Ley 5348

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LEY NÂº 5.348 Promulgada el 05/12/78. Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta. B.O. NÂº 10.632. Ministerio de Gobierno, Justicia y EducaciÃ³n Visto lo actuado en expediente NÂº 41-18.562 y en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar en el artÃculo 1Âº, inciso 1) Ãtem 2) de la InstrucciÃ³n NÂº 1/77. El Gobernador de la Provincia de Salta Sanciona y promulga con fuerza de LEY: Art. 1Âº.- ApruÃ©base la Ley de Procedimientos Administrativos para la provincia de Salta, cuyo texto forma parte de la presente ley, como Anexo de la misma. Art. 2Âº.- La presente ley entrarÃ¡ en vigencia a partir de los noventa (90) dÃas de su publicaciÃ³n en el BoletÃn Oficial de la Provincia. Art. 3Âº.- TÃ©ngase por Ley de la Provincia, cÃºmplase, comunÃquese, publÃquese, dese al Registro de Leyes y archÃvese. Ulloa â Davids â MÃ¼ller â Coll â Alvarado Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta (Texto Ordenado = Ley NÂº 5.348/78, con las modificaciones introducidas por la Ley NÂº 5.552/80). TÃtulo I Ambito de aplicaciÃ³n Art. 1Âº.- Esta ley regirÃ¡ toda la actividad administrativa estatal, provincial y municipal, como la de entidades descentralizadas, con excepciÃ³n de aquella que rige los organismos de seguridad y la que tenga un rÃ©gimen establecido por ley especial, caso en el que se aplicarÃ¡n las disposiciones de la presente como supletorias. Igualmente se aplicarÃ¡ en forma supletoria a los entes pÃºblicos no estatales en cuanto ejerzan funciÃ³n administrativa. TÃtulo II Entidades y Organos con funciones administrativas CapÃtulo I Competencia SecciÃ³n I De la Competencia en general Art. 2Âº.- La competencia de los Ã³rganos administrativos serÃ¡ la que resulte en forma expresa o razonablemente implÃcita, segÃºn los casos: de la ConstituciÃ³n Provincial, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Es irrenunciable e improrrogable, debiendo ser ejercida directa y exclusivamente por el Ã³rgano que la tiene atribuida como propia, salvo los casos de delegaciÃ³n, sustituciÃ³n o avocaciÃ³n previstos por las disposiciones normativas pertinentes. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando el mismo correspondiere, constituye falta reprimible, segÃºn su gravedad, con las sanciones previstas en las normas especiales, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o polÃtica en que incurriere el agente. Art. 3Âº.- Compete a los Ã³rganos inferiores en la jerarquÃa administrativa, ademÃ¡s de lo que otras disposiciones establezcan, producir aquellos actos que consisten en la simple confrontaciÃ³n de hechos o en la aplicaciÃ³n rutinaria de normas claras; pero no podrÃ¡n: a) Rechazar escritos ni pruebas presentadas por los interesados, ni negar el acceso de Ã©stos y sus representantes o letrados a las actuaciones administrativas, en cualquier estado en que se encuentren, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 141. b) Remitir al archivo expedientes, sin decisiÃ³n expresada emanada de Ã³rgano superior competente, notificada al interesado y firme, que asÃ lo ordene. Art. 4Âº.- La incompetencia podrÃ¡ ser declarada en cualquier estado y grado del procedimiento, de oficio o a pedido de parte. SecciÃ³n II Conflictos de Competencia Art. 5Âº.- Los conflictos de competencia serÃ¡n resueltos: a) Por el Ministro respectivo, si se plantearan entre Ã³rganos dependientes del mismo ministerio. b) Por el Gobernador, si fueren interministeriales, o entre Ã³rganos centralizados o desconcentrados y entidades descentralizadas, o entre Ã©stas entre sÃ. c) Por el Ã³rgano inmediato superior a los en conflicto, en los demÃ¡s casos. Art. 6Âº.- En los conflictos de competencia deberÃ¡n observarse las siguientes reglas: a) Declarada la incompetencia, conforme a lo dispuesto en el art. 4Âº, se remitirÃ¡n las actuaciones a quien se estime competente, y si este Ã³rgano las rehusare, deberÃ¡ someterlas a la autoridad habilitada para resolver el conflicto. b) Cuando dos Ã³rganos se encuentren entendiendo en el mismo asunto, cualquiera de ellos, de oficio o a peticiÃ³n de parte, requerirÃ¡ de inhibiciÃ³n al otro; si Ã©ste mantiene su competencia, elevarÃ¡ sin mÃ¡s trÃ¡mite las actuaciones a quien deba resolver. c) La decisiÃ³n de los conflictos de competencia se tomarÃ¡ sin otra sustanciaciÃ³n que el dictamen jurÃdico del Ã³rgano consultivo correspondiente y, si fuere de absoluta necesidad, con el dictamen tÃ©cnico que el caso requiera. d) Resuelto el conflicto las actuaciones serÃ¡n remitidas a quien deba proseguir el procedimiento. e) Los plazos previstos en este artÃculo para la remisiÃ³n de las actuaciones serÃ¡n de dos dÃas y, para producir dictamen y dictar decisiÃ³n, de cinco dÃas, respectivamente. SecciÃ³n III De la DelegaciÃ³n de Competencia y la AvocaciÃ³n Art. 7Âº.- El ejercicio de la competencia es delegable conforme a las disposiciones de esta ley, salvo norma expresa en contrario. Art. 8Âº.- No podrÃ¡ delegarse la facultad de dictar disposiciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los administrados; tampoco las atribuciones privativas y esencialmente inherentes al carÃ¡cter polÃtico de la autoridad, ni las atribuciones delegadas. Art. 9Âº.- La delegaciÃ³n debe ser expresa, contener en el mismo acto una clara y concreta enunciaciÃ³n de cuÃ¡les son las tareas, facultades y deberes que comprende y publicarse. Art. 10.- El delegado es personalmente responsable por el ejercicio de competencia transferido, tanto frente al ente estatal como a los administrados. Sus actos son siempre impugnables, conforme a las disposiciones de esta ley, ante el delegante. Art. 11.- El delegante puede en cualquier tiempo revocar total o parcialmente la delegaciÃ³n, disponiendo en el mismo acto, expresamente, si reasume el ejercicio de la competencia o lo transfiere a otro Ã³rgano, debiendo en este caso procederse conforme a lo dispuesto en el art. 9Âº. La revocaciÃ³n surte efectos para el delegado desde su notificaciÃ³n y para los administrados desde su publicaciÃ³n. Art. 12.- TambiÃ©n puede el delegante avocarse al conocimiento y decisiÃ³n de cualquier asunto concreto que corresponda al delegado en virtud de la delegaciÃ³n. CapÃtulo II JerarquÃa SecciÃ³n I El Poder JerÃ¡rquico Art. 13.- Los Ã³rganos superiores con competencia en razÃ³n de la materia tienen sobre los que de ellos dependen, en la organizaciÃ³n centralizada, en la desconcentrada y en la delegaciÃ³n, poder jerÃ¡rquico, el que: a) Implica la potestad de mando, que se exterioriza mediante Ã³rdenes generales o particulares para dirigir la actividad de los inferiores. b) Importa la facultad de delegaciÃ³n y avocaciÃ³n, conforme al art. 7Âº y siguientes de esta Ley. c) Se presume siempre dentro de la organizaciÃ³n centralizada, excluyÃ©ndose sÃ³lo ante norma expresa en contrario. d) Abarca toda la actividad de los Ã³rganos de dependientes y se refiere tango a la legitimidad como a la oportunidad o conveniencia de la misma. Art. 14.- Los superiores jerÃ¡rquicos de los Ã³rganos desconcentrados tienen sobre Ã©stos todas las atribuciones inherentes al poder jerÃ¡rquico, salvo dar Ã³rdenes particulares acerca de cÃ³mo resolver un asunto concreto de los que pertenecen a las atribuciones desconcentradas. Es admisible la avocaciÃ³n de la desconcentraciÃ³n, excepto cuando la competencia del Ã³rgano desconcentrado le haya sido expresamente atribuida por ley. Art. 15.- Las entidades descentralizadas no estÃ¡n sometidas a la jerarquÃa del Poder Ejecutivo, salvo el caso en que Ã©ste hubiera delegado el ejercicio de alguna atribuciÃ³n especÃfica a la entidad, existiendo entonces poder jerÃ¡rquico con respecto de esta delegaciÃ³n. SecciÃ³n II Deber de Obediencia Art. 16.- Todos los agentes estatales deben obediencia a sus superiores, con las limitaciones que en esta SecciÃ³n se establece: a) Los Ã³rganos consultivos, los de control y los que realicen funciones estrictamente tÃ©cnicas no estÃ¡n sujetos a subordinaciÃ³n en cuanto a sus atribuciones como tales, pero sÃ en los demÃ¡s aspectos de su actividad. b) Frente a Ã³rdenes manifiestamente ilegÃtimas en su forma o contenido, los subordinados tienen el deber y el derecho de desobediencia. El cumplimiento de Ã³rdenes manifiestamente ilegÃtimas no exime de responsabilidad. CapÃtulo III DesconcentraciÃ³n y DescentralizaciÃ³n Art. 17.- Hay desconcentraciÃ³n cuando el ordenamiento jurÃdico confiere en forma regular y permanente atribuciones a Ã³rganos inferiores, dentro de la misma organizaciÃ³n o del mismo ente estatal. El Ã³rgano desconcentrado se encuentra jerÃ¡rquicamente subordinado a las autoridades superiores del organismo o ente estatal, segÃºn lo establecido en el art. 14. Art. 18.- Hay descentralizaciÃ³n cuando el ordenamiento jurÃdico confiere en forma regular y permanente atribuciones a entidades dotadas de personalidad jurÃdica, que actÃºan en nombre y cuenta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo. Art. 19.- Sin perjuicio de lo que otras normas establezcan al respecto, el control administrativo que el Poder Ejecutivo ejerce sobre las entidades descentralizadas es sobre la legitimidad de su actividad, salvo norma general expresa en contra, y comprende las atribuciones de: a) Dar instrucciones generales a la entidad, decidir en los recursos y denuncias que se interpongan contra sus actos. b) Nombrar y remover sus autoridades superiores en los casos y condiciones previstos por el ordenamiento jurÃdico. c) Realizar investigaciones preventivas e intervenirla. CapÃtulo IV IntervenciÃ³n Administrativa Art. 20.- El Poder Ejecutivo podrÃ¡ intervenir las entidades descentralizadas, en los siguientes casos: a) SuspensiÃ³n grave e injustificada, o por fuerza mayor, de la actividad a cargo del ente. b) ComisiÃ³n de graves o continuadas irregularidades administrativas. c) Existencia de un conflicto institucional insoluble dentro del ente. Art. 21.- La intervenciÃ³n deberÃ¡ resolverse en acuerdo de ministros; el acto que la declare deberÃ¡ ser motivado, y comunicado en el plazo de diez dÃas a la Legislatura. Art. 22.- La intervenciÃ³n no implica la caducidad de las autoridades superiores de la entidad intervenida; la separaciÃ³n de Ã©stas de sus funciones deberÃ¡ ser resuelta expresamente por el Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones vigentes. Art. 23.- El interventor tiene sÃ³lo aquellas atribuciones que sean imprescindibles para solucionar la causa que ha motivado la intervenciÃ³n. En ningÃºn caso tiene mayores atribuciones que las que correspondÃan normalmente a las autoridades superiores del ente. Los actos del interventor en el desempeÃ±o de sus funciones se considerarÃ¡n realizados por la entidad intervenida, con respecto de terceros. Art. 24.- La intervenciÃ³n podrÃ¡ tener un plazo de hasta seis meses, prorrogable por otros tres. Si en el acto que declara la intervenciÃ³n no se ha fijado el plazo, se entenderÃ¡ que ha sido establecido el de seis meses. Vencido el plazo o su prÃ³rroga, en su caso, la intervenciÃ³n caducarÃ¡ automÃ¡ticamente y de pleno derecho, reasumiendo sus atribuciones las autoridades superiores de la entidad, si no hubieran sido separadas de sus cargos conforme a lo establecido en el art. 22. Si vencido el plazo de la intervenciÃ³n no hubiera ninguna de las autoridades superiores de la entidad que pueda asumir la direcciÃ³n, el interventor lo harÃ¡ saber al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, continuando interinamente en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se resuelva en definitiva la integraciÃ³n de las referidas autoridades. TÃtulo III Acto Administrativo CapÃtulo I Elementos y Requisitos SecciÃ³n I Del Acto Administrativo en general Art. 25.- EntiÃ©ndase por Acto Administrativo toda declaraciÃ³n unilateral efectuada en ejercicio de la funciÃ³n administrativa, que produce efectos jurÃdicos individuales en forma directa. El silencio, de por sÃ, es tan sÃ³lo una conducta inexpresiva administrativa: sÃ³lo cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del Ã³rgano, transcurrido cierto plazo, se considerarÃ¡ que la peticiÃ³n ha sido denegada o aceptada, el silencio vale como acto administrativo. Art. 26.- El acto administrativo, deberÃ¡ satisfacer todos los requisitos relativos al objeto, competencia, voluntad y forma que aquÃ se establecen, y producirse con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo. SecciÃ³n II Del Objeto del Acto Art. 27.- El objeto, que queda determinado por el contenido del acto, es aquello que Ã©ste decide, certifica u opina. Art. 28.- El objeto no debe estar prohibido por el orden normativo ni estar en discordancia con la situaciÃ³n de hecho reglada por las normas; tampoco es impreciso u oscuro, absurdo o imposible de hecho. Art. 29.- El contenido del acto no podrÃ¡ contravenir en el caso particular disposiciones constitucionales, legislativas, sentencias judiciales, ni vulnerar el principio de la irrevocabilidad del acto administrativo. Tampoco podrÃ¡ violar normas administrativas de carÃ¡cter general dictadas por autoridad competente, sea que Ã©stas provengan de una autoridad igual, inferior o superior jerarquÃa, o de la misma autoridad que dicte el acto, sin perjuicio de las atribuciones de Ã©stas de derogar la norma general mediante otro acto general. SecciÃ³n III De la Competencia Art. 30.- Los actos administrativos deben emanar de Ã³rganos competentes segÃºn el ordenamiento jurÃdico y provenir de agente regularmente designado y en funciones al tiempo de dictado. Art. 31.- Antes de dictarse el acto administrativo deben cumplirse todos los trÃ¡mites sustanciales previstos expresa o implÃcitamente por el orden normativo. Sin perjuicio de lo que otras normas establezcan al respecto, considÃ©ranse trÃ¡mites sustanciales: a) El debido proceso o garantÃa de la defensa, salvo casos de extrema urgencia o de reserva por razones de seguridad. b) El dictamen o informe obligatorio en virtud de norma expresa. c) El informe contable, cuando el acto implique la disposiciÃ³n de fondos pÃºblicos. SecciÃ³n IV De los requisitos de la Voluntad en la emisiÃ³n del Acto Art. 32.- Cuando el orden normativo exige la autorizaciÃ³n de otro Ã³rgano para el dictado de un acto, aquella debe ser previa y no puede otorgarse luego de haber sido emitido el acto. Art. 33.- Los actos sujetos por el orden normativo a la aprobaciÃ³n de otro Ã³rgano no podrÃ¡ ejecutarse mientras aquella no haya sido otorgada. Art. 34.- Los agentes estatales deben actuar para cumplir el fin de la norma que otorga las atribuciones pertinentes, sin poder perseguir con el dictado del acto otros fines, pÃºblico o privados, salvo el del buen servicio en caso de silencio de la ley respecto de fines de la competencia. Art. 35.- Los agentes estatales, para adoptar una decisiÃ³n, deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y el derecho aplicable y disponer de aquellas medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurÃdico. Art. 36.- Los actos de los Ã³rganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesiÃ³n, quÃ³rum y deliberaciÃ³n. En ausencia de normas legales especÃficas, y supletoriamente, deberÃ¡n observarse las siguientes reglas: a) Ninguna decisiÃ³n podrÃ¡ ser adoptada por el Ã³rgano colegiado sin haber sometido la cuestiÃ³n a la deliberaciÃ³n de sus miembros, otorgÃ¡ndoles una razonable oportunidad de expresar su opiniÃ³n. b) Los miembros podrÃ¡n hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo funden; cuando voten en contra y hagan constar su oposiciÃ³n motivada, quedarÃ¡n exentos de la responsabilidad que en su caso, pueda derivarse de las decisiones del Ã³rgano colegiado. SecciÃ³n V De la Forma del Acto Art. 37.- Los actos administrativos se documentarÃ¡n por escrito cuando su naturaleza o circunstancias no exijan o permitan otra forma mÃ¡s adecuada de expresiÃ³n y constancia, y contendrÃ¡n: a) Lugar y fecha de emisiÃ³n. b) MenciÃ³n del Ã³rgano o entidad de quien emanan. c) IndividualizaciÃ³n y firma del agente interviniente. Art. 38.- PodrÃ¡ prescindirse de la forma escrita: a) Cuando mediare urgencia o imposibilidad de hecho; en estos casos la constancia escrita del acto se efectuarÃ¡ por el Ã³rgano inferior que hubiere recibido oralmente la orden de emisiÃ³n, suscribiendo y expresando la autoridad de quien proviene el acto. b) Cuando se trate de actos cuyos efectos se hayan agotado y respecto de los cuales la constataciÃ³n no tenga razonable justificaciÃ³n. c) Cuando se trate de Ã³rdenes de servicio que se refieran a cuestiones ordinarias y de rutina. Art. 39.- En los Ã³rganos colegiados se levantarÃ¡ un acta de cada sesiÃ³n, que deberÃ¡ ser firmada por el Presidente y el Secretario y contener: a) Tiempo y lugar de sesiÃ³n. b) IndicaciÃ³n de las personas que hayan intervenido. c) DeterminaciÃ³n de los puntos principales de la deliberaciÃ³n. d) Forma y resultado de la votaciÃ³n. Los acuerdos se documentarÃ¡n por separado y conforme a las disposiciones de esta ley relativas, en su caso, a los actos administrativos o reglamentos, debiendo igualmente ser firmados por el presidente y el secretario. Art. 40.- Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones, licencias, podrÃ¡n redactarse en un Ãºnico documento que especificarÃ¡ las personas u otras circunstancias que individualicen cada uno de los actos. Art. 41.- Los actos que emanen del gobernador de la Provincia adoptarÃ¡n al forma de decreto; cuando dispongan sobre situaciones particulares o se trate de reglamentos que produzcan efectos jurÃdicos dentro y fuera de la administraciÃ³n. Cuando su eficacia sea para la administraciÃ³n interna podrÃ¡n producirse en forma de resoluciones, disposiciones, circulares, instrucciones u Ã³rdenes. Art. 42.- SerÃ¡n motivados, con explicaciÃ³n de las razones de hecho y de derecho que los fundamentan, los actos que: a) Decidan sobre derechos subjetivos, concursos, licitaciones y contrataciones directas. b) Resuelvan recursos. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de Ã³rgano consultivo. d) Deban serlo en virtud de otras disposiciones legales o reglamentarias. Art. 43.- Los actos administrativos deben ser notificados al interesado; la publicaciÃ³n no suple la falta de notificaciÃ³n, salvo lo dispuesto en el art. 150. Los actos no notificados regularmente carecen de ejecutividad y no corren los plazos para recurrirlos; pueden ser revocados en cualquier momento y no corren los plazos para recurrirlos; pueden ser revocados en cualquier momento por la autoridad que los dictÃ³ o sus superiores. Art. 44.- Las notificaciones sÃ³lo serÃ¡n vÃ¡lidas si se efectÃºan por alguno de los siguientes medios: a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, dejÃ¡ndose constancia expresa y previa justificaciÃ³n de identidad del notificado; se certificarÃ¡ copia Ãntegra del acto, si fuere reclamada. b) Por presentaciÃ³n espontÃ¡nea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que conste claramente estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo. c) Por cÃ©dula, observÃ¡ndose al respecto lo dispuesto en el art. 149. d) Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega. e) Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepciÃ³n; en este caso el oficio y los documentos anexos deberÃ¡n exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado antes del despacho, quien los sellarÃ¡ juntamente con las copias que se agregarÃ¡n al expediente. Art. 45.- Es admisible la notificaciÃ³n verbal cuando el acto, vÃ¡lidamente, no estÃ© documentado por escrito. CapÃtulo II Vicios SecciÃ³n I De los Vicios en general Art. 46.- El irregular cumplimiento o el incumplimiento de algÃºn requisito expresa o implÃcitamente exigido por el orden jurÃdico para el acto administrativo, constituye un vicio de Ã©ste. La enumeraciÃ³n que en esta ley se hace de los vicios del acto administrativo no es taxativa, pudiendo la autoridad competente declarar la existencia de otros vicios conforme al principio sentado en el pÃ¡rrafo anterior. Art. 47.- Los vicios se clasifican, de acuerdo a su gravedad en: muy leves, leves, graves y groseros. La mayor o menor gravedad y evidencia del vicio determina el grado de nulidad que corresponde al acto. La clasificaciÃ³n del vicio se determinarÃ¡ por la gravedad y evidencia que reviste la antijuridicidad en el caso concreto. La calificaciÃ³n que de algunos vicios del acto se da en esta ley no es rÃgida, y la autoridad a quien corresponda declarar la nulidad, puede apartarse, excepcionalmente de la calificaciÃ³n que aquÃ se establece, mediante resoluciÃ³n fundada que analice cuÃ¡les son las circunstancias particulares del caso que hacen razonable adoptar en Ã©l otra calificaciÃ³n que la legalmente preestablecida. SecciÃ³n II De los Vicios del Objeto Art. 48.- El acto serÃ¡ groseramente viciado, si su objeto: a) Es clara y terminantemente absurdo, o imposible de hecho. b) Presentar una oscuridad o imprecisiÃ³n esencial e insuperable mediante un razonable esfuerzo de interpretaciÃ³n; si lo impreciso insuperable es tan sÃ³lo un aspecto secundario del acto, Ã©ste es vÃ¡lido en lo demÃ¡s. Art. 49.- El vicio es grave o grosero, segÃºn la importancia que en los casos concreto asuma la transgresiÃ³n, si el objeto: a) Transgrede una prohibiciÃ³n de orden jurÃdico o normas constitucionales, legales o sentencias judiciales. b) EstÃ¡ en discordancia con la situaciÃ³n de hecho reglada por el orden normativo. Art. 50.- El vicio del acto es grave, si su objeto: a) Viola el principio de la estabilidad o irrevocabilidad de un acto administrativo anterior. b) Transgrede normas administrativas de carÃ¡cter general dictadas por autoridad competente. Art. 51.- El vicio del acto es leve cuando Ã©ste no decida expresamente todos los puntos planteados por los interesados. Art. 52.- El vicio del acto es muy leve, si realizando un razonable esfuerzo de interpretaciÃ³n, es posible encontrar el sentido del mismo a pesar de la oscuridad e imprecisiÃ³n. SecciÃ³n III De los Vicios de la Competencia Art. 53.- El vicio del acto es grave o grosero: a) Si adolece de incompetencia en razÃ³n de la materia, por haber ejercido atribuciones judiciales o legislativas. b) Si adolece de incompetencia en razÃ³n del territorio. c) Si ha sido dictado por un Ã³rgano incompetente en razÃ³n del tiempo, por haber ejercido una atribuciÃ³n limitada temporalmente luego de agotado el plazo durante el cual estuvo concedida. Art. 54.- El vicio del acto es leve o grave: a) Si la incompetencia surge de haberse ejercido atribuciones de Ãndole administrativa de otros Ã³rganos, o que no han sido conferidas al Ã³rgano que las ejerce ni a otros Ã³rganos administrativos. b) Si el acto es dictado por un Ã³rgano incompetente en razÃ³n del grado, en los casos en que la competencia ha sido legÃtimamente conferida pero el Ã³rgano se excede de la misma. Art. 55.- El vicio del acto es muy leve o leve, cuando la incompetencia en razÃ³n del grado resulta de haber sido aquel dictado por un Ã³rgano sin extralimitaciÃ³n en el ejercicio de una competencia ilegÃtimamente otorgada. SecciÃ³n IV De los Vicios de la Voluntad previos a la emisiÃ³n del Acto Art. 56.- Es grosero el vicio del acto emanado de un usurpador. Art. 57.- El vicio del acto es grave: a) Cuando se ha dictado violando la garantÃa de la defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 58. b) Si se ha emitido omitiendo el cumplimiento previo de algÃºn trÃ¡mite sustancial, o dictamen expresa o implÃcitamente previsto por el ordenamiento normativo. Art. 58.- Es leve el vicio del acto se ha dado oportunidad de defensa pero en forma imperfecta. Art. 59.- Es leve o muy leve el vicio del acto emanado de un funcionario de hecho, que ejerce efectivamente un cargo administrativamente existente, y que lo hace bajo una apariencia de legitimidad del tÃtulo. SecciÃ³n V De los Vicios de la Voluntad en la EmisiÃ³n del Acto Art, 60.- El vicio del acto es grosero o grave segÃºn las circunstancias del caso si ha sido dictado: a) Ha sido dictado mediante connivencia dolosa entre el agente pÃºblico y el administrado. b) Por error esencial del agente. c) Por dolo del administrado, previo al acto y determinante de Ã©ste. d) Mediante dolo del agente. e) Mediando violencia sobre el agente pÃºblico o el administrado. Art. 61.- El vicio del acto es grave si: a) Es dictado sin haberse obtenido, en su caso, la previa autorizaciÃ³n del Ã³rgano competente. b) Es de ejecuciÃ³n u ordena la ejecuciÃ³n de un acto no aprobado, siendo la aprobaciÃ³n exigida. c) Transgrede los principios establecidos en los arts. 34 y 35. Art. 62.- El vicio del acto es muy leve si ha mediado error no esencial del agente, o dolo no determinante del administrado. Art. 63.- Las decisiones de los Ã³rganos colegiados, adolecen de un vicio: a) Grosero, si son adoptados sin quÃ³rum o sin la mayorÃa necesaria. b) Leve o grave, si son dictadas sin haberse cumplido regularmente el requisito de la convocatoria o sin haberse sometido la cuestiÃ³n a la deliberaciÃ³n de sus miembros. SecciÃ³n VI De los Vicios de Forma Art. 64.- Es grosero el vicio del acto que carece de la firma del agente que lo emite. Art. 65.- constituyen vicios graves: a) La falta de documentaciÃ³n por escrito, en su caso. b) La falta de motivaciÃ³n, cuando Ã©sta es exigida. c) La notificaciÃ³n irregular. Art. 66.- El vicio del acto es leve si la motivaciÃ³n es genÃ©rica o vaga. Art. 67.- Son leves o muy leves los vicios relativos a la fecha de emisiÃ³n del acto. Art. 68.- constituyen vicios muy leves la falta de: a) AclaraciÃ³n de la firma del funcionario interviniente. b) MenciÃ³n del organismo o entidad de los que emana el acto o del lugar de su emisiÃ³n. Si alguna de estas omisiones afectara la claridad o precisiÃ³n del acto podrÃ¡n constituir el vicio de oscuridad; siendo aplicable en estos casos lo dispuesto en los arts. 48, inc. b) y 52. CapÃtulo III Nulidades SecciÃ³n I De las Nulidades en general Art. 69.- Las consecuencias jurÃdicas de los vicios del acto administrativo se gradÃºan âsegÃºn su gravedad- en: anulabilidad, nulidad e inexistencia. La anulabilidad corresponde al vicio leve; la nulidad al vicio grave, manifiesto o no; y la inexistencia al vicio grosero. El vicio muy leve no afecta la validez del acto. Art. 70.- En caso de duda acerca de la importancia y calificaciÃ³n del vicio que afecta el acto administrativo, debe estarse a la consecuencia mÃ¡s favorable al mismo. Art. 71.- El acto anulable: a) Se considera como acto regular a los efectos de esta ley. b) Goza de presunciÃ³n de legitimidad y ejecutividad. c) Tanto los agentes estatales como los particulares tiene obligaciÃ³n de cumplirlo. d) En sede judicial no procede su anulaciÃ³n de oficio. e) Su extinciÃ³n, dispuesta en razÃ³n del vicio que lo afecta, produce efectos sÃ³lo para el futuro. f) La acciÃ³n para impugnarlo prescribe a los dos (2) aÃ±os (art. 4030 C.C.). Art. 72.- El acto nulo: a) Se considera regular. b) Tiene presunciÃ³n de legitimidad y ejecutividad. c) Tanto los agentes estatales como los particulares tienen obligaciÃ³n de cumplirlo. d) En sede judicial no procede su anulaciÃ³n de oficio. e) Su extinciÃ³n produce efectos retroactivos. f) La acciÃ³n para impugnarlo prescribe a los diez (10) aÃ±os (art. 4023 C.C.). Los incisos a), b) y c) no son aplicables al acto cuyo vicio sea evidente. Art. 73.- El acto, de cualquier naturaleza que fuere, que adolezca de un vicio grosero o no emane de una autoridad administrativa, aunque posea eventualmente la apariencia de acto administrativo, se considera jurÃdicamente inexistente; configurando una mera vÃa de hecho. Por lo que: a) No se considera regular. b) Carece de presunciÃ³n de legitimidad y ejecutividad. c) Los particulares no estÃ¡n obligados a cumplirlo y los agentes pÃºblicos tienen el derecho y el deber de no cumplirlo o ejecutarlo. d) Su declaraciÃ³n por acto formal hace cesar, retroactivamente, los efectos que pudiera haber producido. e) La acciÃ³n para impugnarlo, judicialmente, es imprescriptible. f) La inexistencia puede declararse de oficio tanto en sede administrativa como judicial. SecciÃ³n II De la Enmienda de los actos viciados Art. 74.- Son susceptibles de enmienda los actos administrativos que contengan vicios muy leves, mediante los siguientes procedimientos: a) Aclaratoria a pedido del interesado, en caso de oscuridad, error material u omisiÃ³n; resuelta por el Ã³rgano institucional autor del acto. b) RatificaciÃ³n por el Ã³rgano superior, cuando el acto hubiese sido emitido con incompetencia en razÃ³n del grado; y siempre que la avocaciÃ³n o delegaciÃ³n fueren procedentes. c) ConfirmaciÃ³n por el Ã³rgano que dictÃ³ el acto subsanando el vicio que lo afecte. La enmienda en estos casos tiene efectos retroactivos. ConversiÃ³n Art. 75.- Si los elementos vÃ¡lidos de un acto viciado permitiesen integrar otro que fuere vÃ¡lido, podrÃ¡ efectuarse su conversiÃ³n en Ã©ste, consintiÃ©ndolo el administrado, por el mismo Ã³rgano que lo dictÃ³ o sus superiores, segÃºn el caso. La conversiÃ³n tendrÃ¡ efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Art. 76.- En cualquier momento podrÃ¡n rectificarse de oficio los errores materiales y los aritmÃ©ticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto. CapÃtulo IV Eficacia SecciÃ³n I De la PresunciÃ³n de Legitimidad Art. 77.- El acto administrativo regular se presume legÃtimo mientras su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente. SecciÃ³n II De la Ejecutividad Art. 78.- El acto administrativo regular debe cumplirse, y su cumplimiento es exigible a partir de la notificaciÃ³n regularmente efectuada conforme a lo establecido en los arts. 43, 44 y 45. SecciÃ³n III De la Ejecutoriedad Art. 79.- El acto administrativo regular es ejecutorio cuando el ordenamiento jurÃdico, en forma expresa o razonablemente implÃcita, reconoce a la autoridad con funciones administrativas la atribuciÃ³n de obtener su cumplimiento por el uso de medios directos o indirectos de coerciÃ³n. Art. 80.- Cuando el acto sea ejecutivo pero no ejecutorio, se deberÃ¡ solicitar judicialmente su ejecuciÃ³n coactiva. SecciÃ³n IV De la SuspensiÃ³n Administrativa de la EjecuciÃ³n del Acto Art. 81.- La interposiciÃ³n de recursos administrativos no suspende la ejecuciÃ³n del acto impugnado; pero la autoridad que lo dictÃ³ o la que debe resolver el recurso puede disponer, de oficio o a requerimiento de parte y en ambos casos mediante resoluciÃ³n fundada, la suspensiÃ³n en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando con la ejecuciÃ³n se cause un daÃ±o de difÃcil o imposible reparaciÃ³n al recurrente, o un daÃ±o proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensiÃ³n acarrearÃa a la entidad estatal. b) Cuando se alegare fundadamente un vicio grave en el acto impugnado. c) Por razones de interÃ©s pÃºblico. CapÃtulo V ExtinciÃ³n SecciÃ³n I De la ExtinciÃ³n Natural y de la Provocada por Hechos Art. 82.- El acto administrativo se extingue de pleno derecho por: a) Cumplimiento del objeto. b) Imposibilidad de hecho sobreviniente. c) ExpiraciÃ³n del plazo. d) Acaecimiento de una condiciÃ³n resolutoria. En esos casos, los efectos de la extinciÃ³n son para el futuro. SecciÃ³n II De la ExtinciÃ³n de un Acto Provocado por un Acto Posterior Art. 83.- Hay renuncia cuando el particular o administrado manifiesta expresamente su voluntad de no utilizar los derechos que el acto le acuerda, y lo notifica a la autoridad. Art. 84.- SÃ³lo pueden renunciarse aquellos actos que se otorgan en beneficio o interÃ©s privado del administrado, creÃ¡ndole derechos. Los actos que crean obligaciones no son susceptibles de renuncia, pero: a) Si lo principal del acto fuera el otorgamiento de un derecho, aunque el mismo imponga tambiÃ©n alguna obligaciÃ³n, es viable la renuncia total. b) Si el acto, en igual medida, otorga derechos e impone obligaciones, pueden ser susceptibles de renuncia los primeros exclusivamente. Notificada la renuncia, Ã©sta extingue de por sÃ el acto o el derecho al que se refiere, sin quedar supeditada a la aceptaciÃ³n de la autoridad. Produce efectos para el futuro. Art. 85.- La autoridad en ejercicio de funciones administrativas puede disponer la extinciÃ³n del acto, conforme a las disposiciones de esta ley, por: a) RevocaciÃ³n por ilegitimidad. b) RevocaciÃ³n por oportunidad. c) Caducidad. SecciÃ³n III De la Competencia para Extinguir por Acto de la Autoridad Art. 86.- La extinciÃ³n puede ser dispuesta por la misma autoridad que dictÃ³ el acto, siempre que no se hubiera agotado su competencia, y por las autoridades superiores competentes en razÃ³n del grado y la materia. Art. 87.- En caso de avocaciÃ³n, el inferior no puede extinguir el acto dictado por el superior. Art. 88.- En caso de delegaciÃ³n el delegado carece de atribuciÃ³n para extinguir los actos que hubiera dictado precedentemente el delegante. Terminada la delegaciÃ³n el delegante puede extinguir los actos dictados por el delegado, si asÃ correspondiera. Art. 89.- En caso de sustituciÃ³n por suplencia u otras causas, se aplicarÃ¡n los principios establecidos en el artÃculo anterior. Art. 90.- Los actos complejos no pueden ser extinguidos sino por otro acto complejo en que concurran las mismas voluntades que dictaron el acto originario, salvo disposiciÃ³n expresa en contrario. Art. 91.- La autoridad que dicta un acto que luego debe ser aprobado o controlado por otro Ã³rgano, mantiene la atribuciÃ³n de extinguir su acto aunque el Ã³rgano de control haya dado la aprobaciÃ³n o el visto. Igual principio se aplicarÃ¡ cuando el acto requiere acuerdo de otro Ã³rgano, siempre que no se trate de un acto complejo, caso en el cual se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃculo anterior. SecciÃ³n IV De la Estabilidad o irrevocabilidad del Acto Art. 92.- El acto administrativo regular que crea, reconoce o declara un derecho subjetivo, no puede ser revocado en sede administrativa una vez que ha sido notificado al interesado. Art. 93.- El principio de la irrevocabilidad no es aplicable: a) Cuando se trate de extinguir un acto nulo cuyo vicio sea evidente. b) Cuando se trate de extinguir o alterar el acto en beneficio del interesado. c) Cuando se revoque por razones de oportunidad un permiso de uso del dominio pÃºblico o un derecho que ha sido otorgado expresa o vÃ¡lidamente a tÃtulo precario. SecciÃ³n V De la RevocaciÃ³n Art. 94.- DenomÃnase revocaciÃ³n por ilegitimidad a la extinciÃ³n en sede administrativa, de un acto viciado desde su origen, para restablecer el imperio de esa legitimidad. Art. 95.- La falta de conformidad de un acto con el orden jurÃdico sobreviniente o el acaecimiento de un hecho que hace desaparecer un presupuesto jurÃdico del acto, lo torna revocable en sede administrativa por razones de oportunidad, mÃ©rito o conveniencia. Art. 96.- Si el acto administrativo goza de estabilidad, conforme las prescripciones de esta ley, no puede ser revocado por razones de oportunidad, mÃ©rito o conveniencia, sin norma legal expresa que califique de utilidad o interÃ©s pÃºblico el derecho que el acto crea, declara o reconoce; declarÃ¡ndolo sujeto a revocaciÃ³n o expropiaciÃ³n. Art. 97.- En los casos a que se refiere el inc. c) del art. 93, la revocaciÃ³n debe ser fundada y otorgar un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocaciÃ³n. Art. 98.- Si la revocaciÃ³n se funda en una modificaciÃ³n de las circunstancias substanciales de hecho existentes al momento de dictarse el acto originario, en el caso del inc. c) del art. 93, no corresponde indemnizaciÃ³n; pero, corresponderÃ¡ que se indemnice el daÃ±o emergente, exclusivamente, cuando la revocaciÃ³n se funde en una distinta valoraciÃ³n de las mismas circunstancias que dieron origen al acto, o en circunstancias existentes al momento de dictarse el acto originario, que no eran conocidas por culpa administrativa y sin que mediara ocultamiento por parte del interesado; o en una distinta valoraciÃ³n del interÃ©s pÃºblico afectado. SecciÃ³n VI De la Caducidad Art. 99.- DenomÃnase caducidad a la extinciÃ³n de un acto o de un contrato administrativo dispuesta en virtud de incumplimiento grave, referido a obligaciones esenciales impuestas por el ordenamiento jurÃdico en razÃ³n del acto, o por clÃ¡usulas contractuales, e imputable a culpa o negligencia del administrado o cocontratante. La declaraciÃ³n de caducidad requiere poner en mora previamente al infractor, conforme al art. 100. Si el incumplimiento es culpable pero no reviste gravedad o no se refiere a obligaciones esenciales en relaciÃ³n al acto o contrato, deben aplicarse los medios de coerciÃ³n directa o indirecta establecidos en el ordenamiento jurÃdico. Ante la reiteraciÃ³n del incumplimiento, despuÃ©s de ejercidos los medios de coerciÃ³n, podrÃ¡ declararse la caducidad. Art. 100.- Cuando la autoridad administrativa estime que se han producido causales que justifican la caducidad del acto, debe hacÃ©rselo saber al interesado, quien podrÃ¡ presentar su descargo y ofrecer la prueba pertinente de conformidad con las disposiciones de esta ley. En caso de urgencia, estado de necesidad, o especialÃsima gravedad del incumplimiento, la autoridad podrÃ¡ disponer la suspensiÃ³n provisoria del acto, hasta tanto se decida en definitiva en el procedimiento referido en el pÃ¡rrafo anterior. TÃtulo IV Otros Actos de AdministraciÃ³n CapÃtulo I De los Reglamentos Art. 101.- ConsidÃ©rase reglamento a toda declaraciÃ³n unilateral efectuada en ejercicio de la funciÃ³n administrativa, que produce efectos jurÃdicos generales en forma directa. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capÃtulo, es aplicable a los reglamentos el rÃ©gimen jurÃdico establecido para el acto administrativo, en lo que no resulte incompatible con su naturaleza. Art. 102.- Todo reglamento debe ser publicado para tener ejecutividad. La publicaciÃ³n debe hacerse con transcripciÃ³n Ãntegra y autÃ©ntica del reglamento, en el BoletÃn Oficial de la Provincia o en los medios que establezca la reglamentaciÃ³n. La irregular forma de publicidad del Reglamento lo vicia gravemente. En caso de necesidad o urgencia se admitirÃ¡ excepcionalmente la publicaciÃ³n por otros medios idÃ³neos para ponerlo en conocimiento del pÃºblico, sin perjuicio de realizar igualmente la publicaciÃ³n en el BoletÃn Oficial. Art. 103.- Toda iniciativa que tienda a modificar o sustituir normas legales o reglamentarias deberÃ¡ ser acompaÃ±ada de una relaciÃ³n de las disposiciones vigentes sobre la misma materia y establecerÃ¡ expresamente las que han de quedar total o parcialmente derogadas. Cuando la reforma afecte la sistemÃ¡tica o estructura del texto, Ã©ste se ordenarÃ¡ Ãntegramente. CapÃtulo II De las Circulares e Instrucciones Art. 104.- Las instrucciones y circulares administrativas internas no obligan a los administrados ni pueden afectar sus derechos, pero los administrados ni pueden invocar en su favor las disposiciones que contengan, cuando ellas establezcan, para los Ã³rganos administrativos o los agentes, obligaciones en relaciÃ³n a dichos administrados. A este fin las mismas deben ser expuestas al pÃºblico en las oficinas respectivas. Art. 105.- Los actos administrativos dictados en contravenciÃ³n a instrucciones o circulares estÃ¡n viciados con los mismos alcances que si contravinieran disposiciones reglamentarias. CapÃtulo III De los DictÃ¡menes e Informes Art. 106.- Los Ã³rganos en funciÃ³n administrativa activa requerirÃ¡n dictamen o informe cuando ello sea obligatorio en virtud de norma expresa o lo juzguen conveniente para acordar o resolver. Art. 107.- Salvo disposiciones en contrario, los dictÃ¡menes e informes tÃ©cnicos deberÃ¡n ser evacuados en el plazo de 15 (quince) dÃas, a menos que existieran motivos atendibles y pedimento de quiÃ©n deba producirlo, en cuyo caso podrÃ¡ ampliarse por el tiempo razonablemente necesario. De no recibÃrselos en plazo podrÃ¡n proseguir las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriere el agente culpable. CapÃtulo IV De los Contratos Art. 108.- Los actos administrativos dictados en el procedimiento para la formaciÃ³n de los contratos en la funciÃ³n administrativa y en la ejecuciÃ³n de Ã©stos, estÃ¡n sujetos a las disposiciones de esta ley. TÃtulo V El Procedimiento Administrativo CapÃtulo I De la Autoridad Administrativa Art. 109.- La autoridad administrativa a la que corresponde la direcciÃ³n de las actuaciones, adoptarÃ¡ las medidas necesarias para la celeridad, economÃa y eficacia del trÃ¡mite. Art. 110.- VelarÃ¡ tambiÃ©n por el decoro y buen orden de las actuaciones, pudiendo al efecto aplicar sanciones a los interesados intervinientes por las faltas que cometieren, ya sea obstruyendo el curso de las mismas o contra la dignidad y respeto de la AdministraciÃ³n, o por falta de lealtad o probidad en la tramitaciÃ³n de los asuntos. La potestad disciplinaria respecto de las faltas cometidas por los agentes de la AdministraciÃ³n se regirÃ¡ por sus leyes especiales. Art. 111.- Las sanciones que segÃºn la gravedad de las faltas podrÃ¡n aplicarse a los interesados intervinientes son: a) Llamado de atenciÃ³n. b) Apercibimiento. c) Multa, que no podrÃ¡ exceder del 20% del salario mÃnimo. Contra la sanciÃ³n de multa, se podrÃ¡ interponer recurso jerÃ¡rquico directo dentro de los cinco (5) dÃas. Art. 112.- NingÃºn funcionario o empleado es recusable, salvo cuando normas especiales asÃ lo determinen. Son causales de obligatoria excusaciÃ³n para los funcionarios o empleados que tengan facultad de decisiÃ³n o que sea su misiÃ³n dictaminar o asesorar: a) Tener parentesco con el interesado, por consanguinidad dentro del cuarto grado, o por afinidad hasta el segundo grado. b) Tener interÃ©s en el asunto; amistad Ãntima o enemistad manifiesta con el actuante. El funcionario que resolviera excusarse deberÃ¡ elevar las actuaciones al superior jerÃ¡rquico, quien considerarÃ¡ su procedencia o improcedencia. En el primer caso designarÃ¡ el funcionario sustituto o resolverÃ¡ por sÃ. En el segundo, devolverÃ¡ las actuaciones al inferior para que continÃºe entendiendo. En ambos casos la decisiÃ³n causarÃ¡ ejecutoria. CapÃtulo II Interesados, Representantes y Terceros Art. 113.- El trÃ¡mite administrativo podrÃ¡ iniciarse de oficio o a peticiÃ³n de cualquiera persona fÃsica o jurÃdica, pÃºblica o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interÃ©s legÃtimo; Ã©stas serÃ¡n consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. Art. 114.- Cuando de la presentaciÃ³n del interesado o de los antecedentes agregados al expediente surgiera que alguna persona o entidad tiene interÃ©s directo en la gestiÃ³n, se le notificarÃ¡ de la existencia del expediente al solo efecto de que tome intervenciÃ³n en el estado en que se encuentren las actuaciones, sin retrotraer el curso del procedimiento. Art. 115.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interÃ©s que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representaciÃ³n legal, deberÃ¡ acompaÃ±ar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada. Sin embargo, los padres que comparezcan en representaciÃ³n de sus hijos y el marido que lo haga en nombre de su mujer, no tendrÃ¡n obligaciÃ³n de presentar las partidas correspondientes, salvo que fundadamente les fueran requeridas. Los menores adultos tendrÃ¡n plena capacidad procesal para intervenir directamente en procedimientos administrativos, como parte interesada, en la defensa de sus propios derechos subjetivos o intereses legÃtimos. Art. 116.- Los representantes o apoderados acreditarÃ¡n su personerÃa desde la primera intervenciÃ³n que hagan a nombre de sus mandantes, con el instrumento pÃºblico correspondiente, o con una carta-poder con firma autenticada por la justicia de paz o por escribano pÃºblico. En caso de encontrarse el instrumento agregado a otro expediente que tramite en la misma reparticiÃ³n, bastarÃ¡ la certificaciÃ³n correspondiente. Sin embargo, mediando urgencia y bajo la responsabilidad del representante, podrÃ¡ autorizarse a que intervengan a quienes invocan una representaciÃ³n, la que deberÃ¡ acreditar en el plazo de diez (10) dÃas de hecha la presentaciÃ³n, bajo apercibimiento de desglose del expediente y su devoluciÃ³n. Art. 117.- El mandato tambiÃ©n podrÃ¡ otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, la que contendrÃ¡ una simple relaciÃ³n de la identidad y domicilio del compareciente, designaciÃ³n de la persona del mandatario y, en su caso, menciÃ³n de la facultad de percibir sumas de dinero u otra especial que se le confiera. Cuando se faculte a percibir sumas mayores de un salario mÃnimo que la reglamentaciÃ³n determine, se requerirÃ¡ poder otorgado por escribano pÃºblico. Art. 118.- La representaciÃ³n cesa: a) Por revocaciÃ³n expresa hecha en el expediente. No la revoca la presentaciÃ³n personal del representado o de otro representante. b) Por renuncia, una vez notificada al domicilio del representado. c) Por haber terminado la personalidad en virtud de la cual actuaba el representado o el propio representante. d) Por muerte o incapacidad sobreviniente del representado, una vez comprobada en el expediente y notificados los herederos o representantes legales. e) Por muerte o incapacidad del representante. En estos casos se suspenderÃ¡n los trÃ¡mites desde el momento en que conste en el expediente la causa de la cesaciÃ³n -salvo el caso del inc. b), en el cual la suspensiÃ³n se producirÃ¡ una vez notificado al domicilio del representado- y mientras vence el plazo que se acuerde al interesado, a sus representantes o sucesores para comparecer personalmente u otorgar nueva representaciÃ³n. Art. 119.- Cuando varias personas se presentaren formulando un petitorio del que no surjan intereses encontrados, la autoridad administrativa podrÃ¡ exigir la unificaciÃ³n de la representaciÃ³n, dando para ello un plazo de diez (10) dÃas, bajo apercibimiento de designar un apoderado comÃºn entre los peticionantes. La unificaciÃ³n de representaciÃ³n tambiÃ©n podrÃ¡ pedirse por las partes en cualquier estado del trÃ¡mite. Con el representante las partes en cualquier estado del trÃ¡mite. Con el representante comÃºn se entenderÃ¡n los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de la resoluciÃ³n definitiva, salvo decisiÃ³n o norma expresa que disponga se notifiquen directamente a las partes interesadas o las que tengan por objeto su comparecencia personal. Art. 120.- Una vez hecho el nombramiento del mandatario comÃºn, podrÃ¡ revocarse por acuerdo unÃ¡nime de los interesados o por la AdministraciÃ³n a peticiÃ³n de uno de ellos si existiere motivo que lo justifique. CapÃtulo III ConstituciÃ³n y Denuncias de Domicilios Art. 121.- Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por sÃ o en representaciÃ³n de terceros, constituirÃ¡ en el primer escrito o acto en que intervenga un domicilio, dentro del radio urbano del asiento de aquella. El interesado deberÃ¡ ademÃ¡s manifestar su domicilio real. Si no lo hiciere o no denunciare el cambio, las resoluciones de deban notificarse en el domicilio real se notificarÃ¡n en el domicilio constituido. El domicilio constituido podrÃ¡ ser el mismo que el real. Art. 122.- Si el domicilio no se constituyere conforme a lo dispuesto en el artÃculo anterior, o si el que se constituyese no existiere o desapareciese el local o edificio elegido o la numeraciÃ³n del mismo, se intimarÃ¡ al interesado en su domicilio real para que constituya nuevo domicilio, bajo apercibimiento de continuar el trÃ¡mite sin su intervenciÃ³n o disponer su archivo segÃºn corresponda. A falta de ambos se procederÃ¡ de igual manera emplazÃ¡ndose al interesado conforme al art. 150. Art. 123.- El domicilio constituido, producirÃ¡ todos sus efectos, sin necesidad de resoluciÃ³n, y se reputarÃ¡ subsistente mientras no se designe otro. CapÃtulo IV Formalidades de los Escritos Art. 124.- Los escritos serÃ¡n redactados a mÃ¡quina o manuscritos en tinta en forma legible, en idioma nacional, salvÃ¡ndose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. LlevarÃ¡n en la parte superior una suma o resumen del petitorio. SerÃ¡n suscriptos por los interesados o sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin mÃ¡s excepciÃ³n que el que iniciare una gestiÃ³n, debe indicarse la identificaciÃ³n del expediente a que corresponda y, en su caso, precisarse la representaciÃ³n que se ejerza. PodrÃ¡ emplearse el medio telegrÃ¡fico para contestar traslados o vistas e interponer recursos. Art. 125.- Todo escrito por el cual se promueva la iniciaciÃ³n de una gestiÃ³n administrativa deberÃ¡ contener los siguientes recaudos: a) Nombre, apellido, indicaciÃ³n de identidad y domicilios real y constituido del interesado. b) RelaciÃ³n de los hechos, y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su derecho. c) PeticiÃ³n, concretada en tÃ©rminos claros y precisos. d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompaÃ±ando la documentaciÃ³n que obre en su poder o, en su defecto, su menciÃ³n con la individualizaciÃ³n posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pÃºblica o lugar donde se encuentran los originales. e) Firma del interesado o de su representante legal o apoderado. Art. 126.- Cuando un escrito fuere suscripto a ruego por no poder o no saber hacerlo el interesado, la autoridad administrativa lo harÃ¡ constar, asÃ como el nombre del firmante y tambiÃ©n que fue autorizado en su presencia o se ratificÃ³ ante el la autorizaciÃ³n, exigiÃ©ndole la acreditaciÃ³n de la identidad personal de los que intervinieren. Si no hubiere quien pueda forma a ruego del interesado, el funcionario procederÃ¡ a darle lectura y certificarÃ¡ que Ã©ste conoce el texto del escrito y ha estampado la impresiÃ³n digital en su presencia. Art. 127.- En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrÃ¡ la autoridad administrativa llamar al interesado para que en su presencia, y previa justificaciÃ³n de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito. Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare a contestar o citado personalmente por segunda vez no compareciera, se tendrÃ¡ al escrito por no presentado. Art. 128.- Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso deberÃ¡ presentarse en mesa de entradas o receptorÃa del organismo competente, o podrÃ¡ remitirse por correo. Los escritos posteriores podrÃ¡n presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentra el expediente. La autoridad administrativa deberÃ¡ dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere presentado, poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador. Los escritos recibidos por correo se considerarÃ¡n presentados en la fecha de su imposiciÃ³n en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregarÃ¡ el sobre sin destruir su sello fechador, o bien en la que conste en el mismo escrito y que surja del sello fechador impreso por el agente postal habilitado a quien se hubiere exhibido el escrito en sobre abierto en el momento de ser despachado por expreso o certificado. En caso de duda, deberÃ¡ estarse a la fecha enunciada en el escrito, y, en su defecto, se considerarÃ¡ que la presentaciÃ³n se hizo en tÃ©rmino. Cuando se empleare el medio telegrