Ley 5298

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LEY NÂº 5298 Promulgada el 03/07/78. Aprobar la Ley de OrganizaciÃ³n de la Justicia del Trabajo y el CÃ³digo Laboral de Salta como Anexos I y II forman parte de la presente Ley. B.O. NÂº 10.540. Ministerio de Gobierno, Justicia y EducaciÃ³n Visto lo actuado en expediente NÂº 41-18.119/77 y la autorizaciÃ³n otorgada por ResoluciÃ³n NÂº 1.200/78, del seÃ±or Ministro del Interior, en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar. El Gobernador de la provincia de Salta Sanciona y promulga con fuerza de LEY: Art. 1Âº.- ApruÃ©banse la Ley de OrganizaciÃ³n de la Justicia del Trabajo y el CÃ³digo Procesal Laboral de Salta que como Anexos I y II forman parte de la presente Ley. Art. 2Âº.- TÃ©ngase por Ley de la Provincia, cÃºmplase, comunÃquese, publÃquese, dÃ©se al Registro Oficial de Leyes y archÃvese. Ulloa â Davids â Coll â Ing. Sosa â Alvarado. ANEXO I Ley de OrganizaciÃ³n de la Justicia del Trabajo de Salta Art. 1Âº.- Organos. La Justicia del Trabajo de la Provincia de Salta, estarÃ¡ organizada de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, y supletoriamente, por la Ley OrgÃ¡nica de los Tribunales de la Provincia. Se ejercerÃ¡ por la CÃ¡mara de Apelaciones del Trabajo; los Jueces de Sentencia del Trabajo; los Jueces de ConciliaciÃ³n del Trabajo; los Jueces del Trabajo y de Paz Letrado de los Distritos Judiciales del Norte y del Sur, y los miembros del Ministerio PÃºblico con competencia laboral. Art. 2Âº. â DesignaciÃ³n y GarantÃas. Las disposiciones constitucionales provinciales referentes a los magistrados de los tribunales inferiores, como su designaciÃ³n, remociÃ³n, garantÃas, inamovilidad, incompatibilidad y demÃ¡s condiciones, les son aplicables igualmente a los magistrados de la Justicia del Trabajo. Para ser Juez de CÃ¡mara, se deberÃ¡ tener, ademÃ¡s, cuatro aÃ±os de ejercicio de la profesiÃ³n o desempeÃ±o por igual tiempo en alguna magistratura. CÃ¡mara de Apelaciones Art. 3Âº.- ComposiciÃ³n. La CÃ¡mara de Apelaciones se constituirÃ¡ con cuatro jueces, con igual jerarquÃa y remuneraciÃ³n que los jueces de la CÃ¡mara en lo Criminal, y funcionarÃ¡ dividida en dos Salas, con asiento en la Capital y jurisdicciÃ³n en toda la Provincia. En caso de empate en el fallo de los miembros de una de las Salas, se llamarÃ¡ a integrar para la votaciÃ³n a un miembro de la otra, segÃºn el procedimiento determinado en el art. 7Âº. Art. 4Âº.- Presidente. La presidencia de la CÃ¡mara se designarÃ¡ por sorteo entre sus miembros la primera vez, y luego en forma rotativa, renovÃ¡ndose anualmente el dÃa primero de febrero o subsiguiente hÃ¡bil. En caso de impedimento, el Presidente serÃ¡ reemplazado sucesivamente por los miembros restantes de acuerdo al sorteo efectuado. Art. 5Âº.- Atribuciones del Presidente. Corresponde al Presidente de la CÃ¡mara: a) Representarla en todos sus actos y comunicaciÃ³n. b) Cuidar de la economÃa y disciplina de las oficinas y del personal. c) Dirigir el procedimiento en los casos en que sea procedente la constituciÃ³n de tribunal plenario. Art. 6Âº.- Salas â Vocal de Turno. Los Vocales de cada Sala se turnarÃ¡n anualmente a los fines de la firma del despacho y de las providencias de mero trÃ¡mite que correspondiere. Art. 7Âº.- Reemplazos. En caso de impedimento, excusaciÃ³n o recusaciÃ³n de algunos de los Jueces de la CÃ¡mara, serÃ¡n reemplazados, previo sorteo eliminatorio, en el siguiente orden: a) Por los Jueces de la otra Sala de la CÃ¡mara del Trabajo. b) Por los Jueces de Sentencia del Trabajo., c) Por los Jueces de ConciliaciÃ³n del Trabajo. d) Por los Jueces de la CÃ¡mara de Paz letrada. Art. 8Âº.- Tribunal Plenario. Las Salas de la CÃ¡mara del Trabajo se reunirÃ¡n en pleno con el objeto de unificar jurisprudencia. El plenario se celebrarÃ¡ a solicitud de cualquiera de las Salas o a peticiÃ³n de alguna de las partes en el juicio en el que no se hubiera dictado aÃºn sentencia en la Alzada, debiendo individualizar en cada caso la existencia de resoluciones contradictorias de las Salas, de las que surja la necesidad de fijar la interpretaciÃ³n de la ley o doctrina aplicable, la que serÃ¡ obligatoria, pudiendo realizarse nuevo plenario sobre la misma cuestiÃ³n a requerimiento exclusivamente de una Sala. No se admitirÃ¡ la recusaciÃ³n, con o sin causa, de los miembros del Tribunal Plenario. Art. 9Âº.- TrÃ¡mite â DecisiÃ³n. El Presidente de la CÃ¡mara fijarÃ¡ fecha del plenario para dentro de los treinta dÃas, notificando a los distintos miembros con antelaciÃ³n no menor de veinte dÃas. Las Salas deberÃ¡n abstenerse de resolver las mismas cuestiones de derecho en los procesos que tengan en trÃ¡mite, pero ello no impedirÃ¡ que se dicte sentencia en los aspectos de esos procesos no relacionados con la convocatoria. La decisiÃ³n del plenario, se adoptarÃ¡ por mayorÃa absoluta de votos de sus miembros. En caso de empate y en el supuesto del art. 10 se llamarÃ¡ a integrar el plenario en el orden establecido por el art. 7Âº. Art. 10.- Recursos. Si alguna de las Salas se apartara de la jurisprudencia establecida por el tribunal plenario, podrÃ¡ recurrirse dentro del plazo de cinco dÃas por ante el Presidente, pidiendo la constituciÃ³n de un nuevo tribunal plenario para que Ã©ste declare si corresponde o no en el caso la aplicaciÃ³n de la jurisprudencia plenaria. Este recurso deberÃ¡ fundarse, y en tales supuestos, el plenario se integrarÃ¡ con exclusiÃ³n de los Jueces de la Sala firmantes de la sentencia o resoluciÃ³n recurrida. Art. 11.- Secretario y Personal. La CÃ¡mara de Apelaciones tendrÃ¡ por lo menos un Secretario, que deberÃ¡ reunir los requisitos exigidos para ser Secretario Letrado de la CÃ¡mara en lo Criminal, el que gozarÃ¡ de igual jerarquÃa y remuneraciÃ³n que Ã©ste; y demÃ¡s personal que le asigne la ley de presupuesto. Jueces de Primera Instancia Art. 12.- Magistrados y Personal. El nÃºmero de Jueces de Sentencia del Trabajo, de Jueces de ConciliaciÃ³n del Trabajo, de Jueces del Trabajo y de Paz Letrado de los Distritos Norte y Sur, asÃ como su asiento y jurisdicciÃ³n, serÃ¡ el que determine la ley de su creaciÃ³n. GozarÃ¡n de igual jerarquÃa y remuneraciÃ³n que los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Cada Juzgado tendrÃ¡ por lo menos un Secretario letrado con igual jerarquÃa y remuneraciÃ³n que los Secretarios de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Art. 13.- Reemplazos. En caso de impedimento, excusaciÃ³n o recusaciÃ³n, los Jueces de Primera Instancia se reemplazarÃ¡n entre sÃ recÃprocamente, por orden de nominaciÃ³n. En caso necesario y previo sorteo, por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y luego por los de Paz Letrados. Ministerio PÃºblico Art. 14.- Fiscales. Corresponde a los Fiscales en lo Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Centro y a los Fiscales en lo Civil, Comercial, Penal y del Trabajo de los Distritos Norte y Sur: a) Dictaminar sobre la competencia de los Jueces de Primera Instancia del Trabajo, en todos los casos en que Ã©stos deban pronunciarse, sea de oficio o a peticiÃ³n de parte, con excepciÃ³n de aquÃ©llos en que la incompetencia se fundare en inexistencia de la relaciÃ³n laboral. b) Representar a la Caja de GarantÃa creada por la Ley Nacional NÂº 9.688. Las mismas funciones ante la CÃ¡mara del Trabajo, serÃ¡n desempeÃ±adas por el Fiscal en lo Civil, Comercial y del Trabajo que no hubiese intervenido en el juicio en Primera Instancia, o el subrogante legal. Art. 15.- Incapaces y Ausentes. En los casos de representaciÃ³n de incapaces o de ausentes citados por edictos intervendrÃ¡ el representante del Ministerio PÃºblico Civil que correspondiere. Art. 16.- Vigencia. En el plazo de hasta tres meses de sancionada esta ley, el Poder Ejecutivo deberÃ¡ proveer lo conducente para que quede instalada e integrada por lo menos una de las Salas de la CÃ¡mara y los Juzgados de Sentencia y de ConciliaciÃ³n de Primera Instancia que estime necesarios. La otra Sala de la CÃ¡mara deberÃ¡ integrarse contemporÃ¡neamente o hasta tres meses despuÃ©s de constituida la primera. Art. 17.- DerogaciÃ³n. DerÃ³gase la Ley 4.419 y toda otra disposiciÃ³n que se oponga a la presente. Art. 18.- De forma. ANEXO II CÃ³digo Procesal Laboral de Salta CapÃtulo I Competencia Art. 1Âº.- Competencia material. SerÃ¡n de competencia de la justicia provincial del trabajo: a) Los conflictos jurÃdicos individuales que tengan lugar entre empleadores y trabajadores o aprendices, con motivo de prestaciones o contratos de Trabajo, empleo de aprendizaje o servicio domÃ©stico, sea que se ejerciten acciones fundadas en normas legales o reglamentarias del derecho del trabajo o en disposiciones del derecho comÃºn aplicables al contrato de trabajo. b) Las demandas de desalojo por restituciÃ³n de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorio de un contrato de trabajo, sin perjuicio de las disposiciones especiales de los Estatutos Profesionales. c) Los juicios por cobro de aportes que las leyes o convenios colectivos establezcan a favor de las asociaciones profesionales. d) Las causas que persigan sÃ³lo la declaraciÃ³n de un derecho de carÃ¡cter laboral. Art. 2Âº.- CÃ¡mara de Apelaciones. La CÃ¡mara de Apelaciones del Trabajo conocerÃ¡: a) En los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Sentencia del Trabajo; de ConciliaciÃ³n del Trabajo; del Trabajo y de Paz Letrado de los Distritos Norte y Sur y de los de Paz Legos, cuando decidan conflictos del trabajo. b) En los recursos contra las resoluciones definitivas dictadas por la autoridad administrativa competente, que sancionen infracciones a las normas legales o reglamentarias del derecho del trabajo. c) En las recusaciones y excusaciones de sus propios miembros, y de los jueces de primera instancia que se formulen en procesos de Ãndole laboral. d) En los recursos judiciales previstos en Estatutos Profesionales, y en todos los demÃ¡s casos que las leyes especiales sometan a su conocimiento. Art. 3Âº.