de los Ã³rganos de administraciÃ³n, de los representantes legales de la firma inspeccionada y de sus dependientes, asÃ como los del cÃ³nyuge en el caso de contribuyentes unipersonales, salvo que Ã©stos acrediten que el uso de las operatorias referidas resulta ajeno a las actividades gravadas del contribuyente. 6) Las diferencias de ingresos establecidas por haberse detectado incrementos patrimoniales no justificados, segÃºn el procedimiento que se detal a a continuaciÃ³n. Los incrementos patrimoniales no justificados se deberÃ¡n incrementar en un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida y al monto resultante se le aplicarÃ¡ el Ãndice que resulte de relacionar el total de las operaciones de ventas declaradas o registradas con la utilidad neta del ejercicio en cuestiÃ³n. La utilizaciÃ³n de la relaciÃ³n entre ventas y utilidad radica en que la misma muestra cuÃ¡l debe ser el monto de ventas para obtener una determinada ganancia, por lo que todo incremento patrimonial no justificado denota una utilidad no declarada generada por ventas omitidas; en consecuencia sÃ³lo de la relaciÃ³n entre ventas y utilidad declaradas es posible determinar cuÃ¡nto fue necesario vender para obtener una ganancia igual al incremento patrimonial mÃ¡s un diez por ciento (10%). La suma resultante constituirÃ¡ los ingresos gravados omitidos correspondientes al ejercicio fiscal en el cual se produjo el incremento patrimonial no justificado; y se atribuirÃ¡n en forma mensual prorrateÃ¡ndolas en funciÃ³n de las ventas gravadas que se hubieran declarado, registrado o determinado en los respectivos meses. 7) PresunciÃ³n en funciÃ³n de declaraciones juradas presentadas o determinadas de oficio. ConstituirÃ¡n ingresos brutos gravados para los perÃodos fiscalizados, los importes resultantes de la aplicaciÃ³n de los coeficientes progresivos-regresivos publicados mensualmente por este organismo sobre las bases imponibles declaradas o determinadas de oficio respecto de cualquiera de los anticipos o saldos de declaraciones juradas anteriores o posteriores al perÃodo que se liquida, siempre que se trate de perÃodos fiscales no prescriptos. 8) Las diferencias fÃsicas de inventarios de mercaderÃas comprobadas por esta DirecciÃ³n provincial, luego de su valorizaciÃ³n y acorde al procedimiento que mÃ¡s abajo se detal a, representarÃ¡n para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, montos de ingresos gravados omitidos. Las diferencias de inventario, en unidades fÃsicas, son las que se producen entre la existencia de bienes de cambio que debiera haber a un momento determinado, en funciÃ³n de la evoluciÃ³n de ventas y compras, y la existencia de bienes de cambio que realmente comprueba la DirecciÃ³n. A tal fin, al inventario final del perÃodo fiscal cerrado inmediato anterior a aquel a que se verifiquen las diferencias de inventarios, que surja del respectivo Libro de Inventarios y Balances u otra documentaciÃ³n o registros aportados por el contribuyente, se le adicionan las compras realizadas entre el comienzo del ejercicio en curso y la fecha de toma de inventario por parte de esta DirecciÃ³n y se le detraen las ventas efectuadas a la misma fecha. La cantidad resultante representa el inventario que debiera haber a dicha fecha, en funciÃ³n de los elementos de prueba aportados por el contribuyente (facturas de compras y ventas), la cual se compara con el inventario efectuado por el organismo. Si existe una diferencia fÃsica negativa o de menos, es decir cuando el inventario determinado por el fisco sea mayor al que surge de las registraciones y documentaciÃ³n aportada por el contribuyente, tal diferencia comprobada por el organismo generarÃ¡ el ajuste correspondiente. La diferencia fÃsica de inventario se aumentarÃ¡ en un diez por ciento (10%) y al importe resultante se lo multiplicarÃ¡ por el coeficiente de rotaciÃ³n de inventarios. El incremento del diez por ciento (10%) es en concepto de mayor consumo, es decir, si el contribuyente obtuvo ganancias que le permitieron poseer una cierta cantidad de stock no declarado tambiÃ©n pudo obtener ganancias que no estÃ¡n materializadas en su patrimonio final y las ha consumido. El Coeficiente de RotaciÃ³n de Inventarios se obtiene calculando el coeficiente entre las ventas del perÃodo fiscal anterior (en unidades) y la existencia final de bienes de cambio del perÃodo fiscal anterior (en unidades), exteriorizadas por el contribuyente. Una vez obtenidas las ventas omitidas en unidades se debe proceder a valorizarlas y prorratearlas mensualmente. Para el o, en primer lugar se calcula el porcentaje de omisiÃ³n efectuando el cociente entre las ventas omitidas en unidades y las ventas declaradas en unidades. Una vez calculado el porcentaje de omisiÃ³n, debe aplicarse a las unidades vendidas en cada uno de los meses del aÃ±o fiscal, multiplicando al resultado por el precio de venta promedio vigente en cada mes; obteniendo asÃ los montos de ventas omitidas. Cabe aclarar que toda operatoria expuesta anteriormente, siempre debe ser aplicada a las ventas gravadas por el impuesto. 9) Las diferencias de ingresos calculadas con el procedimiento que se detal a a continuaciÃ³n, cuando no se presentaren o no existieren comprobantes respaldatorios de ventas, compras y/o de gastos inherentes al giro del comercio y/o gastos particulares, o los mismos fueren parciales y de escasa representatividad en relaciÃ³n a la explotaciÃ³n; y ademÃ¡s no hubieren libros o registraciones. En estos casos podrÃ¡ aplicarse para los perÃodos bajo fiscalizaciÃ³n el promedio de ingresos declarados o determinados a contribuyentes que desarrol en la misma actividad, considerando explotaciones de similar magnitud y movimiento comercial acorde a su localizaciÃ³n. Si no contare con tales datos comparativos, se podrÃ¡ tomar otros indicadores o elementos de juicio que permitan una razonable estimaciÃ³n de los ingresos gravados. La aplicaciÃ³n de los mÃ©todos presuntivos enumerados en los incisos precedentes deberÃ¡n en todos los casos estar respaldados por tÃ©cnicas adecuadas y realizadas con la prudencia necesaria, de manera tal de no alterar la razonabilidad de los resultados obtenidos. PresunciÃ³n en funciÃ³n de declaraciones juradas presentadas ArtÃculo 46. En los casos en que los contribuyentes omitieran presentar declaraciones juradas en oportunidad de producirse su vencimiento y la DirecciÃ³n provincial de Rentas conozca por declaraciones juradas o determinaciones de oficio la medida en que les ha correspondido tributar el gravamen en perÃodos anteriores o posteriores, se los podrÃ¡ intimar para que dentro del plazo de quince (15) dÃas las presenten e ingresen el tributo correspondiente. Si dentro de dicho plazo los responsables no regularizan su situaciÃ³n, la DirecciÃ³n provincial de Rentas podrÃ¡ determinar de oficio las obligaciones fiscales adeudadas de acuerdo al siguiente procedimiento. El importe correspondiente al impuesto se calcularÃ¡ tomando como base el monto declarado o determinado de oficio respecto de cualquiera de los anticipos o saldos de declaraciones juradas anteriores o posteriores, de perÃodos fiscales no prescriptos. El monto a que hace referencia el pÃ¡rrafo anterior se ajustarÃ¡ de acuerdo con la variaciÃ³n del Ãndice de precios internos al por mayor, o el que se disponga en su reemplazo, operada entre el mes calendario del vencimiento del anticipo o saldo de declaraciÃ³n jurada tomado como base y el mes calendario correspondiente al del vencimiento de la obligaciÃ³n que se determina. El importe asÃ calculado estarÃ¡ sujeto al rÃ©gimen de intereses, desde el vencimiento del perÃodo liquidado hasta el momento de pago, segÃºn lo establecido en la parte general de este CÃ³digo Fiscal. La determinaciÃ³n serÃ¡ notificada al contribuyente, quien deberÃ¡ abonar el importe resultante de la misma dentro de los diez (10) dÃas siguientes. Si el monto determinado fuere inferior al que le corresponde tributar, el contribuyente deberÃ¡ ingresar este Ãºltimo, con los intereses correspondientes. Si finalizado el procedimiento contencioso fiscal hubiere -sobre los impuestos abonados excedentes a favor del contribuyente, Ã©ste se compensarÃ¡ o se considerarÃ¡ como crÃ©dito a favor del mismo, para ser imputado al primer vencimiento del impuesto posterior a la fecha del pedido por parte del responsable. Sin perjuicio del procedimiento previsto en el presente artÃculo, la DirecciÃ³n provincial queda facultada para verificar las obligaciones fiscales del contribuyente de acuerdo a los artÃculos 42, siguientes y concordantes de este CÃ³digo Fiscal. Conformidad del contribuyente o responsable con los ajustes de inspecciÃ³n ArtÃculo 47. Las liquidaciones practicadas por inspectores y demÃ¡s empleados que intervienen en la fiscalizaciÃ³n de los tributos no constituyen determinaciÃ³n administrativa de aquÃ©l os, la que sÃ³lo compete al director provincial y subdirector provincial o a quien se designe para sustituirlo. No serÃ¡ necesario dictar resoluciÃ³n determinativa de oficio de la obligaciÃ³n tributaria si con anterioridad a dicho acto el responsable prestase conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que tendrÃ¡ los efectos de una declaraciÃ³n jurada para el responsable. Queda expedita la vÃa de apremio en el supuesto de no efectuarse el pago en el tÃ©rmino de quince (15) dÃas de conformado el ajuste. Sin perjuicio de lo expresado en este pÃ¡rrafo, podrÃ¡ iniciarse el sumario a los efectos de juzgar la conducta del contribuyente o responsable. Ejercicio de las facultades de fiscalizaciÃ³n y verificaciÃ³n ArtÃculo 48. Con el fin de asegurar la verificaciÃ³n de las declaraciones juradas de los contribuyentes y responsables y el exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus deberes formales, la DirecciÃ³n podrÃ¡: a) Exigir de los mismos en cualquier tiempo, en tanto no se hubiere operado la prescripciÃ³n, la exhibiciÃ³n de libros y comprobantes de las operaciones, actos, situaciones, servicios, beneficios o mejoras que puedan constituir hechos imponibles. b) Enviar inspecciones a los lugares y establecimientos donde se realicen los actos u operaciones, se presten los servicios, se obtengan los beneficios o mejoras o se ejerzan las actividades sujetas a obligaciones fiscales, a los lugares en que se l even libros u obren otros antecedentes vinculados con dichos actos, operaciones, servicios, beneficios, mejoras o actividades y a los bienes que constituyan materia imponible. c) Requerir informes o comunicaciones escritas o verbales. d) Citar a comparecer en las oficinas de la DirecciÃ³n provincial al contribuyente y a los responsables. e) Exigir de las sucursales, agencias, oficinas o anexos que dependan de una administraciÃ³n central ubicada fuera de la Provincia, y que no puedan aportar directamente los elementos necesarios para determinar la obligaciÃ³n impositiva respectiva, la registraciÃ³n de sus operaciones en libros especiales, de manera tal que se pueda establecer contablemente el monto de la inversiÃ³n, ingresos por ventas, servicios, gastos de explotaciÃ³n, rendimiento bruto, resultados netos y demÃ¡s antecedentes que permitan conocer su real situaciÃ³n tributaria. f) Requerir, por medio del director provincial y demÃ¡s funcionarios especialmente autorizados, el auxilio de la fuerza pÃºblica y orden de al anamiento de la autoridad judicial para l evar a cabo las inspecciones o el registro de los locales y establecimientos y de los objetos y libros de los contribuyentes y responsables, cuando Ã©stos se opongan u obstaculicen la realizaciÃ³n de los mismos. Las actas y su valor probatorio ArtÃculo 49. En todos los casos del ejercicio de estas facultades de verificaciÃ³n y fiscalizaciÃ³n, los funcionarios que las efectÃºen deberÃ¡n extender actas escritas de los resultados, asÃ como de la existencia de individualizaciÃ³n de los elementos exhibidos y de las manifestaciones verbales de los contribuyentes, responsables o terceros. Estas constancias escritas, firmadas o no por los involucrados, constituirÃ¡n elementos de prueba en los procedimientos administrativos y judiciales que se instruyan para la determinaciÃ³n de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables y la aplicaciÃ³n de sanciones de cualquier naturaleza. El procedimiento de determinaciÃ³n de oficio ArtÃculo 50. El procedimiento de determinaciÃ³n de oficio se iniciarÃ¡ mediante una resoluciÃ³n dictada por el juez administrativo en la que, luego de indicar el nombre, nÃºmero de inscripciÃ³n en el gravamen y el domicilio fiscal del sujeto pasivo, se deberÃ¡n consignar los perÃodos impositivos cuestionados, las causas del ajuste que se intenta practicar, el monto del gravamen que no se habrÃa ingresado y las normas aplicables. De la resoluciÃ³n de inicio se darÃ¡ vista al contribuyente o responsable para que en el tÃ©rmino de quince (15) dÃas formule el descargo por escrito, acompaÃ±ando conjuntamente la prueba documental, y se ofrezcan todos los restantes medios probatorios que hagan al ejercicio de su derecho de defensa ante la autoridad que l eva adelante el procedimiento. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artÃculos 25 y 26 de este CÃ³digo, tambiÃ©n se darÃ¡ intervenciÃ³n en el procedimiento determinativo, y en su caso sumarial, a quienes administren o integren los Ã³rganos de administraciÃ³n de los contribuyentes y demÃ¡s responsables, a efectos de que puedan aportar su descargo y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes. El juez administrativo deberÃ¡ resolver sobre la admisibilidad o el rechazo de la prueba ofrecida en el tÃ©rmino de diez (10) dÃas. La prueba admitida y la que disponga el juez administrativo a cargo del contribuyente, deberÃ¡ producirse dentro de los treinta (30) dÃas contados a partir de su notificaciÃ³n. Este tÃ©rmino podrÃ¡ ser prorrogado por igual lapso y por Ãºnica vez mediante decisiÃ³n fundada. Sin perjuicio de el o, el juez administrativo podrÃ¡ disponer verificaciones, contralores y demÃ¡s medidas de prueba, que como medidas para mejor proveer sean necesarias para establecer la real situaciÃ³n del hecho, debiendo luego, dentro del tÃ©rmino de sesenta (60) dÃas contados a partir del vencimiento del plazo fijado en el pÃ¡rrafo anterior, dictar resoluciÃ³n fundada. En los casos en que el contribuyente o responsable no produjere la prueba dentro del plazo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, el juez administrativo podrÃ¡ dictar la resoluciÃ³n prescindiendo de el a. Transcurrido el tÃ©rmino de quince (15) dÃas sin que el contribuyente o responsable contestare la vista o lo hiciere sin ofrecer prueba alguna, el juez administrativo dictarÃ¡ dentro de los quince (15) siguientes resoluciÃ³n fundada resolviendo la cuestiÃ³n. SustanciaciÃ³n conjunta de los procedimientos de determinaciÃ³n de oficio y del sumario ArtÃculo 51. Cuando existan actuaciones tendientes a la determinaciÃ³n de oficio de las obligaciones fiscales y medien indicios fehacientes de la existencia de infracciones tributarias, el juez administrativo deberÃ¡ sustanciar conjuntamente los procedimientos determinativo y sumarial. ResoluciÃ³n final de los procedimientos de determinaciÃ³n de oficio y sumarial ArtÃculo 52. La resoluciÃ³n de ambos procedimientos deberÃ¡ contener la indicaciÃ³n del lugar y fecha en que se practique; el nombre del contribuyente, el perÃodo fiscal a que se refiere, en su caso; las disposiciones legales que se apliquen; los hechos que la sustentan; el examen de las pruebas producidas y cuestiones planteadas por el contribuyente o responsable; la tipificaciÃ³n de la infracciÃ³n; su fundamento; el gravamen adeudado; la sanciÃ³n a aplicarse y la firma del funcionario competente. DeterminaciÃ³n del crÃ©dito fiscal en los casos de contribuyentes en concursos ArtÃculo 53. Para la determinaciÃ³n del crÃ©dito fiscal en los casos de contribuyentes deudores en concurso preventivo o declarados en quiebra, no serÃ¡ de aplicaciÃ³n el procedimiento determinativo de oficio o sumarial establecido en los artÃculos 50 y subsiguientes de este CÃ³digo Fiscal. Las resoluciones determinativas dictadas por la DirecciÃ³n serÃ¡n parte de la demanda de verificaciÃ³n, tempestiva o tardÃa, ante la Sindicatura o el juez, respectivamente, conforme a las normas de la ley 24.522 o a la que en el futuro la reemplace. El o implica el agotamiento de la vÃa administrativa. En estos casos no resulta de aplicaciÃ³n lo establecido en el inciso a) del artÃculo 190 de la ley de procedimiento administrativo provincial 1284. Recurso oponible ArtÃculo 54. Las resoluciones de la DirecciÃ³n que rectifiquen una declaraciÃ³n jurada o que se efectÃºen en ausencia de las mismas, quedarÃ¡n firmes a los quince (15) dÃas de notificadas al contribuyente o responsable, salvo que en dicho lapso opte por interponer el recurso mencionado en el artÃculo 94 del presente CÃ³digo Fiscal. Transcurrido el tÃ©rmino indicado sin que la determinaciÃ³n haya sido impugnada, la DirecciÃ³n no podrÃ¡ modificarla de oficio, salvo el caso en que se descubra error, omisiÃ³n o dolo en la exhibiciÃ³n o consideraciÃ³n de los datos y elementos que sirvieron de base para la determinaciÃ³n, en cuyo caso deberÃ¡ otorgar nuevo traslado al contribuyente o responsable. TÃtulo noveno. De las infracciones a las obligaciones y deberes fiscales Recargo por simple mora para los agentes de retenciÃ³n, percepciÃ³n y recaudaciÃ³n ArtÃculo 55. La simple mora en el pago de los gravÃ¡menes por parte de los agentes de retenciÃ³n, percepciÃ³n y recaudaciÃ³n, cuando el mismo se pague espontÃ¡neamente, harÃ¡ surgir la obligaciÃ³n de abonar juntamente con aquÃ©l os un recargo que resultarÃ¡ de aplicar la siguiente escala sobre el impuesto adeudado, debidamente ajustado, de acuerdo a lo que establece este CÃ³digo Fiscal: 1) Hasta diez (10) dÃas corridos de atraso: diez por ciento (10%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. 2) Hasta treinta (30) dÃas corridos de atraso: veinte por ciento (20%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. 3) Hasta noventa (90) dÃas corridos de atraso: cuarenta por ciento (40%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. 4) Hasta ciento ochenta (180) dÃas corridos de atraso: sesenta por ciento (60%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. 5) Hasta trescientos sesenta (360) dÃas corridos de atraso: ochenta por ciento (80%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. 6) MÃ¡s de trescientos sesenta (360) dÃas corridos de atraso: cien por ciento (100%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. La aplicaciÃ³n del recargo por simple mora en el pago del impuesto, serÃ¡ automÃ¡tica y no requerirÃ¡ pronunciamiento alguno de juez administrativo, debiendo hacerse efectiva juntamente con el pago del impuesto e intereses, identificÃ¡ndose la imputaciÃ³n a dicho concepto en la forma que disponga la DirecciÃ³n provincial. El recargo previsto por el presente artÃculo serÃ¡ liberatorio de la sanciÃ³n establecida en el artÃculo 66 de este cuerpo legal. Multas por infracciÃ³n a los deberes formales de carÃ¡cter general ArtÃculo 56. Las infracciones a los deberes formales establecidos por este CÃ³digo, en otras leyes tributarias y catastrales, en decretos del Poder Ejecutivo, en resoluciones del Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas, en resoluciones de la DirecciÃ³n provincial de Rentas, tendientes a determinar la obligaciÃ³n tributaria y/o verificar y fiscalizar el cumplimiento que de el a hagan los responsables, serÃ¡n sancionadas con multas graduables entre las sumas que a tal efecto fije la ley impositiva. Multas por infracciÃ³n a los deberes de informaciÃ³n propia o de terceros ArtÃculo 57. En caso que la infracciÃ³n consista en un incumplimiento a los deberes de informaciÃ³n propia o de terceros, la multa a imponer se graduarÃ¡ entre las sumas que a tal efecto fije la ley impositiva. Multas por infracciÃ³n por falta de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n jurada ArtÃculo 58. Cuando la infracciÃ³n consista en la falta de presentaciÃ³n de declaraciones juradas, la multa se aplica en forma automÃ¡tica en la suma que a tal efecto fije la ley impositiva. El procedimiento a seguir en los casos indicados en el pÃ¡rrafo anterior podrÃ¡ iniciarse, a opciÃ³n de la DirecciÃ³n provincial de Rentas, con una notificaciÃ³n emitida por el sistema de computaciÃ³n de datos que indique claramente la o las declaraciones juradas que se imputan como no presentadas a su vencimiento y la norma incumplida. Si dentro del plazo de quince (15) dÃas a partir de la notificaciÃ³n el infractor pagare voluntariamente la multa y presentare la declaraciÃ³n jurada omitida, los importes seÃ±alados se reducen de pleno derecho a la mitad, y la infracciÃ³n no se considerarÃ¡ como un antecedente en su contra. El mismo efecto se producirÃ¡ si ambos requisitos se cumplimentaren con carÃ¡cter previo a la notificaciÃ³n mencionada. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la declaraciÃ³n jurada, deberÃ¡ sustanciarse el sumario a que se refiere el artÃculo 72, sirviendo como cabeza del mismo la notificaciÃ³n indicada precedentemente. Clausura de establecimiento ArtÃculo 59. Sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de las multas previstas en este CÃ³digo Fiscal, la DirecciÃ³n podrÃ¡ disponer la clausura por un tiempo de uno (1) a tres (3) dÃas, de los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios, que incurran en algunos de los siguientes hechos u omisiones: 1) Se haya comprobado la falta de inscripciÃ³n en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ante la DirecciÃ³n por parte del contribuyente. 2) El contribuyente omita emitir facturas o comprobantes equivalentes de una (1) o mÃ¡s de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios, o las que emita carezcan de los requisitos que establezca la DirecciÃ³n, o bien en el caso de no conservarse los duplicados o constancias de emisiÃ³n. 3) Por existir discordancia entre el original de la factura o documento equivalente y las copias existentes en poder del contribuyente o responsable. 4) Se hal en o hubieran hal ado en posesiÃ³n de bienes o mercaderÃas sobre cuya adquisiciÃ³n no aporten facturas o comprobantes emitidos en las mismas formas y condiciones del punto anterior. 5) Si el contribuyente no l eva las registraciones de las adquisiciones de bienes o servicios, o de las ventas, locaciones o prestaciones. En caso de reincidencia, el plazo de la clausura a imponer se duplicarÃ¡ de forma automÃ¡tica, tomÃ¡ndose como base el de la aplicada en la Ãºltima oportunidad. Procedimientos a sustanciar para su aplicaciÃ³n ArtÃculo 60. La clausura deberÃ¡ ser precedida de un acta de comprobaciÃ³n en la cual los agentes de la DirecciÃ³n dejarÃ¡n constancia de todas las circunstancias relativas a los hechos, a su prueba y a su encuadramiento legal. La misma acta contendrÃ¡ una citaciÃ³n para que el contribuyente o responsable comparezca a una audiencia para ejercer su defensa, munidos de las pruebas que hagan a su derecho, pudiendo asistir con patrocinio letrado. La mencionada audiencia se deberÃ¡ fijar dentro de un plazo de cinco (5) dÃas. Si se negaran a firmar o a notificarse, se dejarÃ¡ la copia en el lugar donde se l eva a cabo la actuaciÃ³n, certificÃ¡ndose tal circunstancia en el original que se incorpore al sumario. El imputado podrÃ¡ presentar un escrito antes de la audiencia, acompaÃ±ando con el mismo las pruebas que hagan a su derecho. Si Ã©ste no asistiere a la audiencia o no presentare previamente un escrito, se dejarÃ¡ constancia de el o y se procederÃ¡ al dictado de la resoluciÃ³n respectiva, con los elementos obrantes en autos. Si compareciera con posterioridad, se proseguirÃ¡n las actuaciones en el estado en que se encuentren en ese momento. La audiencia o presentaciÃ³n del escrito deberÃ¡ realizarse ante la DirecciÃ³n, debiÃ©ndose dictar resoluciÃ³n en un plazo no mayor de cinco (5) dÃas. La resoluciÃ³n que ordene la clausura dispondrÃ¡ sus alcances y el nÃºmero de dÃas que deba cumplirse. Firme la resoluciÃ³n, la DirecciÃ³n procederÃ¡ a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y seguridades del caso. PodrÃ¡ realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamiento de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren a la misma. Efectos de la clausura ArtÃculo 61. Durante el perÃodo de clausura cesarÃ¡ totalmente la actividad en los establecimientos, salvo la que fuese necesaria para la conservaciÃ³n o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producciÃ³n que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su naturaleza. No podrÃ¡ suspenderse el pago de los salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las normas laborales. ArtÃculo 62 Quien quebrantare una clausura impuesta o violare los sel os, precintos o instrumentos que hubieren sido utilizados para hacerla efectiva o para l evarla a conocimiento del pÃºblico, quedarÃ¡ sometido a las normas del CÃ³digo Penal y leyes vigentes en la materia. La DirecciÃ³n procederÃ¡ a instruir el correspondiente sumario; una vez concluido serÃ¡ elevado de inmediato al juez correspondiente. AdemÃ¡s de la sanciÃ³n penal que le pudiere corresponder, se le aplicarÃ¡ una nueva clausura por el doble de tiempo de la impuesta oportunamente. RedenciÃ³n de la clausura por pago de multa ArtÃculo 63. El contribuyente o responsable que fuere sancionado con la pena de clausura del o los establecimientos donde se haya producido cualquiera de las causales tipificadas en los incisos 2) a 5) del artÃculo 59, podrÃ¡ redimir la sanciÃ³n aplicada con el pago de una multa equivalente a la tercera parte del importe promedio mensual de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos abonados o ajustados impositivamente durante los Ãºltimos seis (6) meses a la fecha de la constataciÃ³n de la infracciÃ³n que originÃ³ la sanciÃ³n, por cada dÃa de clausura impuesta y por cada establecimiento penalizado con el cese de las actividades. El ejercicio de esta opciÃ³n, que podrÃ¡ ser efectuada por el contribuyente o responsable una (1) sola vez por cada establecimiento sancionado, deberÃ¡ manifestarse por escrito dentro del plazo para interponer el recurso contra la aplicaciÃ³n de la clausura y caducarÃ¡ en el supuesto de no abonarse la multa dentro del plazo de quince (15) dÃas de liquidado por la DirecciÃ³n el importe de la multa, conforme el procedimiento indicado en el pÃ¡rrafo anterior. La elecciÃ³n del presente instituto por el contribuyente o responsable importa el reconocimiento expreso de la existencia real de la infracciÃ³n constatada en el acta y la renuncia a todo tipo de reclamos relacionados con el procedimiento y con los efectos de la penalidad aplicada, asÃ como el de reclamar la devoluciÃ³n del importe de la multa que se vaya a ingresar. De no pagarse la multa liquidada, se procederÃ¡ a efectivizar la clausura sin mÃ¡s trÃ¡mite, atento el reconocimiento y las renuncias formuladas. Recursos contra la aplicaciÃ³n de clausuras ArtÃculo 64. Contra la resoluciÃ³n que establezca la clausura del o los establecimientos, el contribuyente o responsable podrÃ¡ interponer recurso de apelaciÃ³n ante la Justicia Penal ordinaria de la Provincia del NeuquÃ©n competente por el lugar donde se dispuso la penalidad. El recurso deberÃ¡ ser interpuesto y fundado en sede administrativa, con patrocinio letrado, dentro de los cinco (5) dÃas de notificada la resoluciÃ³n. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de los tres (3) dÃas de deducida la apelaciÃ³n deberÃ¡ remitirse el recurso y las piezas pertinentes de las actuaciones al juez competente. De no interponerse el recurso en tiempo y forma la clausura quedarÃ¡ firme, debiendo ser desestimado sin mÃ¡s el que se presente en forma extemporÃ¡nea. El recurso serÃ¡ concedido con efecto suspensivo. Conjuntamente con el recurso deberÃ¡n exponerse todos los argumentos contra la resoluciÃ³n impugnada, como tambiÃ©n acompaÃ±arse la prueba correspondiente que haga al derecho del recurrente, no admitiÃ©ndose fuera de esta oportunidad otros escritos con el objeto mencionado. PodrÃ¡ tambiÃ©n el recurrente reiterar la prueba ofrecida ante la DirecciÃ³n y que no fue admitida o que habiendo sido admitida y estando su producciÃ³n a cargo de la DirecciÃ³n no hubiera sido sustanciada. El juez en lo Penal deberÃ¡ sustanciar las pruebas que considere conducentes y disponer las verificaciones que estime necesarias para establecer la real situaciÃ³n de hecho, y dictarÃ¡ la sentencia confirmando o revocando la clausura en el tÃ©rmino de veinte (20) dÃas de recibida la causa. La resoluciÃ³n que dicte el juez serÃ¡ recurrible en los tÃ©rminos del CÃ³digo Procesal Penal de la Provincia. OmisiÃ³n del pago de impuestos. OmisiÃ³n del deber de actuar como agente de retenciÃ³n o percepciÃ³n ArtÃculo 65. El incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento, o del deber de actuar como agente de retenciÃ³n, percepciÃ³n o recaudaciÃ³n constituirÃ¡ omisiÃ³n de tributo y serÃ¡ reprimido con una multa graduable entre el veinticinco por ciento (25%) y el cien por ciento (100%) del monto del gravamen dejado de abonar, de retener, percibir o recaudar. El incumplimiento total o parcial del pago del Impuesto Inmobiliario por la falta de declaraciÃ³n de mejoras sobre inmuebles serÃ¡ reprimido con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento cincuenta por ciento (150%) del monto del gravamen dejado de abonar. No incurrirÃ¡ en la infracciÃ³n prevista quien demuestre haber dejado de cumplir total o parcialmente con su obligaciÃ³n tributaria en razÃ³n de hal arse afectado por error excusable de hecho o de derecho. DefraudaciÃ³n fiscal ArtÃculo 66. IncurrirÃ¡n en defraudaciÃ³n fiscal, y serÃ¡n pasibles de una multa graduable entre el cien por ciento (100%) y el cuatrocientos por ciento (400%) del monto que total o parcialmente se haya defraudado o intentado defraudar al fisco, y sin perjuicio de la responsabilidad penal por la comisiÃ³n de delitos comunes: a) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserciÃ³n, omisiÃ³n, simulaciÃ³n, ocultaciÃ³n, o en general cualquier maniobra con el propÃ³sito de producir o facilitar la evasiÃ³n total o parcial de las obligaciones fiscales que les incumben a el os o a otros sujetos. b) Los agentes de retenciÃ³n, percepciÃ³n o recaudaciÃ³n que mantengan en su poder impuestos retenidos, percibidos o recaudados despuÃ©s de haber vencido los plazos en que debieron hacerlos ingresar al fisco. GraduaciÃ³n de las multas ArtÃculo 67. La graduaciÃ³n de las multas a aplicar en los casos de omisiÃ³n de tributo y de defraudaciÃ³n fiscal se establecerÃ¡ teniendo en consideraciÃ³n los montos del gravamen adeudado, los antecedentes del contribuyente, la importancia de su actividad, la representatividad del monto omitido o defraudado y otros valores que deberÃ¡n merituarse en los fundamentos de la resoluciÃ³n que aplique la multa. ReducciÃ³n de sanciones de pleno derecho. Condiciones para su vigencia ArtÃculo 68. Si un contribuyente rectificare sus declaraciones juradas antes de corrÃ©rsele la vista de la resoluciÃ³n iniciando el procedimiento determinativo de oficio y de instrucciÃ³n de sumario, la multa por omisiÃ³n o por defraudaciÃ³n se reducirÃ¡ de pleno derecho al tercio (1/3) del mÃnimo legal correspondiente. Si la conformidad con la pretensiÃ³n fiscal fuera manifestada durante el transcurso del procedimiento determinativo y sumarial, antes de dictarse la resoluciÃ³n final, las multas por omisiÃ³n o defraudaciÃ³n se reducirÃ¡n de pleno derecho a las dos terceras partes (2/3) del mÃnimo legal correspondiente. En el caso que la determinaciÃ³n de oficio practicada por la DirecciÃ³n fuera consentida por el interesado, la multa que le hubiere sido aplicada por omisiÃ³n o defraudaciÃ³n quedarÃ¡ reducida de pleno derecho al mÃnimo legal. Los beneficios establecidos en este artÃculo se otorgarÃ¡n a cada contribuyente o responsable por una Ãºnica vez, y estarÃ¡n condicionados al ingreso del impuesto determinado y de la multa reducida. Presunciones de fraude ArtÃculo 69. Se presume la intenciÃ³n de defraudar al fisco, salvo prueba en contrario, cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias: 1) ContradicciÃ³n evidente entre los libros, documentos o demÃ¡s antecedentes, con los datos contenidos en las declaraciones juradas. 2) Manifiesta disconformidad entre los preceptos legales y reglamentarios y la aplicaciÃ³n que de los mismos hagan los contribuyentes y responsables con respecto a sus obligaciones fiscales. 3) Declaraciones juradas que contengan datos falsos. 4) OmisiÃ³n en las declaraciones juradas, de bienes, actividades u operaciones que constituyen objetos o hechos imponibles. 5) ProducciÃ³n de informes y comunicaciones falsas a la DirecciÃ³n con respecto a los hechos u operaciones que constituyan hechos imponibles. 6) No l evar o no exhibir libros, contabilidad y documentos de comprobaciÃ³n suficiente, ni los libros especiales que disponga la DirecciÃ³n de conformidad con el artÃculo 14 del presente. 7) Cuando se produzcan cambios de titularidad de un negocio, inscribiÃ©ndolo a nombre del cÃ³nyuge, otro familiar o tercero, al solo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare debidamente continuidad econÃ³mica. 8) AdulteraciÃ³n de la fecha de los instrumentos. 9) AdulteraciÃ³n de las estampil as y/o la fecha de su inutilizaciÃ³n. 10) AdulteraciÃ³n del timbrado mecÃ¡nico y/o la fecha de su emisiÃ³n. 11) AdulteraciÃ³n de las certificaciones de pago extendidas por la DirecciÃ³n en ejemplares o copias de instrumentos gravados. 12) AdulteraciÃ³n o destrucciÃ³n de la documentaciÃ³n respecto de la cual los contribuyentes hubieran sido nombrados depositarios por la DirecciÃ³n. Se presumirÃ¡ que existe adulteraciÃ³n cuando se observan diferencias entre los datos consignados por el inspector en las actas o planil as de cargos y el contenido de los documentos, salvo que Ã©stos permanecieren en paquetes lacrados y sel ados que no presenten signos de violaciÃ³n, o que los originales o las fotocopias debidamente controladas se hubieran agregado al expediente. RemisiÃ³n de sanciones ArtÃculo 70. En los casos de infracciones a los deberes formales, podrÃ¡n remitirse las multas aplicadas por la DirecciÃ³n provincial a los contribuyentes, responsables o terceros, cuando se trate de actos u omisiones que configuren error excusable. En los casos de la multa del artÃculo 58, la remisiÃ³n de la misma solamente se verificarÃ¡ en el caso de tratarse de un error de la AdministraciÃ³n al requerir la presentaciÃ³n de declaraciones juradas ya presentadas en la oportunidad legal. Plazo para el pago de las multas ArtÃculo 71. Excepto la multa establecida en el artÃculo 58 por falta de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n jurada a su vencimiento, las sanciones serÃ¡n aplicables por la DirecciÃ³n y deberÃ¡n ser satisfechas por los responsables dentro de los quince (15) dÃas de notificada la resoluciÃ³n que las impone. Procedimiento sumarial ArtÃculo 72. Los actos y omisiones a que se refieren los artÃculos 56; 57; 65 y 66 de este CÃ³digo serÃ¡n objeto de un sumario administrativo previo, cuya instrucciÃ³n deberÃ¡ disponerse por resoluciÃ³n emanada del juez administrativo, en la que deberÃ¡ constar claramente el acto u omisiÃ³n que se le atribuye y la norma o normas cuya violaciÃ³n se le imputa al presunto infractor. En cualquiera de los supuestos previstos, si la infracciÃ³n fuera cometida por sociedades irregulares o de simples asociaciones, la responsabilidad ilimitada y solidaria se extenderÃ¡ a todos los integrantes. Alcances de la instrucciÃ³n del sumario ArtÃculo 73. La resoluciÃ³n que disponga la sustanciaciÃ³n del sumario serÃ¡ notificada al presunto infractor, y a todos aquel os a quienes se les pretenda extender la responsabilidad solidaria, a los que se les acordarÃ¡ un plazo de quince (15) dÃas para que formulen por escrito su descargo, acompaÃ±en la prueba documental que obre en su poder y ofrezcan todas las pruebas restantes que hagan a su derecho. El procedimiento en el sumario ArtÃculo 74. Si el contribuyente o responsable contestara la vista expresando su disconformidad y ofreciendo prueba, el juez administrativo deberÃ¡ resolver sobre su admisibilidad o rechazo en forma fundada dentro del plazo de diez (10) dÃas. La prueba admitida y la que disponga el juez administrativo a cargo del contribuyente deberÃ¡ producirse dentro de los treinta (30) dÃas a partir de su notificaciÃ³n. Este tÃ©rmino serÃ¡ prorrogable por igual lapso y por Ãºnica vez mediante decisiÃ³n motivada. La peticiÃ³n de prÃ³rroga deberÃ¡ ser fundada, para lo cual el requirente expresarÃ¡ los motivos que le impidieron producir la prueba ofrecida en el tÃ©rmino establecido. Sin perjuicio de el o el juez administrativo podrÃ¡ disponer las verificaciones, contralores y demÃ¡s medidas de prueba, que como medidas para mejor proveer sean necesarias para establecer la real situaciÃ³n del hecho, debiendo luego, dentro del tÃ©rmino de sesenta (60) dÃas contados a partir del vencimiento del plazo fijado en el pÃ¡rrafo anterior, dictar resoluciÃ³n fundada. A requerimiento del contribuyente o responsable, la DirecciÃ³n certificarÃ¡ y autenticarÃ¡ las copias de las pruebas documentales que se agreguen y expedirÃ¡ testimonio de las demÃ¡s medidas de prueba que produzcan, que deberÃ¡n en ambos casos ser suministradas al efecto por aquÃ©l os. Transcurrido el tÃ©rmino de quince (15) dÃas sin que el contribuyente o responsable contestare la vista o lo hiciere sin ofrecer prueba alguna, el juez administrativo dictarÃ¡ dentro de los quince (15) dÃas resoluciÃ³n fundada resolviendo la cuestiÃ³n y dÃ¡ndoles por decaÃdo el derecho de producir su defensa y/u ofrecer prueba, salvo que dentro de los cinco (5) dÃas inmediatos posteriores al vencimiento del plazo para contestar la vista decrete medidas para mejor proveer, las que deberÃ¡n sustanciarse dentro de los treinta (30) dÃas subsiguientes, vencidos los cuales deberÃ¡ dictarse resoluciÃ³n en el plazo establecido en este pÃ¡rrafo. En los casos en que el contribuyente o responsable no produjere la prueba dentro del plazo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, el juez administrativo podrÃ¡ dictar la resoluciÃ³n prescindiendo de el a. CarÃ¡cter secreto del sumario ArtÃculo 75. El sumario serÃ¡ secreto para todas las personas ajenas al mismo, pero no para las partes o para quienes el as expresamente autoricen. Recursos ArtÃculo 76. Contra las resoluciones que impongan sanciones, los infractores y los responsables solidarios podrÃ¡n interponer, dentro de los quince (15) dÃas de notificada la medida, el recurso de reconsideraciÃ³n ante el director provincial. NotificaciÃ³n ArtÃculo 77. Las resoluciones que apliquen multa o que declaren la inexistencia de las infracciones presuntas deberÃ¡n ser fehacientemente notificadas a los interesados. ExtinciÃ³n de la acciÃ³n por muerte del infractor ArtÃculo 78. La acciÃ³n para imponer multas por infracciÃ³n a las obligaciones y deberes fiscales de las personas fÃsicas se extingue por la muerte del infractor. InfracciÃ³n de personas de existencia ideal ArtÃculo 79. En el caso de infracciones a las obligaciones y deberes fiscales de personas jurÃdicas, asociaciones o entidades de existencia ideal, se podrÃ¡ imponer multa a la entidad misma sin necesidad de probar la culpa o dolo de una persona fÃsica. TÃtulo dÃ©cimo. Del pago Pago ArtÃculo 80. Salvo disposiciÃ³n expresa en contrario de este CÃ³digo o leyes fiscales, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones, sus accesorios y multas deberÃ¡ ser efectuado por los contribuyentes o responsables dentro de los plazos que a tal efecto establezca este CÃ³digo, la ley impositiva o la DirecciÃ³n provincial de Rentas. En cuanto al pago de los impuestos determinados por la DirecciÃ³n, deberÃ¡n ser efectivizados dentro de los quince (15) dÃas de notificados de la liquidaciÃ³n respectiva; podrÃ¡ la DirecciÃ³n exigir anticipos o pagos a cuenta de obligaciones impositivas del aÃ±o fiscal en curso o del siguiente, en la forma y tiempo que aquÃ©l a establezca. AdemÃ¡s podrÃ¡ establecer con carÃ¡cter general o especial la recaudaciÃ³n en la fuente de los impuestos, tasas y contribuciones, cuando considere conveniente, y dispondrÃ¡ quÃ© personas y en quÃ© casos actuarÃ¡n como agentes de retenciÃ³n, percepciÃ³n y/o recaudaciÃ³n para el cobro de los mismos. El pago de los impuestos, tasas y contribuciones que en virtud de este CÃ³digo o leyes especiales no exijan declaraciones de los contribuyentes o responsables, deberÃ¡n efectuarse dentro de los quince (15) dÃas de realizado el hecho imponible, salvo disposiciÃ³n diferente de este CÃ³digo o leyes fiscales especiales. Los instrumentos que fijen un plazo igual o menor que los establecidos en este artÃculo deben ser repuestos antes del dÃa de su vencimiento. En los casos en que el Impuesto de Sel os se pague por declaraciÃ³n jurada, la DirecciÃ³n provincial determinarÃ¡ el plazo en que deberÃ¡ ingresarse el mismo. Cuando el contribuyente o responsable presente anticipos y/o declaraciones juradas y no pague el impuesto respectivo, la Provincia podrÃ¡ requerir el mismo por vÃa de apremio sin mÃ¡s trÃ¡mite, en concordancia con el primer pÃ¡rrafo del artÃculo 41. Lugar de pago de las obligaciones tributarias ArtÃculo 81. El pago de los impuestos, tasas y contribuciones deberÃ¡ efectuarse a travÃ©s de los mecanismos de pago que la DirecciÃ³n provincial de Rentas establezca a tal fin. El medio utilizado solamente tendrÃ¡ efecto cancelatorio al momento de su efectivizaciÃ³n. Cuando el mismo se realice mediante envÃo postal solamente se admitirÃ¡ como medio de pago el giro postal o bancario, en cuyo caso se tendrÃ¡ como fecha de pago el de la constancia puesta por la correspondiente oficina de correo o entidad bancaria. Pagos imputados por los contribuyentes ArtÃculo 82. Los pagos realizados por los deudores de impuestos, tasas o contribuciones serÃ¡n considerados como pago del perÃodo fiscal al cual fueron imputados por los contribuyentes o responsables. Pagos efectuados sin imputaciÃ³n o efectuados errÃ³neamente ArtÃculo 83. Los pagos efectuados sin especificar aÃ±o, o aquel os realizados en exceso o por error, se imputarÃ¡n a las deudas de los aÃ±os mÃ¡s remotos y aunque se refieran a distintas obligaciones fiscales. Dentro de cada aÃ±o el importe abonado se imputarÃ¡ primero a multas adeudadas, luego a los recargos por simple mora, seguidamente a los intereses punitorios y finalmente a los intereses resarcitorios que se hubieran devengado desde el vencimiento y, una vez cancelados dichos conceptos, al capital adeudado del gravamen. Intereses resarcitorios y punitorios ArtÃculo 84. La falta de pago en tÃ©rmino de toda deuda por impuestos, tasas u otras obligaciones fiscales, como asÃ tambiÃ©n los anticipos, cuotas, retenciones y percepciones, hace surgir, sin necesidad de interpelaciÃ³n alguna, la obligaciÃ³n de abonar sobre las sumas adeudadas el interÃ©s mensual que fije la DirecciÃ³n provincial de Rentas con carÃ¡cter general, debiendo aplicarse desde el dÃa de vencimiento de la obligaciÃ³n principal hasta la fecha del efectivo pago. La tasa aplicable no podrÃ¡ exceder la mayor tasa vigente que cobre en sus operaciones el Banco Provincia del NeuquÃ©n SA (BPN SA). FacÃºltase al Poder Ejecutivo a incrementar hasta un cincuenta por ciento (50%) la tasa de interÃ©s mensual prevista en el pÃ¡rrafo anterior del presente artÃculo, aplicable a las deudas cuyo cobro sea efecuado en forma judicial por apremio, desde la fecha de interposiciÃ³n de la demanda hasta la del efectivo pago. RÃ©gimen de actualizaciÃ³n de las deudas anteriores al 1 de abril de 1991 ArtÃculo 85. Toda deuda por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales, como asÃ tambiÃ©n los anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas, originada con anterioridad al 1 de abril de 1991, serÃ¡ actualizada automÃ¡ticamente y sin necesidad de interpelaciÃ³n alguna, mediante la aplicaciÃ³n del coeficiente correspondiente al perÃodo comprendido entre la fecha de vencimiento y el 1 de abril de 1991, computÃ¡ndose como mes entero las fracciones del mes, conforme las disposiciones de la ley 23.928. La actualizaciÃ³n procederÃ¡ sobre la base de la variaciÃ³n del Ãndice de precios mayoristas, nivel general, elaborado por el INDEC, producida entre el mes en que debiÃ³ efectuarse el pago y el del mes de marzo de 1991. La actualizaciÃ³n integrarÃ¡ la base para el cÃ¡lculo de las sanciones e intereses previstos en el CÃ³digo Fiscal. ImputaciÃ³n de los pagos efectuados fuera de tÃ©rmino ArtÃculo 86. Los pagos que se efectÃºen una vez vencido el plazo fijado para el cumplimiento de las obligaciones serÃ¡n imputados conforme el orden que establece el artÃculo 83, segundo pÃ¡rrafo. Planes de facilidades de pago ArtÃculo 87. La DirecciÃ³n provincial de Rentas podrÃ¡ otorgar planes de facilidades de pago de hasta treinta y seis (36) cuotas, con garantÃa o sin el a, para la cancelaciÃ³n de los gravÃ¡menes, accesorios y sanciones adeudados, aun cuando se hal en en procesos de apremio fiscal. Los planes de pago tendrÃ¡n una tasa de interÃ©s que fijarÃ¡ la DirecciÃ³n con carÃ¡cter general, atendiendo en su caso a los plazos concedidos. La facultad otorgada a la DirecciÃ³n en el pÃ¡rrafo anterior incluye a los contribuyentes concursados, para el pago de las deudas relativas a los tributos, sean quirografarias o privilegiadas, que se hayan originado con anterioridad a la fecha de presentaciÃ³n en concurso. RemisiÃ³n de intereses ArtÃculo 88. La DirecciÃ³n podrÃ¡, con carÃ¡cter general o parcial, cuando medien causas justificadas, remitir en todo o en parte la obligaciÃ³n de pagar los intereses a que se refieren los artÃculos 84 y 87 del presente CÃ³digo. Facultades del Poder Ejecutivo ArtÃculo 89. FacÃºltase al Poder Ejecutivo para disponer por el tÃ©rmino que considere conveniente, con carÃ¡cter general o para determinadas zonas o actividades de la Provincia, el otorgamiento de regÃmenes de facilidades de pago, de remitir total o parcialmente multas, accesorios, intereses, recargos y cualquier otra sanciÃ³n relacionada con todos o cualquiera de los gravÃ¡menes cuya aplicaciÃ³n, percepciÃ³n y fiscalizaciÃ³n estÃ©n a cargo de la DirecciÃ³n, a los contribuyentes o responsables que regularicen espontÃ¡neamente su situaciÃ³n, dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciado en su caso la posesiÃ³n o tenencia de bienes o efectos en contravenciÃ³n. En cada oportunidad en que el Poder Ejecutivo haga uso de la presente facultad deberÃ¡ reglamentar el alcance conceptual y temporal de la espontaneidad en el proceder de los contribuyentes o responsables que pretendan hacerse acreedores al rÃ©gimen excepcional. FacÃºltase igualmente al Poder Ejecutivo para poder acordar bonificaciones especiales para estimular el ingreso anticipado de tributos no vencidos. Para el caso particular del Impuesto Inmobiliario el Poder Ejecutivo podrÃ¡ establecer bonificaciones especiales para contribuyentes cumplidores en hasta un diez por ciento (10%) del impuesto emitido. Efectos de la falta de pago de deudas firmes o consentidas ArtÃculo 90. La resoluciÃ³n definitiva de la DirecciÃ³n o decisiÃ³n del Poder Ejecutivo que determine la obligaciÃ³n impositiva debidamente notificada o la deuda resultante de declaraciÃ³n jurada que no sea seguida por el pago en los tÃ©rminos establecidos en el artÃculo 80, podrÃ¡ ser ejecutada por vÃa de apremio sin ulterior intimaciÃ³n de pago. CompensaciÃ³n ArtÃculo 91. De oficio o a pedido del interesado la DirecciÃ³n deberÃ¡ compensar los saldos acreedores, cualquiera sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de gravÃ¡menes declarados por los contribuyentes o responsables o determinados por el organismo fiscal, comenzando por los mÃ¡s remotos y aunque se refieran a distintas obligaciones impositivas. Los contribuyentes y/o responsables que mantengan al mismo tiempo crÃ©ditos lÃquidos y exigibles y deudas tributarias vencidas y/o devengadas con el Estado provincial, como Ãºnico sujeto pasivo de ambas, podrÃ¡n solicitar la cancelaciÃ³n de las deudas de impuestos provinciales con los importes de pagos disponibles y hasta el importe mÃ¡ximo de los mismos, de acuerdo a la reglamentaciÃ³n que dicte al respecto el Poder Ejecutivo. AcreditaciÃ³n y devoluciÃ³n de tributos ArtÃculo 92. La DirecciÃ³n provincial de Rentas, como consecuencia de la compensaciÃ³n prevista en el artÃculo anterior o cuando compruebe la existencia de pagos de cualquier naturaleza no debidos o excesivos, podrÃ¡ de oficio o a solicitud del interesado acreditar o devolver las sumas que resulten a beneficio del contribuyente o responsable. CÃ³mputo de los intereses ArtÃculo 93. Las sumas que resulten a beneficio del contribuyente o responsable serÃ¡n reconocidas con mÃ¡s el incremento que resulte de aplicarles la tasa de intereses que a tales efectos establecerÃ¡ la DirecciÃ³n provincial de Rentas, calculados a partir del pedido de compensaciÃ³n y/o repeticiÃ³n de las sumas ingresadas en exceso efectuado por el interesado. TÃtulo dÃ©cimo primero. Del procedimiento contencioso fiscal Recursos ArtÃculo 94. Contra las resoluciones de la DirecciÃ³n provincial que determinen gravÃ¡menes, impongan multas, liquiden intereses, rechacen repeticiones de tributos o de cualquier otra Ãndole, el contribuyente o responsable podrÃ¡ interponer, dentro de los quince (15) dÃas de notificado, el recurso de reconsideraciÃ³n ante el Director Provincial de Rentas. Formalidades y efectos de la interposiciÃ³n de los recursos ArtÃculo 95. Con la presentaciÃ³n del recurso de reconsideraciÃ³n deberÃ¡n exponerse todos los argumentos contra la resoluciÃ³n atacada, acompaÃ±arse la prueba documental y ofrecerse todos los restantes medios de pruebas de que pretendan valerse, no admitiÃ©ndose despuÃ©s otros ofrecimientos, excepto de los hechos posteriores o documentos que no pudieren presentarse en dicho acto, por causas debidamente justificadas. La interposiciÃ³n del recurso suspende la obligaciÃ³n de pago pero no interrumpe la aplicaciÃ³n de los intereses resarcitorios ni de la actualizaciÃ³n monetaria que pudiera l egar a corresponder. Durante la pendencia de los mismos la DirecciÃ³n no podrÃ¡ disponer la ejecuciÃ³n de la obligaciÃ³n fiscal. Sin perjuicio de el o serÃ¡ requisito de admisiÃ³n, del recurso de reconsideraciÃ³n, que el contribuyente o responsable regularice su situaciÃ³n fiscal en relaciÃ³n a los importes que se le reclaman, respecto de los cuales preste conformidad. Procedimiento en el recurso de reconsideraciÃ³n ArtÃculo 96. La DirecciÃ³n podrÃ¡ sustanciar las pruebas que considere conducentes, ofrecidas por el recurrente, y disponer las verificaciones que crea necesarias para establecer la veracidad de los hechos, y dictarÃ¡ resoluciÃ³n motivada dentro de los sesenta (60) dÃas de la interposiciÃ³n del recurso, notificÃ¡ndola al recurrente con copia Ãntegra de la misma. Procedimiento en el recurso de apelaciÃ³n ArtÃculo 97. La resoluciÃ³n recaÃda sobre el recurso de reconsideraciÃ³n quedarÃ¡ firme a los quince (15) dÃas de notificada, salvo que dentro de dicho tÃ©rmino el contribuyente interponga recurso de apelaciÃ³n ante el Poder Ejecutivo a travÃ©s del tribunal referido en el artÃculo 19 del presente CÃ³digo, en cuyo caso la DirecciÃ³n solamente examinarÃ¡ si el mismo ha sido interpuesto en tiempo y forma y en su caso declarara su admisibilidad, debiendo elevarlo para su tratamiento. El recurso deberÃ¡ interponerse por escrito expresando punto por punto los agravios que cause al apelante la resoluciÃ³n impugnada, debiendo la DirecciÃ³n declarar la improcedencia del recurso cuando se omitan dichos requisitos. Plazo y formalidades de la elevaciÃ³n del recurso de apelaciÃ³n ArtÃculo 98. Declarada la admisibilidad del recurso de apelaciÃ³n, el expediente deberÃ¡ ser remitido por la DirecciÃ³n provincial de Rentas al tribunal referido en el artÃculo 19 dentro de los quince (15) dÃas, juntamente con un escrito de contestaciÃ³n de los agravios del apelante. Denegatoria del recurso de apelaciÃ³n. Queja del apelante ArtÃculo 99. Si la DirecciÃ³n denegase la apelaciÃ³n, la resoluciÃ³n respectiva deberÃ¡ notificarse al apelante, el que podrÃ¡ recurrir en queja ante el Poder Ejecutivo dentro de los cinco (5) dÃas de notificada. Transcurrido dicho tÃ©rmino sin que se hubiera recurrido, la resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n quedarÃ¡ de hecho consentida con carÃ¡cter de definitiva. Procedimiento del recurso de apelaciÃ³n ante el Poder Ejecutivo ArtÃculo 100. El Poder Ejecutivo, a travÃ©s del tribunal referido en el artÃculo 19, podrÃ¡ sustanciar las pruebas que considere conducentes ofrecidas por el recurrente y disponer las verificaciones que crea necesarias y deberÃ¡ dictar el Acuerdo, que agotarÃ¡ la vÃa administrativa, dentro de los noventa (90) dÃas de la interposiciÃ³n del recurso. Dicho Acuerdo deberÃ¡ ser notificado al contribuyente con copia Ãntegra del mismo. Demanda ante el Tribunal Superior de Justicia ArtÃculo 101. Contra la resoluciÃ³n dictada por el Poder Ejecutivo, a travÃ©s del tribunal referido en el artÃculo 19, podrÃ¡ interponerse demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia dentro del plazo de treinta (30) dÃas de notificada aquÃ©l a. SerÃ¡ requisito de admisibilidad de la demanda el pago previo de la obligaciÃ³n fiscal y sus accesorios y al solo efecto de repetir los pagos que resultasen indebidos. No alcanza esta exigencia al importe adeudado por multas. Demanda de repeticiÃ³n. Procedimiento ArtÃculo 102. La demanda de repeticiÃ³n deberÃ¡ interponerse ante la DirecciÃ³n provincial de Rentas y facultarÃ¡ a Ã©sta a verificar la declaraciÃ³n jurada y el cumplimiento de la obligaciÃ³n fiscal a la cual aquÃ©l a se refiere y, en su caso, determinar y exigir el pago de la obligaciÃ³n que resulte adeudarse. La DirecciÃ³n provincial, previa sustanciaciÃ³n de las pruebas ofrecidas por el contribuyente que resulten conducentes y de las medidas para mejor proveer que disponga, dictarÃ¡ resoluciÃ³n dentro del plazo de noventa (90) dÃas, debiendo notificarse al contribuyente la resoluciÃ³n que se dicte. Recursos oponibles ArtÃculo 103. La resoluciÃ³n recaÃda sobre la demanda de repeticiÃ³n podrÃ¡ ser objeto del recurso de reconsideraciÃ³n ante el director provincial, en los tÃ©rminos previstos en el artÃculo 94 de este CÃ³digo. Silencio de la AdministraciÃ³n ArtÃculo 104. El silencio de la DirecciÃ³n provincial en materia de demanda de repeticiÃ³n, que se extienda mÃ¡s al Ã¡ de los tÃ©rminos previstos en el artÃculo 102, facultarÃ¡ al contribuyente a considerarlo como resuelto negativamente. IdÃ©ntico efecto tendrÃ¡ la falta de resoluciÃ³n en el plazo establecido en el artÃculo 96 de este CÃ³digo cuando se trate del recurso de apelaciÃ³n ante el Poder Ejecutivo que se hubiera interpuesto contra una resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n, denegatoria de una demanda de repeticiÃ³n. En este Ãºltimo caso quedarÃ¡ expedita la acciÃ³n judicial para reclamar la repeticiÃ³n de los tributos abonados en exceso de la norma que los impone. Personas facultadas para examinar las actuaciones ArtÃculo 105. Las partes y los representantes legales intervinientes tendrÃ¡n libre acceso a las actuaciones y podrÃ¡n tomar conocimiento de el as en cualquier estado de su tramitaciÃ³n. No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior y en resguardo del crÃ©dito fiscal, el director provincial o el funcionario que Ã©ste autorice, podrÃ¡ declarar reservadas, secretas o confidenciales las actuaciones, mediante decisiÃ³n fundada, previo dictamen jurÃdico. TÃtulo dÃ©cimo segundo. De la ejecuciÃ³n por apremio Cobro judicial ArtÃculo 106. El cobro judicial de los impuestos, tasas, contribuciones, actualizaciones, intereses, multas ejecutoriadas y cualquier otro dÃ©bito que corresponda a las obligaciones tributarias que efectÃºe la DirecciÃ³n, se practicarÃ¡ por la vÃa de apremio, una vez vencidos los plazos generales o especiales para el pago, sin necesidad de mediar intimaciÃ³n o requerimiento individual alguno. TÃtulo ejecutivo ArtÃculo 107. SerÃ¡ tÃtulo ejecutivo suficiente: 1) La boleta de deuda expedida por la DirecciÃ³n provincial de Rentas. 2) El original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte un crÃ©dito a favor del Estado. Juez competente en los apremios ArtÃculo 108. Los juicios serÃ¡n tramitados ante el juez de Primera Instancia en lo Civil del domicilio fiscal en la provincia del deudor o el que corresponda al cumplimiento de la obligaciÃ³n fiscal o el lugar en que se encuentra el bien afectado por la obligaciÃ³n que se ejecuta, a elecciÃ³n del actor. Si fueran varios los bienes pertenecientes a una misma persona, los crÃ©ditos podrÃ¡n acumularse en una ejecuciÃ³n y Ã©sta promoverse ante el juez del domicilio fiscal del ejecutado en la Provincia o del lugar de ubicaciÃ³n de cualquiera de los bienes y cualesquiera sea su valor, a elecciÃ³n del actor. En ningÃºn caso la facultad que el fisco confiera a los contribuyentes para el pago de sus obligaciones fuera de la jurisdicciÃ³n provincial podrÃ¡ entenderse como declinaciÃ³n de esta Ãºltima. En el caso de existir varios crÃ©ditos contra una misma persona, podrÃ¡n acumularse en una ejecuciÃ³n a elecciÃ³n del actor. No es admisible la recusaciÃ³n sin causa. Apremio con pluralidad de ejecutados ArtÃculo 109. Si fueren varios los ejecutados en razÃ³n de la misma obligaciÃ³n, el apremio tramitarÃ¡ en un solo juicio, unificÃ¡ndose la personerÃa en un representante, a menos que existan intereses encontrados a criterio del magistrado. Si a la primera intimaciÃ³n las partes no coinciden en la elecciÃ³n del representante Ãºnico, el juez lo designarÃ¡ entre los que intervienen en el apremio y sin recurso alguno. Mandamiento de intimaciÃ³n de pago, embargo y citaciÃ³n de remate. Diligencias previas ArtÃculo 110. El juez examinarÃ¡ el tÃtulo ejecutivo, y si se encontraren cumplidos los presupuestos procesales ordenarÃ¡ librar el mandamiento de intimaciÃ³n de pago, embargo y en el mismo acto citarÃ¡ de remate al deudor. La diligencia de intimaciÃ³n de pago deberÃ¡ l evarse a cabo en el domicilio fiscal del o los ejecutados. Diligencia de intimaciÃ³n de pago. Plazo para oponer excepciones y constituir domicilio procesal ArtÃculo 111. Mediante la intimaciÃ³n de pago se requerirÃ¡ al deudor la satisfacciÃ³n del crÃ©dito reclamado con mÃ¡s lo presupuestado para responder por intereses y costas. La intimaciÃ³n de pago importarÃ¡ la citaciÃ³n para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia del escrito de iniciaciÃ³n y de los documentos acompaÃ±ados. Las excepciones se opondrÃ¡n dentro de cinco (5) dÃas en un solo escrito conjuntamente con el ofrecimiento de prueba; no procediÃ©ndose de esta manera serÃ¡ rechazada sin mÃ¡s trÃ¡mite, siendo inapelable el pronunciamiento. La intimaciÃ³n de pago importarÃ¡ asimismo el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido para oponer excepciones constituya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de dicho Juzgado, en los tÃ©rminos del artÃculo 113. No habiÃ©ndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciaciÃ³n, pronunciarÃ¡ sentencia de remate. Embargo preventivo de bienes ArtÃculo 112. Si requerido el pago no se abonara en el acto el importe del capital reclamado y el estimado por el juez en concepto de intereses y costas, el oficial de Justicia procederÃ¡ a embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El embargo se practicarÃ¡ aun cuando el deudor no estuviese presente, de lo que dejarÃ¡ constancia. En este caso, se le harÃ¡ saber dentro de los tres (3) dÃas siguientes al de la traba. Si se ignorase su domicilio, se nombrarÃ¡ al defensor oficial, previa citaciÃ³n por edictos que se publicarÃ¡n por una sola vez. El oficial de Justicia requerirÃ¡ al propietario de los bienes que manifieste si se encuentran afectados por gravÃ¡menes, debiendo en su caso denunciar el monto, nombre y domicilio del acreedor, teniÃ©ndose por cumplimentadas las exigencias de las normas que rigen la materia. Si el dueÃ±o de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificarÃ¡ que debe formular esta manifestaciÃ³n dentro del plazo para oponer excepciones. En el mandamiento se incluirÃ¡ siempre la autorizaciÃ³n para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pÃºblica y el al anamiento de domicilio, en caso de ser el o necesario. Efectos de la incomparecencia ArtÃculo 113. Si el demandado no compareciera o no constituyera domicilio se lo tendrÃ¡ por constituido en los estrados del Juzgado y al Ã se practicarÃ¡n todas las notificaciones de los actos que correspondan, quedando notificadas las resoluciones los dÃas martes y viernes o el siguiente hÃ¡bil, si alguno de el os fuere feriado. No se considerarÃ¡ cumplida la notificaciÃ³n si el expediente no se encontrare en SecretarÃa y se hiciera constar esta circunstancia en el libro de asistencia que se l evarÃ¡ a ese efecto. DepÃ³sito de los bienes embargados ArtÃculo 114. El oficial de Justicia dejarÃ¡ los bienes embargados en poder de un depositario provisional que podrÃ¡ ser el deudor si resultare conveniente, salvo que aquÃ©l os se encontraren en poder de un tercero y Ã©ste requiriere el nombramiento a su favor. Cuando las cosas embargadas fueren de difÃcil o costosa conservaciÃ³n o hubiere peligro de pÃ©rdida o desvalorizaciÃ³n, el depositario deberÃ¡ poner el hecho oportunamente en conocimiento del juez, si no lo hubiese expresado ante el oficial de Justicia, lo que se harÃ¡ saber a las partes a los fines de ordenar su venta. AmpliaciÃ³n del apremio ArtÃculo 115. Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia vencieran nuevos plazos o cuotas de la obligaciÃ³n en cuya virtud se procede, la ejecuciÃ³n podrÃ¡ ser ampliada pidiÃ©ndose que el deudor exhiba dentro del quinto dÃa los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinciÃ³n de la obligaciÃ³n bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidas. Si el deudor no exhibiera recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante, o no se comprobara sumariamente su autenticidad, se harÃ¡ efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. AmpliaciÃ³n de las medidas cautelares ArtÃculo 116. En cualquier estado del juicio el actor podrÃ¡ solicitar nuevos embargos o ampliaciÃ³n de los anteriormente decretados o solicitar la intervenciÃ³n judicial de los bienes del demandado, designÃ¡ndose el interventor a propuesta del actor. El ejecutado podrÃ¡ recusarlo con causa dentro del tercer dÃa de notificada su designaciÃ³n. Excepciones admisibles ArtÃculo 117. Las Ãºnicas excepciones admisibles en el juicio de apremio serÃ¡n: 1) Inhabilidad de tÃtulo por vicios de forma. 2) Pago documentado, total o parcial. 3) PrÃ³rrogas o esperas concedidas por la DirecciÃ³n provincial de Rentas, en forma documentada. 4) Pendencia de recursos autorizados por este CÃ³digo con efecto suspensivo. 5) PrescripciÃ³n. 6) Incompetencia de jurisdicciÃ³n. 7) Cosa juzgada. 8) Litispendencia En ningÃºn caso los jueces admitirÃ¡n en juicio controversias sobre el origen del crÃ©dito ejecutado. Ejecutados domiciliados fuera de la Provincia del NeuquÃ©n ArtÃculo 118. El juez del apremio podrÃ¡ realizar notificaciones por telegrama colacionado o carta documento, a peticiÃ³n de la actora. Cuando el deudor carezca de domicilio en la Provincia, atento haber incumplido con el Ãºltimo pÃ¡rrafo del artÃculo 29, se lo citarÃ¡ por edictos publicados por cinco (5) dÃas en el BoletÃn Oficial y, si no compareciere, se darÃ¡ intervenciÃ³n al defensor de Ausentes. Las notificaciones posteriores se practicarÃ¡n por nota. Nulidad del juicio apremio. Condiciones para su articulaciÃ³n ArtÃculo 119. El ejecutado podrÃ¡ solicitar, dentro del plazo para oponer excepciones por vÃa de excepciÃ³n o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecuciÃ³n. PodrÃ¡ fundarse Ãºnicamente en no haberse hecho legalmente la intimaciÃ³n de pago, siempre que en el acto de pedir la declaraciÃ³n de nulidad el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones. Efectos de la declaraciÃ³n de nulidad sobre las medidas cautelares trabadas ArtÃculo 120. Si se anulare el procedimiento, el embargo trabado se mantendrÃ¡ con carÃ¡cter preventivo durante quince (15) dÃas contados desde que la resoluciÃ³n quedÃ³ firme. Se producirÃ¡ la caducidad automÃ¡tica si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecuciÃ³n. TrÃ¡mite a seguir ante la oposiciÃ³n de defensas ArtÃculo 121. El juez desestimarÃ¡ sin sustanciaciÃ³n alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado. En ese mismo acto dictarÃ¡ sentencia de remate. Si se hal aren cumplidos los requisitos pertinentes darÃ¡ traslado de las excepciones al ejecutante por cinco (5) dÃas, quien al contestarlo ofrecerÃ¡ la prueba de que intente valerse. No se harÃ¡ declaraciÃ³n especial previa acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones. Causas de puro derecho o con pruebas obrantes en la causa. Plazo para dictar sentencia ArtÃculo 122. Si las excepciones fueren de puro derecho o se fundasen exclusivamente en constancias del expediente o no se hubiere ofrecido prueba, el juez pronunciarÃ¡ sentencia dentro de diez (10) dÃas de contestado el traslado o de vencido el plazo para hacerlo. Carga de la prueba ArtÃculo 123. Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente, el juez acordarÃ¡ un plazo comÃºn para producirla, tomando en consideraciÃ³n las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. CorresponderÃ¡ al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. El juez, por resoluciÃ³n fundada, desestimarÃ¡ la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. No se concederÃ¡ plazo extraordinario. Ofrecimiento de la prueba. Prueba de pago ArtÃculo 124. La prueba de pago deberÃ¡ consistir exclusivamente en constancias de pago autorizadas por la autoridad de aplicaciÃ³n. El comprobante respectivo deberÃ¡ acompaÃ±arse al oponerse la excepciÃ³n. La prueba de las demÃ¡s excepciones deberÃ¡ ofrecerse en el escrito en que se opongan. No procediÃ©ndose de esta manera serÃ¡n rechazadas sin mÃ¡s trÃ¡mite, siendo inapelable el pronunciamiento. Control de la prueba producida ArtÃculo 125. Producidas las pruebas el expediente se pondrÃ¡ en SecretarÃa durante cinco (5) dÃas. Vencido dicho plazo el juez dictarÃ¡ sentencia dentro de diez (10) dÃas. Sentencia de remate ArtÃculo 126. La sentencia de remate sÃ³lo podrÃ¡ determinar que se l eve la ejecuciÃ³n adelante, en todo o en parte, o su rechazo. NotificaciÃ³n de la sentencia al ejecutado ausente de la Provincia ArtÃculo 127. Si el deudor con domicilio desconocido no se hubiese presentado, la sentencia se notificarÃ¡ al defensor oficial. Juicio ordinario posterior al juicio de apremio. Requisitos, condiciones y limitaciones a su ejercicio ArtÃculo 128. Cualquiera fuera la sentencia que recaiga en el apremio, el ejecutante o el ejecutado podrÃ¡n promover el ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas en aquÃ©l as. Toda defensa o excepciÃ³n que por ley no fuese admisible en el apremio podrÃ¡ hacerse valer en el juicio ordinario. No corresponderÃ¡ el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese al anado. Tampoco se podrÃ¡n discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio de apremio cuya defensa o prueba no tuviesen limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecuciÃ³n. Recurso de apelaciÃ³n. CarÃ¡cter ArtÃculo 129. Contra la sentencia de remate podrÃ¡ interponerse recurso de apelaciÃ³n en relaciÃ³n y al solo efecto devolutivo en el Ãºnico supuesto en que se hubiesen opuesto excepciones declaradas admisibles. En caso de ser condenatoria no se exigirÃ¡ fianza al ejecutante y se proseguirÃ¡ con el trÃ¡mite. Subasta de bienes del ejecutado ArtÃculo 130. Dictada la sentencia de remate se procederÃ¡ a la venta de bienes del deudor en cantidad suficiente para responder al crÃ©dito fiscal con mÃ¡s los gastos y costas respectivos. Si fueren bienes muebles la venta serÃ¡ sin base. AplicaciÃ³n supletoria de las normas del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia en materia de cumplimiento de la sentencia de remate ArtÃculo 131. Para el cumplimiento de la sentencia de remate se aplicarÃ¡n las disposiciones del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia, excepto las normas que regulen casos a los que este tÃtulo diera otro tratamiento. Oficiales de Justicia ad hoc ArtÃculo 132. Las notificaciones e intimaciones que deban practicarse en esta clase de juicios se efectuarÃ¡n en el domicilio fiscal del deudor o en el domicilio constituido por el demandado, a elecciÃ³n del actor. A los efectos de las notificaciones, de los embargos, de las intimaciones de pago o secuestros, el actor podrÃ¡ proponer oficiales de Justicia ad hoc, quienes actuarÃ¡n con las atribuciones y responsabilidades de los titulares, pudiendo designarse a empleados de la AdministraciÃ³n provincial. Deudas incobrables ArtÃculo 133. Si despuÃ©s de agotar las medidas del caso la DirecciÃ³n provincial l egara a comprobar que el crÃ©dito fiscal por impuesto, multa, actualizaciÃ³n, intereses y demÃ¡s accesorios es incobrable en razÃ³n de insolvencia, ausencia y desconocimiento del paradero del deudor y siempre que la subsistencia de esas circunstancias durante un plazo prudencial torne ilusoria la realizaciÃ³n del crÃ©dito fiscal, el juez administrativo u otros funcionarios a quienes autorice la DirecciÃ³n provincial podrÃ¡n dejar en suspenso la iniciaciÃ³n del juicio de ejecuciÃ³n fiscal y toda tramitaciÃ³n del ya iniciado, cualquiera sea su estado, en tanto no adquieran conocimiento de la desapariciÃ³n de las circunstancias que han provocado la incobrabilidad del crÃ©dito. La misma facultad tendrÃ¡n los funcionarios mencionados en el pÃ¡rrafo anterior cuando las deudas fiscales no superen el monto mÃnimo de ejecutabilidad fijado anualmente en la ley impositiva provincial. Plazo de las instituciones para contestar pedidos de la DirecciÃ³n y de los apoderados del fisco en el ejercicio de sus funciones ArtÃculo 134. Las instituciones pÃºblicas o privadas evacuarÃ¡n dentro del tÃ©rmino de veinte (20) dÃas las solicitudes de informes, antecedentes o certificaciones que soliciten la DirecciÃ³n o los apoderados fiscales en ejercicio de sus funciones. A solicitud de las personas autorizadas para el diligenciamiento, las instituciones a las que se les remitan los oficios librados en juicio de apremio deberÃ¡n extender constancia escrita de la fecha y hora de su recepciÃ³n. DesignaciÃ³n de martillero en la subasta de inmuebles ArtÃculo 135. El actor propondrÃ¡ martil ero para la subasta, pudiendo ser recusado con causa, dentro del tercer dÃa de su propuesta. Base para la subasta ArtÃculo 136. La venta se decretarÃ¡ con base igual al ochenta por ciento (80%) de la valuaciÃ³n fiscal, a menos que hubiere conformidad de partes para asignar otra base, publicÃ¡ndose edictos en el BoletÃn Oficial y en un diario de circulaciÃ³n en la regiÃ³n. TratÃ¡ndose de bienes muebles la venta se harÃ¡ sin base. Alcances de la responsabilidad del deudor de gravÃ¡menes inmobiliarios ArtÃculo 137. La responsabilidad del deudor por las deudas fiscales que se originen por la posesiÃ³n de inmuebles no se limita al valor de Ã©stos. Si el precio de venta no alcanzara a cubrirlas deberÃ¡ responder con todo su patrimonio hasta la cancelaciÃ³n del crÃ©dito fiscal. Restricciones a los apoderados del fisco en materia de honorarios ArtÃculo 138. En ningÃºn caso los apoderados fiscales percibirÃ¡n honorarios cuando Ã©stos sean a cargo de la Provincia, o cuando siendo a cargo del contribuyente en los casos de ejecuciÃ³n no se cubriera el crÃ©dito fiscal. Traba de medidas cautelares ArtÃculo 139. Para la eventual traba de medidas cautelares y sus alcances se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃculo 14, inciso f) de este CÃ³digo. AplicaciÃ³n supletoria del CÃ³digo de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia del NeuquÃ©n ArtÃculo 140. El CÃ³digo de Procedimiento en lo Civil y Comercial vigente en la Provincia es de aplicaciÃ³n supletoria en todo cuanto resulta compatible con la naturaleza del proceso de apremio y no estÃ© modificado por las prescripciones de este tÃtulo. TÃtulo dÃ©cimo tercero. De la prescripciÃ³n ArtÃculo 141. Las acciones y poderes de la DirecciÃ³n provincial para determinar y exigir el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y sus accesorios, regidos por el presente CÃ³digo, para aplicar y hacer efectivas las multas y las clausuras en el as previstas, prescriben por el transcurso de cinco (5) aÃ±os, excepto para el caso de Impuesto de Sel os y de las obligaciones de los agentes de retenciÃ³n, percepciÃ³n o recaudaciÃ³n respecto de los impuestos retenidos, percibidos o recaudados no ingresados al fisco, que prescribirÃ¡n por el transcurso de diez (10) aÃ±os. La acciÃ³n de repeticiÃ³n de tributos tambiÃ©n prescribe por el transcurso de cinco (5) aÃ±os. Comienzo del tÃ©rmino de prescripciÃ³n ArtÃculo 142. Los tÃ©rminos de prescripciÃ³n de las acciones y poderes de la DirecciÃ³n para determinar las obligaciones fiscales, sus accesorios, aplicar multas y clausuras comenzarÃ¡n a correr: 1) Desde del primero de enero siguiente al aÃ±o al cual se refieran las obligaciones fiscales o las infracciones correspondientes, salvo lo dispuesto en el inciso 2) de este artÃculo. 2) En el caso de las multas por infracciones a los deberes formales y clausuras, desde la fecha en que se cometiÃ³ la infracciÃ³n. 3) Para el caso del Impuesto de Sel os a partir del momento en que la DirecciÃ³n provincial de Rentas tome conocimiento de la existencia de los instrumentos. 4) El tÃ©rmino de la prescripciÃ³n para la acciÃ³n de repeticiÃ³n comenzarÃ¡ a correr desde la fecha del pago. SuspensiÃ³n del tÃ©rmino de la prescripciÃ³n ArtÃculo 143. El curso de la prescripciÃ³n de las acciones y poderes de la DirecciÃ³n para determinar y exigir las obligaciones fiscales y sus accesorios, asÃ como para imponer y aplicar multas y clausuras, se suspenderÃ¡ por el transcurso de un (1) aÃ±o contado desde la notificaciÃ³n del acto administrativo determinativo del tributo y/o sancionatorio cuando se trate de gravÃ¡menes liquidados por los contribuyentes o responsables. En los casos de tributos liquidados o predeterminados por la AdministraciÃ³n, la suspensiÃ³n de la prescripciÃ³n por un (1) aÃ±o se contarÃ¡ desde la fecha de la intimaciÃ³n de pago por la DirecciÃ³n. Cuando mediare recurso de apelaciÃ³n ante el tribunal referido en el artÃculo 19 del presente CÃ³digo o de reconsideraciÃ³n ante el director provincial de Rentas, la suspensiÃ³n se prolongarÃ¡ hasta noventa (90) dÃas despuÃ©s de que se haya agotado la vÃa recursiva administrativa. La intimaciÃ³n de pago efectuada al deudor principal suspende la prescripciÃ³n de las acciones y poderes de la DirecciÃ³n respecto de los deudores solidarios. InterrupciÃ³n del tÃ©rmino de la prescripciÃ³n ArtÃculo 144. La prescripciÃ³n de las facultades y poderes de la DirecciÃ³n para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirÃ¡: 1) Por el reconocimiento, expreso o tÃ¡cito, por parte del contribuyente o responsable de su obligaciÃ³n. 2) Por la renuncia expresa del contribuyente o responsable al tÃ©rmino corrido de la prescripciÃ³n en curso. 3) Por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable y por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado. En todos los casos, el curso del nuevo tÃ©rmino de prescripciÃ³n comenzarÃ¡ a correr a partir del 1 de enero siguiente a que se produzcan las circunstancias mencionadas. La prescripciÃ³n de la acciÃ³n de repeticiÃ³n del contribuyente se interrumpirÃ¡ por la deducciÃ³n de la demanda respectiva. TÃtulo dÃ©cimo cuarto. Disposiciones varias Formas de notificaciÃ³n ArtÃculo 145. Las citaciones, notificaciones e intimaciones de pago serÃ¡n hechas en cualquiera de las siguientes formas: a) Por acceso al expediente. La notificaciÃ³n personal se practicarÃ¡ firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el agente del organismo fiscal. En oportunidad de examinar el expediente, el compareciente que actuare sin representaciÃ³n o el apoderado estarÃ¡n obligados a notificarse expresamente de las resoluciones que se hubieran dictado en el mismo, de las que se entregarÃ¡ copia. Si no lo hicieran, previo requerimiento que le formularÃ¡ el agente del organismo, o si el interesado no supiere o no pudiera firmar, valdrÃ¡ como notificaciÃ³n la atestaciÃ³n acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y del jefe inmediato superior. b) Por carta certificada con aviso especial de retorno, a cuyo efecto se convendrÃ¡ con el correo la forma de hacerlo con la mayor urgencia y seguridad; el aviso de retorno servirÃ¡ de suficiente prueba de la notificaciÃ³n, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio fiscal del contribuyente aunque el aviso aparezca suscripto por un tercero. c) Por cÃ©dula. La notificaciÃ³n se harÃ¡ en el domicilio fiscal. El empleado encargado de practicarla dejarÃ¡ copia de la cÃ©dula en la que se transcribirÃ¡ la resoluciÃ³n que deba notificarse o se le agregarÃ¡ copia Ãntegra de la misma. DeberÃ¡ dejarse constancia en el original, con su firma, del lugar, fecha y hora de la entrega. El instrumento serÃ¡ firmado por el interesado, salvo que Ã©ste se negare a firmar, de lo que se dejarÃ¡ constancia en la misma. Cuando el notificador no encontrare al destinatario entregarÃ¡ la cÃ©dula a otra persona del domicilio y procederÃ¡ en la forma dispuesta en el pÃ¡rrafo anterior. Si el destinatario no estuviese, o las personas que estuviesen en el domicilio se negaren a recibirla, se labrarÃ¡ acta dejando constancia de el o. En dÃas siguientes, no feriados, concurrirÃ¡n al domicilio del interesado dos (2) empleados de la DirecciÃ³n para notificarlo. Si tampoco fuere hal ado, dejarÃ¡n la resoluciÃ³n o carta que deben entregar en sobre cerrado a cualquier persona que se hal are en el mismo, haciendo que la persona que lo reciba suscriba el acta. Si no pudieran entregarla, la fijarÃ¡n en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares, labrÃ¡ndose acta en la que se dejarÃ¡ constancia de tal circunstancia, suscribiendo el acta los dos (2) empleados de la DirecciÃ³n. El original se agregarÃ¡ al expediente, con nota de lo actuado. Las actas labradas por los empleados notificadores harÃ¡n fe mientras no se demuestre su falsedad. d) Por nota o esquela numerada, con firma facsimilar del funcionario autorizado, remitida con aviso de retorno y en las condiciones que determine la DirecciÃ³n para su emisiÃ³n y demÃ¡s recaudos. e) Por tarjeta o volante de liquidaciÃ³n o intimaciÃ³n de pago numerado, remitido con aviso de retorno, en los casos en que corresponda la liquidaciÃ³n administrativa del gravamen en base a los datos aportados por el contribuyente. f) Por telegrama colacionado u otro medio de similares caracterÃsticas. g) Por edictos publicados durante un (1) dÃa en el BoletÃn Oficial de la Provincia del NeuquÃ©n, sin perjuicio de que tambiÃ©n se practique la diligencia en el lugar donde se presuma que pueda residir el contribuyente. La notificaciÃ³n por edictos, mencionada en el inciso g) del presente artÃculo, sÃ³lo procederÃ¡ cuando no se haya podido notificar conforme a los restantes medios contemplados en dicha norma. En las actuaciones ante la Justicia ordinaria, el representante de la DirecciÃ³n provincial de Rentas quedarÃ¡ notificado de las resoluciones que se dictaren el dÃa de la recepciÃ³n del expediente en su despacho. DeberÃ¡ devolverlo dentro de las veinticuatro (24) horas bajo apercibimiento de las medidas a que hubiere lugar. Secreto fiscal ArtÃculo 146. Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la DirecciÃ³n son secretos, como asÃ tambiÃ©n la documentaciÃ³n contenida en los trÃ¡mites contencioso-administrativos ante el Poder Ejecutivo, en cuanto en el os se consignen informaciones referentes a la situaciÃ³n u operaciones econÃ³micas de aquÃ©l os o a sus personas o a la de sus familiares. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o de la DirecciÃ³n estÃ¡n obligados a mantener en la mÃ¡s estricta reserva todo lo que l egue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, sin poder comunicarlo a nadie, salvo a sus superiores jerÃ¡rquicos o, si lo estimaran oportuno, a solicitud de los interesados. Las informaciones antedichas no serÃ¡n admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquÃ©l as se hal en directamente relacionadas con los hechos que se investiguen o que las solicite el interesado, siempre que la informaciÃ³n no revele datos referentes a terceros. El deber del secreto no alcanza a la utilizaciÃ³n de las informaciones por la DirecciÃ³n provincial para la fiscalizaciÃ³n de obligaciones tributarias diferentes de aquel as para las que fueron obtenidas, ni subsiste frente a los pedidos de informes del fisco nacional u otros fiscos provinciales o municipales, siempre que existan acuerdos que establezcan reciprocidad. Tampoco alcanza ni subsiste ante el pedido especÃfico de informe por parte de los jueces competentes en materia de familia que instruyan juicios por las l amadas deudas alimentarias. Deber de consignar el nÃºmero de inscripciÃ³n en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ArtÃculo 147. Los contribuyentes o responsables del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberÃ¡n consignar su nÃºmero de inscripciÃ³n: 1) En toda factura, recibo o documentaciÃ³n emitida en legal forma. 2) Al iniciar cualquier trÃ¡mite administrativo ante reparticiones nacionales, provinciales o municipales y organismos autÃ¡rquicos descentralizados del Estado nacional, de las provincias y de los municipios. A falta de este recaudo, la autoridad respectiva sÃ³lo tendrÃ¡ por presentado al peticionante y no darÃ¡ curso al trÃ¡mite hasta tanto se cumpla la exigencia, salvo que la medida afecte a la seguridad, salubridad o moralidad pÃºblica o individual. Base imponible expresada en moneda extranjera ArtÃculo 148. Salvo expresa disposiciÃ³n en contrario de este CÃ³digo o leyes fiscales especiales, cuando la base imponible de alguno de los hechos gravados previstos por este CÃ³digo se encuentre expresada en moneda extranjera, su conversiÃ³n a moneda de curso legal se efectuarÃ¡ con arreglo al cambio tipo vendedor del Banco de la NaciÃ³n Argentina, al primer dÃa hÃ¡bil anterior a la fecha del acto. En el caso en que hubiere varios tipos de cambio, la DirecciÃ³n determinarÃ¡ cuÃ¡l de el os corresponde aplicar a los fines establecidos precedentemente. Recurso de apelaciÃ³n ante la DirecciÃ³n provincial de Rentas ArtÃculo 149. Cuando en este CÃ³digo no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial, los contribuyentes o responsables podrÃ¡n interponer recurso de apelaciÃ³n fundado ante el director provincial de Rentas. No procede este recurso para la impugnaciÃ³n de determinaciones impositivas ni respecto a las resoluciones que impongan multas. El recurso se resolverÃ¡ dentro del plazo de sesenta (60) dÃas de su presentaciÃ³n, sin sustanciaciÃ³n, previo dictamen tÃ©cnico legal. El acto administrativo emanado del director provincial, como consecuencia del procedimiento previsto en el presente artÃculo, revestirÃ¡ el carÃ¡cter de definitivo de conformidad a lo establecido por los artÃculos 188, 189 y 190 de la ley provincial 1284. ArtÃculo 150. No serÃ¡ aplicable en ningÃºn caso la reclamaciÃ³n administrativa prevista en el artÃculo 183 de la ley 1284, de Procedimiento Administrativo provincial, en el marco del procedimiento contencioso fiscal establecido en el tÃtulo dÃ©cimo primero del presente CÃ³digo. Facultades del Poder Ejecutivo ArtÃculo 151. FacÃºltase al Poder Ejecutivo -a propuesta del Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas- a modificar las diferentes alÃcuotas establecidas en la ley impositiva, en hasta un cincuenta por ciento (50%), cuando razones de Ãndole econÃ³mica o de interÃ©s provincial lo justifiquen. Libro Segundo. Parte especial Libro primero. Impuesto inmobiliario TÃtulo primero. Del hecho imponible Impuesto anual ArtÃculo 152. Por los inmuebles situados en la Provincia del NeuquÃ©n los contribuyentes y demÃ¡s responsables mencionados en el artÃculo 157 de esta ley pagarÃ¡n un impuesto anual denominado Impuesto Inmobiliario, con arreglo a las disposiciones del presente CÃ³digo. Inmuebles alcanzados ArtÃculo 153. Se encuentran comprendidos dentro del Impuesto Inmobiliario los inmuebles de las plantas urbanas y rurales, segÃºn la clasificaciÃ³n de la ley 2217, del Catastro provincial. EstÃ¡n alcanzados por el impuesto las accesiones que incorporen riqueza a la parcela por medio de estructuras, obras accesorias, instalaciones -industriales y/o de servicios- u otras mejoras aun cuando se desconozca su destino, quedando expresamente exceptuados por su carÃ¡cter de bien mueble: calderas, turbinas, generadores y demÃ¡s instalaciones de similares caracterÃsticas, destinados a la generaciÃ³n, procesamiento, distribuciÃ³n y/o transporte de energÃa elÃ©ctrica. Tampoco formarÃ¡n parte de la base imponible la presa y los elementos necesarios para su funcionamiento y el paleocauce de las centrales de generaciÃ³n hidrÃ¡ulica. La base imponible se determinarÃ¡ de conformidad con las normas de la presente y el impuesto se liquidarÃ¡ en funciÃ³n de las alÃcuotas que serÃ¡n fijadas por la ley impositiva. El importe anual del impuesto por cada matrÃcula no podrÃ¡ ser inferior a la suma que para cada perÃodo fiscal se fije. Vigencia de valuaciones ArtÃculo 154. Cuando se modifiquen las valuaciones de inmuebles por subdivisiÃ³n y/o englobamiento, los nuevos valores tendrÃ¡n efecto a partir del 1 de enero del aÃ±o siguiente al que se efectÃºa la modificaciÃ³n. Las construcciones, ampliaciones, refacciones y accesiones incorporadas al suelo, como asÃ las demoliciones totales o parciales tendrÃ¡n efecto impositivo a partir del 1 de enero del aÃ±o siguiente al de producidas. En los casos de error de individualizaciÃ³n o valuaciÃ³n parcelaria por actualizaciÃ³n, conservaciÃ³n y perfeccionamiento del catastro provincial, los nuevos valores regirÃ¡n desde la fecha de vigencia de los valores que se modifican. GeneraciÃ³n de las obligaciones fiscales ArtÃculo 155. Las obligaciones fiscales establecidas en el presente se generan por los hechos imponibles que se produzcan, con prescindencia de la incorporaciÃ³n de las valuaciones fiscales al catastro, padrÃ³n o registro. Las diferencias de impuesto originadas en mejoras no declaradas deberÃ¡n ser reclamadas por la DirecciÃ³n provincial de Rentas desde la fecha en que las mismas se hayan producido y por los perÃodos fiscales no prescriptos. Empresas del Estado y otras entidades ArtÃculo 156. A los efectos del pago del impuesto establecido en este Libro, las entidades comprendidas en el artÃculo 1Âº de la Ley 22.016 deberÃ¡n considerar como propios todos aquel os inmuebles cuya titularidad sea ejercida por el Estado nacional, provincial o municipal, siempre que se encuentren afectados a su uso exclusivo. TÃtulo segundo. Contribuyentes y demÃ¡s responsables ArtÃculo 157. Son contribuyentes del impuesto establecido en el TÃtulo anterior: 1) Los propietarios o condÃ³minos de los inmuebles y de las parcelas que hayan sido clasificadas por la DirecciÃ³n provincial de Catastro como unidades complementarias, con exclusiÃ³n de los nudos propietarios. 2) Los usufructuarios. 3) Los poseedores a tÃtulo de dueÃ±o. Se considerarÃ¡n en tal carÃ¡cter: a) Los compradores con escritura otorgada y cuyo testimonio aÃºn no se hubiera inscripto en el Registro de la Propiedad. b) Los compradores que tengan posesiÃ³n, aun cuando no se hubiera otorgado la escritura traslativa de dominio. c) Los que posean con Ã¡nimo de adquirir el dominio por prescripciÃ³n veinteaÃ±al. d) Los adjudicatarios de tierras fiscales urbanas y rurales. e) Los poseedores de tierras fiscales rurales. En los casos de los apartados b) y c) los titulares de dominio serÃ¡n responsables solidariamente con los poseedores. 4) Los adjudicatarios de viviendas construidas por entidades oficiales con planes nacionales, provinciales o municipales, gremiales, o cooperativas, desde el acto de recepciÃ³n. 5) Los titulares de concesiones de explotaciones hidroelÃ©ctricas e hidrocarburÃferas, cuando las mismas se l even a cabo en inmuebles ubicados en la Provincia. 6) Los titulares del dominio fiduciario. Solidaridad ArtÃculo 158. El gravamen correspondiente a cada inmueble es indivisible y son solidariamente responsables de su pago los propietarios, condÃ³minos, herederos, coherederos, poseedores y coposeedores a tÃtulo de dueÃ±o, los usufructuarios, titulares de concesiones y de dominio fiduciario. Transferencia de inmuebles ArtÃculo 159. Cuando se verifique transferencia de un sujeto exento a otro gravado -o viceversa la obligaciÃ³n o la exenciÃ³n, respectivamente, comenzarÃ¡ al aÃ±o siguiente de la fecha del otorgamiento del acto. Efectos de la transferencia de dominio ArtÃculo 160. A los efectos del pago del gravamen, en los casos de transferencia de dominio, la atribuciÃ³n serÃ¡ hecha al adquirente a partir del 1 de enero del aÃ±o siguiente al que se efectÃºe la inscripciÃ³n en el Registro de la Propiedad en los tÃ©rminos de la ley nacional 14.005. En todos los casos, el impuesto anual serÃ¡ considerado como una obligaciÃ³n solidaria e indivisible para los contratantes. CertificaciÃ³n de pago ArtÃculo 161. DeberÃ¡n exigir la certificaciÃ³n previa de la DirecciÃ³n provincial de Rentas de que ha sido pagado el Impuesto Inmobiliario y accesorios si correspondieren, hasta el aÃ±o inclusive de realizaciÃ³n del acto, gestiÃ³n o promociÃ³n del procedimiento, los siguientes responsables: a) Los escribanos que intervengan en la formalizaciÃ³n de actos de transferencia de dominio de bienes inmuebles o constituciÃ³n de derechos reales. b) Las autoridades administrativas que tengan participaciÃ³n en gestiones que versen sobre inmuebles. c) Los funcionarios judiciales que intervengan en cualquier tipo de causas que tengan por objeto inmuebles. Se entenderÃ¡ por aÃ±o inclusive de realizaciÃ³n del acto, el aÃ±o calendario en que se hubiera perfeccionado el mismo. En el supuesto en que no se hubiera emitido el Impuesto Inmobiliario para dicho perÃodo se aplicarÃ¡ el emitido para el aÃ±o anterior, y la DirecciÃ³n provincial de Rentas deberÃ¡, en ese caso, reclamar las diferencias de impuesto que puedan surgir. CertificaciÃ³n en el supuesto de tierras fiscales ArtÃculo 162. No se exigirÃ¡ la certificaciÃ³n del artÃculo anterior cuando se trate de tierras fiscales transferidas por el Estado provincial a terceros poseedores de escasos recursos, quedando a cargo del comprador, cesionario o quien por cualquier otro tÃtulo recibiera el dominio del inmueble, la deuda que por Impuesto Inmobiliario pesare sobre el mismo, desde la fecha de la toma de posesiÃ³n. TÃtulo tercero. De la base imponible ArtÃculo 163. La base imponible para el cÃ¡lculo del impuesto estarÃ¡ constituida por la valuaciÃ³n de los inmuebles, determinada de conformidad con las normas de la ley provincial 2217 y los coeficientes de ajuste que establezca el Poder Ejecutivo provincial. El impuesto se liquidarÃ¡ en funciÃ³n de las alÃcuotas que serÃ¡n fijadas por la ley impositiva anual. De conformidad con lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior y hasta la fecha de fijaciÃ³n de los nuevos avalÃºos o coeficientes, las valuaciones mantendrÃ¡n su vigencia. Los pagos de las liquidaciones expedidas en igual lapso revestirÃ¡n el carÃ¡cter de anticipo como pago a cuenta del impuesto anual, el que no podrÃ¡ ser inferior a la suma que para cada perÃodo fiscal fije la ley impositiva. Elementos que no integran la base imponible ArtÃculo 164. No integran la base imponible las mejoras agrarias de inmuebles rurales consistentes en: viviendas de peones, galpones de herramientas, baÃ±aderas, molinos, cabal erizas, alambradas, bosques naturales, protectores no comercializables o industrializables, plantaciones y bosques artificiales, mientras no se hal en afectados a la industrializaciÃ³n o explotaciÃ³n. TÃtulo cuarto. De las exenciones ArtÃculo 165. EstÃ¡n exentos del impuesto: a) Los inmuebles del Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas. Los inmuebles del Estado nacional, de los municipios y comisiones de fomento de la Provincia, sÃ³lo a condiciÃ³n de reciprocidad. No operarÃ¡ esta exenciÃ³n cuando los inmuebles sean afectados a actividades comerciales o industriales, o dados en concesiÃ³n, alquiler, usufructo o cualquier otra forma jurÃdica similar para su explotaciÃ³n comercial, industrial o de prestaciones de servicios a tÃtulo oneroso. b) Los inmuebles del Ente Provincial de EnergÃa del NeuquÃ©n (EPEN), Ente Provincial de Agua y Saneamiento del NeuquÃ©n (EPAS) y ArtesanÃas Neuquinas Sociedad del Estado. c) Los inmuebles destinados por planos de mensura a utilidad pÃºblica: plazas y/o espacios verdes y reservas fiscales. d) Los excedentes de los terrenos particulares declarados de propiedad fiscal, nacional o municipal conforme la normativa vigente. e) Los inmuebles destinados a templos religiosos y sus dependencias, de cultos oficialmente reconocidos y registrados conforme la legislaciÃ³n vigente. f) Los inmuebles que pertenezcan en propiedad o usufructo a asociaciones civiles con personerÃa jurÃdica, cuando sean ocupados por dichas asociaciones y siempre que sean utilizados para los siguientes fines: 1) Servicios de salud pÃºblica, beneficencia y asistencia social y de bomberos voluntarios. 2) Escuelas, colegios, bibliotecas pÃºblicas, universidades populares, institutos educacionales y de investigaciones cientÃficas. 3) Deportes. g) Los inmuebles ocupados por asociaciones gremiales, profesionales, de fomento y mutualistas con personerÃa jurÃdica o gremial, y por los partidos polÃticos, siempre que les pertenezcan en propiedad o usufructo. Dicha exenciÃ³n no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando los inmuebles sean cedidos en locaciÃ³n o comodato. h) Los inmuebles edificados destinados exclusivamente a vivienda y ubicados en las plantas urbanas y/o rurales, segÃºn la clasificaciÃ³n de la ley 2217, cuyos propietarios sean personas fÃsicas y cuya valuaciÃ³n fiscal total, incorporando tierras y mejoras, no exceda el lÃmite que fije la ley impositiva. No se encuentran comprendidos los inmuebles sometidos al rÃ©gimen de Propiedad Horizontal. i) Los inmuebles correspondientes a las cooperativas, entidades gremiales y culturales, conforme lo establecido en el artÃculo 144 in fine de la ConstituciÃ³n provincial. j) Las reservaciones indÃgenas. k) Los inmuebles urbanos ocupados por titulares de prestaciones de los regÃmenes de jubilaciones y pensiones, siempre que Ã©ste sea el Ãºnico ingreso del grupo familiar y que: 1) Le pertenezca como Ãºnica propiedad o como poseedores a tÃtulo de dueÃ±os. 2) La ocupen exclusivamente para vivienda permanente. 3) Los haberes devengados por el mes de enero de cada aÃ±o fiscal no superen el monto de tres (3) veces el salario mÃnimo, vital y mÃ³vil o aquel que lo reemplace con iguales consecuencias y finalidad. Si el beneficiario de la prestaciÃ³n jubilatoria tuviera en trÃ¡mite la misma al mes de enero del ejercicio fiscal que corresponda, serÃ¡ considerado, a efectos de computar el tope establecido, el ochenta y dos por ciento (82%) del sueldo devengado. La exenciÃ³n dispuesta serÃ¡ tambiÃ©n aplicable cuando exista condominio, en forma proporcional al mismo. La DirecciÃ³n provincial de Rentas establecerÃ¡ las formas para acreditar los recaudos establecidos. l) Los inmuebles de personas indigentes o con afligente situaciÃ³n socioeconÃ³mica. Esta exenciÃ³n serÃ¡ otorgada por decreto del Poder Ejecutivo, previo informe socioeconÃ³mico y pudiendo comprender total o parcialmente deudas pasadas. La exenciÃ³n dispuesta en este inciso corresponderÃ¡ Ãºnicamente en los casos que: 1) Se trate de un inmueble ocupado, exclusivamente para vivienda permanente, por el titular o poseedor a tÃtulo de dueÃ±o. 2) Le pertenezca como Ãºnico inmueble. TÃtulo quinto. De la liquidaciÃ³n y pago LiquidaciÃ³n ArtÃculo 166. La DirecciÃ³n provincial de Rentas emitirÃ¡ para el pago liquidaciones administrativas del impuesto sobre la base de las constancias de sus registros, no constituyendo Ã©stas determinaciones impositivas. Formas de pago ArtÃculo 167. El impuesto establecido en el presente deberÃ¡ ser pagado anualmente -en una (1) o varias cuotas- en las condiciones y plazos que la DirecciÃ³n establezca. LiquidaciÃ³n de exenciones parciales ArtÃculo 168. La liquidaciÃ³n o determinaciÃ³n del impuesto correspondiente a inmuebles que gocen de exenciones parciales, que surjan de leyes especiales, se practicarÃ¡ tomando como base imponible su valuaciÃ³n total y sobre el resultado se determinarÃ¡ la proporciÃ³n exenta. TÃtulo sexto. Del rÃ©gimen especial de loteos RÃ©gimen especial ArtÃculo 169. EstablÃ©cese un rÃ©gimen especial de liquidaciÃ³n y pago del Impuesto Inmobiliario para los lotes libres de construcciones correspondientes a loteos. Loteo ArtÃculo 170. A los fines establecidos en el artÃculo anterior se entenderÃ¡ por loteo todo fraccionamiento aprobado, destinado a formar o ampliar centros de poblaciÃ³n para cuya realizaciÃ³n hayan debido dejarse superficies con destino al dominio pÃºblico. RÃ©gimen de acogimiento ArtÃculo 171. Los titulares de loteos podrÃ¡n acogerse al rÃ©gimen especial fijado por este tÃtulo. Se considerarÃ¡ titular de loteo a quien fuere titular del dominio a la fecha de aprobaciÃ³n del fraccionamiento, o sus sucesores a tÃtulo universal. En igual situaciÃ³n serÃ¡n considerados los sucesores a tÃtulo singular que se hubieren hecho cargo integralmente de las obligaciones del primitivo loteador. Contribuyentes que pueden incorporarse al rÃ©gimen ArtÃculo 172. Los titulares mencionados en el artÃculo anterior podrÃ¡n incorporarse al rÃ©gimen por los fraccionamientos que al ser aprobados tuvieran cuarenta (40) o mÃ¡s lotes. Base imponible en el supuesto de loteos ArtÃculo 173. La base imponible estarÃ¡ constituida por la suma de las valuaciones individuales de cada uno de los lotes. A la base asÃ establecida deberÃ¡ aplicarse la alÃcuota correspondiente para la determinaciÃ³n del impuesto. PresentaciÃ³n de declaraciones juradas ArtÃculo 174. Los titulares de loteos, para acogerse al rÃ©gimen, deberÃ¡n presentar anualmente en la forma y oportunidad que la DirecciÃ³n provincial de Rentas determine, una declaraciÃ³n jurada detal ando los lotes cuya titularidad ejercen. En dicha declaraciÃ³n deberÃ¡n incluirse los lotes enajenados, con o sin escritura traslativa de dominio, los que estarÃ¡n excluidos del sistema a partir de la posesiÃ³n por parte del adquirente. La falta de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n jurada anual en tÃ©rmino harÃ¡ caducar automÃ¡ticamente el acogimiento, dando lugar a la liquidaciÃ³n del impuesto por cada parcela por el rÃ©gimen general. Plazo de vigencia del rÃ©gimen ArtÃculo 175. La vigencia del rÃ©gimen serÃ¡ por cinco (5) perÃodos fiscales anuales consecutivos, contados a partir del aÃ±o siguiente al de la aprobaciÃ³n del fraccionamiento. Emprendimientos urbanÃsticos ArtÃculo 176. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃculos anteriores, los emprendimientos urbanÃsticos encuadrados legalmente en el rÃ©gimen de la ley 13.512, o en el rÃ©gimen especial de loteos, tributarÃ¡n sobre la mayor fracciÃ³n hasta los primeros cinco (5) perÃodos fiscales a partir de la primera registraciÃ³n parcial del plano correspondiente ante la DirecciÃ³n provincial de Catastro e InformaciÃ³n Territorial. TÃtulo sÃ©ptimo. De la imposiciÃ³n AlÃcuotas ArtÃculo 177. Las alÃcuotas aplicables al Impuesto Inmobiliario se fijarÃ¡n en la ley impositiva anual. Facultades del Poder Ejecutivo ArtÃculo 178. El Impuesto Inmobiliario mÃnimo a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 163 y el lÃmite a que se refiere el artÃculo 165, inciso h), serÃ¡n fijados anualmente por el Poder Ejecutivo, previo informe del Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas, quien serÃ¡ el encargado de producir el proyecto de decreto correspondiente. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n, el impuesto mÃnimo que se determine, para los contribuyentes que tributen el impuesto por el sistema especial para loteos, en las condiciones establecidas en el TÃtulo sexto y para la exenciÃ³n establecida en el artÃculo 165, inciso h), en tanto se cumpla la condiciÃ³n de lÃmite para la parte edificada. TÃtulo octavo. Disposiciones complementarias ArtÃculo 179. La ley impositiva podrÃ¡ ajustar para cada perÃodo fiscal los montos liquidados por Impuesto Inmobiliario para ese aÃ±o, incluyendo impuestos mÃnimos. El ajuste se efectuarÃ¡ a travÃ©s del Ãndice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que publica el INDEC o del que se disponga en su reemplazo. ArtÃculo 180. SerÃ¡n de aplicaciÃ³n respecto de este impuesto las normas de la Parte General de este mismo ordenamiento. Parte Especial Libro Segundo. Impuesto sobre los ingresos brutos TÃtulo primero. Del hecho imponible Concepto general ArtÃculo 181. El ejercicio habitual y a tÃtulo oneroso -en jurisdicciÃ³n de la Provincia del NeuquÃ©ndel comercio, industria, profesiÃ³n, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad sin consideraciÃ³n a la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde la realice, estarÃ¡ alcanzado con un Impuesto cobre los Ingresos Brutos, con arreglo a las disposiciones del presente y las que se establezcan en leyes tributarias especiales. La habitualidad deberÃ¡ determinarse teniendo en cuenta especialmente la Ãndole de las actividades, el objeto de la empresa, profesiÃ³n o locaciÃ³n y los usos y costumbres de la vida econÃ³mica. Se entenderÃ¡ como ejercicio habitual de la actividad gravada, el desarrol o -en el ejercicio fiscal de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan profesiÃ³n de tales actividades. La habitualidad no se pierde por el hecho de que, despuÃ©s de adquirida, las actividades se ejerzan en forma periÃ³dica o discontinua. Casos particulares ArtÃculo 182. Se considerarÃ¡n tambiÃ©n actividades alcanzadas por este impuesto las siguientes operaciones, realizadas dentro de la Provincia en forma habitual o esporÃ¡dica: a) Profesiones liberales. El hecho imponible estÃ¡ configurado por su ejercicio no existiendo gravabilidad por la mera inscripciÃ³n en la matrÃcula respectiva. b) La mera compra de productos agropecuarios, forestales, ictÃcolas, frutos del paÃs y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicciÃ³n. A los efectos de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior se considera âfrutos del paÃsâ a todos los bienes que sean resultado de la producciÃ³n provincial, pertenecientes a los reinos vegetal, animal o mineral, obtenidos por acciÃ³n de la naturaleza, el trabajo o el capital y mientras conserven su estado natural, aun en el caso de haberlos sometido a algÃºn proceso o tratamiento -indispensable o no- para su conservaciÃ³n o transporte (lavado, salazÃ³n, derretimiento, pisado, clasificaciÃ³n, etc.). c) Las operaciones de prÃ©stamo de dinero, con o sin garantÃa. d) Las explotaciones agrÃcolas, pecuarias, mineras, forestales o ictÃcolas. e) La comercializaciÃ³n de productos o mercaderÃas que entren a la jurisdicciÃ³n por cualquier medio. f) La intermediaciÃ³n que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones anÃ¡logas. g) El fraccionamiento y la venta de inmuebles (loteos), la compraventa y la locaciÃ³n de inmuebles. Actividad. Naturaleza especÃfica ArtÃculo 183. Para la determinaciÃ³n del hecho imponible se atenderÃ¡ a la naturaleza especÃfica de la actividad desarrol ada, con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificaciÃ³n que mereciera a los fines de policÃa municipal o de cualquier otra Ãndole, o del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de la ley. Ingresos no gravados ArtÃculo 184. No constituyen ingresos gravados con este impuesto los correspondientes a: a) El trabajo personal ejecutado en relaciÃ³n de dependencia, con remuneraciÃ³n fija o variable. b) El desempeÃ±o de cargos pÃºblicos. c) El transporte internacional de pasajeros y/o cargas efectuado por empresas constituidas en el exterior, en Estados con los cuales el paÃs tenga suscriptos o suscriba acuerdos o convenios para evitar la doble imposiciÃ³n en la materia, de los que surja a condiciÃ³n de reciprocidad, que la aplicaciÃ³n de gravÃ¡menes queda reservada Ãºnicamente al paÃs en el cual estÃ©n constituidas las empresas. d) Las exportaciones, entendiÃ©ndose por tales la actividad consistente en la venta de productos, mercaderÃas y servicios efectuadas al exterior por el exportador, con sujeciÃ³n a los mecanismos aplicados por la AdministraciÃ³n Nacional de Aduanas, alcanzando tambiÃ©n a los servicios efectivamente prestados en el exterior. Lo establecido en este inciso no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depÃ³sito y toda otra de similar naturaleza. e) Honorarios de directores y consejos de vigilancia, ni otros de similar naturaleza. f) Jubilaciones y otras pasividades en general. TÃtulo segundo. De los contribuyentes y demÃ¡s responsables Responsables por deuda propia ArtÃculo 185. Son contribuyentes del impuesto las personas fÃsicas, sociedades con o sin personerÃa jurÃdica, sucesiones indivisas, fideicomisos y demÃ¡s entes que realicen las actividades gravadas. Son tambiÃ©n contribuyentes del impuesto las uniones transitorias de empresas y cualquier otra modalidad de asociaciÃ³n o vÃnculo entre empresas que verifiquen el hecho imponible. Responsables por deuda ajena ArtÃculo 186. Las personas fÃsicas, sociedades con o sin personerÃa jurÃdica, y toda entidad o instituciÃ³n pÃºblica o privada que intervenga en operaciones alcanzadas por el impuesto actuarÃ¡n como agentes de retenciÃ³n, percepciÃ³n, recaudaciÃ³n e informaciÃ³n, en la oportunidad, casos, formas y condiciones que establezca la DirecciÃ³n provincial de Rentas, sin perjuicio del impuesto que les correspondiere por cuenta propia. TÃtulo tercero. De la base imponible DeterminaciÃ³n ArtÃculo 187. Salvo expresa disposiciÃ³n en contrario, el gravamen se determinarÃ¡ sobre la base de los ingresos devengados durante el perÃodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Se considera ingreso bruto el valor o monto total -en valores monetarios, en especies o en servicios- devengados en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribuciÃ³n por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por prÃ©stamos de dinero o plazos de financiaciÃ³n o, en general, el de las operaciones realizadas. ImputaciÃ³n por lo percibido ArtÃculo 188. Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer pÃ¡rrafo del artÃculo anterior, los contribuyentes que no tengan la obligaciÃ³n legal de l evar libros y formular balances comerciales podrÃ¡n efectuar la liquidaciÃ³n del gravamen sobre la base de los ingresos brutos percibidos. Ingresos brutos devengados ArtÃculo 189. Los ingresos brutos se imputarÃ¡n al perÃodo fiscal en que se devenguen. Se entenderÃ¡ que los ingresos se han devengado, salvo las excepciones previstas en la presente ley: a) En el caso de venta de bienes inmuebles, desde el momento de la firma del boleto, de la posesiÃ³n o escrituraciÃ³n, el que fuere anterior. b) En las operaciones de ventas de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12) meses se considerarÃ¡ ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que vencieran en cada perÃodo. c) En el caso de venta de otros bienes, desde el momento de la facturaciÃ³n o de la entrega del bien o acto equivalente, el que fuere anterior. d) En los casos de trabajos sobre inmuebles de terceros, desde el momento de la aceptaciÃ³n del certificado de obra, parcial o total o de la percepciÃ³n total o parcial del precio o de la facturaciÃ³n, el que fuere anterior. e) En el caso de prestaciÃ³n de servicios y de locaciones de obras y servicios -excepto las comprendidas en el inciso anterior-, desde el momento en que se factura o termina, total o parcialmente, la ejecuciÃ³n o prestaciÃ³n pactada, el que fuere anterior, salvo que las mismas tengan por objeto entrega de bienes, en cuyo caso el gravamen se devengarÃ¡ desde el momento de la entrega de los mismos. f) En el caso de generaciÃ³n y provisiÃ³n de energÃa elÃ©ctrica, agua o gas, o prestaciones de servicios cloacales, de desagÃ¼es o de telecomunicaciones, desde el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o desde su percepciÃ³n total o parcial, el que fuere anterior. g) En el caso de intereses, desde el momento en que se generan y en proporciÃ³n al tiempo transcurrido hasta cada perÃodo de pago del impuesto. h) En los demÃ¡s casos, desde el momento en que se genere el derecho a la contraprestaciÃ³n. A los fines de lo dispuesto precedentemente, se presume que el derecho a la percepciÃ³n se devenga con prescindencia de la exigibilidad del mismo. Conceptos que no integran la base imponible ArtÃculo 190. No integran la base imponible, los siguientes conceptos: a) Los importes que constituyen reintegro de capital, en los casos de depÃ³sitos, prÃ©stamos, crÃ©ditos, descuentos y adelantos y toda otra operaciÃ³n de tipo financiero, asÃ como sus renovaciones, repeticiones, prÃ³rrogas, esperas y otras facilidades cualesquiera sea la modalidad o forma de instrumentaciÃ³n adoptada. b) Los reintegros que perciban los comisionistas, consignatarios y similares, correspondientes a gastos efectuados por cuenta de terceros en las operaciones de intermediaciÃ³n en que actÃºan; tratÃ¡ndose de concesionarios o agentes oficiales de venta, lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior sÃ³lo serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los del Estado en materia de juegos de azar y similares, y de combustibles. c) Los subsidios y subvenciones que otorgue el Estado nacional, provincial y las municipalidades y comisiones de fomento, cuando los mismos sean recepcionados por el contribuyente en su condiciÃ³n de destinatario final de dichos subsidios y subvenciones. d) Las sumas percibidas en concepto de reintegros y reembolsos acordados por la NaciÃ³n. e) Los ingresos correspondientes a venta de bienes de uso. Deducciones ArtÃculo 191. De la base imponible se deducirÃ¡n los siguientes conceptos: a) Los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado -dÃ©bito fiscal-, impuestos internos para el Fondo Nacional de Autopistas, para el Fondo TecnolÃ³gico de Tabacos, y sobre los Combustibles LÃquidos y Gas Natural. Esta deducciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ ser efectuada por los contribuyentes de derecho de los gravÃ¡menes citados en tanto se encuentren inscriptos como tales, y en la medida y con la relaciÃ³n que corresponda a la actividad sujeta a impuesto. No corresponderÃ¡ la deducciÃ³n en el caso del Impuesto sobre los Combustibles LÃquidos y Gas Natural cuando se aplique sobre la etapa de expendio al pÃºblico, sea efectuada en forma directa por parte de la empresa productora de combustibles lÃquidos y/o gas natural o por intermedio de comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier otro tipo de intermediaciÃ³n en operaciones de naturaleza anÃ¡loga. No podrÃ¡n detraerse otros tributos que incidan sobre la actividad. b) Las sumas correspondientes a devoluciones, bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por Ã©pocas de pagos, volumen de ventas u otros conceptos similares generalmente admitidos segÃºn los usos y costumbres, correspondientes al perÃodo fiscal que se liquida. c) El importe de crÃ©ditos incobrables producidos en el transcurso del perÃodo fiscal que se liquida y que hayan debido computarse como ingreso gravado en cualquier perÃodo fiscal. En caso de posterior recupero -total o parcial- de los crÃ©ditos deducidos por este concepto se considerarÃ¡n que el os constituyen ingresos gravados, imputables al perÃodo fiscal en que el hecho ocurra. Constituyen Ãndices justificativos de la incobrabilidad cualquiera de los siguientes: la cesaciÃ³n de pagos real y manifiesta, la quiebra, el concurso preventivo, la desapariciÃ³n del deudor, la prescripciÃ³n, la iniciaciÃ³n del cobro compulsivo. ArtÃculo 192. Los importes correspondientes a envases de mercaderÃas devueltas por el comprador, siempre que no se trate de actos de retroventa o retrocesiÃ³n. Las deducciones enumeradas precedentemente sÃ³lo podrÃ¡n efectuarse cuando los conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de las que se deriven los ingresos objeto de la imposiciÃ³n. Las mismas deberÃ¡n efectuarse en la oportunidad en que la erogaciÃ³n o detracciÃ³n tenga lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contables o comprobantes respectivos. De los ingresos brutos no podrÃ¡n efectuarse otras detracciones que las explÃcitamente enunciadas en la presente ley, las que Ãºnicamente podrÃ¡n ser usufructuadas por parte de los responsables que en cada caso se indican. Bases imponibles especiales ArtÃculo 193. La base imponible estarÃ¡ constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta en los siguientes casos: a) ComercializaciÃ³n de bil etes de loterÃas y juegos de azar autorizados, cuando los valores de compra y de venta sean fijados por el Estado. b) ComercializaciÃ³n mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarril os. c) Las operaciones de compraventa de divisas. d) ComercializaciÃ³n de productos agrÃcola-ganaderos, efectuada por cuenta propia por los acopiadores de esos productos. A opciÃ³n del contribuyente, el impuesto podrÃ¡ liquidarse aplicando las alÃcuotas pertinentes sobre el total de los ingresos respectivos. Efectuada la opciÃ³n, no podrÃ¡ ser variada sin autorizaciÃ³n expresa de la DirecciÃ³n provincial de Rentas. Fideicomisos y fondos comunes de inversiÃ³n ArtÃculo 194. En los fideicomisos constituidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley nacional 24.441 y en los fondos comunes de inversiÃ³n no comprendidos en el primer pÃ¡rrafo del artÃculo 1Âº de la ley nacional 24.083 y sus modificaciones, los ingresos brutos obtenidos y la base imponible del gravamen recibirÃ¡n el tratamiento tributario que corresponda a la naturaleza de la actividad econÃ³mica que realicen. Entidades financieras ArtÃculo 195. En las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la ley nacional 21.526 y sus modificatorias, se considerarÃ¡ ingreso bruto a los importes devengados, en funciÃ³n del tiempo en cada perÃodo. La base imponible estarÃ¡ constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultado, no admitiÃ©ndose deducciones de ningÃºn tipo. PrÃ©stamos de dinero ArtÃculo 196. En los casos de operaciones de prÃ©stamos de dinero, realizados por personas fÃsicas o jurÃdicas que no sean las contempladas por la ley nacional 21.526, la base imponible serÃ¡ el monto de los intereses y ajustes por desvalorizaciÃ³n monetaria. Cuando no se determine en forma expresa el tipo de interÃ©s o se mencione uno inferior al que fije el Banco Provincia del NeuquÃ©n SA (BPN SA) para descuentos comerciales a la fecha de otorgamiento del crÃ©dito, a los fines de la determinaciÃ³n de la base imponible se computarÃ¡ este Ãºltimo, excepto el que corresponda a deudas con actualizaciÃ³n legal pactada o fijada judicialmente, en cuyo caso serÃ¡n de aplicaciÃ³n sobre la cifra actualizada los que resulten corrientes en plaza para este tipo de operaciones. CompaÃ±Ãas de seguros, reaseguros, sociedades de capitalizaciÃ³n y ahorro, de ahorro y prÃ©stamo y de ahorro previo ArtÃculo 197. Para las compaÃ±Ãas de seguros, reaseguros, sociedades de capitalizaciÃ³n y ahorro, de ahorro y prÃ©stamo y de ahorro previo para fines determinados se considerarÃ¡ monto imponible aquel que implique una remuneraciÃ³n de los servicios o un beneficio para la entidad. Se conceptÃºan especialmente en tal carÃ¡cter: a) La parte que sobre las primas, cuotas o aportes se afectan a gastos generales de administraciÃ³n, pago de dividendos, distribuciÃ³n de utilidades u otras obligaciones a cargo de la instituciÃ³n. b) Las sumas ingresadas por locaciÃ³n de bienes inmuebles y rentas de valores mobiliarios no exentas de gravamen, asÃ como la proveniente de cualquier otra inversiÃ³n de su reserva. No se computarÃ¡n como ingresos la parte de la prima de seguros destinados a reservas matemÃ¡ticas y de riesgos en curso, reaseguros pasivos y siniestros y otras obligaciones con asegurados. Comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes o cualquier otro tipo de intermediaciÃ³n ArtÃculo 198. Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes o cualquier otro tipo de intermediaciÃ³n en operaciones de naturaleza anÃ¡loga, la base imponible estarÃ¡ dada por la diferencia entre los ingresos del perÃodo fiscal y los importes que se transfieran en el mismo a sus comitentes, siempre que dicha intermediaciÃ³n sea respaldada por las registraciones contables y comprobantes respectivos. Esta disposiciÃ³n no serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los casos de operaciones de compraventa que por cuenta propia efectÃºen los intermediarios citados en el pÃ¡rrafo anterior. Tampoco para los concesionarios o agentes oficiales de venta, los que deberÃ¡n tributar sobre la base de los ingresos brutos totales devengados. ComercializaciÃ³n de bienes usados ArtÃculo 199. En el caso de comercializaciÃ³n de bienes usados recibidos como parte de pago, la base imponible serÃ¡ la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiera atribuido en oportunidad de su recepciÃ³n. En el caso de bienes usados registrables, si el precio de venta fuere inferior, igual o superior en menos de un diez por ciento (10%) al de compra o recepciÃ³n, se presume, sin admitir prueba en contrario, que la base imponible es del diez por ciento (10%) sobre estos Ãºltimos valores. Agencias de publicidad ArtÃculo 200. Para las agencias de publicidad, la base imponible estarÃ¡ dada por los ingresos provenientes de los âservicios de agenciasâ, bonificaciones por volÃºmenes y los montos provenientes de servicios propios y productos que facturen. Cuando la actividad consista en la simple intermediaciÃ³n, los ingresos provenientes de las comisiones recibirÃ¡n el tratamiento previsto para comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores y representantes. Precio pactado en especie ArtÃculo 201. Cuando el precio se pacte en especie el ingreso bruto estarÃ¡ constituido por la valuaciÃ³n de la cosa entregada, la locaciÃ³n, el interÃ©s o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interÃ©s, el valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza a la fecha de generarse el devengamiento. Profesiones liberales ArtÃculo 202. En el caso de ejercicio de profesiones liberales universitarias, ejercidas en forma independiente, y la percepciÃ³n de honorarios se efectÃºe total o parcialmente por intermedio de Consejos o Asociaciones Profesionales, la base imponible estarÃ¡ constituida por el monto lÃquido percibido por los profesionales, entendiÃ©ndose por tal el resultante luego de deducirse los conceptos inherentes a la intervenciÃ³n de dichos organismos. TÃtulo cuarto. De las exenciones ArtÃculo 203. EstÃ¡n exentos del pago de este gravamen: a) Las actividades ejercidas por el Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas. Las actividades ejercidas por el Estado nacional, las municipalidades y comisiones de fomento, sÃ³lo a condiciÃ³n de reciprocidad. No se encuentran comprendidos en esta disposiciÃ³n los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o desarrol en actividades industriales. b) Las Bolsas de Comercio, autorizadas a cotizar tÃtulos, valores y los Mercados de Valores. c) Las emisoras de radiotelefonÃa y las de televisiÃ³n debidamente autorizadas o habilitadas por autoridad competente, conforme la legislaciÃ³n de fondo que rige a la actividad. d) Toda operaciÃ³n sobre tÃtulos, letras, bonos, obligaciones y demÃ¡s papeles emitidos y que se emitan por la NaciÃ³n, las provincias y las municipalidades, como asÃ tambiÃ©n las rentas producidas por los mismos, y los ajustes de estabilizaciÃ³n o correcciÃ³n monetaria. Las actividades desarrol adas por los agentes de Bolsa y por todo tipo de intermediarios en relaciÃ³n con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exenciÃ³n. e) La ediciÃ³n, impresiÃ³n, distribuciÃ³n y venta de libros, apuntes, diarios, periÃ³dicos y revistas. EstÃ¡n comprendidos en esta exenciÃ³n los ingresos provenientes de la locaciÃ³n de espacios publicitarios, avisos, edictos y solicitadas. f) Las representaciones diplomÃ¡ticas y consulares de los paÃses extranjeros acreditados ante el Gobierno de la RepÃºblica, dentro de las condiciones establecidas por la ley nacional 13.238. g) Las cooperativas, de acuerdo a lo dispuesto en el artÃculo 144 de la ConstituciÃ³n provincial. Esta exenciÃ³n no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o servicios efectuados por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean asociados o tengan inversiones que no integren el capital societario. h) Los ingresos de los asociados de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas. i) Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislaciÃ³n vigente, con excepciÃ³n de la actividad que puedan realizar en materia de seguros. j) Las operaciones realizadas por las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien pÃºblico, asistencia social, de educaciÃ³n e instrucciÃ³n, cientÃficas, artÃsticas, culturales y deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constituciÃ³n o documento similar y en ningÃºn caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos se deberÃ¡ contar con personerÃa jurÃdica o gremial o reconocimiento o autorizaciÃ³n por autoridad competente, segÃºn corresponda. k) Intereses obtenidos por depÃ³sitos de dinero en caja de ahorro, cuentas especiales de ahorro, plazo fijo u otras formas de captaciÃ³n de fondos del pÃºblico. l) Los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseÃ±anza oficial, reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones. m) ProducciÃ³n primaria, siempre y cuando los ingresos se originen en la venta de bienes producidos en la Provincia del NeuquÃ©n. Esta exenciÃ³n no alcanzarÃ¡ a ninguna de las actividades hidrocarburÃferas y sus servicios complementarios, asÃ como los supuestos previstos en el artÃculo 21 del tÃtulo III, capÃtulo IV de la ley 23.966. No operarÃ¡ la exenciÃ³n cuando se agreguen valores por procesos posteriores al producto primario -aun cuando dichos procesos se efectÃºen sin facturaciÃ³n previa-. Tampoco serÃ¡ procedente la exenciÃ³n cuando la producciÃ³n sea vendida directamente a consumidores finales o a sujetos que revistan la categorÃa de exentos en el IVA. n) Los ingresos de personas fÃsicas o sucesiones indivisas provenientes de la venta de no mÃ¡s de diez (10) lotes en el ejercicio fiscal. Ã±) La venta de inmuebles efectuada despuÃ©s de dos (2) aÃ±os de la firma de la escritura. Este plazo no serÃ¡ exigible cuando se trate de ventas efectuadas por sucesiones indivisas o por el propietario de su Ãºnica vivienda. o) Los ingresos provenientes de la locaciÃ³n de inmuebles cuando se trate de hasta dos (2) propiedades y los obtengan personas fÃsicas o sucesiones indivisas, siempre que: 1) EstÃ©n destinadas a viviendas de uso familiar. 2) Cada una de el as no supere los sesenta metros cuadrados (60 m2) de superficie cubierta. 3) Se trate de inmuebles urbanos, conforme la clasificaciÃ³n establecida para el Impuesto Inmobiliario. p) Los organizadores de ferias-exposiciones declaradas de interÃ©s provincial por el Poder Ejecutivo, en un cincuenta por ciento (50%) de los ingresos gravados que correspondan a la ejecuciÃ³n del evento. q) Los ingresos provenientes de las actividades que desarrol en el Ente Provincial de EnergÃa del NeuquÃ©n (EPEN), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), ArtesanÃas Neuquinas Sociedad del Estado. r) Los ingresos provenientes de las actividades que realice el ComitÃ© Interjurisdiccional del RÃo Colorado (CO.IR.CO.) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). s) Envasado, empaque, conservaciÃ³n o elaboraciÃ³n industrial de productos frutihortÃcolas. Cuando dichas actividades se complementen con la venta de sus productos a consumidores finales o a sujetos que revistan la categorÃa de exentos en el IVA, tales ventas no estarÃ¡n alcanzadas por esta exenciÃ³n. t) Los ingresos obtenidos por los efectores sociales en los tÃ©rminos de la ley provincial 2650. u) Los ingresos obtenidos por la actividad de producciÃ³n de software, en los tÃ©rminos de la ley provincial 2577. TÃtulo quinto. Del perÃodo fiscal ArtÃculo 204. El perÃodo fiscal serÃ¡ el aÃ±o calendario. TÃtulo sexto. De la liquidaciÃ³n y pago Contribuyentes del Convenio multilateral ArtÃculo 205. Los contribuyentes que ejerzan actividades en dos (2) o mÃ¡s jurisdicciones, ajustarÃ¡n su liquidaciÃ³n a las disposiciones del Convenio multilateral vigentes. Las normas citadas tendrÃ¡n, en caso de concurrencia con la presente, preeminencia sobre la misma. LiquidaciÃ³n del impuesto ArtÃculo 206. El impuesto se liquidarÃ¡ por declaraciÃ³n jurada, en los plazos y condiciones que determine la DirecciÃ³n provincial, la que establecerÃ¡ -asimismo- la forma y plazos de inscripciÃ³n de los contribuyentes y demÃ¡s responsables. Juntamente con la liquidaciÃ³n del Ãºltimo pago del ejercicio deberÃ¡n presentar una declaraciÃ³n jurada en la que se resuma la totalidad de las operaciones del aÃ±o. Se deberÃ¡ discriminar en la mencionada declaraciÃ³n cada una de las actividades que estÃ©n sometidas a distintos tratamientos impositivos. Cuando se omitiera la discriminaciÃ³n, estarÃ¡n sujetas a la alÃcuota mÃ¡s gravosa, tributando un impuesto no menor a la suma de los importes mÃnimos establecidos en la presente ley para cada actividad o rubro hasta tanto el contribuyente demuestre el monto imponible de las actividades menos gravadas. Anticipos y declaraciones juradas ArtÃculo 207. El pago se harÃ¡ mediante liquidaciones mensuales por el sistema de anticipos y saldo de declaraciÃ³n jurada, calculados por el contribuyente sobre los ingresos de base cierta devengados en el perÃodo que se liquida, excepto que se encuentren incluidos dentro del RÃ©gimen de Impuesto fijo. FacÃºltase a la DirecciÃ³n provincial de Rentas a establecer la forma, condiciones y plazos para la presentaciÃ³n de las declaraciones juradas y pago del gravamen. Los anticipos y saldo tendrÃ¡n carÃ¡cter de declaraciÃ³n jurada. En la declaraciÃ³n jurada de los anticipos o del Ãºltimo pago se deducirÃ¡ el importe de las retenciones, percepciones y/o recaudaciones sufridas, procediÃ©ndose -en su caso- al depÃ³sito del saldo resultante a favor del fisco. Impuesto fijo ArtÃculo 208. Establecer un rÃ©gimen de Impuesto fijo para todos aquel os contribuyentes cuyas actividades se encuentren incluidas dentro de las disposiciones fijadas en la ley impositiva provincial. La cancelaciÃ³n del monto que se determine como Impuesto Fijo tendrÃ¡ el carÃ¡cter de definitivo y deberÃ¡ ingresarse en forma mensual. FacÃºltase a la DirecciÃ³n provincial de Rentas a reglamentar e instrumentar la metodologÃa de incorporaciÃ³n al presente rÃ©gimen. PercepciÃ³n de impuestos ArtÃculo 209. El Banco Provincia del NeuquÃ©n SA (BPN SA) realizarÃ¡ la percepciÃ³n de los impuestos correspondientes a todos los fiscos, que deban efectuar los contribuyentes del Convenio Multilateral, acreditando en la cuenta de la DirecciÃ³n provincial de Rentas los fondos resultantes de la liquidaciÃ³n practicada a favor de la Provincia del NeuquÃ©n, debiendo asimismo realizar las transferencias que resulten a favor de los fiscos respectivos, a condiciÃ³n de reciprocidad. Pagos y transferencias. Convenio multilateral ArtÃculo 210. Las normas relativas a la mecÃ¡nica de pago y transferencias de los contribuyentes incluidos dentro del RÃ©gimen del Convenio multilateral, y los formularios de pago, serÃ¡n dispuestos por la ComisiÃ³n arbitral del Convenio multilateral. TÃtulo sÃ©ptimo. De la imposiciÃ³n ArtÃculo 211. Los contribuyentes deberÃ¡n ingresar un impuesto mÃnimo -anual o mensual- de acuerdo a lo que establezca la ley impositiva. Los mÃnimos dispuestos serÃ¡n ingresados mensualmente y serÃ¡n considerados para la liquidaciÃ³n del impuesto que efectivamente corresponda. El mÃnimo anual serÃ¡ abonado en el primer aÃ±o de actividad en proporciÃ³n a los meses en que la misma sea ejercida. A tal efecto, las fracciones de mes se computarÃ¡n como mes completo. ArtÃculo 212. Para los contribuyentes comprendidos en el RÃ©gimen del Convenio Multilateral no serÃ¡n de aplicaciÃ³n las disposiciones generales relativas a impuestos mÃnimos anuales o mensuales. ArtÃculo 213. La ley impositiva fijarÃ¡ la alÃcuota general del impuesto y las alÃcuotas diferenciales, de acuerdo a las caracterÃsticas de cada actividad. No dejarÃ¡ de gravarse un ramo o actividad por el hecho de que no haya sido previsto en forma expresa en la ley impositiva; en tal supuesto se aplicarÃ¡ la alÃcuota general establecida en dicha ley. Las actividades o rubros accesorios de una actividad principal, incluido financiaciÃ³n y ajustes por desvalorizaciÃ³n monetaria, estarÃ¡n sujetos a la alÃcuota que para aquÃ©l a establezca la ley impositiva. TÃtulo octavo. Del inicio y cese de actividades ArtÃculo 214. En los casos de iniciaciÃ³n de actividades deberÃ¡ solicitarse -con carÃ¡cter previo- la inscripciÃ³n como contribuyente y abonar el impuesto mÃnimo anual para las actividades en general que corresponda proporcionÃ¡ndolo al perÃodo mensual. El monto abonado con la inscripciÃ³n serÃ¡ considerado como pago a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda abonar. ArtÃculo 215. En los casos de cese de actividades -incluidas transferencias de fondos de comercio, sociedades y explotaciones gravadas- deberÃ¡ satisfacerse el impuesto correspondiente hasta la fecha de cese, previa presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n jurada respectiva. Si se tratara de contribuyentes cuya liquidaciÃ³n se efectÃºa por el sistema de lo percibido, deberÃ¡n computar tambiÃ©n los importes devengados no incluidos en aquel concepto. Lo dispuesto precedentemente no serÃ¡ de aplicaciÃ³n obligatoria en los casos de transferencias en las que se verifique continuidad econÃ³mica para la explotaciÃ³n de la o de las mismas actividades y se conserva la inscripciÃ³n como contribuyente, supuesto en el cual se considera que existe sucesiÃ³n de las obligaciones fiscales. Evidencian continuidad econÃ³mica: 1) La fusiÃ³n de empresas u organizaciones -incluidas unipersonales- a travÃ©s de una tercera que se forme o por absorciÃ³n de una de el as. 2) La venta o transferencia de una entidad a otra que, a pesar de ser jurÃdicamente independiente, constituyan un mismo conjunto econÃ³mico. 3) El mantenimiento de la mayor parte del capital en la nueva entidad. 4) La permanencia de las facultades de direcciÃ³n empresarial en la misma o mismas personas. TÃtulo noveno. Disposiciones complementarias ArtÃculo 216. A los efectos de establecer el alcance de las actividades gravadas, no gravadas y exentas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se estarÃ¡ a lo dispuesto en la ClasificaciÃ³n Industrial Internacional Uniforme para todas las Actividades EconÃ³micas de las Naciones Unidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo 186 del presente CÃ³digo. ArtÃculo 217. SerÃ¡n de aplicaciÃ³n respecto de este impuesto las normas de la Parte General de este CÃ³digo Fiscal. Parte Especial Libro tercero. Impuesto de sellos TÃtulo primero. Del hecho imponible ArtÃculo 218. EstarÃ¡n sujetos al pago del Impuesto de Sel os, de conformidad con las disposiciones de este tÃtulo, los actos, contratos y operaciones de carÃ¡cter oneroso, siempre que: a) Se otorguen en jurisdicciÃ³n de la Provincia del NeuquÃ©n, asÃ como tambiÃ©n los otorgados fuera de el a, en los casos especialmente previstos. b) Se formalicen en instrumentos pÃºblicos o privados. ArtÃculo 219. TambiÃ©n estarÃ¡n sujetos al pago del impuesto: a) Todos los actos celebrados entre ausentes. b) Las operaciones monetarias no instrumentadas, de acuerdo con las disposiciones de este tÃtulo. Actos otorgados en otra jurisdicciÃ³n o en el extranjero ArtÃculo 220. Se encuentran sujetos al pago de este impuesto los actos otorgados fuera de la jurisdicciÃ³n provincial y de cuyo texto resulte que deben producir efectos en la Provincia del NeuquÃ©n. TambiÃ©n se encuentran gravados los actos que estÃ¡n exentos del pago de los impuestos de sel os provinciales o de la Capital Federal por las siguientes causas: a) Por haber constituido las partes domicilio en la Provincia del NeuquÃ©n. b) Porque los bienes objeto de contrataciÃ³n se encuentran ubicados en jurisdicciÃ³n de esta Provincia. En todos los casos los actos celebrados en el exterior estarÃ¡n sujetos al pago del impuesto, al tener efectos en jurisdicciÃ³n de la Provincia del NeuquÃ©n. A los fines previstos en este artÃculo no se considerarÃ¡n efectos en jurisdicciÃ³n de la Provincia del NeuquÃ©n la presentaciÃ³n, exhibiciÃ³n, transcripciÃ³n o agregaciÃ³n de tales instrumentos en dependencias judiciales, pÃºblicas o privadas, registros de contratos pÃºblicos e instituciones bancarias, cuando sÃ³lo tengan por objeto acreditar personerÃa o constituir elementos de prueba. ProducciÃ³n de efectos ArtÃculo 221. En los casos de actos celebrados en la Provincia, pero que deban producir efectos fuera de el a, los contribuyentes podrÃ¡n satisfacer el impuesto en NeuquÃ©n o en cualquiera de las otras jurisdicciones donde tengan previsto verificarse los efectos. Ingresado el gravamen en otra jurisdicciÃ³n de acuerdo a lo establecido en el pÃ¡rrafo precedente, corresponderÃ¡ oblar la diferencia de alÃcuota en el Ã¡mbito provincial, si existiere. Cuando los actos, contratos u operaciones que se exterioricen a la DirecciÃ³n para su intervenciÃ³n y que no contengan menciÃ³n del lugar de emisiÃ³n, se presumirÃ¡ que han sido celebrados en esta Provincia. AbstracciÃ³n de la validez o verificaciÃ³n de efectos del acto ArtÃculo 222. Por todos los actos, contratos u operaciones a que se refieren los artÃculos anteriores, deberÃ¡n satisfacerse los impuestos correspondientes por el solo hecho de su instrumentaciÃ³n o existencia material, con abstracciÃ³n de su validez o eficacia o verificaciÃ³n de sus efectos. Cuando de la lectura de un instrumento surja la existencia de otros actos o contratos sujetos al tributo se deberÃ¡n presentar los mismos como paso previo a la intervenciÃ³n o trÃ¡mite de visado. Cuando se configuren distintos hechos imponibles en un mismo instrumento se deberÃ¡ abonar el impuesto que por cada uno de el os correspondiere. Contratos entre ausentes ArtÃculo 223. SerÃ¡ considerado acto o contrato sujeto al pago del impuesto que esta ley determine aquel que se verifique en forma epistolar, por carta, cable, telegrama o cualquier otro mÃ©todo de contrataciÃ³n entre ausentes, siempre que se verifique por hechos, actos o documentaciÃ³n el perfeccionamiento de los mismos. Obligaciones accesorias ArtÃculo 224. En las obligaciones accesorias deberÃ¡ liquidarse el impuesto aplicable a las mismas conjuntamente con el que le corresponde a la obligaciÃ³n principal, salvo que se probare que esta Ãºltima ha sido formalizada por instrumento separado en el cual se haya satisfecho el gravamen correspondiente. Obligaciones a plazo ArtÃculo 225. No constituyen nuevos hechos imponibles las obligaciones a plazo que se estipulen en el mismo acto para el cumplimiento de las prestaciones relacionadas con los contratos en las cuales se convengan las transferencias de dominio de bienes inmuebles o muebles. Actos sujetos a condiciÃ³n ArtÃculo 226. Los actos sujetos a condiciÃ³n serÃ¡n considerados como puros y simples a los fines de la aplicaciÃ³n del impuesto. PrÃ³rrogas ArtÃculo 227. Toda prÃ³rroga expresa de contrato se considera como una nueva operaciÃ³n sujeta a impuesto. ObligaciÃ³n de las partes de exteriorizar instrumentos gravados ArtÃculo 228. Las partes otorgantes de un acto, contrato u operaciÃ³n del que resulte el nacimiento del hecho imponible para el Impuesto de Sel os tienen la obligaciÃ³n de exteriorizarlo requiriendo la intervenciÃ³n de la DirecciÃ³n, a cuyos efectos deberÃ¡n presentarlo en original y todos sus ejemplares para su sel ado a fin de que se liquide el impuesto, accesorios, recargos y multas o se inserte en el cuerpo del mismo su condiciÃ³n de exento o de impuesto condonado por ley especial o no alcanzado, segÃºn corresponda. Se deberÃ¡ presentar una copia, que serÃ¡ certificada por el empleado actuante que afirma haber tenido los originales a la vista. Contradocumentos ArtÃculo 229. Los contradocumentos en instrumentos pÃºblicos y privados estarÃ¡n sujetos al mismo impuesto aplicable a los actos que contradicen. ModificaciÃ³n de las clÃ¡usulas del instrumento ArtÃculo 230. Los actos, contratos u operaciones en los que aun por simple modificaciÃ³n de las clÃ¡usulas pactadas se aclaren, confirmen o ratifiquen otros anteriores que hubieren satisfecho el tributo, abonarÃ¡n el impuesto siempre que: a) Se aumente su valor, cualquiera fuera la causa (aumento de precio pactado, mayores costos, actualizaciÃ³n por desvalorizaciÃ³n monetaria, etc.). b) Se cambie su naturaleza o los tÃ©rminos del acuerdo o de otro modo se efectÃºe la novaciÃ³n de las obligaciones convenidas. c) Se sustituyan las partes intervinientes o se prorrogue el plazo convenido, cuando la prÃ³rroga pudiera hacer variar el impuesto aplicable. Si se diera alguno de estos supuestos, se pagarÃ¡ sobre el respectivo instrumento el impuesto que corresponda por el nuevo acto o la ampliaciÃ³n de valor que resulte. No abonarÃ¡n impuestos los documentos que se emitan en ejecuciÃ³n de clÃ¡usulas pactadas en un contrato anterior sujetos al tributo (certificados de obra, liquidaciones y sus complementos, actas de reconocimiento, etc.) aunque en los mismos se reconozca un mayor valor, siempre que Ã©ste sea la consecuencia de la aplicaciÃ³n de los mecanismos previstos en el contrato anterior. TÃtulo segundo. De los contribuyentes y demÃ¡s responsables ArtÃculo 231. Son contribuyentes todos aquel os que realicen las operaciones o formalicen los actos y contratos sometidos al presente impuesto. Responsables por deuda ajena ArtÃculo 232. Son responsables por deuda ajena aquel os nombrados como tales en este CÃ³digo o por la DirecciÃ³n provincial de Rentas. Divisibilidad del impuesto ArtÃculo 233. Si alguno de los intervinientes estuviera exento del pago de gravÃ¡menes por disposiciÃ³n de este CÃ³digo o leyes especiales, la obligaciÃ³n fiscal se considerarÃ¡ en este caso divisible y la exenciÃ³n se limitarÃ¡ a la cuota que le corresponda a la persona exenta. Responsabilidad solidaria ArtÃculo 234. Quienes otorguen, endosen, autoricen o conserven en su poder por cualquier tÃtulo o razÃ³n, instrumentos sujetos al impuesto, son solidariamente responsables del gravamen omitido parcial o totalmente, sus intereses, recargos y/o multas aplicables. Compra en comisiÃ³n ArtÃculo 235. En los casos de boletos de compraventa en los que el comprador actÃºe en comisiÃ³n deberÃ¡, dentro del plazo de diez (10) dÃas contados a partir de la celebraciÃ³n del acto o de la aprobaciÃ³n de la subasta, indicar en el cuerpo del instrumento o en anexo, el nombre del comitente para quien se realizÃ³ la compra. La inobservancia de esta disposiciÃ³n harÃ¡ presumir, a los efectos del pago del impuesto establecido en este Libro sin admitir prueba en contrario, que la adquisiciÃ³n ha sido realizada para sÃ. TÃtulo tercero. Exenciones Exenciones subjetivas ArtÃculo 236. EstarÃ¡n exentos del Impuesto de Sel os: 1) El Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas. El Estado nacional, las municipalidades y comisiones de fomento, sÃ³lo a condiciÃ³n de reciprocidad. No se encuentran comprendidos en esta disposiciÃ³n los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o desarrol en actividad industrial. 2) Las sociedades mutuales; instituciones religiosas legalmente reconocidas y sus dependencias no destinadas al culto; asociaciones profesionales; partidos polÃticos, con personerÃa jurÃdica. 3) Las cooperativas, entidades gremiales y culturales, constituidas legalmente de conformidad a lo que establezca la autoridad de aplicaciÃ³n de las mismas, conforme lo dispuesto en el artÃculo 144 in fine de la ConstituciÃ³n provincial. 4) Los sujetos que al momento de la celebraciÃ³n de los actos, contratos u operaciones que constituyan hechos imponibles para el impuesto sean considerados exentos por la ISIB, de conformidad a lo establecido por el artÃculo 203, inciso j), de la presente ley. 5) El ComitÃ© Interjurisdiccional del RÃo Colorado (CO.IR.CO.) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). 6) El Ente Provincial de EnergÃa del NeuquÃ©n (EPEN), Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y ArtesanÃas Neuquinas Sociedad del Estado. 7) Los efectores sociales en los tÃ©rminos de la ley 2650. Exenciones objetivas ArtÃculo 237. En los casos que a continuaciÃ³n se expresan quedarÃ¡n exentos de Impuesto de Sel os, ademÃ¡s de los casos previstos por leyes especiales, los siguientes contratos y operaciones: a) Mandatos generales y especiales, cuando en el os se indique expresamente que en su ejercicio se excluye la jurisdicciÃ³n provincial. b) Actos y contratos que instrumenten la adquisiciÃ³n de dominio de inmuebles mediante planes habitacionales oficiales del Gobierno nacional, provincial o municipal, por adjudicaciÃ³n de lotes oficiales u operatorias de capitalizaciÃ³n, ahorro previo y similares, l evadas a cabo por instituciones habilitadas con tal objeto. En todos los casos deben darse en forma concurrente las siguientes condiciones: a) Lotes: hasta trescientos metros cuadrados (300 m2). b) Construcciones: hasta sesenta metros cuadrados (60 m2). c) Ãnico inmueble destinado a vivienda permanente del adquirente y su grupo familiar. d) ValuaciÃ³n fiscal: se deberÃ¡ ajustar a los valores establecidos en la ley impositiva La DirecciÃ³n provincial de Rentas dictarÃ¡ las normas reglamentarias pertinentes. La exenciÃ³n serÃ¡ extensiva a todos los contratos de construcciÃ³n de viviendas con las limitaciones de este inciso. c) Divisiones y subdivisiones de hipotecas, refuerzo de garantÃas hipotecarias y las modificaciones en la forma del pago del capital o intereses, siempre que no se modifiquen los plazos contratados. d) Fianzas que se otorguen a favor del fisco nacional, provincial o municipal, en razÃ³n del ejercicio de funciones de los empleados pÃºblicos y todo acto, contrato u operaciÃ³n que se exige para garantizar el pago de tributos. e) Actos, contratos y obligaciones que se otorguen bajo el rÃ©gimen de la Ley OrgÃ¡nica de ColonizaciÃ³n. f) Contrato de constituciÃ³n, transmisiÃ³n, modificaciÃ³n o extinciÃ³n de cualquier derecho real sobre bienes situados fuera de la Provincia. g) Cartas, poderes o autorizaciones para intervenir en las actuaciones promovidas con motivo de reclamaciones derivadas de las relaciones jurÃdicas vinculadas con el trabajo, otorgadas por empleados, obreros o sus causahabientes. h) Las transformaciones de sociedades en otras de tipo jurÃdico distintos, siempre que no se prorrogue la duraciÃ³n de la sociedad primitiva y/o se aumente el capital social. i) Los aumentos de capital provenientes de la capitalizaciÃ³n del ajuste del capital por revalÃºos, ajustes contables o legales no originados en utilidades lÃquidas y realizadas, que se efectÃºen en las sociedades, ya sea por emisiÃ³n de acciones liberadas o por modificaciones de los estatutos o contratos sociales. Asimismo, las capitalizaciones o distribuciones de acciones recibidas de otras sociedades, originadas en las mismas situaciones. j) Las reinscripciones de prendas, hipotecas y divisiones de condominio. k) Tampoco estarÃ¡n sujetos a este impuesto los actos que formalicen la reorganizaciÃ³n de sociedades o fondos de comercio, siempre que no se prorrogue el tÃ©rmino de duraciÃ³n subsistente o de la nueva sociedad, segÃºn corresponda respecto a la de mayor plazo de las que se reorganicen. Si el capital de la sociedad subsistente o de la nueva sociedad, en su caso, fuera mayor a la suma de los capitales de las sociedades reorganizadas, se abonarÃ¡ el impuesto sobre el aumento de capital. Se entiende por reorganizaciÃ³n de sociedades o fondos de comercio las operaciones definidas como tales en la Ley del Impuesto a las Ganancias y sus normas complementarias y reglamentarias. El rechazo del encuadramiento efectuado por la AFIP-DGI a lo solicitado por el contribuyente harÃ¡ renacer la gravabilidad de los actos y contratos desde la fecha de su otorgamiento. l) La compraventa de automotores cero kilÃ³metro (0 km) celebrado con concesionarias oficiales radicadas en la Provincia del NeuquÃ©n. m)Los actos, contratos y operaciones relacionados con la organizaciÃ³n de ferias-exposiciones declaradas de interÃ©s provincial por el Poder Ejecutivo, en la parte que corresponda a los organizadores. n) La primera venta de productos agropecuarios y frutos del paÃs originarios de la Provincia, efectuada por los propios productores. Ã±) Los actos y contratos de las expropiaciones realizadas por el Estado nacional, provincial y sus municipios. o) Los contratos de compraventa, permuta, locaciÃ³n de obra o servicios que impliquen operaciones de exportaciÃ³n, cuando el importador se domicilie en el exterior; quedan tambiÃ©n exentas las cesiones de esos instrumentos realizadas entre exportadores. No se encuentran alcanzadas por esta exenciÃ³n los contratos de exportaciÃ³n de hidrocarburos lÃquidos, sÃ³lidos y gaseosos que no hayan sufrido procesos industriales. p) Los actos, contratos u operaciones indicados en el artÃculo 238, inciso a), cuando sean producidos con motivo de la sanciÃ³n de la Ley de Emergencia 25.561. q) Los contratos de trabajo en relaciÃ³n de dependencia, en cualquiera de las modalidades a que se refiere la Ley de Contratos de Trabajo, incluyendo los celebrados con el Estado nacional, los Estados provinciales, las municipalidades y comisiones de fomento, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas. r) PagarÃ©s correspondientes a contratos prendarios o hipotecarios que contengan una leyenda cruzada que los declare intransferibles o no negociables. En caso de presentarse a juicio deberÃ¡ oblarse el importe pertinente. s) Los prÃ©stamos y documentos que garanticen los mismos, otorgados a empleados pÃºblicos provinciales y municipales de la Provincia del NeuquÃ©n, que les acuerde el Instituto de Seguridad Social del NeuquÃ©n (ISSN). t) Vales que no consignen las obligaciones de pagar sumas de dinero, las simples constancias de remisiÃ³n o entrega de mercaderÃa o nota de pedido de las mismas y las boletas que expidan los comerciantes como consecuencia de ventas al contado realizadas en el negocio, salvo que reÃºna los requisitos de instrumento celebrado entre ausentes. u) Endosos de pagarÃ©s, de letras de cambio, de giros y Ã³rdenes de pago, siempre que tales documentos hayan sido emitidos en nuestra jurisdicciÃ³n. v) Las garantÃas que se acompaÃ±en a las propuestas en las licitaciones y concursos de precios del Estado nacional, provincial, municipalidades y comisiones de fomento de la Provincia. w) La recaudaciÃ³n y transferencias respectivas por ingresos de otros fiscos se hal arÃ¡n exentas del Impuesto de Sel os. Facultades del Poder Ejecutivo ArtÃculo 238. FacÃºltase al Poder Ejecutivo -previa intervenciÃ³n del Ministerio de Hacienda y Obras PÃºblicas- a conceder exenciones, totales o parciales, para los actos, contratos u operaciones, cuando razones econÃ³micas de interÃ©s general asÃ las justifiquen. TÃtulo cuarto. De la base imponible TransmisiÃ³n de dominio de inmuebles ArtÃculo 239. Por toda transmisiÃ³n de dominio de inmuebles a tÃtulo oneroso, el impuesto se aplicarÃ¡ sobre precio pactado o la valuaciÃ³n fiscal, el que fuere mayor. Igual criterio se seguirÃ¡ en la transmisiÃ³n de la nuda propiedad. Se considera como precio pactado al valor asignado al inmueble con mÃ¡s toda otra erogaciÃ³n a cargo del adquirente y que corresponda al vendedor. Si el adquirente se hace cargo de estas hipotecas no corresponderÃ¡ pagar el impuesto sobre estas obligaciones, salvo que se prorrogue su vencimiento, en cuyo caso se aplicarÃ¡ el impuesto que para tales prÃ³rrogas establece la ley impositiva. Cuando existan cesiones de boletos de compraventa, al momento de la escrituraciÃ³n se considerarÃ¡ como base imponible el valor estipulado en la Ãºltima cesiÃ³n. Si Ã©ste fuere inferior al fijado en el boleto se tomarÃ¡ el mayor a efectos de la comparaciÃ³n con la valuaciÃ³n fiscal. En las operaciones sujetas a aprobaciÃ³n judicial el impuesto se aplicarÃ¡ sobre el monto obtenido en la subasta, aun cuando fuera inferior a la valuaciÃ³n fiscal. En estos casos, el plazo establecido en el artÃculo 80, pÃ¡rrafo quinto, de este CÃ³digo se contarÃ¡ a partir de la fecha de dicha aprobaciÃ³n judicial. Contratos de concesiÃ³n ArtÃculo 240. En los contratos de concesiÃ³n, sus cesiones o transferencias o sus prÃ³rrogas otorgadas por cualquier autoridad, el impuesto se liquidarÃ¡ sobre el valor de la concesiÃ³n o de los mayores valores resultantes de las obligaciones impuestas al concesionario. Si no se determinara el valor, el impuesto se aplicarÃ¡ sobre el capital necesario para su explotaciÃ³n, teniendo en cuenta la importancia de las obras e inversiones a realizar o -en su defecto los importes representados por todos los bienes destinados a la explotaciÃ³n y el dinero necesario a su desenvolvimiento. En los contratos de concesiÃ³n otorgados por la autoridad minera en primera instancia, el impuesto se liquidarÃ¡ sobre el capital mÃnimo necesario para la explotaciÃ³n del yacimiento a conceder o sobre el monto realmente invertido en el yacimiento, verificado dentro de los treinta (30) dÃas anteriores al otorgamiento del tÃtulo de concesiÃ³n. TratÃ¡ndose de contratos de concesiÃ³n de obras, remunerados con la concesiÃ³n de explotaciÃ³n de las mismas, la base de la imposiciÃ³n serÃ¡ exclusivamente el valor de las obras comprometidas a ejecutar en el acto de concesiÃ³n pertinente. ArtÃculo 241. En los contratos de transferencia a tÃtulo oneroso de establecimientos industriales, comerciales o civiles -por cualquier causa- el impuesto deberÃ¡ liquidarse aplicando los mecanismos y requisitos pertinentes fijados en el artÃculo 251. Sociedades de hecho ArtÃculo 242. Las sociedades irregulares que no hubieren satisfecho el Impuesto de Sel os a la fecha de su constituciÃ³n deberÃ¡n hacerlo efectivo en el momento de regularizarse, sin que por tal motivo se exceptÃºe a las mismas de los accesorios, recargos y multas que correspondan. Obligaciones negociables y otros tÃtulos de deuda ArtÃculo 243. Se encuentra sujeto al pago del impuesto legislado en este Libro la emisiÃ³n de obligaciones negociables y otros tÃtulos de deuda con garantÃa flotante e hipotecaria. El impuesto no podrÃ¡ ser aplicado sobre un monto mayor al valor de la emisiÃ³n. Boletos de compraventa de automotores ArtÃculo 244. En los boletos de compraventa de automotores celebrados en otras jurisdicciones, en las que se haya abonado el Impuesto de Sel os correspondiente a las mismas, y el adquirente inscriba el rodado en jurisdicciÃ³n de la Provincia del NeuquÃ©n, se deberÃ¡ abonar el impuesto derivado de la aplicaciÃ³n de la diferencia de alÃcuota, en caso de existir. Actos gratuitos con prestaciones pecuniarias ArtÃculo 245. En los actos a tÃtulo gratuito efectuados con cargo de prestaciones apreciables en dinero, la base imponible estarÃ¡ dada por el monto de los mismos. Contrato de permuta ArtÃculo 246. En las permutas el impuesto se aplicarÃ¡ sobre la mitad de la suma del valor de los bienes permutados, a cuyos efectos se tendrÃ¡ en cuenta: a) Los inmuebles, por el valor de la base imponible del Impuesto Inmobiliario o el valor asignado, el que fuere mayor. b) Los muebles o semovientes, por el valor asignado por las partes o el valor que le asigne la DirecciÃ³n provincial de Rentas teniendo en cuenta los valores de plaza de los mismos, el que fuere mayor. En los supuestos de permuta con entrega de dinero se aplicarÃ¡n las normas de la compraventa si la suma dineraria es superior al valor de la cosa entregada, en caso contrario se aplicarÃ¡n las normas de la permuta, de conformidad a lo establecido en el artÃculo 1356 del CÃ³digo Civil. En los casos de inmuebles situados fuera de la jurisdicciÃ³n provincial, su valor deberÃ¡ probarse con la valuaciÃ³n fiscal y la base imponible serÃ¡ la mitad del valor asignado o la valuaciÃ³n fiscal, el que fuere mayor, de los inmuebles ubicados en jurisdicciÃ³n de NeuquÃ©n. Si la permuta incluye inmuebles y muebles la alÃcuota a aplicar serÃ¡ la correspondiente a la transferencia de dominio de inmuebles. Cesiones de acciones y derechos sobre inmuebles ArtÃculo 247. En las cesiones de acciones y derechos referentes a inmuebles el impuesto pertinente se liquidarÃ¡ sobre el valor de la cesiÃ³n. En caso que el mismo no sea establecido se tomarÃ¡ el valor asignado en cesiones anteriores, la valuaciÃ³n fiscal o el precio del boleto de compraventa si existiere, el que fuere mayor. Rentas vitalicias ArtÃculo 248. En las rentas vitalicias el valor para aplicar el impuesto serÃ¡ igual al importe del dÃ©cuplo de una anualidad de renta. Cuando no pudiera establecerse su monto se tomarÃ¡ como base una renta mÃnima del cinco por ciento (5%) anual del avalÃºo fiscal o tasaciÃ³n judicial. Contratos de usufructo, uso y habitaciÃ³n ArtÃculo 249. En la constituciÃ³n de derechos reales que se mencionan en este artÃculo el monto imponible serÃ¡ el precio pactado, o en su caso la suma garantizada, o en su defecto los siguientes: a) En el usufructo vitalicio se determinarÃ¡ de acuerdo a la siguiente escala sobre la valuaciÃ³n fiscal del o de los inmuebles: Edad del usufructuario: Â· Hasta treinta (30) aÃ±os: noventa por ciento (90%); Â· mÃ¡s de treinta (30) y hasta cuarenta (40) aÃ±os: ochenta por ciento (80%); Â· mÃ¡s de cuarenta (40) y hasta cincuenta (50) aÃ±os: setenta por ciento (70%); Â· mÃ¡s de cincuenta (50) y hasta sesenta (60) aÃ±os: cincuenta por ciento (50%); Â· mÃ¡s de sesenta (60) y hasta setenta (70) aÃ±os: cuarenta por ciento (40%); Â· mÃ¡s de setenta (70) aÃ±os: veinte por ciento (20%). b) En el usufructo temporario se determinarÃ¡ como monto imponible el veinte por ciento (20%) de la valuaciÃ³n del bien por cada perÃodo de diez (10) aÃ±os de duraciÃ³n, o la parte proporcional en caso de perÃodos o fracciones menores. Si el usufructo fuera por un tiempo mayor de treinta (30) aÃ±os se aplicarÃ¡ la escala del inciso a). c) En la constituciÃ³n de derechos de uso y habitaciÃ³n se considerarÃ¡ como monto imponible el cinco por ciento (5%) de la valuaciÃ³n fiscal por cada aÃ±o o fracciÃ³n de duraciÃ³n. Sociedades ArtÃculo 250. En los contratos de constituciÃ³n de sociedades o ampliaciÃ³n de su capital, el impuesto se liquidarÃ¡ sobre el monto de capital social o del ampliado de acuerdo con las siguientes reglas: a) Si alguno de los socios aportare inmuebles, ya sea como Ãºnica prestaciÃ³n o con otros bienes, se deducirÃ¡ del activo aportado la suma que corresponda al avalÃºo fiscal de Ã©ste o al valor que se le atribuya en el contrato, si fuere mayor que el de la valuaciÃ³n fiscal, sobre la cual se aplicarÃ¡ en liquidaciÃ³n independiente, la alÃcuota establecida para toda transmisiÃ³n de dominio de inmueble a tÃtulo oneroso. b) Si se aportan bienes muebles o semovientes, deberÃ¡ aplicarse la alÃcuota que establezca la ley impositiva sobre el monto de los mismos. c) Si se aporta el activo y pasivo de una entidad civil o comercial y en el activo se hal an incluidos uno (1) o mÃ¡s inmuebles, se liquidarÃ¡ el impuesto segÃºn la alÃcuota que fije la ley impositiva para las operaciones inmobiliarias sobre la mayor suma resultante entre la valuaciÃ³n fiscal, valor contractual o estimaciÃ³n de balance, debiÃ©ndose tener presente que si dicho valor imponible resultare superior al del aporte, tal impuesto serÃ¡ el Ãºnico aplicable, aunque en el referido activo figuren muebles o semovientes. Cuando el valor del o los inmuebles sea inferior al del aporte, por la diferencia entre ambos, deberÃ¡ tributarse el gravamen de acuerdo a la alÃcuota que establezca la ley impositiva. Estas circunstancias se acreditarÃ¡n por medio de un balance suscripto por contador pÃºblico, matriculado en la Provincia aun cuando el acto se hubiera otorgado fuera de su jurisdicciÃ³n. El mismo procedimiento se observarÃ¡ cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de comercio en el que se hal en incluidos inmuebles. d) Cuando el aporte consista en la transferencia de un fondo de comercio en cuyo activo no existan inmuebles, se aplicarÃ¡ el impuesto segÃºn la alÃcuota que fije la ley impositiva para las operaciones correspondientes. En todos los casos en que el aporte de capital se realice en las formas antes indicadas, deberÃ¡ acompaÃ±arse a la declaraciÃ³n copia autenticada de un balance debidamente firmado por contador pÃºblico matriculado en la Provincia, cuyo original se agregarÃ¡ al instrumento como parte integrante del mismo. El balance deberÃ¡ enunciar el o los mÃ©todos de valuaciÃ³n aplicados en cada rubro, los que podrÃ¡n ser observados total o parcialmente por la DirecciÃ³n provincial cuando hubiere una notoria desproporciÃ³n entre el valor asignado y el de venta en plaza, con la deducciÃ³n de los gastos de comercializaciÃ³n y venta. En este caso se practicarÃ¡ una valuaciÃ³n de oficio. PrÃ³rroga del contrato de sociedad ArtÃculo 251. La instrumentaciÃ³n de las prÃ³rrogas de los contratos de constituciÃ³n de sociedad darÃ¡ lugar al pago del impuesto, aun cuando hayan sido previstos en un contrato anterior y el os deban producirse por el solo silencio de las partes. La base imponible a los efectos del cÃ¡lculo del Impuesto de Sel os serÃ¡ el importe del rubro Capital del Ãºltimo Estado Contable exigible a la fecha del Acta respectiva, certificado o auditado por contador pÃºblico e intervenido por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias EconÃ³micas. De no contar con dicho Estado Contable, podrÃ¡ presentarse una certificaciÃ³n de dicho rubro a la fecha de prÃ³rroga, suscripto por contador pÃºblico, en la cual se indicarÃ¡ el saldo de las cuentas que lo componen, debiendo estar intervenida por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias EconÃ³micas. A estos fines, integrarÃ¡n el rubro Capital el aporte inicial de los socios, sus aumentos, capitalizaciones, ajustes contables al capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones, las primas de emisiÃ³n y todo otro concepto que lo represente y que deba ser expuesto en dicho rubro, conforme lo previsto por las normas legales y tÃ©cnico-profesionales vigentes a esa fecha. ReconducciÃ³n de la sociedad ArtÃculo 252. En los casos de reactivaciÃ³n, reconstituciÃ³n, revocaciÃ³n de la disoluciÃ³n o cualquier otra forma de reconducciÃ³n o reinscripciÃ³n de los contratos de sociedad, que no constituyan la prÃ³rroga de los mismos dentro de las disposiciones del artÃculo 252 del CÃ³digo Fiscal, la base imponible a los efectos del Impuesto de Sel os serÃ¡ el Patrimonio Neto que surge del Ãºltimo Balance presentado, ajustado a las condiciones establecidas en el artÃculo 251 del CÃ³digo Fiscal provincial vigente. Cambio de jurisdicciÃ³n o establecimiento de sucursales ArtÃculo 253. Las sociedades que tengan domicilio legal en otra jurisdicciÃ³n pagarÃ¡n el impuesto que fija la ley impositiva para las sociedades en general, cuando establezcan sucursal o agencia de sus negocios en esta Provincia o tengan en el a capital en explotaciÃ³n. En estos casos el impuesto serÃ¡ liquidado sobre el capital asignado a dichas sucursales o agencias en el contrato o en otros acuerdos o resoluciones posteriores. Cuando tales sociedades operen transitoriamente en jurisdicciÃ³n provincial y para el o deban inscribir sus contratos en el Registro PÃºblico de Comercio, se aplicarÃ¡ el impuesto fijo que establece la ley impositiva. La instrumentaciÃ³n de cambios de jurisdicciÃ³n del domicilio legal a la Provincia del NeuquÃ©n, que realicen las sociedades constituidas fuera de la Provincia, pagarÃ¡n el Impuesto de Sel os resultante de aplicar la alÃcuota general que establezca la ley impositiva para la constituciÃ³n de sociedades, sobre el monto del capital suscripto existente a la fecha del acta o instrumento que aprueba el cambio de jurisdicciÃ³n, pudiendo computarse como pago a cuenta el valor del impuesto abonado en la jurisdicciÃ³n de origen, no generÃ¡ndose saldo a favor del contribuyente. El impuesto deberÃ¡ abonarse dentro de los diez (10) dÃas, contados a partir del momento en que se solicite la liquidaciÃ³n a esta DirecciÃ³n provincial, se inicie el trÃ¡mite ante el Registro PÃºblico de Comercio o ante la DirecciÃ³n provincial de Personas JurÃdicas, el que fuere anterior. A efectos del cÃ³mputo del pago a cuenta el contribuyente presentarÃ¡ constancia de pago emitida por el organismo recaudador de la provincia de origen. Sociedades de capital. Aportes irrevocables ArtÃculo 254. Las sociedades de capital abonarÃ¡n el impuesto sobre el capital en el momento y por el monto de la suscripciÃ³n. En los casos de constituciÃ³n por suscripciÃ³n pÃºblica, Ã©sta se considerarÃ¡ perfeccionada en el momento de labrarse el acta de la asamblea constitutiva. Cuando estÃ© previsto en los estatutos sociales el incremento hasta el quÃntuplo del capital social, el impuesto deberÃ¡ abonarse en el momento de adoptada la decisiÃ³n asamblearia del aumento. Los aportes irrevocables a cuenta de futuros incrementos de capital se encuentran alcanzados por este impuesto desde la fecha del acta que lo aprueba y le serÃ¡n aplicables las alÃcuotas que establezca la ley impositiva, segÃºn la naturaleza de los bienes que se aporten. En caso de decidirse su capitalizaciÃ³n, se considerarÃ¡ satisfecho el impuesto con lo abonado al momento de aceptarse dicho aporte irrevocable y hasta el monto del mismo. LiquidaciÃ³n de la sociedad ArtÃculo 255. En la liquidaciÃ³n de sociedades se aplicarÃ¡n las alÃcuotas pertinentes de la ley impositiva, de acuerdo con la naturaleza de los activos a distribuirse, observÃ¡ndose las siguientes reglas: a) Si la parte que se adjudica al socio o socios consiste en un bien inmueble, deberÃ¡ pagarse el impuesto a la transmisiÃ³n de dominio a tÃtulo oneroso, el cual se liquidarÃ¡ sobre el avalÃºo fiscal del mismo o sobre el monto de la adjudicaciÃ³n, el que fuere mayor. b) Si la parte que se adjudica al socio o socios consiste en dinero, tÃtulos de renta u otros valores o muebles, deberÃ¡ pagarse el impuesto establecido correspondiente que se liquidarÃ¡ sobre el monto de la adjudicaciÃ³n. c) En las disoluciones parciales de sociedad, cuando se retira un socio quedando a cargo del activo y pasivo mÃ¡s de uno (1), deberÃ¡ pagarse el impuesto sÃ³lo por la parte que retire el socio saliente. d) Si la disoluciÃ³n de la sociedad es total, por estar formada de dos (2) socios y uno (1) retira su parte, haciÃ©ndose cargo el otro socio del activo y pasivo social, deberÃ¡ pagarse el impuesto sobre el monto de la totalidad de los bienes. El impuesto que deba liquidarse segÃºn lo dispuesto en el presente artÃculo corresponderÃ¡ siempre que medie adjudicaciÃ³n de dinero, bienes o derechos a los socios, aun cuando la sociedad hubiese experimentado pÃ©rdida en su capital. Contratos de prÃ©stamo ArtÃculo 256. En los contratos de prÃ©stamo comercial o civil garantizados con prendas o hipotecas, constituidas sobre bienes situados dentro y fuera de la jurisdicciÃ³n provincial, sin afectarse a cada uno de el os con una cantidad especÃfica, el impuesto se liquidarÃ¡ sobre una base imponible resultante de atribuir la misma proporciÃ³n sobre el monto total de la deuda que la que representa la sumatoria de los valores fiscales de los bienes situados en esta Provincia, con relaciÃ³n a la sumatoria de las valuaciones fiscales del conjunto total de los bienes. De no existir valuaciones fiscales, serÃ¡ de aplicaciÃ³n el artÃculo 266 de este CÃ³digo. Contratos de ejecuciÃ³n sucesiva ArtÃculo 257. En los contratos de ejecuciÃ³n sucesiva, pagos periÃ³dicos u otros anÃ¡logos, se aplicarÃ¡ el impuesto sobre el valor correspondiente a su duraciÃ³n total, al que se adicionarÃ¡n aquel as erogaciones o valor de las mejoras asumidas por el locatario y que correspondan o queden en favor del locador. Cuando la duraciÃ³n no estÃ© prevista, el sel ado se calcularÃ¡ como si el plazo fuera de dos (2) aÃ±os, excepto en las locaciones comerciales de inmuebles en cuyo caso el plazo mÃnimo serÃ¡ de tres (3) aÃ±os. En las cesiones onerosas de los contratos mencionados en el primer pÃ¡rrafo se deberÃ¡ tributar el impuesto sobre el monto imponible que resulte de acuerdo al plazo que falte para el vencimiento del contrato, con mÃ¡s los mayores valores resultantes. En las cesiones onerosas de contratos en las que no se estipulÃ³ plazo, el cÃ¡lculo se realizarÃ¡ segÃºn lo prescripto en el segundo pÃ¡rrafo del presente. Los importes retenidos como fondo de garantÃa y las fianzas accesorias que estipularen estos contratos se considerarÃ¡n independientes y estarÃ¡n sujetos al gravamen pertinente. PrÃ³rroga de contratos ArtÃculo 258. Para estimar el valor de los contratos en los que se prevÃ© su prÃ³rroga se procederÃ¡ en la siguiente forma: a) Cuando la prÃ³rroga se estipule o deba producirse por el solo silencio de las partes y aun cuando exista el derecho de rescisiÃ³n por manifestaciÃ³n expresa de voluntad de ambas o de una de el as, se calcularÃ¡ el tiempo de duraciÃ³n inicial mÃ¡s el perÃodo de prÃ³rroga. Cuando se establezcan clÃ¡usulas con plazos de renovaciÃ³n automÃ¡tica o tÃ¡cita, el monto imponible serÃ¡ igual al importe de cinco (5) aÃ±os de locaciÃ³n o sublocaciÃ³n, que se sumarÃ¡n al plazo inicial. b) Cuando la prÃ³rroga estÃ© supeditada a una expresa declaraciÃ³n de voluntad por escrito de ambas partes o de una de el as, se calcularÃ¡ el sel ado sÃ³lo por el perÃodo inicial, pero en el momento de usarse la opciÃ³n o de convenirse la prÃ³rroga se sel arÃ¡ el instrumento en que el a sea documentada. c) Cuando no se haya manifestado en forma documentada la aceptaciÃ³n o uso de la opciÃ³n, deberÃ¡ abonarse el impuesto correspondiente a la prÃ³rroga en el acto de demandarse en juicio el cumplimiento de la opciÃ³n. Las fianzas estipuladas como consecuencia de los contratos precitados se computarÃ¡n en la forma prevista en el artÃculo anterior. Contratos de cesiÃ³n de inmuebles para explotaciÃ³n agrÃcola o ganadera ArtÃculo 259. En los contratos de cesiÃ³n de inmuebles para explotaciÃ³n agrÃcola o ganadera con la obligaciÃ³n por parte del agricultor o ganadero de entregar al propietario o arrendatario del bien cedido un porcentaje de la cosecha o de los procreos, el impuesto se liquidarÃ¡ presumiÃ©ndose una renta anual equivalente al siete por ciento (7%) del avalÃºo fiscal por unidad de hectÃ¡reas sobre el total de las hectÃ¡reas afectadas a la explotaciÃ³n, multiplicando el valor resultante por el nÃºmero de aÃ±os de la vigencia del contrato. Esta norma para la liquidaciÃ³n del impuesto se observarÃ¡ en los contratos que estipulen simultÃ¡neamente retribuciones en especie y dinero; si la retribuciÃ³n de dinero excediera al siete por ciento (7%) de la valuaciÃ³n fiscal, el impuesto deberÃ¡ liquidarse sobre el monto de tal retribuciÃ³n. Contratos de mutuo con garantÃa ArtÃculo 260. En los contratos de mutuo con garantÃa, el impuesto se liquidarÃ¡ sobre el hecho imponible de mayor rendimiento fiscal. Impuesto sobre el Valor Agregado ArtÃculo 261. A los efectos de la determinaciÃ³n del impuesto de este Libro, el gravamen al valor agregado integra la base imponible. Impuesto mÃnimo ArtÃculo 262. En los actos, contratos y operaciones en general sujetas al pago de este impuesto, cuando la aplicaciÃ³n de la alÃcuota establecida para los mismos no genere un impuesto mayor o igual al mÃnimo establecido en la ley impositiva, se deberÃ¡ abonar dicho mÃnimo. Contratos de exploraciÃ³n de Ã¡reas hidrocarburÃferas ArtÃculo 263. Los contratos que instrumenten permisos de exploraciÃ³n de Ã¡reas hidrocarburÃferas se encuentran alcanzados por el impuesto de este Libro, constituyendo la base imponible de los mismos el monto total del canon a abonar, segÃºn las disposiciones de las leyes 17.319 y 21.778, durante el perÃodo de exploraciÃ³n, mÃ¡s el monto total de la inversiÃ³n comprometida. Si en el contrato se prevÃ© que lo pagado en concepto de canon sea considerado como pago a cuenta del monto a invertir, la base imponible se reducirÃ¡ exclusivamente a esta Ãºltima cifra. Una vez declarada la comercialidad del yacimiento y celebrado el acto por el que se otorga la concesiÃ³n de explotaciÃ³n en los tÃ©rminos del artÃculo 22 de la ley 17.319 y la ley provincial 1926 y su decreto reglamentario, la autoridad de aplicaciÃ³n establecerÃ¡, a efectos de la liquidaciÃ³n del gravamen, cuÃ¡l es el valor de las reservas comprobadas del yacimiento en cuestiÃ³n. La base imponible de estos contratos estÃ¡ constituida por el monto del canon de explotaciÃ³n establecido por la ley 17.319 mÃ¡s el monto total de las sumas a abonarse al poder concedente o titular de los recursos durante la vigencia del plazo de concesiÃ³n. IdÃ©ntico criterio se utilizarÃ¡ para las prÃ³rrogas de dichos contratos, con mÃ¡s toda otra suma de dinero que se abone con motivo de la misma. Contratos de capitalizaciÃ³n o ahorro ArtÃculo 264. En las solicitudes, solicitudes-contratos o contratos que se encuadren en las actividades conocidas como de capitalizaciÃ³n o ahorro, o ahorro para fines determinados, o ahorro previo para fines determinados o de crÃ©ditos recÃprocos, o de constituciÃ³n de capitales, y en general cualquier otra actividad que implique la captaciÃ³n de dinero o valores al pÃºblico con promesas de prestaciones o beneficios futuros, se liquidarÃ¡ el impuesto pertinente sobre el valor bÃ¡sico total del bien o prÃ©stamo que constituyan el objeto de dicho contrato. Se considerarÃ¡ dicho valor al momento de la suscripciÃ³n. En cuanto a los efectos del contrato, los mismos se producirÃ¡n en la jurisdicciÃ³n en que estÃ© prevista la entrega del bien o prÃ©stamo. En caso de ausencia, producirÃ¡ efectos en la jurisdicciÃ³n del domicilio del suscriptor consignado en el respectivo instrumento. Contratos indeterminados. DeclaraciÃ³n jurada. DeterminaciÃ³n de oficio ArtÃculo 265. Cuando el valor de los actos, contratos u operaciones sujetos a impuesto proporcional sea indeterminado, las partes estimarÃ¡n dicho valor por declaraciÃ³n jurada, la estimaciÃ³n se fundarÃ¡ en el rendimiento de convenios y prestaciones similares anteriores -si las hubiere- o en los valores inferibles de negocios, inversiones, erogaciones, etc., vinculadas al contrato y en general en todo elemento de juicio de significaciÃ³n a este fin existente a la fecha de la celebraciÃ³n del acto. Cuando se fije como precio el corriente en fecha futura, se pagarÃ¡ el impuesto con arreglo al precio de plaza en la fecha del otorgamiento. A estos efectos las dependencias tÃ©cnicas del Estado asesorarÃ¡n a la DirecciÃ³n cuando lo solicite. La estimaciÃ³n realizada por las partes podrÃ¡ ser impugnada por la DirecciÃ³n, quien la practicarÃ¡ de oficio sobre la base de los mismos elementos de juicio seÃ±alados en este artÃculo. Cuando a criterio de la DirecciÃ³n existan elementos para determinar el valor econÃ³mico del acto, contrato u operaciÃ³n, y las partes declaren que no puede efectuarse estimaciÃ³n, se realizarÃ¡ determinaciÃ³n de oficio. A falta de elementos suficientes para practicar una estimaciÃ³n razonable del valor econÃ³mico atribuible al contrato se aplicarÃ¡ el impuesto fijo que determina la ley impositiva. Los instrumentos en que las partes reconozcan un mayor valor al determinado en convenios anteriores deberÃ¡n abonar la diferencia de impuesto correspondiente. ActualizaciÃ³n del precio ArtÃculo 266. Cuando el valor de los actos, contratos u operaciones sujetos a impuestos estÃ©n referidos a una fecha base anterior a la de otorgamiento del instrumento, a los efectos del cÃ¡lculo del impuesto se procederÃ¡ de la siguiente forma: a) Si el instrumento determina el procedimiento de actualizaciÃ³n del precio originalmente pactado, el impuesto se calcularÃ¡ sobre el valor asÃ actualizado que corresponda al penÃºltimo mes anterior al de la celebraciÃ³n del acto. b) Cuando el instrumento no determine el procedimiento de actualizaciÃ³n, el impuesto se calcularÃ¡ sobre el precio establecido, actualizado en funciÃ³n de la variaciÃ³n delÃndice de precios internos mayoristas nivel general que publica el INDEC, operada entre el mes al que se retrotrae la operaciÃ³n y el del correspondiente al penÃºltimo mes anterior al de la celebraciÃ³n del acto, o el que se disponga en su reemplazo. ArtÃculo 267. El impuesto establecido en este tÃtulo y sus accesorios serÃ¡n satisfechos con valores fiscales o en otras formas, segÃºn lo determine la DirecciÃ³n provincial para cada caso. Salvo casos especialmente autorizados por la DirecciÃ³n provincial, dichos valores fiscales para su validez deberÃ¡n ser inutilizados con el sel o fechador de la DirecciÃ³n provincial o de las instituciones autorizadas. No se requerirÃ¡ declaraciÃ³n jurada salvo cuando lo establezcan disposiciones expresas de este tÃtulo o resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n provincial. TÃtulo quinto. Del pago ArtÃculo 268. En los actos, contratos y obligaciones instrumentados privadamente y que tengan mÃ¡s de una (1) foja, el pago de su impuesto deberÃ¡ constar en la primera, y en las demÃ¡s ser habilitadas con el sel ado de fojas que establezca la ley impositiva. Varios ejemplares ArtÃculo 269. Si la instrumentaciÃ³n se realizara en varios ejemplares o copias se observarÃ¡ para con el original el mismo procedimiento del artÃculo anterior, y en los demÃ¡s deberÃ¡ indicarse mediante un sel o, en la primer hoja de cada ejemplar el nÃºmero de trÃ¡mite de la determinaciÃ³n y en cada foja el valor fiscal que establezca la ley impositiva. Escrituras pÃºblicas ArtÃculo 270. El impuesto correspondiente a los actos o contratos pasados por escritura pÃºblica serÃ¡ abonado por los seÃ±ores escribanos -en carÃ¡cter de agentes de retenciÃ³n- en los plazos que la DirecciÃ³n provincial establezca. Los citados responsables presentarÃ¡n a la DirecciÃ³n provincial en el tÃ©rmino y forma que Ã©sta fije, la declaraciÃ³n jurada, certificados liberados y demÃ¡s documentaciÃ³n necesaria. La determinaciÃ³n impositiva se considerarÃ¡ practicada con respecto a los actos y contratos referidos, con el visado de los instrumentos respectivos que efectÃºe el organismo competente de la DirecciÃ³n provincial. ArtÃculo 271. La simple mora en el pago del impuesto, cuando el mismo se pague espontÃ¡neamente, inclusive los casos en que el impuesto se abone por declaraciÃ³n jurada, serÃ¡ sancionada, ademÃ¡s de los intereses previstos en la Parte General de este CÃ³digo, con un recargo que resultarÃ¡ de aplicar la siguiente escala sobre el impuesto debidamente actualizado, de acuerdo a lo que establece el CÃ³digo Fiscal: a) Hasta treinta (30) dÃas corridos de atraso: diez por ciento (10%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. b) Hasta noventa (90) dÃas corridos de atraso: veinte por ciento (20%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. c) Hasta ciento ochenta (180) dÃas corridos de atraso: treinta por ciento (30%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. d) Hasta trescientos sesenta (360) dÃas corridos de atraso: cuarenta por ciento (40%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. e) MÃ¡s de trescientos sesenta (360) dÃas corridos de atraso: cincuenta por ciento (50%) del impuesto que se ingrese fuera de tÃ©rmino. La aplicaciÃ³n del recargo por simple mora en el pago del impuesto serÃ¡ automÃ¡tica y no requerirÃ¡ pronunciamiento alguno de juez administrativo, debiendo hacerse efectiva juntamente con el pago del impuesto e intereses, identificÃ¡ndose la imputaciÃ³n a dicho concepto en la forma que disponga la DirecciÃ³n provincial. Los agentes de la DirecciÃ³n provincial de Rentas no podrÃ¡n habilitar instrumentos fuera de fecha sin el pago simultÃ¡neo del recargo proporcionado al valor del impuesto debidamente ajustado, sin perjuicio del derecho de los interesados a interponer, en su caso, la acciÃ³n de repeticiÃ³n. El recargo previsto por el presente artÃculo serÃ¡ liberatorio de la sanciÃ³n prevista en el artÃculo 66 de este cuerpo legal. ArtÃculo 272. La aplicaciÃ³n del recargo por simple mora en el pago del impuesto a que se refiere el artÃculo 271 del presente serÃ¡ automÃ¡tica y no requerirÃ¡ pronunciamiento alguno de juez administrativo, debiendo hacerse efectiva juntamente con el pago del impuesto y con los mismos valores utilizados para el ingreso de Ã©ste, identificÃ¡ndose la imputaciÃ³n a dicho concepto en la forma que disponga la DirecciÃ³n provincial. Los agentes de la DirecciÃ³n provincial de Rentas no podrÃ¡n habilitar instrumentos fuera de fecha sin el pago simultÃ¡neo del recargo proporcionado al valor del impuesto debidamente actualizado, sin perjuicio del derecho de los interesados a interponer, en su caso, la acciÃ³n de repeticiÃ³n. TÃtulo sexto. Disposiciones complementarias ArtÃculo 273. Si se comprobaren omisiones de impuesto sin determinar monto en razÃ³n de no haberse presentado los elementos probatorios necesarios para establecer el valor econÃ³mico de los actos, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas concordantes del CÃ³digo Fiscal, a criterio de la DirecciÃ³n provincial de Rentas, por cada documento, operaciÃ³n o perÃodo de liquidaciÃ³n de intereses, segÃºn la importancia econÃ³mica que hicieran presumir las pruebas reunidas. ArtÃculo 274. Los escribanos de Registro no podrÃ¡n aceptar para darle fecha cierta, transcribir, certificar firmas, ni dar fe de haber tenido a la vista instrumentos gravados sin acreditar el pago del impuesto, debiendo dejar constancia en el cuerpo de la escritura de la numeraciÃ³n, serie o importe de los valores con que se encuentren habilitados o de la respectiva individualizaciÃ³n del timbrado mecÃ¡nico o sel o de autorizaciÃ³n para abonar el impuesto por declaraciÃ³n jurada. Tampoco podrÃ¡n extender protestas de documentos en infracciÃ³n sin exigir su reposiciÃ³n o garantizarla para el primer dÃa hÃ¡bil siguiente. La falta de cumplimiento de estos requisitos los constituirÃ¡ en infractores y los hace pasibles de las sanciones previstas en la Parte General del presente CÃ³digo Fiscal. ArtÃculo 275. La DirecciÃ³n provincial de Rentas vigilarÃ¡ el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este tÃtulo, para lo cual podrÃ¡ inspeccionar oficinas pÃºblicas, administrativas y judiciales, EscribanÃas de Registro, Registro PÃºblico de Comercio, Registro de la Propiedad, bancos, sociedades, mercados, bolsas, casas de prÃ©stamos, descuentos y transferencias con el extranjero, casas de remates y comisiones, y en general toda casa de comercio, todos los cuales estarÃ¡n obligados a admitir y facilitar la inspecciÃ³n fiscal en lo referente a las operaciones y documentos sujetos al impuesto. Los domicilios particulares sÃ³lo podrÃ¡n ser inspeccionados mediante Ã³rdenes de al anamiento, impartidas por el juez competente, cuando existan presunciones fundadas de que en dichos domicilios se realizan habitualmente operaciones cuya instrumentaciÃ³n estÃ¡ gravada o que al Ã se encuentren los documentos cuya fiscalizaciÃ³n estÃ¡ a cargo de la DirecciÃ³n provincial de Rentas. ArtÃculo 276. Los inspectores fiscales harÃ¡n constar las presuntas infracciones que descubran con las referencias necesarias que permitan identificar los actos y/u operaciones gravadas y formular el cargo en un acta, cuya copia entregarÃ¡n al interesado. Dicha acta, firmada o no por el presunto infractor, harÃ¡ fe mientras no se compruebe su falsedad por simple demostraciÃ³n en contrario. ArtÃculo 277. Los sujetos que se resistan u opongan de hecho a la inspecciÃ³n fiscal l evada a cabo por funcionarios debidamente autorizados serÃ¡n pasibles de las sanciones previstas en el rÃ©gimen general del CÃ³digo Fiscal, sus modificaciones y correlativos. Sin perjuicio de el o, la DirecciÃ³n provincial de Rentas o los funcionarios especialmente autorizados podrÃ¡n requerir del juez competente la correspondiente orden de al anamiento, a fin de que los inspectores puedan cumplir su misiÃ³n. ArtÃculo 278. Los instrumentos en presunta infracciÃ³n quedarÃ¡n en poder del interesado, quien a tal efecto quedarÃ¡ constituido en depositario, en paquetes sel ados, lacrados y firmados por los funcionarios, o en seguridad en lugar apropiado con idÃ©nticas garantÃas. La DirecciÃ³n provincial de Rentas, con la conformidad del interesado, podrÃ¡ retirarlos bajo recibo. Cuando la DirecciÃ³n provincial lo considere conveniente podrÃ¡ efectuar una enumeraciÃ³n de los instrumentos en el acta respectiva precisando su naturaleza y las caracterÃsticas de las observaciones, sel ar cada uno de el os con el sel o de la DirecciÃ³n provincial de Rentas, identificÃ¡ndolos con el nÃºmero de cargo de la planil a respectiva y dejarlos en poder de la inspeccionada, que los conservarÃ¡ en condiciÃ³n de depositario a disposiciÃ³n de la DirecciÃ³n y con las responsabilidades legales correspondientes. Cuando el presunto infractor necesite hacer uso de los instrumentos asÃ intervenidos, podrÃ¡ hacerlo bajo las garantÃas que establecerÃ¡ en cada caso la DirecciÃ³n provincial de Rentas. La intervenciÃ³n de los documentos no serÃ¡ necesaria cuando los responsables aportaren -a su costa- al expediente copias fotostÃ¡ticas de los mismos, legibles en todos sus datos y en donde los inspeccionados hagan constar bajo su firma su correspondencia con los originales, previa confrontaciÃ³n con Ã©stos por parte de los funcionarios actuantes, quienes los identificarÃ¡n tambiÃ©n con sus sel os y nÃºmero de cargo. ArtÃculo 279. Cuando se presenten ante las autoridades administrativas documentos presuntamente en infracciÃ³n a las disposiciones de este tÃtulo, los funcionarios actuantes estarÃ¡n obligados a requerir la intervenciÃ³n de la DirecciÃ³n provincial de Rentas. ArtÃculo 280. El Impuesto de Sel os se abonarÃ¡ en las formas, condiciones y tÃ©rminos que establezca la DirecciÃ³n provincial, que tendrÃ¡ a su cargo la aplicaciÃ³n, percepciÃ³n y fiscalizaciÃ³n del impuesto con las facultades que establece el CÃ³digo Fiscal. SerÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas legales y reglamentarias de la Parte General del CÃ³digo Fiscal, en todo cuanto no se opongan o no estÃ© previsto en el presente tÃtulo. Parte Especial Libro cuarto. Tasas retributivas de servicios TÃtulo primero. De los servicios retributivos ArtÃculo 281. Por los servicios que preste la AdministraciÃ³n o la Justicia provincial y que por disposiciones de este tÃtulo o de leyes especiales estÃ¡n sujetos a retribuciÃ³n, deberÃ¡n pagarse las tasas cuyo monto fije la ley impositiva, por quien sea contribuyente, de conformidad con el artÃculo 22 de este CÃ³digo Fiscal, salvo la disposiciÃ³n del artÃculo 3138 del CÃ³digo Civil. ArtÃculo 282. Salvo disposiciÃ³n legal o reglamentaria en contrario, las tasas serÃ¡n pagadas por medio de sel os y serÃ¡n aplicables las disposiciones de este CÃ³digo Fiscal o las que establezca el Poder Ejecutivo con respecto a esa forma de pago. ArtÃculo 283. En las prestaciones de servicios sujetas a retribuciÃ³n proporcional se abonarÃ¡ una tasa mÃnima, de acuerdo al monto que fije la ley impositiva. TÃtulo segundo. Servicios administrativos ArtÃculo 284. Salvo disposiciÃ³n contraria, todas las actuaciones ante la AdministraciÃ³n PÃºblica deberÃ¡n realizarse en papel sel ado del valor que determine la ley impositiva. No procede requerir reposiciÃ³n de fojas en todas aquel as actuaciones en las cuales no se solicite expresamente un pronunciamiento o prestaciÃ³n de servicio por parte del Poder Ejecutivo o administrador, en sus relaciones con los administrados, ni en los procedimientos seguidos por la DirecciÃ³n provincial de Rentas para la fiscalizaciÃ³n de las declaraciones juradas y determinaciÃ³n de las obligaciones fiscales y cuando se requiera del Estado el pago de facturas o cuentas. No procede requerir reposiciÃ³n en las copias de los testimonios que se expidan para ser archivadas en el Registro de la Propiedad Inmueble y Registro PÃºblico de Comercio, con la expresa declaraciÃ³n de que son para ese Ãºnico fin. ArtÃculo 285. Sin perjuicio de las tasas de actuaciÃ³n establecidas en el artÃculo anterior, se pagarÃ¡n tasas retributivas especiales por los servicios que se establecen en particular en la ley impositiva o en otras leyes. TÃtulo tercero. Actuaciones judiciales ArtÃculo 286. Los juicios que se inician ante las autoridades judiciales estarÃ¡n sujetos al pago de una tasa proporcional que fijarÃ¡ la ley impositiva y que se aplicarÃ¡ en la siguiente forma: a) En relaciÃ³n al monto de la demanda, en los juicios por sumas de dinero o de derechos susceptibles de apreciaciÃ³n pecuniaria. b) En base al avalÃºo fiscal para el pago de Impuesto Inmobiliario, tasaciÃ³n o estimaciÃ³n, en los juicios ordinarios, posesorios, informativos o interdictos que tengan por objeto inmuebles. c) En base al activo, inclusive la parte ganancial del cÃ³nyuge supÃ©rstite, en los juicios sucesorios. Si se tramitaran acumuladas las sucesiones de mÃ¡s de un (1) causante, se aplicarÃ¡ el gravamen independientemente sobre el activo de cada una de el as. En los juicios de inscripciÃ³n de declaratorias, testamentos e hijuelas de extraÃ±a jurisdicciÃ³n, sobre el valor de los bienes que se transmiten en la Provincia, aplicÃ¡ndose la misma norma anterior en el caso de transmisiones acumuladas. d) En base al activo verificado del deudor en los juicios de quiebra, concurso civil, convocatoria de acreedores y liquidaciÃ³n sin quiebra. Cuando se terminen los juicios sin haber l egado a la verificaciÃ³n, en base al activo denunciado. En los juicios de quiebra promovidos por acreedores, en base al monto del crÃ©dito en que se funda la acciÃ³n. En caso de declararse la quiebra lo abonado se computarÃ¡ a cuenta de la tasa que le corresponda en total. Las partes que intervengan en los juicios responden solidariamente del pago de la tasa proporcional de Justicia, conforme la siguiente regla: 1) En los juicios ordinarios de cualquier naturaleza la parte actora deberÃ¡ hacer efectiva la tasa de Justicia al iniciar el juicio, sin perjuicio de su derecho de repetir de la parte demandada lo que le corresponde. 2) En el caso de juicios de jurisdicciÃ³n voluntaria, se pagarÃ¡ la tasa -Ãntegramente- por la parte recurrente. TratÃ¡ndose de juicios contra ausente o personas inciertas o seguidos en rebeldÃa, el gravamen correspondiente Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color a la parte demandada se abonarÃ¡ por el actor al l amar autos para sentencia. 3) En los juicios de quiebra o concurso civil, iniciados por el deudor, el gravamen deberÃ¡ satisfacerse al realizar la liquidaciÃ³n e igualmente en los casos de la liquidaciÃ³n sin quiebra. En las convocatorias de acreedores y en los casos de quiebra que terminen por concordato, al homologarse este Ãºltimo. En los casos de desistimiento en esta clase de juicios, al formularse el pedido. 4) En los juicios ejecutivos se pagarÃ¡ la mitad de la tasa de Justicia al promoverse la acciÃ³n y el resto por el demandado en la primera oportunidad en que se presente o -en su defecto- al pedirse la sentencia de remate. 5) En los casos en los que se reconvenga se aplicarÃ¡n a la contrademanda las mismas normas que para el pago del impuesto a la demanda, considerÃ¡ndola independientemente. 6) En los casos no previstos expresamente, la tasa de Justicia deberÃ¡ ser satisfecha en el momento de la presentaciÃ³n. La tasa de Justicia se harÃ¡ efectiva en la forma que determine la DirecciÃ³n. Cuando exista condenaciÃ³n en costas, la tasa proporcional de Justicia quedarÃ¡ comprendida en el a. (texto conforme las modificaciones de la ley 2689) Texto anterior: ArtÃculo 286. Por los servicios que preste la Justicia se deberÃ¡ tributar tasa de acuerdo con la naturaleza y cuantÃa de los procesos, con la aplicaciÃ³n de las siguientes normas: 1) En los juicios por sumas de dinero o derechos susceptibles de apreciaciÃ³n pecuniaria, sobre el monto mayor entre el de la demanda, sentencia definitiva, transacciÃ³n o conciliaciÃ³n. Si el actor estÃ¡ exento, la tasa se abonarÃ¡ sobre el monto de la sentencia definitiva, transacciÃ³n o conciliaciÃ³n. 2) Sobre la base del avalÃºo fiscal para el cÃ¡lculo de los servicios retributivos e Impuesto de Sellos o el valor informado por las partes o los peritos, el mayor, en los juicios que tengan por objeto inmuebles. 3) En base al valor dado por las partes o el valor de mercado, el mayor, cuando la pretensiÃ³n estÃ© manifestada en bienes muebles no registrables. Para los bienes registrables se calcularÃ¡ sobre el mayor valor que surja de comparar la valuaciÃ³n pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado. En el caso de automotores se tomarÃ¡ el mayor valor que surja de comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponible del Impuesto al Automotor. 4) En base al valor del activo, inclusive la parte ganancial del cÃ³nyuge supÃ©rstite, al momento de solicitarse la inscripciÃ³n de la declaratoria, testamento o hijuela en los juicios sucesorios. Si se tramitaran acumuladas las sucesiones de mÃ¡s de un (1) causante, se aplicarÃ¡ el gravamen independientemente sobre el activo de cada una de ellas. En todos los casos los valores serÃ¡n establecidos mediante la presentaciÃ³n en autos de declaraciÃ³n jurada patrimonial que serÃ¡ suscripta por el/los administrador/es, bajo su responsabilidad, en cuanto a la inclusiÃ³n en ella de todos los bienes que resulten de los autos, sin perjuicio de la responsabilidad personal de herederos y legatarios. La determinaciÃ³n de los valores computables para las siguientes categorÃas se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en el presente tÃtulo: a) Inmuebles. b) Automotores, tractores y todo tipo de maquinarias, sea agrÃcola, industrial o de cualquier naturaleza. c) CrÃ©ditos. d) TÃtulos y acciones que se coticen en la Bolsa. e) TÃtulos y acciones que no se coticen en la Bolsa. f) Cuotas y partes sociales. g) Sociedades, establecimientos o empresas civiles, comerciales, industriales, pesqueras, forestales, mineras y agropecuarias. h) Moneda extranjera. i) Obras de arte de cualquier clase y libros. j) Productos agropecuarios. k) Semovientes. l) Bienes de uso personal y del hogar. El valor computable para esta categorÃa l), resultarÃ¡ de la aplicaciÃ³n del diez (10%) por ciento sobre el valor computable de todos los inmuebles que se tramitan en jurisdicciÃ³n provincial incluidos en la categorÃa a). Se presume de pleno derecho que en todos los casos existen bienes que configuren la categorÃa l). m) Otros bienes. En los juicios de inscripciÃ³n de declaratorias, testamentos e hijuelas de extraÃ±a jurisdicciÃ³n, sobre el valor de los bienes que se transmiten en la Provincia, aplicÃ¡ndose la misma norma anterior en el caso de transmisiones acumuladas. 5) En los juicios de quiebra, liquidaciÃ³n sin quiebra, concurso preventivo o concurso civil, concursos especiales, el activo expresado en el informe general del sÃndico (artÃculo 39 de la ley de concursos y quiebras). En los pedidos de quiebras formulados por acreedor, Ã©ste oblarÃ¡ -al formular la peticiÃ³n- la tasa prevista en el inciso 1) de este artÃculo, calculada sobre el valor del crÃ©dito invocado, la que se imputarÃ¡ a cuenta de la que en definitiva corresponda conforme al activo concursal, quedando el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al cobro de la tasa. En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomarÃ¡ el activo expresado por el contador pÃºblico nacional (artÃculo 72 de la ley de concursos y quiebras). 6) En los juicios de alimentos en base al monto de dos (2) cuotas mensuales y el de litis expensas en base al monto que resulte de la sentencia o conciliaciÃ³n. 7) En las disoluciones de sociedades conyugales, la totalidad de los bienes que forman el acervo conyugal. A tales fines se deberÃ¡ considerar la base imponible que utilice la DirecciÃ³n provincial de Rentas para el cÃ¡lculo de las Tasas Retributivas de Servicios e Impuesto de Sellos o el valor informado por las partes o los peritos, el mayor, en el caso de los inmuebles. Para los bienes muebles, excepto los registrables, el valor dado por las partes o el valor de mercado, el mayor. En el caso de automotores se tomarÃ¡ el mayor valor que surja de comparar el otorgado por el perito, las partes, o la base imponible dispuesta por esta ley en el Impuesto a la Propiedad Automotor. Para el resto de los bienes muebles registrables se deberÃ¡ tomar el mayor valor que surja de comparar la valuaciÃ³n pericial, el valor dado por las partes o el precio de mercado. En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la participaciÃ³n en sociedades comerciales, la base de imposiciÃ³n se determinarÃ¡ en funciÃ³n del mayor valor que surja de comparar: el precio dado por las partes, el valor del activo en funciÃ³n del Ãºltimo balance o, en su defecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera especial para este acto. 8) En los embargos o inhibiciÃ³n general de bienes, sobre el monto que arroje la deuda cautelada. 9) En los juicios de desalojo de inmuebles sobre un importe igual a un (1) aÃ±o de alquiler, cuando mediare relaciÃ³n locativa. 10) En los procedimientos judiciales sobre reinscripciÃ³n de hipoteca, sobre el valor de deuda. ArtÃculo 287. Las partes que intervengan en los juicios responden solidariamente del pago de la tasa proporcional de Justicia, conforme a la siguiente regla: 1) En los juicios ordinarios de cualquier naturaleza la parte actora deberÃ¡ hacer efectiva la tasa de Justicia al iniciar el juicio, sin perjuicio de su derecho de repetir de la parte demandada lo que le corresponda. Si el monto de la sentencia firme, acuerdo, transacciÃ³n o conciliaciÃ³n, resultare superior al de la demanda deberÃ¡ hacerse efectiva la diferencia dentro de los quince (15) dÃas de la notificaciÃ³n o con anterioridad a la homologaciÃ³n del acuerdo, transacciÃ³n o conciliaciÃ³n en su caso, sin perjuicio de repetir lo que corresponda de las partes. 2) En el caso de juicios de jurisdicciÃ³n voluntaria se pagarÃ¡ la tasa -Ãntegramente- por la parte recurrente. TratÃ¡ndose de juicios contra ausentes o personas inciertas o seguidos en rebeldÃa, el gravamen correspondiente a la parte demandada se abonarÃ¡ por el actor al l amar autos para sentencia. 3) En los juicios de quiebra y concurso civil antes de cualquier pago o distribuciÃ³n de fondos provenientes de la venta de bienes del concurso o liquidaciÃ³n. El sÃndico, en los concursos civiles o en las quiebras, deberÃ¡ liquidar la tasa judicial bajo el control del actuario, antes de proyectar el estado de distribuciÃ³n de fondos. En los casos de concursos preventivos se deberÃ¡ intimar el pago en el acto de homologaciÃ³n del acuerdo y abonarse la tasa dentro de los ciento ochenta (180) dÃas corridos contados a partir de la fecha de la notificaciÃ³n del auto de homologaciÃ³n del acuerdo. En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de homologaciÃ³n del acuerdo. 4) En los juicios ejecutivos se pagarÃ¡ la mitad de la tasa de Justicia al promoverse la acciÃ³n y el resto por el demandado, en la primera oportunidad en que se presente o -en su defecto- al pedirse la sentencia de remate. 5) En los casos en que se reconvenga se aplicarÃ¡n a la contrademanda las mismas normas que para el pago del impuesto a la demanda, considerÃ¡ndola independientemente. 6) En los casos no previstos expresamente, la tasa de Justicia deberÃ¡ ser satisfecha en el momento de la presentaciÃ³n. ArtÃculo 288. La tasa de Justicia se harÃ¡ efectiva en las formas que determine el Tribunal Superior de Justicia. ArtÃculo 289. Para determinar el valor del juicio no se tomarÃ¡ en cuenta los intereses ni las costas. Cuando exista condenaciÃ³n en costas, la tasa quedarÃ¡ comprendida en el a. La tasa judicial integrarÃ¡ las costas del juicio y serÃ¡ soportada en definitiva por las partes en la misma proporciÃ³n en que dichas costas debieran ser satisfechas. En caso que una de las partes estuviera exenta de la tasa y la que iniciare las actuaciones no gozare de exenciÃ³n, sÃ³lo abonarÃ¡ la mitad para el supuesto que resulte vencido con imposiciÃ³n de costas. Si la parte que iniciare las actuaciones estuviere exenta de la tasa y la parte contraria no exenta resultare vencida con imposiciÃ³n de costas, Ã©sta soportarÃ¡ el total de la tasa judicial. Si la exenta resultare condenada en costas, soportarÃ¡ el pago de la tasa judicial que la parte no exenta hubiera abonado, salvo que gozare del beneficio de litigar sin gastos. ArtÃculo 290. En caso de que no se hubiere acreditado el pago de la tasa de Justicia de conformidad a lo dispuesto en este tÃtulo, el juez intimarÃ¡ al obligado para que dentro de los diez (10) dÃas abone la tasa correspondiente. En caso de persistir el incumplimiento, y sin perjuicio de disponer otras medidas que se consideren pertinentes, la autoridad judicial deberÃ¡ emitir el correspondiente certificado de deuda en un plazo mÃ¡ximo de quince (15) dÃas. ArtÃculo 291. En los juicios iniciados con eximiciÃ³n de la tasa o en los que sÃ³lo se hubiere abonado la tasa por monto indeterminado, las partes deberÃ¡n denunciar, al solo efecto del pago de la misma, todo acuerdo extrajudicial que dÃ© por concluido el litigio. Cuando los juicios mencionados concluyan por perenciÃ³n de instancia o son paralizados por inactividad procesal superior a seis (6) meses sin que se haya denunciado convenio alguno, el juez deberÃ¡ informarlo a efectos de que, por la vÃa que el Tribunal Superior de Justicia determine, se investigue la posible existencia de infracciones fiscales. TÃtulo cuarto. Exenciones ArtÃculo 292. No se harÃ¡ efectivo el pago de la tasa por retribuciÃ³n de servicios en las siguientes actuaciones administrativas: 1) Las iniciadas por los Estados nacional, provincial, municipal y las comisiones de fomento de la Provincia, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposiciÃ³n los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio. 2) Peticiones y presentaciones ante los Poderes pÃºblicos en ejercicio de derechos polÃticos. 3) Licitaciones por tÃtulos de la deuda pÃºblica. 4) Las promovidas por asociaciones o colegios que agrupen a los que ejercen profesiones liberales. 5) Expedientes que se originen con motivo de las relaciones entre el ministerio competente y los colonos. 6) Las promovidas con motivo de reclamos derivadas de las reclamaciones jurÃdicas vinculadas con el trabajo, en la parte correspondiente a los empleados y obreros, o a sus causahabientes. 7) Las denuncias y demÃ¡s actuaciones promovidas ante la autoridad competente, por cualquier persona o entidad, sobre infracciones a las leyes obreras e indemnizaciÃ³n por despido. 8) Expedientes de jubilaciones y pensiones y documentos que deban agregarse a los mismos, como consecuencia de su tramitaciÃ³n. 9) Expedientes que tengan por objeto el reconocimiento de servicios prestados a la AdministraciÃ³n. 10) Las notas y consultas dirigidas a las reparticiones pÃºblicas. 11) Las originadas por las fianzas de los empleados pÃºblicos en razÃ³n de sus funciones. 12) Pedidos de licencia o justificaciÃ³n de inasistencias de los empleados pÃºblicos y certificados mÃ©dicos que se adjunten, como asÃ tambiÃ©n las legalizaciones de los mismos y trÃ¡mites pertinentes. 13) Los escritos presentados por los contribuyentes, acompaÃ±ando letras, giros, cheques u otros documentos de libranza para pago de impuestos. 14) Reclamos sobre valuaciones y reajustes de afirmados, siempre que los mismos prosperen. 15) Las declaraciones exigidas por leyes impositivas y los reclamos correspondientes, siempre que se haga lugar a los mismos. 16) Solicitudes por devoluciÃ³n de impuestos, cuando el reclamo prospere. 17) Solicitudes por exenciones impositivas presentadas dentro del tÃ©rmino de este CÃ³digo Fiscal y leyes especiales o las que la DirecciÃ³n provincial de Rentas estableciera al efecto y siempre que las mismas se resuelvan favorablemente. 18) Expedientes por pago de haberes a los empleados pÃºblicos. 19) Expedientes iniciados por los beneficiarios del seguro colectivo y las autorizaciones respectivas. 20) Expedientes sobre pago de subvenciones. 21) Expedientes sobre devoluciones de depÃ³sitos de garantÃa. 22) Las promovidas ante las oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas, en todo aquel o que se vincule con su funciÃ³n especÃfica. 23) Las autorizaciones para percibir devoluciones de impuestos pagados de mÃ¡s y las otorgadas para devoluciÃ³n de depÃ³sitos en garantÃa. 24) Los duplicados de certificados de deudas por impuestos, contribuciones o tasas que se agreguen a los âcorrespondesâ judiciales. 25) Cotizaciones de precio -a pedido de reparticiones pÃºblicas- en los casos de compras directas autorizadas por el Poder Ejecutivo, dentro de las prescripciones de la ley 2141. 26) Las iniciadas por mutuales con personerÃa jurÃdica. 27) Las actuaciones formadas a raÃz de denuncias siempre que se ratifiquen por el Ã³rgano administrativo que corresponda. 28) La documentaciÃ³n que los inspectores de farmacia recojan y las que los farmacÃ©uticos les suministren para probar la propiedad de sus establecimientos. EstÃ¡ exceptuada de la tasa que fije la ley impositiva la primera farmacia que se instale en un pueblo. 29) Las informaciones que los profesionales hacen l egar al ministerio competente comunicando la existencia de enfermedades infectocontagiosas y las que en general se suministren, como asÃ tambiÃ©n las notas comunicando el traslado de sus consultorios. 30) Las referentes a certificados de domicilio. 31) En las que soliciten expediciÃ³n o reclamaciÃ³n de certificados escolares. 32) Cuando se soliciten testimonios o partidas de estado civil con el siguiente destino: a) Para enrolamiento y demÃ¡s actos relacionados con el servicio militar. b) Para promover demanda por accidente de trabajo. c) Para obtener pensiones. d) Para rectificaciÃ³n de nombres y apel idos. e) Para fines de inscripciÃ³n escolar. f) Para funcionarios y empleados del Estado comprendidos en los beneficios del salario familiar. g) Para adopciones. h) Para tenencia de hijos. i) Certificados de partida de nacimiento para: 1) uso escolar; 2) documentos o cÃ©dulas de identidad; 3) trÃ¡mites relacionados con leyes de previsiÃ³n social. 33) TrÃ¡mites para el otorgamiento de cÃ©dulas de identificaciÃ³n civil para menores que no hayan cumplido los doce (12) aÃ±os de edad. ArtÃculo 293. No pagarÃ¡n las tasas establecidas como retribuciÃ³n de los servicios que presta la DirecciÃ³n provincial de Catastro e InformaciÃ³n Territorial los planos de mensura, actualizaciÃ³n, modificaciÃ³n o fraccionamiento de tierras de propiedad del Estado nacional, provincial o municipal, cuando en el plano se especifique que el trabajo fue efectuado por el ministerio o reparticiÃ³n que corresponda y con funcionarios Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color Error : Bad color profesionales de la agrimensura en relaciÃ³n de dependencia con el organismo interviniente. Los trabajos contratados por reparticiones pÃºblicas nacionales, provinciales o municipales que no se ajustaren a los requisitos establecidos en este artÃculo abonarÃ¡n las tasas pertinentes. Quedan exentas del pago de tasas las parcelas donadas para cal es, plazas, espacios verdes y toda otra fracciÃ³n destinada a servicios pÃºblicos. ArtÃculo 294. No pagarÃ¡n tasas por los servicios que presta la Jefatura de PolicÃa de la Provincia en el acto de otorgamiento de cÃ©dulas de identificaciÃ³n civil a menores que no hayan cumplido los doce (12) aÃ±os de edad. ArtÃculo 295. No pagarÃ¡n tasas por servicios fiscales del Registro de la Propiedad Inmueble: 1) Las divisiones y subdivisiones de hipotecas y las modificaciones en la forma de pago del capital o capital e intereses, siempre que no modifiquen los plazos contratados. 2) Las inhibiciones voluntarias dadas como garantÃas de crÃ©ditos fiscales. 3) Las declaraciones o rectificaciones que corrijan errores imputables a la AdministraciÃ³n. 4) Las transferencias de dominio de tierras fiscales, en los casos en que el Impuesto de Sel os correspondiente no supere la suma establecida en la ley impositiva. 5) El Estado nacional, el Estado provincial, los municipios y comisiones de fomento de la Provincia, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas, en trÃ¡mites en los que el Poder Judicial participe. ArtÃculo 296. No pagarÃ¡n tasa de Justicia: 1) Las actuaciones promovidas con motivo de reclamaciones derivadas de las relaciones jurÃdicas vinculadas con el trabajo, en la parte correspondiente a empleados u obreros o sus causahabientes. 2) Las actuaciones motivadas por jubilaciones, pensiones o devoluciÃ³n de aportes. 3) Las expropiaciones, cuando el fisco fuere condenado en costas. 4) Las actuaciones relativas a rectificaciones de partidas expedidas por el Registro Provincial del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 5) Las actuaciones relacionadas con la adopciÃ³n y tenencia de hijos, tutela, curatela, alimentos, litis expensas y venia para contraer matrimonio y sobre declaraciones y derechos de familia que no tengan carÃ¡cter patrimonial. 6) Las actuaciones correspondientes al otorgamiento de cartas de pobreza. 7) Las personas a las que les haya sido otorgada la carta de pobreza. 8) Las actuaciones promovidas para informaciones relacionadas con la ley nacional 13.010 y sus modificatorias. 9) El Estado provincial, los municipios y comisiones de fomento de la Provincia, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas. No se encuentran comprendidos en esta disposiciÃ³n los organismos o empresas que ejerzan actos de comercio o desarrol en actividad industrial. (inciso conforme la Ley 2689) Texto anterior: 9) El Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autÃ¡rquicas y descentralizadas cuando actÃºen en representaciÃ³n del Poder Judicial. ArtÃculo 297. EstarÃ¡n exentos del pago de tasa de Justicia los escritos y actuaciones en sede penal, con excepciÃ³n del ejercicio de la acciÃ³n civil, sin perjuicio de la tasa de Justicia a cargo del imputado; el pago se intimarÃ¡ al dictarse la resoluciÃ³n definitiva, salvo que de las actuaciones surja que el condenado se encuentra en evidente estado de pobreza; en tal caso en la resoluciÃ³n definitiva se eximirÃ¡ el pago de la tasa. ArtÃculo 298. El Poder Judicial podrÃ¡ conceder a los obligados facilidades para el pago de tasa de Justicia, recargos e intereses, en cuotas anuales o por perÃodos menores que comprendan el capital adeudado a la fecha de la presentaciÃ³n de la solicitud respectiva, con los recaudos que aquÃ©l a establezca, mÃ¡s un interÃ©s del tipo corriente que cobran bancos oficiales para descuentos comerciales, que podrÃ¡ ser incrementado por el Tribunal Superior de Justicia. Las cuotas de los planes de facilidades podrÃ¡n ser actualizadas cuando el Tribunal Superior de Justicia lo disponga, fijando ademÃ¡s el interÃ©s correspondiente, cuyo mÃ¡ximo no podrÃ¡ exceder, en el momento de su establecimiento, el doble del interÃ©s vigente para el descuento de documentos comerciales. Las solicitudes de plazo que fueren denegadas no suspenden el curso de los intereses y la actualizaciÃ³n monetaria, si correspondiere. El tÃ©rmino para completar el pago no podrÃ¡ exceder de tres (3) aÃ±os, salvo en los casos de juicios de quiebra o concurso preventivo, en los que se estarÃ¡ a lo resuelto en el os. ArtÃculo 299. A los fines tributarios se considerarÃ¡n como juicios independientes: 1) Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. 2) Los incidentes cualquiera fuera el proceso principal al que acceden. 3) Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardÃas y/o cualquier acciÃ³n interpuesta en el marco de la ley de concursos y quiebras. TÃtulo quinto. Normas comunes a las actuaciones administrativas y judiciales ArtÃculo 300. Los escritos que se presenten ante cualquier dependencia de la AdministraciÃ³n deberÃ¡n extenderse en papel sel ado del valor correspondiente, o integrado en su caso. ArtÃculo 301. Cualquier instrumento sujeto a gravamen que se acompaÃ±e a un escrito deberÃ¡ hal arse debidamente repuesto, debiendo agregarse -ademÃ¡s- sel ados suficientes para atender -en su caso- la respectiva resoluciÃ³n. ArtÃculo 302. No se darÃ¡ curso a los escritos que infrinjan las anteriores disposiciones ni tampoco se tramitarÃ¡ expediente alguno sin que previamente sea repuesto el sel ado y foja del mismo. Se ordenarÃ¡ igualmente la reposiciÃ³n de sel ado cuando las resoluciones excedan por su extensiÃ³n al sel ado suministrado por las partes. ArtÃculo 303. Ninguna resoluciÃ³n serÃ¡ notificada a las partes sin las previas reposiciones que correspondan, salvo aquel as resoluciones en las que se establezca expresamente, por su Ãndole, que la notificaciÃ³n puede practicarse sin el cumplimiento de aquel requisito y con cargo de oportuna reposiciÃ³n. ArtÃculo 304. Los funcionarios intervinientes en la tramitaciÃ³n de actuaciones administrativas deberÃ¡n firmar las constancias de las fojas repuestas. ArtÃculo 305. El gravamen de actuaciÃ³n corresponde por cada foja de expediente, como asimismo los exhortos, certificados, oficios, diligencias, edictos, interrogatorios, pliegos, planos, testimonios, facturas, cÃ©dulas y demÃ¡s actos o documentos consecuencia de la actuaciÃ³n, aunque no hubieren de incorporarse a los actos o expedientes administrativos. ArtÃculo 306. Cuando la AdministraciÃ³n PÃºblica actÃºe de oficio en salvaguarda de intereses fiscales, la reposiciÃ³n de fojas y demÃ¡s gravÃ¡menes establecidos en este CÃ³digo Fiscal, que no se encontraren satisfechos en virtud de la exenciÃ³n legal de que aquÃ©l a goza, serÃ¡n a cargo de la persona o entidad contra la cual se haya deducido el procedimiento, siempre que la circunstancia que la originara resultara debidamente acreditada. En caso contrario, serÃ¡n reintegrados a los interesados los valores que hubieren empleado en defensa de sus intereses particulares. ArtÃculo 307. El actuario debe practicar en todos los casos, sin necesidad de mandato judicial o de peticiÃ³n de parte, la liquidaciÃ³n de la tasa proporcional de Justicia y demÃ¡s gravÃ¡menes creados por este CÃ³digo Fiscal que no se hubieran satisfecho en las actuaciones respectivas, intimando su pago. ArtÃculo 308. Las actuaciones judiciales no serÃ¡n elevadas al Tribunal Superior de Justicia en los casos de recursos sin previo pago de los impuestos y tasas que a la fecha de la elevaciÃ³n corresponda satisfacer. Parte Especial Libro quinto. Impuesto a los juegos de azar y promocionales desarrollados por particulares, mediante la utilizaciÃ³n de medios masivos de comunicaciÃ³n y otros sistemas TÃtulo primero. Del hecho imponible ArtÃculo 309. Por todo concurso, sorteo, certamen, competencia u otros eventos de cualquier naturaleza, que no se encuentren comprendidos en otra disposiciÃ³n de este tÃtulo, y que no resultaren prohibidos por las leyes vigentes, ni se opusieran a la normativa contenida en los artÃculos 9Â° y 10 de la ley nacional 22.802, se tributarÃ¡ un impuesto cuya alÃcuota fijarÃ¡ la ley impositiva. Quedan comprendidos dentro de esta disposiciÃ³n la realizaciÃ³n de concursos, sorteos, certÃ¡menes, competencias u otros eventos de cualquier naturaleza que impliquen una participaciÃ³n directa o indirectamente aleatoria para determinar el ganador, o sea, en los que la resoluciÃ³n de los premios lo sea total o parcialmente a travÃ©s del azar, que se efectÃºen mediante la utilizaciÃ³n de un medio de comunicaciÃ³n de carÃ¡cter masivo, ya sea electrÃ³nico, grÃ¡fico, radial, informÃ¡tico, telefÃ³nico, televisivo y/o cualquier otro medio tecnolÃ³gico disponible, y los participantes formalicen su apuesta desde el territorio provincial. AdemÃ¡s resultan alcanzados por esta norma aquel os concursos, sorteos, certÃ¡menes, competencias u otros eventos de cualquier naturaleza que: 1) Requieran la utilizaciÃ³n de una lÃnea telefÃ³nica y/o Internet que permita la participaciÃ³n por el solo hecho de establecerse la comunicaciÃ³n. 2) Requieran el envÃo de correspondencia para participar. 3) Requieran la utilizaciÃ³n de medios manuales, mecÃ¡nicos y/o electrÃ³nicos para seleccionar el ganador. 4) Otorguen premios fundados en respuestas de carÃ¡cter general. 5) Otorguen premios fundados en pronÃ³sticos que efectÃºen los participantes y cuyo resultado estÃ© sujeto a acontecimientos futuros e inciertos. 6) Otorguen premios fundados en cualquier otro procedimiento que resultare de la combinaciÃ³n de dos (2) o mÃ¡s de los enumerados precedentemente o de alguno de el os con otros no consignados expresamente. 7) Y las siguientes operatorias: a) Aquel as que no impliquen la obtenciÃ³n directa de recursos para el organizador, sin perjuicio del eventual aumento que obtuviere en las ventas de los productos o servicios que se pretendan promocionar. b) Aquel as que impliquen directa o indirectamente la obtenciÃ³n de recursos por parte del organizador, mensurables pecuniariamente y exclusivamente de la propia operatoria. TÃtulo segundo. De los contribuyentes y demÃ¡s responsables ArtÃculo 310. Son sujetos pasivos del impuesto fijado en el artÃculo 309 de este CÃ³digo Fiscal, quienes participan en las operatorias establecidas en la norma citada. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, en los casos en que la participaciÃ³n fuere a travÃ©s de los medios telefÃ³nicos y/o Internet, los prestadores de dichos servicios que hagan las veces de agentes de percepciÃ³n serÃ¡n responsables solidariamente con el organizador del pago del tributo. El organizador serÃ¡ obligado al pago del impuesto en forma exclusiva, en los siguientes casos: 1) Cuando la operatoria no se haya l evado a cabo a travÃ©s de medios masivos de comunicaciÃ³n. 2) Cuando cumpliÃ©ndose con el extremo establecido en el inciso anterior, la entrega del o los instrumentos que confieren participaciÃ³n lo sea en forma gratuita. 3) Cuando la participaciÃ³n del pÃºblico se l eva a cabo a travÃ©s del sistema postal. TÃtulo tercero. de la base imponible ArtÃculo 311. Cuando se tratare de operatorias para cuyo desarrol o se utilicen medios de comunicaciÃ³n masiva, la base imponible serÃ¡: 1) El valor a abonar por el pÃºblico por el instrumento que confiera participaciÃ³n en todos los hechos imponibles regulados en el presente artÃculo. 2) El valor establecido como costo de la l amada y/o comunicaciÃ³n de Internet cuando la participaciÃ³n sea por estos medios, y/o el pago se efectÃºe a travÃ©s de las facturas que emiten las compaÃ±Ãas telefÃ³nicas y/o prestadores o servidores de Internet. 3) El valor de la correspondencia simple, cuando la participaciÃ³n del pÃºblico fuere a travÃ©s del medio postal. Cuando la operatoria no se desarrol e por los medios masivos de comunicaciÃ³n o la entrega de los instrumentos que confieren participaciÃ³n al pÃºblico se entreguen en forma total y absolutamente gratuita, la base imponible serÃ¡ el valor de los premios a entregar. TÃtulo cuarto. De las exenciones ArtÃculo 312. QuedarÃ¡n exentos del presente impuesto a los juegos de azar y promocionales los eventos de promociÃ³n artÃstica, cientÃfica, cultural y deportiva, como asÃ tambiÃ©n todos aquel os que desarrol e el Poder Ejecutivo provincial a travÃ©s de los organismos oficiales correspondientes. TÃtulo quinto. Del pago ArtÃculo 313. El impuesto a los juegos de azar y promocionales establecido en el presente tÃtulo se abonarÃ¡: 1) Al adquirir el pÃºblico el instrumento que confiera participaciÃ³n en los hechos imponibles consignados en el artÃculo 309 de este CÃ³digo Fiscal. 2) Al abonar los participantes las facturas telefÃ³nicas o por servicios de Internet. 3) Dentro de los quince (15) dÃas del cierre de cada perÃodo mensual mientras dure la operatoria, mediante declaraciÃ³n jurada del organizador en los casos previstos en los incisos 1) y 2) de este artÃculo. 4) En los supuestos de facturaciones telefÃ³nicas o por servicios de Internet, el pago del impuesto deberÃ¡ realizarse dentro de los treinta (30) dÃas de los respectivos vencimientos mensuales, durante el perÃodo que dure la operatoria. TÃtulo sexto. Disposiciones complementarias ArtÃculo 314. Las operatorias referidas en el presente artÃculo deberÃ¡n contar con la autorizaciÃ³n del organismo oficial que corresponda. ArtÃculo 315. El Poder Ejecutivo queda facultado para reglamentar el presente CapÃtulo y nombrar el organismo de aplicaciÃ³n. Parte Especial. Libro sexto TÃtulo primero. Disposiciones generales ArtÃculo 316. Antes de ordenarse el archivo de las actuaciones judiciales que se tramitan ante la Justicia letrada o de Paz, se deberÃ¡ dar vista a la DirecciÃ³n provincial de Rentas para que verifique el cumplimiento de las leyes impositivas, debiendo dejar constancia, en cada una de el as, de su intervenciÃ³n. En caso de comprobarse infracciones se deberÃ¡n iniciar las gestiones pertinentes para su cumplimiento. Los jueces, secretarios, agentes fiscales y jefes de archivo serÃ¡n solidariamente responsables con los contribuyentes de las deudas por impuestos, tasas, intereses y multas que correspondieren. ArtÃculo 317. El Poder Ejecutivo estarÃ¡ facultado para modificar con carÃ¡cter general el rÃ©gimen de recargos previsto en el TÃtulo DÃ©cimo de la Parte General de este CÃ³digo Fiscal cuando se presenten algunas de las siguientes circunstancias: 1) El sistema vigente no se adecue a la evoluciÃ³n de las variables de mercado, redundando el o en un perjuicio para el fisco. 2) Por razones de polÃtica fiscal o de administraciÃ³n tributaria sea conveniente la armonizaciÃ³n con sistemas aplicados en el orden nacional o surjan de convenios interprovinciales o con otros organismos recaudadores. Parte especial Libro sÃ©ptimo. Impuesto sobre las actividades de hipÃ³dromos, canÃ³dromos, similares y agencias de apuestas TÃtulo primero. Del hecho imponible ArtÃculo 318. Por las apuestas que se efectÃºen en hipÃ³dromos, canÃ³dromos o similares vinculadas a las carreras de animales dentro del territorio de la Provincia del NeuquÃ©n se abonarÃ¡ un impuesto de conformidad a lo que establezca la ley impositiva. ArtÃculo 319. Por las apuestas sobre carreras de animales o sobre cualquier otra modalidad de juego que se acepten en agencias receptoras para eventos de distintos hipÃ³dromos, canÃ³dromos o similares se abonarÃ¡ el impuesto fijado por la ley impositiva. TÃtulo segundo. De los contribuyentes y demÃ¡s responsables ArtÃculo 320. Son contribuyentes del impuesto los apostadores. Son responsables del impuesto y estÃ¡n obligados a efectuar el pago del mismo las personas fÃsicas, sociedades con o sin personerÃa jurÃdica, sucesiones indivisas y demÃ¡s entes que sean propietarios o exploten los hipÃ³dromos, canÃ³dromos, similares o agencias de apuestas. TÃtulo tercero. De la base imponible ArtÃculo 321. La base imponible serÃ¡ el monto de la apuesta, el valor del boleto o de cualquier otro comprobante que exteriorice el mismo. TÃtulo cuarto. Exenciones ArtÃculo 322. QuedarÃ¡n exentos del presente impuesto sobre las actividades de hipÃ³dromos, canÃ³dromos, similares y agencias de apuestas, los eventos que desarrol e el Poder Ejecutivo provincial a travÃ©s de los organismos oficiales correspondientes. TÃtulo quinto. Del pago ArtÃculo 323. Los responsables deberÃ¡n depositar el importe del impuesto dentro de las noventa y seis (96) horas hÃ¡biles siguientes a la carrera o evento que configurÃ³ el hecho imponible. Libro octavo. Disposiciones finales ArtÃculo 324. DerÃ³gase la ley 874, sus modificaciones y toda otra norma que se oponga a la presente. ArtÃculo 325. ComunÃquese al Poder Ejecutivo.