- Jueces de Primera Instancia. Los Jueces de ConciliaciÃ³n del Trabajo conocerÃ¡n: a) En las actuaciones relacionadas con la demanda, conciliaciÃ³n, contestaciÃ³n, reconvenciÃ³n y excepciones previas. b) En la resoluciÃ³n de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, de los desistimientos, allanamientos y de los incidentes que se produzcan con motivo de las actuaciones referidas en el inciso anterior. c) En las medidas preventivas y de aseguramiento de prueba que se soliciten mientras el pleito se radica ante ellos. d) En los juicios ejecutivos, ejecuciones de salarios y de los acuerdos conciliatorios. e) En los juicios por cobro de multas impuestas por la autoridad administrativa del trabajo. Los Jueces de Sentencia conocerÃ¡n en los juicios ordinarios desde la etapa procesal prevista en el artÃculo 44 de esta ley. Las tercerÃas se deducirÃ¡n ante el Juez de Primera Instancia que estÃ© conociendo en el principal, al momento de su interposiciÃ³n. Art. 4Âº.- Jueces de Paz Legos. Cuando el valor de lo cuestionado no exceda de diez mil pesos, serÃ¡ juez competente para conocer en la causa, a opciÃ³n del trabajador; el juez de primera instancia del trabajo o el juez de paz lego que corresponda. Art. 5Âº.- Improrrogabilidad. La competencia de la justicia del Trabajo, incluso la territorial, es improrrogable. La incompetencia podrÃ¡ ser declarada de oficio por el juez o la CÃ¡mara. Art. 6Âº.- Competencia Territorial. Cuando la demanda sea entablada por el trabajador, podrÃ¡ dirigirla a su elecciÃ³n ante el juez o tribunal: a) Del lugar del trabajo. b) Del lugar de celebraciÃ³n del contrato. c) Del domicilio del demandado. Si la demanda es deducida por el empleador, deberÃ¡ entablarla ante el juez del domicilio del trabajador. En las causas incoadas por asociaciones profesionales por cobro de aportes, contribuciones o cuotas, serÃ¡ competente el juez del domicilio del demandado. Art. 7Âº.- ExclusiÃ³n del Fuero de AtracciÃ³n. El concurso preventivo, quiebra, concurso civil u otro medio de liquidaciÃ³n colectiva de los bienes del empleador, no atrae a las acciones judiciales que tenga promovidas o promoviere el trabajador por crÃ©ditos u otros derechos provenientes de la relaciÃ³n laboral; Ã©stas se iniciarÃ¡n o continuarÃ¡n ante los tribunales del fuero del trabajo, con intervenciÃ³n de los respectivos representantes legales, cesando su competencia con la etapa de conocimiento, debiendo Iniciarse o proseguirse las ejecuciones ante el juez del concurso, conforme a los procedimientos previstos por las leyes para estos casos. La sucesiÃ³n del empleador no atrae las acciones previstas en el primer pÃ¡rrafo de este artÃculo, que se tramitarÃ¡n del mismo modo y con intervenciÃ³n de los respectivos representantes legales, incluso en los trÃ¡mites de ejecuciÃ³n salvo el caso de concurso. Las actuaciones del trabajador en el fuero civil y comercial, que se realicen con motivo de lo dispuesto en este artÃculo, gozarÃ¡n de las mismas franquicias impositivas legisladas para el fuero laboral, pudiendo hacerse representar por acta-poder, con los recaudos seÃ±alados en esta ley. CapÃtulo II Disposiciones Generales Art. 8Âº.- Recusaciones y Excusaciones. Los jueces, secretarios y peritos no podrÃ¡n ser recusados sin expresiÃ³n de causa. Para la recusaciÃ³n con expresiÃ³n de causa y para la excusaciÃ³n regirÃ¡n las disposiciones del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. Art. 9Âº.- Facultades del Juez. Los Jueces de la CÃ¡mara o de primera instancia tienen amplias facultades de investigaciÃ³n, pudiendo ordenar de oficio y en cualquier estado del proceso, todas las medidas y diligencias que estimen conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Art. 10.- Impulso Procesal. La direcciÃ³n del proceso corresponde a los jueces y secretarios, quienes adoptarÃ¡n las medidas necesarias para obtener la mayor celeridad y economÃa en su desarrollo, sin perjuicio de la necesaria actividad de las partes, cuando correspondiere. Vencido un plazo procesal, se deberÃ¡ proveer inmediatamente y de oficio lo que corresponda al estado del proceso. Art. 11.- Domicilio constituido. El domicilio constituido subsistirÃ¡, para todos los efectos procesales del juicio, hasta el archivo del expediente. Para que el cambio de domicilio surta efecto bastarÃ¡ la simple constituciÃ³n de uno nuevo en la causa. Art. 12.- Falta de domicilio constituido. Si la persona debidamente citada no compareciere o no constituyere domicilio, las providencias que se deben notificar en el domicilio constituido quedarÃ¡n notificadas por ministerio de la ley. AÃºn cuando se hubiere constituido un domicilio inexistente o desapareciera el local elegido, el acto se tendrÃ¡ por notificado en el momento en que se practicare la diligencia y, en lo sucesivo, las notificaciones se considerarÃ¡n realizadas por ministerio de la ley. Art. 13.- Domicilio real. Si el actor no denunciare su domicilio real y el de su contrario en la demanda, no se darÃ¡ curso a Ã©sta hasta que se subsane la omisiÃ³n, para lo cual serÃ¡ aplicable lo dispuesto en el artÃculo 34. Si el demandado no denunciare al contestar la demanda un domicilio real distinto o si fuere rebelde, se tendrÃ¡ por vÃ¡lido el domicilio real que le haya asignado el actor. Art. 14.- ActualizaciÃ³n del domicilio real. Cada una de las partes estarÃ¡ obligada a mantener actualizado en el proceso su propio domicilio real. Si Ã©ste se modificare y el interesado no cumpliere la obligaciÃ³n indicada, se considerarÃ¡ subsistente el domicilio real que figura en el expediente, hasta que se denuncie el cambio. En los supuestos del pÃ¡rrafo precedente y del artÃculo 13, segunda parte, las notificaciones que se practiquen en los domicilios considerados vÃ¡lidos o subsistentes tendrÃ¡n plenos efectos legales. Art. 15.- Notificaciones. Las notificaciones se harÃ¡n personalmente o por cÃ©dula en los siguientes casos: a) La citaciÃ³n para contestar la demanda. b) Las citaciones para las audiencias. c) Las intimaciones o emplazamientos. d) Las sanciones disciplinarias. e) Las sentencias definitivas, las aclaratorias, las que resuelvan excepciones previas, las interlocutorias que pongan fin total o parcialmente al proceso y las demÃ¡s que se dicten respecto de peticiones que, en resguardo del derecho de defensa, debieron sustanciarse con controversia de parte. f) El auto de apertura a prueba, las denegatorias de medidas de prueba, y el auto de clausura. g) Las regulaciones de honorarios. h) La devoluciÃ³n de los autos, cuando tenga por efecto reanudar el curso de plazos. i) Los traslados de los agravios referidos en los artÃculo 64 y 71 y las vistas o traslados de la planilla del artÃculo 73. j) El decreto llamando Autos del artÃculo 65 y la radicaciÃ³n en la Alzada prevista en el artÃculo 70. k) La providencia que declare la causa de puro derecho. l) La resoluciÃ³n que haga saber medidas cautelares cumplidas, su modificaciÃ³n o levantamiento. m) Las providencias que ordenaren de oficio la producciÃ³n de pruebas. n) La primera providencia que se dicte despuÃ©s de extraÃdo el expediente del Archivo. o) La denegatoria del recurso extraordinario. p) Cuando el juez lo creyere conveniente, para lo cual deberÃ¡ indicar expresamente esta forma de notificaciÃ³n. Todas las demÃ¡s providencias quedarÃ¡n notificadas por ministerio de la ley al dÃa siguiente de ser dictadas, salvo el caso que el apoderado se encontrare en uso de licencia. No se considerarÃ¡ cumplida la notificaciÃ³n, si el expediente no estuviere en SecretarÃa y se hiciere constar esa circunstancia firmando en el Libro de Asistencia, en el que se detallarÃ¡ la nÃ³mina de expedientes salidos a la Mesa. Los funcionarios judiciales quedarÃ¡n notificados el dÃa de la recepciÃ³n del expediente en su Despacho. Art. 16.- Notificaciones en el domicilio real. DeberÃ¡n notificarse en el domicilio real: a) La demanda. b) La citaciÃ³n para absolver posiciones. c) Las citaciones a terceros. d) Las citaciones a las partes para que comparezcan personalmente. e) La primera providencia que se dicte despuÃ©s de sacado el expediente del Archivo. f) La cesaciÃ³n del mandato del apoderado. Art. 17.- CÃ©dulas â Edictos. Las cÃ©dulas de notificaciÃ³n serÃ¡n firmadas por el Secretario y confeccionadas en el Juzgado respectivo, sin necesidad de requerimiento de parte. En los casos en que corresponda publicar edictos, ello se harÃ¡ por un dÃa en el BoletÃn Oficial, sin cargo para el trabajador. Cuando en los edictos se cite a comparecer al juicio, si vencido el plazo de la citaciÃ³n el emplazado no compareciere, se darÃ¡ intervenciÃ³n al Defensor Oficial respectivo. Art. 18.- Acta â Poder. La representaciÃ³n en juicio se podrÃ¡ ejercer mediante acta â poder otorgado ante escribano, secretarios de juzgado o de cÃ¡mara del fuero del trabajo, juez de paz lego o funcionario competente de la DirecciÃ³n Provincial del Trabajo, en el caso de los letrados designados por dicha reparticiÃ³n. En todos los casos, firmarÃ¡n el funcionario y el otorgante, previa acreditaciÃ³n de la entidad de Ã©ste. En caso de impedimento, podrÃ¡ firmar a ruego del otorgante, cualquier persona hÃ¡bil. Art. 19.- Menores Adultos. Los menores adultos tendrÃ¡n la misma capacidad que los mayores para estar en juicio por sÃ y podrÃ¡n otorgar mandatos en la forma prescripta en el artÃculo anterior, con la intervenciÃ³n promiscua del Ministerio PÃºblico. Art. 20.- Muerte o incapacidad. Si la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho se suspenderÃ¡ la tramitaciÃ³n y se citarÃ¡ a los herederos o al representante legal para que comparezcan a estar a derecho en el plazo que se designe; directamente si se conocieren sus domicilios o por edictos; bajo apercibimiento de continuar el juicio y tenerlos por notificados por ministerio de la ley de todas las providencias que se dicten en el primer caso, y de nombrarles defensor en el segundo. Art. 21.- Beneficio de Justicia Gratuita. Los trabajadores o sus derecho-habientes gozarÃ¡n del beneficio de justicia gratuita, hallÃ¡ndose exceptuados de todo impuesto o tasa en los procedimientos judiciales o administrativos en materia laboral. SerÃ¡ tambiÃ©n gratuita la expediciÃ³n de testimonios o certificados de partidas de nacimientos, matrimonio o defunciones y sus legalizaciones, que se requieran para ser acompaÃ±ados al proceso. No podrÃ¡ exigirse al trabajador el pago de costas por incidentes perdidos, sino a la terminaciÃ³n del juicio. Tampoco podrÃ¡ detenerse la sustanciaciÃ³n del proceso con exigencias de arraigo o pago previo de condenaciones anteriores. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas de fondo, cuando el empleador sea condenado en costas deberÃ¡ satisfacer los impuestos de justicia y sellado correspondientes a todas las actuaciones. Si las costas se declararen por su orden, abonarÃ¡ las correspondientes a las actuaciones de su parte. En los casos de conciliaciÃ³n o transacciÃ³n el beneficio de justicia gratuita se extenderÃ¡ a la totalidad de las partes y de las actuaciones respectivas. Art. 22.- Litisconsorcio Facultativo. En caso de litisconsorcio facultativo, sÃ³lo se podrÃ¡n acumular acciones fundadas en los mismos hechos o en tÃtulos conexos, y no podrÃ¡n litigar en conjunto mÃ¡s de veinte actores por vez. Asimismo, en todos los casos, se podrÃ¡ ordenar la separaciÃ³n de los procesos si la acumulaciÃ³n fuera inconveniente. Art. 23.- Plazos Procesales. Todos los plazos serÃ¡n perentorios e improrrogables, salvo disposiciÃ³n expresa de la ley o acuerdo de partes establecido por escrito en el expediente. No se concederÃ¡ plazo extraordinario. Si esta ley no fijare expresamente el plazo para la realizaciÃ³n de un acto, lo seÃ±alarÃ¡ el Secretario de acuerdo con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia. El plazo para contestar vistas y traslados serÃ¡ de tres dÃas. Para toda diligencia que deba practicase dentro de la Provincia y fuera del lugar del asiento del Juzgado o tribunal, quedarÃ¡n ampliados los plazos fijados por este CÃ³digo, a razÃ³n de un dÃa por cada cincuenta kilÃ³metros o fracciÃ³n que no baje de veinticinco. Si la diligencia debe practicarse fuera de la Provincia, el Secretario fijarÃ¡ el plazo atendiendo a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Art. 24.- Plazos para dictar sentencias. Los jueces o tribunales deberÃ¡n, salvo disposiciÃ³n en contrario, dictar las sentencias interlocutorias dentro de los quince o veinte dÃas, y las definitivas dentro de los treinta o cuarenta dÃas, segÃºn se traten de primera o de segunda instancia, respectivamente. Art. 25.- Incidentes. Los incidentes se sustanciarÃ¡n en la siguiente forma: Promovido que sea, se darÃ¡ traslado a la contraparte. La prueba deberÃ¡ ofrecerse al plantear y contestar el incidente, acompaÃ±Ã¡ndose toda la prueba instrumental que obre en poder de las partes. Si se estimare pertinente, se abrirÃ¡ a prueba por cinco dÃas, prorrogable por otros cinco si media justa causa o imposibilidad material de producir la prueba, dictÃ¡ndose resoluciÃ³n sin mÃ¡s trÃ¡mite. TratÃ¡ndose de prueba testifical, la comparecencia de los testigos estarÃ¡ a cargo de la parte proponente, sin necesidad de citaciÃ³n judicial y las declaraciones no podrÃ¡n recibirse fuera de la jurisdicciÃ³n, cualquiera fuere el domicilio de aquÃ©llos. Todo traslado o vista se considerarÃ¡ decretado en calidad de autos. Art. 26.- Nulidades. No procederÃ¡ la declaraciÃ³n de nulidades del procedimiento cuando se hayan dejado pasar tres dÃas desde el momento en que se tuvo conocimiento del acto viciado sin haber hecho cuestiÃ³n alguna. Las nulidades de procedimiento deberÃ¡n ser planteadas y resueltas en la instancia en que se hubiere producido el vicio que las motivare. Art. 27.- Medidas Cautelares â Asistencia MÃ©dica. Antes o despuÃ©s de deducida la demanda, el juez, a peticiÃ³n de parte y segÃºn el mÃ©rito que arrojen los autos, podrÃ¡ decretar embargo preventivo, u otras medidas cautelares en bienes del demandado, como tambiÃ©n que Ã©ste facilite gratuitamente la asistencia mÃ©dica y farmacÃ©utica que autorice la ley. En ningÃºn caso se exigirÃ¡ al trabajador constituciÃ³n de fianza ni cauciÃ³n alguna. Art. 28.- Prueba Anticipada â Aseguramiento. Cuando una de las partes tuviere motivos para temer que la producciÃ³n de las pruebas que le sean necesarias se torne imposible o dificultosa por el transcurso del tiempo y otras circunstancias, podrÃ¡ solicitar su aseguramiento, el que se realizarÃ¡ en la forma establecida para cada especie de prueba, tratando en lo posible que las mismas se practiquen con citaciÃ³n de la contraparte. Caso contrario y mediando urgencia, la diligencia se practicarÃ¡ por el juez o secretario, sin perjuicio de la inmediata notificaciÃ³n a la contraria. Cuando se trate de libros, registros u otros documentos que puedan ser llenados indebidamente, podrÃ¡ pedirse sin citaciÃ³n de la contraria, la exhibiciÃ³n de los mismos, dejÃ¡ndose constancia del estado y la fecha de las Ãºltimas anotaciones. Art. 29.- ProtecciÃ³n de la RemuneraciÃ³n de las Personas Citadas. Cualquier persona citada por la CÃ¡mara o los jueces que presten servicios en relaciÃ³n de dependencia tendrÃ¡ derecho a faltar a sus tareas sin perder su remuneraciÃ³n durante el tiempo necesario para cumplir con la citaciÃ³n. Art. 30.- Conducta maliciosa y temeraria. Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, serÃ¡ condenado a pagar un interÃ©s de hasta dos veces y media del que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que serÃ¡ graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida. Se considerarÃ¡n especialmente comprendidos en esta disposiciÃ³n los casos en que se evidenciaren propÃ³sitos obstrucccionistas o dilatorios en reclamos por accidentes de trabajo, atendiendo a las exigencias mÃ¡s o menos perentorias provenientes del estado de la vÃctima, la omisiÃ³n de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento y teniendo conciencia de la propia sinrazÃ³n, se cuestionase la existencia de la relaciÃ³n laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o derecho. Si la conducta maliciosa fuere del trabajador, se le impondrÃ¡ una multa no mayor del cincuenta por ciento de una mensualidad de salario mÃnimo vital, importe que se fijarÃ¡ de acuerdo a las circunstancias del caso, y serÃ¡ a favor de la otra parte. Art. 31.- Pago en Juicio â Honorarios. Todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizarÃ¡ mediante depÃ³sito bancario en autos a la orden del tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crÃ©dito o sus derecho-habientes, aun en el supuesto de haber otorgado poder. Queda prohibido el pacto de cuotalitis que exceda del veinte por ciento el que, en cada caso, requerirÃ¡ ratificaciÃ³n personal y homologaciÃ³n judicial. El desistimiento por el trabajador de acciones y derechos se ratificarÃ¡n personalmente en el juicio y requerirÃ¡ homologaciÃ³n. Todo pago realizado sin observar lo prescripto y el pacto de cuotalitis o desistimiento no homologados, serÃ¡n nulos de pleno derecho. Para las regulaciones de honorarios, en caso de corresponder actualizaciÃ³n por depreciaciÃ³n monetaria, se aplicarÃ¡ el mismo Ãndice que corresponda para actualizar el capital en el juicio laboral. CapÃtulo III Juicio Ordinario Procedimiento ante el Juzgado de ConciliaciÃ³n Art. 32.- Demanda. La demanda se deducirÃ¡ por escrito ante el Juez de ConciliaciÃ³n y contendrÃ¡: a) El nombre y domicilio del demandante, y si Ã©ste es un trabajador, la edad. b) El nombre y domicilio del demandado. c) La designaciÃ³n de lo que se demanda y los hechos, determinÃ¡ndose en el caso del trabajador, las tareas cumplidas y categorÃa desempeÃ±ada. d) El derecho en que se funda. Se acompaÃ±arÃ¡n los documentos que obren en su poder e individualizarÃ¡n los que no pueda presentar, mencionando su contenido y lugar en que se encuentren. En caso de conocerse o denunciarse la existencia de expedientes administrativos que no fueren acompaÃ±ados, el Secretario antes de citar a conciliaciÃ³n, solicitarÃ¡ a la autoridad pÃºblica la remisiÃ³n de las actuaciones, que se agregarÃ¡n por cuerda floja. Art. 33.- Demanda por accidente de trabajo. Cuando se demande por accidente de trabajo o enfermedad profesional, deberÃ¡ expresarse la clase de industria o empresa en que trabajaba la vÃctima; trabajo que realizaba; forma y lugar en que se produjo el accidente y demÃ¡s circunstancias que permitan calificar su naturaleza; el monto del salario y el tiempo aproximado en que ha trabajado a las Ã³rdenes del empleador. DeberÃ¡ tambiÃ©n acompaÃ±ar un certificado mÃ©dico sobre la lesiÃ³n o enfermedad. Cuando la demanda se promueva por los causa-habientes, se acompaÃ±arÃ¡ el certificado de defunciÃ³n y los testimonios de partidas que acrediten el parentesco invocado. Si se tratare de nietos, ascendientes o hermanos comprendidos en la Ley NÂº 9.688, artÃculo 8Âº, se presentarÃ¡ ademÃ¡s una manifestaciÃ³n suscripta por dos vecinos y un certificado municipal o policial, que acredite que los reclamantes vivÃan bajo el amparo o con ayuda del trabajo de la vÃctima. Si varios derecho-habientes alegaren pretensiones sobre una determinada indemnizaciÃ³n, se dispondrÃ¡ que se acompaÃ±e testimonio de la declaratoria de herederos. Art. 34.- Examen previo de la demanda. Recibida la demanda por el juez que deba intervenir, Ã©ste examinarÃ¡ en primer tÃ©rmino si corresponde a su competencia y cuando se considere incompetente, lo declararÃ¡ de oficio. Si la demanda tuviere defectos de forma, omisiones o imprecisiones, se intimarÃ¡ al actor para que los subsane en el plazo de tres dÃas, bajo apercibimiento de tenerla, por no presentada, sin mÃ¡s trÃ¡mite ni recurso. Art. 35.- CitaciÃ³n y emplazamiento. Admitida la demanda, se citarÃ¡ y emplazarÃ¡ a las partes a una audiencia de conciliaciÃ³n, que se fijarÃ¡ dentro de un plazo no mayor de treinta dÃas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 36. La citaciÃ³n al demandado se realizarÃ¡ con una antelaciÃ³n no menor de diez dÃas, con entrega en su domicilio de las copias de la demanda y de la documentaciÃ³n pertinente. Si fracasare la gestiÃ³n conciliatoria, el demandado, en la misma audiencia, deberÃ¡ contestar la demanda y oponer las excepciones que tuviere, obligaciÃ³n y apercibimiento que se harÃ¡n constar en la notificaciÃ³n al demandado. Cuando el demandado se domicilie fuera del lugar del asiento de los tribunales o sea citado por edictos, la fecha de la audiencia serÃ¡ fijada razonablemente por el Secretario teniendo en cuenta la distancia, pero en ningÃºn caso podrÃ¡ exceder de cuarenta dÃas. A esta audiencia las partes serÃ¡n citadas a concurrir personalmente pudiendo ser representadas o asistidas por sus letrados, socios, directores, administradores, gerentes y empleados superiores del empleador debidamente autorizados. SÃ³lo podrÃ¡ justificarse la inasistencia a la audiencia, acreditando razones de fuerza mayor hasta dentro de los dos dÃas siguientes a la misma, debiendo ser resuelta por el juez sin sustanciaciÃ³n ni recurso alguno. Si la inasistencia fuere justificada, en la misma resoluciÃ³n se fijarÃ¡ una nueva audiencia para dentro de seis dÃas. Si ambas partes lo solicitaren, se diferirÃ¡ la audiencia para nueva fecha. Si la demandada fuere la Provincia, Municipalidades o reparticiones autÃ¡rquicas, la audiencia se fijarÃ¡ en un plazo no superior a cuarenta dÃas y la notificaciÃ³n a la demandada se harÃ¡ con una antelaciÃ³n no menor de veinte dÃas. Art. 36.- Incomparecencia. Si el actor no compareciere sin causa justificada a la audiencia de conciliaciÃ³n, se paralizarÃ¡n los procedimientos, reservÃ¡ndose en sobre cerrado en SecretarÃa el escrito de responde, si se hubiera presentado. Si el actor no insta el trÃ¡mite solicitando una nueva audiencia dentro de los veinte dÃas siguientes o no concurre a la nuevamente fijada a su pedido, se ordenarÃ¡ el archivo del proceso, aplicÃ¡ndosele una multa segÃºn lo previsto en el art. 30, a favor de la contraria que hubiese presentado el escrito de contestaciÃ³n. Concurriendo el actor, si no lo hiciere el demandado sin causa justificada, o si se negare a contestar la demanda, se presumirÃ¡n como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario. Sin perjuicio de la audiencia obligatoria de conciliaciÃ³n, la instancia de avenimiento quedarÃ¡ abierta durante todo el proceso, sin suspender su curso ni plazo alguno. Art. 37.- Audiencia de ConciliaciÃ³n. El Juez de ConciliaciÃ³n intervendrÃ¡ personalmente en la audiencia sin poder delegar sus funciones, la que se realizarÃ¡ en forma oral y en audiencia privada. Abierto el acto, se ilustrarÃ¡ a las partes sobre el objeto y alcances del procedimiento conciliatorio y se procurarÃ¡ avenirlas, a cuyo efecto tanto el juez como las partes estÃ¡n facultados para proponer cualquier fÃ³rmula de conciliaciÃ³n dirigida a: a) Rectificar errores materiales en que se hubiera incurrido. b) Aumentar los hechos admitidos, reduciendo la actividad probatoria. c) Procurar un avenimiento parcial o total del litigio. Si no se produjere el avenimiento de las partes, se harÃ¡ constar esta circunstancia sin expresiÃ³n de lo que se dijo en la audiencia, no pudiendo se posteriormente interrogados los intervinientes acerca de lo ocurrido en ella. Art. 38.- Cosa Juzgada. Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios celebrados por las partes con intervenciÃ³n de la autoridad judicial y los que ellas pacten espontÃ¡neamente, pasarÃ¡n en autoridad de cosa juzgada si media homologaciÃ³n fundada, que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composiciÃ³n de los derechos e intereses de las partes. Art. 39.- ContestaciÃ³n - ReconvenciÃ³n â Excepciones. Si fracasare la gestiÃ³n conciliatoria, el demandado, en la misma audiencia, deberÃ¡ contestar la demanda, la que contendrÃ¡ en lo aplicable los requisitos del art. 32 de esta Ley y 356 inc. 1Âº del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. En ella, el demandado deberÃ¡ articular todas las defensas que tuviere, incluso las excepciones de carÃ¡cter previo. PodrÃ¡ igualmente deducirse reconvenciÃ³n, siempre que Ã©sta deba sustanciarse por el mismo procedimiento. En los juicios por la acciÃ³n especial de la Ley 9.688 no se admitirÃ¡ la reconvenciÃ³n. En la misma audiencia se correrÃ¡ traslado a la actora para que dentro del plazo de cinco dÃas conteste la reconvenciÃ³n y las excepciones que se hubieren opuesto. Si al contestar el traslado, el actor agregara documentos atribuidos al demandado, Ã©ste deberÃ¡ reconocerlos o negarlos dentro de los tres dÃas de notificada la intimaciÃ³n que se decretarÃ¡ al admitirlos, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos. La prueba de las excepciones deberÃ¡ ofrecerse al interponerse y contestarse las mismas, rigiendo en lo pertinente los requisitos de admisiÃ³n establecidos en el art. 349 del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. Art. 40.- ModificaciÃ³n de la demanda. Si el actor modificare los tÃ©rminos de la demanda en cuanto a los hechos alegados o a los rubros reclamados, a solicitud del demandado se seÃ±alarÃ¡ nueva audiencia para los mismos fines y bajo iguales apercibimientos, la que se deberÃ¡ celebrar en el plazo de seis dÃas. Art. 41.- ResoluciÃ³n de excepciones. En el caso de existir excepciones, contestando el traslado previsto en el artÃculo anterior o vencido el plazo para hacerlo, y si el artÃculo es de puro derecho, se llamarÃ¡ autos, consentido lo cual el juez resolverÃ¡ sin mÃ¡s trÃ¡mite. De lo contrario y siempre que se estime pertinente, se abrirÃ¡ a prueba y resolverÃ¡ en la forma y plazos previstos para los incidentes en el art. 25. Art. 42.- Excepciones admisibles. Las Ãºnicas excepciones admisibles como previas son: a) Incompetencia. b) Litispendencia. c) Falta de personerÃa de las partes o de sus representantes. d) Cosa juzgada y conciliaciÃ³n o transacciÃ³n celebrada ante la autoridad administrativa. e) PrescripciÃ³n, siempre que no requiera producciÃ³n de prueba. Si se alegare la incompetencia, fundÃ¡ndola en inexistencia de relaciÃ³n laboral, se resolverÃ¡ lo que corresponda al dictarse sentencia definitiva. Art. 43.- RemisiÃ³n del expediente. Contestada la demanda o la reconvenciÃ³n, vencido el plazo para hacerlo o desestimadas en su caso las excepciones por resoluciÃ³n firme, se remitirÃ¡n de inmediato las actuaciones a conocimiento del Juez de Sentencia que por turno corresponda. CapÃtulo IV Procedimiento ante el Jugado de Sentencia Art. 44.- CuestiÃ³n de puro derecho. Recibidas las actuaciones por el juez, si no hubieren hechos controvertidos, se declararÃ¡ la cuestiÃ³n de puro derecho, y las partes, dentro del quinto dÃa de notificadas podrÃ¡n presentar escrito sobre las cuestiones jurÃdicas traÃdas al debate. Art. 45.- Apertura a prueba. Si hubieren hechos controvertidos, se recibirÃ¡ la causa a prueba por el plazo de treinta dÃas. Las partes, hasta el quinto dÃa de notificadas del decreto de apertura, podrÃ¡n ofrecer la prueba que corresponda a sus derechos, y segÃºn sea la extensiÃ³n de Ã©sta, el Secretario podrÃ¡ reducir el plazo de prueba al proveerla. Art. 46.- ProveÃdo â Audiencia. Vencido el plazo de ofrecimiento de prueba, el Secretario proveerÃ¡ a la misma dentro de los dos dÃas siguientes, en un solo decreto, en el que fijarÃ¡ una audiencia para que el juez reciba personalmente la prueba confesional, testifical y las explicaciones de los peritos. En esta audiencia, el juez y las partes podrÃ¡n interrogar libremente y en forma recÃproca. Las declaraciones deberÃ¡n ser transcriptas Ãntegramente en el acta correspondiente que deberÃ¡ ser firmada por el Juez. A este efecto podrÃ¡n tomarse versiones taquigrÃ¡ficas, impresiones fonogrÃ¡ficas y otros medios tÃ©cnicos, que luego serÃ¡n volcados en el acta. Si no comparecieren testigos, peritos o no se hubiese producido aÃºn la prueba pericial o de informes, y siempre que el Juez lo considere indispensable, podrÃ¡ suspenderse o prorrogarse la audiencia hasta por diez dÃas mÃ¡s, por una sola vez, considerÃ¡ndose prorrogado el plazo de prueba hasta la realizaciÃ³n de la nueva audiencia, si fuere de fecha posterior. En este caso, el diligenciamiento de las pruebas faltantes estarÃ¡ a cargo exclusivo de las partes que las hubieren ofrecido, debiendo realizarse la nueva audiencia con la parte que concurra y produciÃ©ndose la prueba que estÃ© en condiciones hasta esa fecha. Art. 47.- ConcentraciÃ³n de la prueba. Los jueces y Secretarios deberÃ¡n adoptar las providencias necesarias para la mÃ¡s rÃ¡pida y econÃ³mica producciÃ³n de la prueba, de modo que asegure su mayor concentraciÃ³n, ejerciendo para tal efecto las facultades establecidas en los arts. 9Âº y 10. Art. 48.- ConfesiÃ³n. La citaciÃ³n para absolver posiciones se harÃ¡ cuando menos con un dÃa hÃ¡bil de anticipaciÃ³n a la audiencia fijada, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso si no compareciere sin justa causa. De este medio podrÃ¡n usar las partes por una sola vez. TambiÃ©n podrÃ¡ pedirse cuando se admita un hecho nuevo o se abra a prueba un incidente. Se deberÃ¡ presentar el pliego respectivo con anterioridad a la iniciaciÃ³n de la audiencia, en sobre cerrado al que se le pondrÃ¡ cargo, y si la prueba debe producirse por oficio o exhorto, con la antelaciÃ³n necesaria para remitirlos juntos con Ã©stos. No se podrÃ¡ citar por edictos para absolver posiciones. Si el absolvente concurriere a la citaciÃ³n, podrÃ¡n formularse y ampliarse oralmente las posiciones, aunque no se hubiese presentado pliego. Si no concurriere, se lo tendrÃ¡ por confeso sÃ³lo a tenor de las posiciones que figuran en el pliego presentado en tiempo. Art. 49.- Personas jurÃdicas. Si se tratare de personas de existencia ideal, ademÃ¡s de los representantes legales podrÃ¡n absolver posiciones sus directores, gerentes o personal superior debidamente autorizados. La elecciÃ³n del absolvente corresponderÃ¡ a la persona jurÃdica, salvo que la contraparte invoque razones concretas y atendibles que justifiquen la citaciÃ³n de una persona determinada. En todos los casos esta prueba serÃ¡ rendida por un solo absolvente aunque los estatutos o el contrato social exigieren la actuaciÃ³n conjunta de dos o mÃ¡s personas. La designaciÃ³n podrÃ¡ ser efectuada hasta el momento de la audiencia, quedando tambiÃ©n a cargo de los entes ideales el disponer lo necesario para que las respuestas puedan ser efectuadas con validez y eficacia, bajo apercibimiento de poder tenerlos por confesos en caso de incumplimiento. Art. 50.- Testigos. Cada parte podrÃ¡ ofrecer hasta cinco testigos. Si la naturaleza del juicio lo justificare, se podrÃ¡ admitir un nÃºmero mayor. Los testigos serÃ¡n citados por intermedio de la autoridad policial, o facultativamente por los otros medios admitidos por la ley, con un dÃa hÃ¡bil por lo menos de anticipaciÃ³n a la audiencia fijada, y con menciÃ³n de las penalidades en caso de no comparecer sin justa causa. No habiendo justificado su inasistencia a la primera audiencia, se dispondrÃ¡ su comparecencia a la prÃ³rroga con la fuerza pÃºblica, sin perjuicio de hacerse pasibles a una multa de hasta veinte mil pesos. Art. 51.- Prueba pericial. La prueba pericial puede ser decretada a peticiÃ³n de parte, o de oficio si el juez o la CÃ¡mara lo estiman imprescindible para la soluciÃ³n del litigio. Los puntos de pericia deberÃ¡n ser indicados por las partes al ofrecer la prueba. Al proveerse sobre ella, se fijarÃ¡n los puntos de pericia, pudiendo agregarse otros o eliminarse los que se consideren improcedentes o superfluos, y se seÃ±alarÃ¡ el plazo dentro del perÃodo de prueba en que deberÃ¡n expedirse los peritos con anterioridad a la audiencia, lo que realizarÃ¡n en original y dos copias que podrÃ¡n ser requeridas por los interesados en SecretarÃa, sin perjuicio de su obligaciÃ³n de concurrir a las audiencias a dar las explicaciones que se estimen necesarias. Art. 52.- DesignaciÃ³n de peritos. La designaciÃ³n de los peritos se realizarÃ¡ de oficio y por sorteo entre los profesionales inscriptos en las listas confeccionadas por la Corte de Justicia. Las pericias contables y caligrÃ¡ficas, serÃ¡n realizadas por los peritos oficiales designados por la Corte de Justicia y las de Ãndole mÃ©dico por los profesionales del cuerpo mÃ©dico de tribunales, los que en ningÃºn caso tendrÃ¡n derecho a percibir honorarios ni podrÃ¡n negarse a aceptar el cargo. No existiendo registro en la Corte, deberÃ¡n designarse personas con tÃtulo habilitante, expertos o idÃ³neos en la materia, salvo que por cualquier circunstancia se estime conveniente confiar su realizaciÃ³n a tÃ©cnicos de la AdministraciÃ³n PÃºblica, quienes tendrÃ¡n la obligaciÃ³n de expedirse. El nÃºmero de peritos, segÃºn la Ãndole del asunto, puede variar de uno a tres por cada cuestiÃ³n tÃ©cnica sometida a decisiÃ³n judicial. Al trabajador no podrÃ¡ exigÃrsele anticipo de gastos. Los peritos podrÃ¡n excusarse o ser recusados con causa en el plazo de tres dÃas posteriores a su designaciÃ³n. Si la recusaciÃ³n fuese contradicha, el juez resolverÃ¡ sumariamente, y el incidente tramitarÃ¡ por separado, sin interrumpir la sustanciaciÃ³n del principal. Art. 53.- Informes - Reconocimiento Judicial. La prueba de informes podrÃ¡ ser considerada por el juez, si fuere agregada hasta el momento de dictar sentencia. A la diligencia de reconocimiento judicial asistirÃ¡ personalmente el juez, y si el lugar fuese distante del asiento del Juzgado, podrÃ¡ ser comisionada a la autoridad judicial mÃ¡s prÃ³xima. Las partes podrÃ¡n concurrir con sus representantes y letrados y formular las observaciones pertinentes, de las que se dejarÃ¡ constancia en el acta. Art. 54.- Alegatos. Vencido el plazo del art. 45 se clausurarÃ¡ el plazo probatorio y se pondrÃ¡ el expediente en la Oficina, pudiendo las partes hasta los cinco dÃas de notificadas, presentar escrito alegando sobre el mÃ©rito de la prueba. Se podrÃ¡ decretar la clausura del plazo probatorio antes de su vencimiento, cuando todas las pruebas hubiesen quedado producidas o las partes renunciaren a las pendientes. Art. 5r.- Sentencia. La sentencia definitiva de primera instancia se dictarÃ¡ por escrito, y contendrÃ¡: a) Un encabezamiento con el lugar, fecha, nÃºmero de expediente, nombre de las partes y de sus representantes, el objeto o cantidad pedida y la menciÃ³n de la causa. b) Los fundamentos donde se analizarÃ¡n las cuestiones litigiosas que se juzguen indispensables. c) La decisiÃ³n expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas, pudiendo fallar âultra petitaâ respecto de las cantidades que se adeuden. La sentencia podrÃ¡ hacer mÃ©rito de los hechos constitutivos, modificatorios y extintivos, producidos durante la sustanciaciÃ³n del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. d) El plazo que se otorgare para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecuciÃ³n. Este plazo en los juicios en que intervenga la Provincia o sus reparticiones autÃ¡rquicas se regirÃ¡ por lo dispuesto en las leyes especiales. e) El pronunciamiento sobre costas, la regulaciÃ³n de honorarios si correspondiere, y en su caso la declaraciÃ³n de temeridad o malicia. f) La firma de los jueces y del secretario. Art. 56.- Aclaratoria. El Juez o la CÃ¡mara de oficio si la sentencia no se ha notificado y sin trÃ¡mite alguno, podrÃ¡ sin alterar lo sustancial de su decisiÃ³n, corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros y suplir cualquier omisiÃ³n. Los errores aritmÃ©ticos y sobre los nombres o calidades de las partes en que se hubiere incurrido en la sentencia, se podrÃ¡n corregir aÃºn durante el trÃ¡mite de su ejecuciÃ³n. El recurso de aclaratoria suspende el plazo para apelar. Art. 57.- ApelaciÃ³n de la aclaratoria. Si la sentencia o resoluciÃ³n fuere apelable y alguna de las partes se considerare agraviada por la aclaratoria, el plazo para apelar la aclaraciÃ³n serÃ¡ de tres dÃas. CapÃtulo V Recursos Art. 58.- ReposiciÃ³n. El recurso de reposiciÃ³n procederÃ¡ en los casos y por el procedimiento establecido en el CÃ³digo Procesal Civil y Comercial y la resoluciÃ³n que recaiga harÃ¡ ejecutoria, a menos que hubiese sido acompaÃ±ado del de apelaciÃ³n subsidiario, y se trate de resoluciÃ³n apelable. Art. 59.- ApelaciÃ³n. Salvo disposiciÃ³n expresa en esta ley, sÃ³lo serÃ¡n apelables las siguientes resoluciones: a) Sentencias definitivas, resoluciones que pongan fin total o parcialmente al pleito y las regulaciones de honorarios. b) Que decidan excepciones previas. c) Que admitan o denieguen personerÃa. d) Que decidan sobre la nulidad de la citaciÃ³n a juicio. e) Que declaren de puro derecho el litigio. f) Que denieguen medidas de prueba. g) Que denieguen medidas preliminares. h) Que decreten o denieguen medidas cautelares y las previstas en el Art. 104 del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial y las multas procesales. i) Que admitan o rechacen desalojos o lanzamientos durante el juicio ordinario. j) Que rechacen hechos nuevos. Art. 60.- Inapelabilidad. SerÃ¡n inapelables todas las sentencias y resoluciones dictadas en el juicio, cuando la suma reclamada en la demanda o reconvenciÃ³n en su caso, no exceda del monto de dos mensualidades del salario mÃnimo vital vigente al momento de interponerse la demanda. En caso de litisconsorcio, se sumarÃ¡ el valor cuestionado por o contra todos los litisconsortes. Cualquiera sea el monto del juicio, serÃ¡n apelables las resoluciones mencionadas en los incisos h) e i) del artÃculo anterior, y las sentencias definitivas que contradigan un pronunciamiento anterior de la CÃ¡mara. En este Ãºltimo caso, se harÃ¡ menciÃ³n expresa de la jurisprudencia contradictoria y la CÃ¡mara resolverÃ¡ previa comprobaciÃ³n por simple informe y sin otra sustanciaciÃ³n. La Alzada se pronunciarÃ¡ sin revisar el fallo de primera instancia en cuanto a los hechos. Toda resoluciÃ³n dictada previa vista o traslado, serÃ¡ inapelable para la parte que no los haya contestado. Art. 61.- Plazos â ConcesiÃ³n de los recursos. En los casos de los incisos a) e i) del art. 59 el recurso de apelaciÃ³n deberÃ¡ ser deducido en el plazo de seis dÃas de su notificaciÃ³n y en todos los demÃ¡s casos el recurso se deducirÃ¡ en el plazo de tres dÃas. Las resoluciones que se dicten en las audiencias, deberÃ¡n ser apeladas en el mismo acto de la audiencia. El recurso de apelaciÃ³n procederÃ¡ siempre en efecto suspensivo, salvo los casos de las resoluciones que conceden medidas cautelares o denieguen la intervenciÃ³n de terceros, que se concederÃ¡n sin efecto suspensivo. Dentro del dÃa siguiente de notificada la providencia que acuerde el recurso, las partes podrÃ¡n formular oposiciÃ³n contra el efecto con que ha sido concedido, resolviendo el juez sin mÃ¡s trÃ¡mite. La misma peticiÃ³n podrÃ¡ efectuarse ante la CÃ¡mara. Art. 62.- ElevaciÃ³n diferida y directa. En los casos de resoluciones que denieguen medidas de prueba o rechacen hechos nuevos, la apelaciÃ³n se concederÃ¡ en elevaciÃ³n diferida hasta despuÃ©s de vencido el tÃ©rmino de prueba y su ampliaciÃ³n y de recibida toda la prueba no afectada por los recursos, sin suspender los procedimientos ni plazo alguno. En todos los demÃ¡s casos, la apelaciÃ³n procederÃ¡ en elevaciÃ³n directa. Art. 63.- Forma de interposiciÃ³n. El recurso de apelaciÃ³n deberÃ¡ presentarse y tramitarse en todos los casos ante el mismo Juez que dictÃ³ la sentencia o resoluciÃ³n apelada. Si se tratase de resoluciones dictadas por jueces con asiento en Distritos Judiciales distintos al del Centro, las partes, al fundamentar sus agravios o sostener la decisiÃ³n, deberÃ¡n constituir domicilio en la ciudad de Salta, y en su defecto, quedarÃ¡n notificadas por ministerio de ley. Si el apelante no expresara agravios en la forma y oportunidad indicadas en esta ley, se denegarÃ¡ el recurso sin mÃ¡s trÃ¡mite. Art. 64.- TrÃ¡mite en la elevaciÃ³n directa. En los casos que corresponda elevaciÃ³n directa, el recurso deberÃ¡ ser fundado, acompaÃ±ando las copias pertinentes. Si se tratare de apelaciÃ³n interpuesta en los casos de los incisos a) e i) del art. 59, en el mismo decreto que lo concede, se correrÃ¡ traslado por seis dÃas al apelado, quien podrÃ¡ contestar los agravios. Vencido este plazo, los autos serÃ¡n elevados de inmediato a la CÃ¡mara. En los demÃ¡s casos que correspondiere elevaciÃ³n directa, se seguirÃ¡ el mismo procedimientos, reduciÃ©ndose el plazo de traslado a tres dÃas. Si se tratare de resoluciones denegatorias de medidas precautorias, no procederÃ¡ el traslado de los agravios. Art. 65.- TrÃ¡mite en la elevaciÃ³n diferida. En los casos de apelaciÃ³n en elevaciÃ³n diferida, el recurrente se limitarÃ¡ a la mera interposiciÃ³n del recurso, sin fundarlo, el que serÃ¡ proveÃdo de inmediato. Si esta regla fuera infringida, se mandarÃ¡ devolver el escrito, previa anotaciÃ³n que el Secretario pondrÃ¡ en el expediente con la indicaciÃ³n de la fecha y hora de interposiciÃ³n del recurso y del domicilio que se hubiese constituido en su caso. En la oportunidad indicada en el art. 62, se llamarÃ¡ âautosâ, notificÃ¡ndose de ello a los apelantes, quienes deberÃ¡n expresar agravios dentro del tercer dÃa de notificados. Del escrito que se presente se darÃ¡ traslado a la otra parte por el mismo plazo, cumplido lo cual, se elevarÃ¡ de inmediato el expediente a al CÃ¡mara para que se resuelvan conjuntamente los recursos que se hubieren presentado, y en caso de corresponder, se fije el tÃ©rmino adicional en que las pruebas pertinentes se deberÃ¡n producir ante el juez inferior. Art. 66.- DenegaciÃ³n de la apelaciÃ³n. La queja por apelaciÃ³n denegada deberÃ¡ deducirse ante la CÃ¡mara en escrito fundado, dentro del plazo de tres dÃas, con la ampliaciÃ³n que corresponda por razÃ³n de la distancia, acompaÃ±Ã¡ndose copia certificada de las resoluciones que correspondan. Si no se tratare de apelaciÃ³n en elevaciÃ³n diferida, la CÃ¡mara podrÃ¡ requerir el expediente para informarse directamente. Presentada la queja, se decidirÃ¡ sin sustanciaciÃ³n alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado y en este Ãºltimo caso, mandarÃ¡ tramitar el recurso. Mientras el tribunal no conceda la apelaciÃ³n, no se suspenderÃ¡ el curso del proceso. Art. 67.- Nulidad â Poderes del tribunal. No se admitirÃ¡ recurso de nulidad por vicios de procedimiento. En el recurso de apelaciÃ³n se considerarÃ¡ incluido el de nulidad por defecto de forma de las sentencias o resoluciones apelables y si la CÃ¡mara admitiera esta nulidad, resolverÃ¡ tambiÃ©n sobre el fondo del asunto. Art. 68.- Sentencias de Jueces de Paz Legos. De las sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Paz Legos podrÃ¡ apelarse ante la CÃ¡mara de Trabajo, en la forma establecida para dicho recurso en esta ley. Art. 69.- Recurso de Constitucionalidad o de Inconstitucionalidad. ProcederÃ¡ el recurso de constitucionalidad o de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia, en la forma prevista en el CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. CapÃtulo VI Procedimiento ante la CÃ¡mara Art. 70.- TrÃ¡mite - Hechos nuevos. Recibido que fuere el expediente en la CÃ¡mara, el Tribunal resolverÃ¡ sin mÃ¡s trÃ¡mite. La radicaciÃ³n se notificarÃ¡ a las partes sÃ³lo cuando los autos se eleven por primera vez al Tribunal o cuando Ã©ste haya cambiado su constituciÃ³n. Las partes podrÃ¡n denunciar hechos o documentos nuevos posteriores a los invocables en primera instancia, hasta el momento en que la CÃ¡mara resuelva definitivamente la apelaciÃ³n. Si son admisibles se fijarÃ¡ plazo razonable para su producciÃ³n, vencido el cual se darÃ¡ vista a las partes, las que podrÃ¡n alegar sobre ellos, en el plazo de tres dÃas. Antes de la tramitaciÃ³n de los recursos, la CÃ¡mara podrÃ¡ de oficio, declararlos mal concedidos o modificar el efecto con que han sido concedidos. Art. 71.- Recurso contra sanciones administrativas. Recibido el expediente en la CÃ¡mara, se llamarÃ¡ âautosâ, notificando al recurrente quien, dentro de los tres dÃas, deberÃ¡ presentar escrito alegando sobre el mÃ©rito de la sanciÃ³n recurrida, y si no lo hiciere, se lo tendrÃ¡ por desistido del recurso. Del memorial que se presente, se correrÃ¡ traslado por tres dÃas a la autoridad administrativa, y vencido este plazo la CÃ¡mara fallarÃ¡ dentro de los diez dÃas siguientes, confirmando, modificando, revocando o anulando la resoluciÃ³n recurrida. La CÃ¡mara podrÃ¡ disponer las medidas de prueba que juzgue necesarias o Ãºtiles para aclarar los hechos relacionados con la causa. CapÃtulo VII Procedimientos Especiales Art. 72.- EjecuciÃ³n de honorarios y multas procesales. El cobro de los honorarios y multas procesales se tramitarÃ¡ ante el Juzgado de primera instancia en el que se hubieren originado, por el procedimiento establecido para la ejecuciÃ³n de sentencias. El importe de las multas procesales cuyo destino no haya sido fijado en este CÃ³digo, deberÃ¡ ser depositado en el juicio dentro de los tres dÃas siguientes de quedar consentidas o ejecutoriadas, y en caso de incumplimiento, se procederÃ¡ de oficio a su ejecuciÃ³n, ingresÃ¡ndose su importe a Rentas Generales de la Provincia. Art. 73.- EjecuciÃ³n de sentencia. DespuÃ©s que la sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada, el secretario practicarÃ¡ la liquidaciÃ³n correspondiente, la que se notificarÃ¡ a las partes para que puedan observarla en el plazo de tres dÃas, bajo apercibimiento de aprobaciÃ³n. Si fuese impugnada, el Juez resolverÃ¡ de inmediato, sin sustanciaciÃ³n. En el caso de que sea la parte la que practique la liquidaciÃ³n, se correrÃ¡ traslado a la contraria y el Juez resolverÃ¡ de inmediato. Aprobada la planilla, la parte vencedora podrÃ¡ pedir la ejecuciÃ³n de la sentencia, la que se realizarÃ¡ en la forma establecida en el CÃ³digo de Procedimientos Civil y Comercial. SerÃ¡n inapelables todas las resoluciones que se dicten durante el proceso de ejecuciÃ³n de sentencia, con excepciÃ³n de aquÃ©llas que declaren o denieguen la nulidad del procedimiento por vicios anteriores al proceso de ejecuciÃ³n, cuando puedan afectar la legÃtima defensa, en cuyo caso procederÃ¡ la apelaciÃ³n en efecto suspensivo. Art. 74.- EjecuciÃ³n de crÃ©ditos reconocidos o firmes. Si el empleador en cualquier estado del juicio reconociere expresa o tÃ¡citamente adeudar al trabajador algÃºn crÃ©dito lÃquido o fÃ¡cilmente liquidable y exigible que tuviere por origen la relaciÃ³n laboral, el Ãºltimo podrÃ¡ ejecutar ese crÃ©dito por separado, por el procedimiento establecido en el artÃculo anterior. Del mismo modo se procederÃ¡ cuando hubiere quedado firme la condena al pago de alguna suma de dinero, aunque se hubieren interpuesto contra otros rubros de la sentencia recursos autorizados en esta ley. En este caso, la parte interesada deberÃ¡ pedir, para iniciar la ejecuciÃ³n, testimonio de la sentencia y certificaciÃ³n por SecretarÃa de que el rubro que se pretende ejecutar no estÃ¡ comprendido en el recurso interpuesto. Si hubiera alguna duda acerca de estos extremos, el Juez no darÃ¡ curso a la ejecuciÃ³n. Art. 75.- Juicio ejecutivo. Los juicios ejecutivos serÃ¡n tramitados conforme al procedimiento establecido en el CÃ³digo Procesal Civil y Comercial, en cuanto no resulte modificado por la presente ley. Los tÃtulos que traen aparejada ejecuciÃ³n son los siguientes: a) Deuda de carÃ¡cter laboral que conste en instrumento pÃºblico o privado reconocido. b) ConciliaciÃ³n o reconocimiento de deuda que conste en acta levantada ante la autoridad administrativa laboral. Si el citado para reconocer instrumentos privados los desconociere, podrÃ¡ solicitarse la correspondiente pericia. Art. 76.- Excepciones. SÃ³lo se admitirÃ¡n las siguientes excepciones: a) Incompetencia. b) Litispendencia. c) Falta de personerÃa de las partes o de sus representantes. d) Falsedad o inhabilidad de las formas extrÃnsecas del tÃtulo. e) Cosa juzgada y conciliaciÃ³n o transacciÃ³n celebrada ante la autoridad administrativa. f) Pago documentado, total o parcial. g) PrescripciÃ³n. La prueba de las excepciones deberÃ¡ ofrecerse al interponerse y contestarse las mismas, rigiendo en lo pertinente los requisitos de admisiÃ³n establecidos en el art. 349 del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. Art. 77.- Nulidad de la ejecuciÃ³n. El ejecutado podrÃ¡ solicitar por vÃa de excepciÃ³n o de incidente, que se declare la nulidad de la ejecuciÃ³n, la que deberÃ¡ fundarse en los casos y con los requisitos establecidos en el art. 555 del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. Art. 78.- Plazos. Los plazos para oponer excepciones, contestarlas o pedir la nulidad de la ejecuciÃ³n, serÃ¡n de tres dÃas; y para producir prueba, de hasta diez dÃas. Cuando la ejecuciÃ³n fuere dirigida contra la Provincia, las Municipalidades o reparticiones autÃ¡rquicas, el plazo para excepcionar serÃ¡ de diez dÃas. Art. 79.- Sentencia. Producidas las pruebas, el expediente se pondrÃ¡ en SecretarÃa durante el plazo de tres dÃas, dentro del cual las partes podrÃ¡n presentar alegato. Vencido dicho plazo el Juez dictarÃ¡ sentencia sin mÃ¡s trÃ¡mite. SÃ³lo serÃ¡n apelables, la resoluciÃ³n que deniegue la ejecuciÃ³n, la prevista en el Art. 77 y la sentencia de remate cuando las excepciones hubiesen tramitado como de puro derecho, o se haya producido prueba respecto de las opuestas, o se hubiesen desestimado sin sustanciaciÃ³n alguna las excepciones. Art. 80.- EjecuciÃ³n de salarios. Los trabajadores a quienes no se les haya abonado su salario o sueldo anual complementario dentro de los plazos legales, podrÃ¡n promover demanda ejecutiva por cobro de los mismos. Art. 81.- Medidas preparatorias. El trabajador, presentando la copia del Ãºltimo recibo de salarios percibidos o declaraciÃ³n jurada de no haber cobrado ningÃºn salario, y la intimaciÃ³n de pago escrita al empleador o actuaciÃ³n ante la autoridad administrativa, podrÃ¡ preparar la vÃa ejecutiva solicitando se requiera al empleador, que en el plazo de tres dÃas manifieste si reconoce o no el vÃnculo de derecho invocado por el actor y la deuda, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos en caso de silencio. Sin perjuicio de la medida seÃ±alada en el punto que antecede y a los mismos efectos, podrÃ¡n solicitarse las que a continuaciÃ³n se expresan: a) AbsoluciÃ³n de posiciones acompaÃ±ando el pliego respectivo con el pedido. b) IntimaciÃ³n a presentar libros, registros o planillas especiales u otra documentaciÃ³n legal. c) CitaciÃ³n para reconocer recibos o instrumentos privados bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos en caso de silencio o incomparecencia. Si fueren desconocidos, podrÃ¡ solicitarse la correspondiente pericia. d) RemisiÃ³n al tribunal de instrumentos pÃºblicos, expedientes judiciales o actuaciones administrativas. Se producirÃ¡ la caducidad de las medidas preparatorias sin necesidad de declaraciÃ³n judicial, si no se dedujere la demanda dentro de los quince dÃas de su realizaciÃ³n. Art. 82.- NegaciÃ³n infundada. Si el demandado negare infundadamente el vÃnculo invocado por el actor o la firma de un documento, y Ã©stos quedaren acreditados con la producciÃ³n de las restantes medidas preparatorias, el Juez impondrÃ¡ al ejecutado una multa a favor del ejecutante, no superior al veinte por ciento del monto de la deuda, que aquÃ©l darÃ¡ a embargo, como requisito de admisibilidad de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa se sumarÃ¡ al capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de remate. Art. 83.- TrÃ¡mite. Iniciada la ejecuciÃ³n, se despacharÃ¡ la misma si el Juez estimare acreditado el vÃnculo de derecho y la deuda, en base al examen de las medidas preparatorias. En esta oportunidad, si correspondiere, dictarÃ¡ la medida prevista en el art. 82. La ejecuciÃ³n tramitarÃ¡ por el procedimiento establecido para el juicio ejecutivo. Art. 84.- ExcepciÃ³n de inhabilidad. En la ejecuciÃ³n de salarios, la excepciÃ³n de inhabilidad de tÃtulo sÃ³lo podrÃ¡ ser fundada en alguno de los siguientes hechos: a) Deuda ilÃquida o no susceptible de liquidaciÃ³n, o no exigible. b) No prestaciÃ³n, interrupciÃ³n o suspensiÃ³n de los servicios, fehacientemente acreditada, que eximan en principio al empleador de abonar los salarios. c) Menor remuneraciÃ³n o tiempo de servicios, que surja con claridad de los autos. En este caso, la ejecuciÃ³n podrÃ¡ prosperar limitada al tiempo o la remuneraciÃ³n reconocidos o que resulten claramente acreditados. Art. 85.- Juicio de apremio. En los juicios de apremio cuya tramitaciÃ³n ante la justicia del trabajo se disponga en leyes especiales, se aplicarÃ¡ el procedimiento previsto para la ejecuciÃ³n fiscal en el CÃ³digo Procesal Civil y Comercial. Art. 86.- Lanzamiento durante el juicio ordinario. En los casos en que el trabajador ocupare la totalidad o parte de un inmueble en virtud o como accesorio de una relaciÃ³n laboral, si de las manifestaciones de las partes vertidas en juicio resultaren reconocidos ese hecho y la extinciÃ³n o ruptura de la relaciÃ³n laboral, en cualquier estado del proceso se podrÃ¡ pedir el lanzamiento. Si se apelare contra la resoluciÃ³n que lo decrete o deniegue, el recurso tramitarÃ¡ por incidente separado. Quedan a salvo las disposiciones especiales de los estatutos profesionales. Art. 87.- Juicio de desalojo. Cuando el objeto del juicio fuere exclusivamente el desalojo, no se admitirÃ¡ la reconvenciÃ³n, y se tramitarÃ¡ por el procedimiento establecido en esta ley para el juicio ordinario. En su caso, serÃ¡ tambiÃ©n aplicable lo dispuesto en el artÃculo anterior. Art. 88.- TercerÃas. Las tercerÃas de dominio o de mejor derecho se sustanciarÃ¡n con el embargante y el embargado, por el trÃ¡mite del juicio ordinario reglado en esta ley. Art. 89.- Justicia de Paz Lega. En todo lo aplicable, las reglas de procedimiento instituidas por esta ley, deberÃ¡n igualmente observarse en los juicios que se ventilen ante los Jueces de Paz Legos. CapÃtulo VIII Ley Supletoria y Disposiciones Complementarias Art. 90.- Ley supletoria. Es ley supletoria, el CÃ³digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia y las leyes que lo modifiquen, salvo colisiÃ³n con norma expresa, y en la medida que resulte compatible con el procedimiento reglado en esta ley. Se declaran aplicables, las siguientes disposiciones del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial: Art. 3Âº; art. 4Âº primero y Ãºltimo pÃ¡rrafo; art. 6Âº incisos 1Âº, 2Âº y 5Âº; art. 7Âº, 8Âº, 9Âº, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 incisos 2Âº, 4Âº, 5Âº y 6Âº; 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 tres Ãºltimos pÃ¡rrafos; 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147 pÃ¡rrafos primero, tercero y cuarto; 148, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 166 incisos 2Âº, 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº y Ãºltimo pÃ¡rrafo; 167, 168 dos primeros pÃ¡rrafos; 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179 primera parte; 184, 186, 188, 189 primera parte; 190, 191 excepto Ãºltima parte; 192, 193, 194, 196, 197, 198, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212 incisos 2Âº y 3Âº; 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 238, 239, 240, 263, 364, 265, 266, 267, 271, 272, 273, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 322 primer pÃ¡rrafo; 323 incisos 1Âº, 2Âº, 6Âº, 7Âº, 8Âº, 10, 11 y Ãºltimo pÃ¡rrafo; 324, 325, 327 dos primeros pÃ¡rrafos; 329, 331, 332, 335, 339, 340, 341, 345, 349 incisos 3Âº, 4Âº, 5Âº y Ãºltimo pÃ¡rrafo; 353, primer pÃ¡rrafo; 354 en lo aplicable a las excepciones admitidas en esta ley; 356 inciso 1Âº; 364, 365, 368, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 405, 407, 410 segundo pÃ¡rrafo; 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 435 inciso 1Âº; 439, 440, 441, 442 excepto el Ãºltimo pÃ¡rrafo; 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475 dos Ãºltimos pÃ¡rrafos; 476, 477, 479, 481, 485, 511, 512, 514, Ãºltimo pÃ¡rrafo; 515, 516, 517, 518, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 530, 532, 535 incisos 1Âº, 3Âº y 4Âº; 536, 537, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 dos primeros pÃ¡rrafos; 552 excepto el segundo pÃ¡rrafo; 553, 555, 556 en lo aplicable a las excepciones admitidas por esta ley; 557 primer y tercer pÃ¡rrafo; 558, 559 segundo y tercer pÃ¡rrafo; 561 en lo aplicable a las excepciones admitidas en esta ley; 562, 563, 565, 566, 568, 569, 570, 571 excepto los dÃas de publicaciÃ³n; 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 614 y 615. Art. 91.- Vigencia. Esta ley comenzarÃ¡ a regir al sexto dÃa hÃ¡bil siguiente al de la fecha de quedar instalada e integrada por lo menos una de la Salas de la CÃ¡mara y los Juzgados de Primera Instancia que se crearen por ley. Los cinco dÃas anteriores, serÃ¡n de feria para la justicia del trabajo respecto de los litigantes, y dentro de dicho plazo, la Corte de Justicia resolverÃ¡ por acordada todo lo relativo a la radicaciÃ³n de las causas, turnos, y demÃ¡s reglamentaciones necesarias para el inmediato funcionamiento de los juzgados. Art. 92.- Causas en trÃ¡mite â AdecuaciÃ³n. A los efectos de adecuar los juicios en trÃ¡mite a la presente ley, en el plazo de feria se proveerÃ¡n los expedientes, segÃºn las pautas siguientes: a) Si no se hubiese contestado la demanda y no hubiere vencido el plazo para ello, en el Juzgado de ConciliaciÃ³n se procederÃ¡ a la citaciÃ³n para la audiencia prevista en el art. 35, quedando sin efecto el traslado si ya se lo hubiere dispuesto segÃºn la ley anterior. b) Si se hubiesen introducido nuevos hechos o deducido reconvenciÃ³n o excepciones, en el Jugado de ConciliaciÃ³n se correrÃ¡ el traslado previsto en el art. 39 al actor, prosiguiÃ©ndose el juicio segÃºn lo previsto en esta ley. c) Si el juicio estuviere en estado de abrirse a prueba o ya se hubiese proveÃdo a la misma fijando audiencia de vista de la causa, esta Ãºltima se realizarÃ¡ en el Juzgado de Sentencia en la fecha ordenada, pero al solo efecto de lo dispuesto en el art. 46 de esta ley, sin perjuicio de producirse la prueba restante hasta dicha fecha. d) Si la audiencia de vista de la causa ya se hubiera celebrado, los jueces que entendieron en la causa mantendrÃ¡n su competencia para dictar la sentencia definitiva, la que podrÃ¡n dictar incluso en el perÃodo de feria, rigiendo en cuanto a la forma, efectos y recursos, la ley anterior. e) Si se tratara de audiencia de vista de la causa ya realizada parcialmente y prorrogada, la nueva audiencia se realizarÃ¡ ante los mismos jueces que conocieron del asunto, los que mantendrÃ¡n competencia tambiÃ©n para dictar la sentencia definitiva, con los mismos alcances seÃ±alados en el apartado anterior. Art. 93.- Actos cumplidos. Los jueces proveerÃ¡n las causas en trÃ¡mite, de manera que en lo posible, los actos cumplidos con anterioridad a la vigencia de esa ley y que consten en los autos a los fines de su apreciaciÃ³n, conserven su validez. El primer decreto que establezca la forma de adecuaciÃ³n de la causa a la nueva ley, se notificarÃ¡ a las partes personalmente o por cÃ©dula. Art. 94.- Distritos Judiciales del Norte y Sur. Mientras no sean creados juzgados con exclusiva competencia laboral, diferenciando los de ConciliaciÃ³n y los de Sentencia, los Jueces del Trabajo y Paz Letrados de los Distritos Judiciales del Norte y Sur serÃ¡n competentes para entender en primera instancia en todas las etapas del proceso laboral, acumulando la competencia dispuesta en esta ley para los jueces de ConciliaciÃ³n y los de Sentencia del Trabajo. Art. 95.- DerogaciÃ³n. DerÃ³gase la Ley NÂº 4.418, sus modificatorias, y toda otra disposiciÃ³n que se oponga a la presente. Art. 96.- De forma. ExposiciÃ³n de Motivos I. La Ley de OrganizaciÃ³n de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Salta, es el complemento necesario del anteproyecto de CÃ³digo Procesal Laboral de doble instancia, que se eleva a consideraciÃ³n junto con el presente. Para su redacciÃ³n, se ha tomado como antecedente legal, la Ley provincial NÂº 4.199/67 de creaciÃ³n de la CÃ¡mara de Paz Letrada, que en el plazo que lleva en vigencia ha dado excelentes resultados, constituyÃ©ndose por la simple y efectiva organizaciÃ³n que contempla asÃ como por su escasa onerosidad, en un valioso antecedente. Entre las normas no contempladas en la ley que sirviÃ³ de antecedente, cabe mencionar el art. 9Âº, referente a la suspensiÃ³n de las resoluciones de las Salas sobre las mismas cuestiones que hubiesen sido sometidas a Tribunal Plenario, en forma similar a lo legislado en el art. 124 de la Ley Nacional NÂº 18.345/69. Una novedad esencial en la estructuraciÃ³n de este anteproyecto lo constituye el hecho de que se prevÃ© la creaciÃ³n de Juzgados de Primera Instancia de ConciliaciÃ³n, diferenciados de los de Sentencia. Por razones econÃ³micas, se restringe por ahora el desdoblamiento al Distrito Judicial del Centro, en el que actualmente existen seis jueces integrantes de dos Tribunales del Trabajo, por lo que la cantidad de ellos que se deben fijar en la ley de creaciÃ³n podrÃ¡ adecuarse al nÃºmero de magistrados actualmente en funciones. En cuanto al Ministerio PÃºblico se mantiene la actual organizaciÃ³n de nuestra Provincia, que a partir de la Ley 3.271/58 prÃ¡cticamente ha eliminado la existencia de Fiscales especiales del fuero del trabajo, atribuyÃ©ndose a los mismos Fiscales con competencia en lo civil las reducidas funciones de dictaminar sobre la competencia y representar a la Caja de GarantÃa de la Ley NÂº 9.688. Finalmente, se prevÃ© la posibilidad de la instalaciÃ³n escalonada en el tiempo de las Salas de la CÃ¡mara a fin de que el trabajo sea efectivo en ambas Salas desde el momento de su creaciÃ³n. II. La reforma sustancial al procedimiento en la justicia laboral de Salta que se introduce en virtud del presente anteproyecto de ley, responde a una necesidad advertida por casi todos los sectores profesionales de la Provincia. El sistema procesal laboral vigente, si bien fue una avanzada legislativa en el momento de su creaciÃ³n, actualmente no satisface acabadamente el deseo de una conciliaciÃ³n efectiva, y el principio de seguridad jurÃdica, cuyo logro debe perseguir todo rÃ©gimen de procedimiento que intenta ser eficaz. El sistema actual de tribunales de Ãºnica instancia y procedimiento oral, no obstante su onerosidad al estar constituidos por tres jueces cada uno, y la falta de revisiÃ³n de las sentencias al no estar previsto recurso alguno, ni siquiera extraordinario, se ha convertido en la prÃ¡ctica de una rÃ©mora incluso para la oportuna decisiÃ³n de los litigios, lo que se observa sin esfuerzo con sÃ³lo computar la Ãnfima cantidad de sentencias ordinarias dictadas anualmente en cada tribunal. Otro de los defectos fundamentales del procedimiento vigente, es la falta de efectividad del sistema de conciliaciÃ³n, que languidece en su propia ineficacia al no estar contemplado como etapa obligatoria, siendo Ãnfimo el nÃºmero de juicios en que se logra el avenimiento de las partes con lo que se frustra un valioso elemento instrumental de distenciÃ³n en la relaciÃ³n obrero-patronal. Estas imperfecciones han determinado la urgente necesidad de modificar radicalmente el sistema ritual, instituyendo un procedimiento que a la vez que conserve las indudables ventajas de la concentraciÃ³n e inmediatez de la prueba (a cuyo efecto se mantiene la audiencia para recibir la prueba fundamental), recoja las exigencias de la seguridad jurÃdica, implantando la conciliaciÃ³n obligatoria y la doble instancia, con todas las garantÃas que ello implica y con la casi seguridad de que el nÃºmero de causas que serÃ¡n falladas se duplicarÃ¡n o triplicarÃ¡n, segÃºn lo demuestra la experiencia de los juzgados individuales en otros fueros. El presente proyecto tiene como antecedentes fundamentales, al CÃ³digo Procesal Laboral de la NaciÃ³n (Leyes NÂºs. 18.345 y 19.509), al de la Provincia de Entre RÃos (Ley 5.315/73), al Proyecto de doble instancia elaborado en la FiscalÃa de Gobierno de la Provincia en el aÃ±o 1970, y al CÃ³digo actualmente vigente en Salta (Ley 4.418/71). De todos ellos se han adoptado numerosas normas procesales, aÃºn cuando el sistema vertebral del juicio ordinario que se proyecta difiere sustancialmente de los antecedentes, guardando mÃ¡s semejanza con el sistema cordobÃ©s que implantara la Ley NÂº 4.163/49. TambiÃ©n se tuvieron en cuenta las disposiciones procesales contenidas en la L.C.T. (Leyes 20.744 y 21.297) cuya transcripciÃ³n se ha efectuado en los casos que se estimÃ³ pertinente, respetando asÃ la prioridad constitucional que tienen en la jerarquÃa normativa las leyes nacionales. La estructura del proyecto se divide en ocho capÃtulos, y las innovaciones mÃ¡s destacables en cada uno de ellos con respecto al sistema vigente, son las siguientes: En el CapÃtulo I referente a la âCompetenciaâ: a) Se distribuye la competencia que corresponde a la CÃ¡mara y a los jueces de primera instancia, tanto los de sentencia como los de conciliaciÃ³n, tratando de que estos Ãºltimos no se limiten sÃ³lo a la funciÃ³n de avenimiento âindudablemente la principal- sino tambiÃ©n a tramitar y decidir incidentes, excepciones previas, juicios ejecutivos, de salarios, etc.; b) En la competencia por materia se incluyen las causas entre empleadores y trabajadores aunque se funden en disposiciones de derecho comÃºn, siempre que se apliquen al contrato de trabajo (art. 1Âº inc. a) tal como lo dispone la Ley nacional NÂº 18.345 (art. 20); c) Se excluye del fuero de atracciÃ³n de la sucesiÃ³n del empleador a las causas laborales incluso en los trÃ¡mites de ejecuciÃ³n (art. 7Âº) receptando lo dispuesto en la L.C.T. (art. 265). En el CapÃtulo II que reglamenta las âDisposiciones Generalesâ: a) Se receptan Ãntegramente las facultades instructorias que se otorgan a los Secretarios en el nuevo CÃ³digo Procesal Civil y Comercial (art. 90 del presente proyecto, en cuanto declara aplicable el art. 38 del C. Proc. Civ. y Com.); b) Se amplÃan los casos en que serÃ¡ necesaria la notificaciÃ³n personal o por cÃ©dula, adecuÃ¡ndose a lo que realmente ocurre en nuestra prÃ¡ctica judicial (art. 15); c) Se legisla sobre la ampliaciÃ³n de los plazos por razÃ³n de la distancia (art. 23); se fija concretamente en un solo dÃa la publicaciÃ³n de edictos, limitÃ¡ndola al BoletÃn Oficial (art. 17) en forma concordante con lo dispuesto en la ley procesal nacional (art. 52) y se determinan los plazos para que los jueces dicten sentencias y resoluciones (art. 24); d) En los incidentes, se prohibe la recepciÃ³n de prueba testifical fuera de la jurisdicciÃ³n (art. 25); e) Se transcriben las normas contenidas en la L.C.T. sobre conducta maliciosa y temeraria (art. 30) y pago en juicio (art. 31), y para el caso en que corresponda incrementaciÃ³n por depreciaciÃ³n monetaria en la regulaciÃ³n de honorarios (Ley provincial 5.097/77) se dispone la aplicaciÃ³n del mismo Ãndice que corresponda a la incrementaciÃ³n del capital, evitando asÃ que para Ã©ste se aplique el de los salarios del peÃ³n industrial y para aquÃ©llos el de precios mayoristas. En el CapÃtulo III referente al âProcedimiento ante el Juzgado de ConciliaciÃ³nâ del juicio ordinario, se establece la audiencia de conciliaciÃ³n como una etapa obligatoria del juicio, en la que, si fracasare, al mismo tiempo se deberÃ¡ contestar la demanda, oponer excepciones, reconvenir, etc. En forma similar a lo normado en la ley procesal nacional. Pero se diferencia de Ã©sta, no sÃ³lo en las consecuencias de la inasistencia a la audiencia por parte del actor, sino y fundamentalmente, en que la traba de la litis y resoluciÃ³n de las excepciones se realiza ante el Juez de ConciliaciÃ³n, magistrado distinto del Juez de Sentencia, con todas las ventajas de la especializaciÃ³n y de la libertad para ofrecer fÃ³rmulas de avenimiento que ello implica. Esta innovaciÃ³n puede dar efectivos resultados, que sÃ³lo se podrÃ¡n apreciar en la experiencia que se acumule. Razones econÃ³micas exigen restringir su vigencia al Distrito Judicial del Centro (art. 93). En el CapÃtulo IV, que se refiere al âProcedimiento ante el Juzgado de Sentenciaâ en el juicio ordinario: a) Se fija el plazo aprobatorio en treinta dÃas, pudiendo las partes ofrecer su prueba hasta el quinto dÃa de notificados del decreto de apertura. Se acepta asÃ el sistema clÃ¡sico, eliminando la obligaciÃ³n de ofrecer la prueba al demandar o contestar y el traslado para los nuevos hechos, que en la prÃ¡ctica hacÃa producir prueba innecesaria y era de dudosa equidad; b) Se mantiene la audiencia, pero sÃ³lo para recibir la prueba confesional, testifical y explicaciÃ³n de peritos, que era donde se notaban las mayores ventajas de la inmediatez, y atento al sistema de doble instancia, se ordena la transcripciÃ³n Ãntegra de las declaraciones en el acta, autorizÃ¡ndose tomar las versiones por distintos medios tÃ©cnicos modernos; c) Se podrÃ¡ decretar la clausura del plazo probatorio antes de su vencimiento cuando todas las pruebas hubiesen quedado producidas o las partes renunciaren a las pendientes; d) Los alegatos sobre el mÃ©rito de la prueba serÃ¡n escritos, dada su mayor eficacia y utilidad para el magistrado. En el CapÃtulo V que se refiere a los âRecursosâ: a) Se legisla sobre las Ãºnicas resoluciones que serÃ¡n apelables, a las que sÃ³lo cabe agregar las previstas en los juicios especiales en esta ley; b) La inapelabilidad por razÃ³n del monto se la relaciona con el salario mÃnimo vital vigente al momento de la demanda, sistema que estimamos superior al nacional (que fija una cantidad determinada de dinero) pues permite su adecuaciÃ³n automÃ¡tica, sobre todo en Ã©pocas de inflaciÃ³n; c) Se implanta la concesiÃ³n de recursos en âelevaciÃ³n diferidaâ respecto de algunas resoluciones, para se resueltas todas en una sola oportunidad antes de dictar la sentencia definitiva, segÃºn lo establece tambiÃ©n nuestra ley procesal civil, recogiendo eficaz experiencia anterior; d) Todos los recursos son tramitados ante el juez inferior, lo que facilitarÃ¡ la tarea de los letrados de los Distritos Judiciales del Norte y del Sur. El CapÃtulo VI que se refiere al âProcedimiento ante la CÃ¡maraâ estÃ¡ bastante simplificado, y sÃ³lo corresponde dictar la sentencia de la Alzada previa notificaciÃ³n de la radicaciÃ³n de la causa âen los casos necesarios- a los efectos de permitir el ejercicio de la recusaciÃ³n con causa. En el CapÃtulo VII que legisla sobre los âProcedimientos Especialesâ: a) Se mantiene la ejecuciÃ³n de salarios, con las innovaciones que ya tenÃa el rÃ©gimen vigente respecto de la anterior ley procesal laboral nacional, y que dio buenos resultados. Como innovaciÃ³n, se exige para iniciar la preparaciÃ³n de la vÃa ejecutiva, la presentaciÃ³n de la copia del Ãºltimo recibo de salarios percibidos o juramento de no haber cobrado ninguno, y la intimaciÃ³n de pago escrita al empleador o actuaciÃ³n ante la autoridad administrativa. Estos dos requisitos fueron adoptados del moderno CÃ³digo Procesal Laboral de Entre RÃos (Ley 5.315, art. 111) y lo estimamos prudente para evitar juicios apresurados; b) Se establece concretamente el procedimiento de ejecuciÃ³n de sentencia, para el cobro de honorarios y multas procesales, asÃ como el destino de estas Ãºltimas (art. 72); c) Para los juicios de desalojo y las tercerÃas se dispone el procedimiento del juicio ordinario del fuero laboral (arts. 87 y 88) en forma similar a lo establecido en la ley ritual nacional (arts. 45 y 147 Ley 18.345). Finalmente en el CapÃtulo VIII que legisla sobre la âLey Supletoria y Disposiciones Complementariasâ: a) Se indica detalladamente cuÃ¡les son las normas del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial que se declaran aplicables en el fuero laboral, adoptando âcon distinta tÃ©cnica- la elogiable idea plasmada en la ley ritual nacional (art. 155); b) Se establecen pautas ordenatorias para facilitar la adecuaciÃ³n de las causas en trÃ¡mite a la presente ley, tarea ardua que en determinados casos exigirÃ¡ de la interpretaciÃ³n judicial; c) En los juzgados de trabajo de los Distritos Judiciales del Norte y Sur, donde por razones de economÃa no se prevÃ©n jueces especiales de conciliaciÃ³n, la competencia del juez de primera instancia se extiende a todas las etapas del juicio. En sÃntesis, estimamos que el presente anteproyecto, elaborado en base a principios de leyes rituales nacionales y provinciales, y a la experiencia propia de nuestra Provincia, contribuirÃ¡ a un mayor perfeccionamiento del procedimiento laboral de Salta. Dr. BenjamÃn PÃ©rez <h1>Document Outline</h1> <ul> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> </ul>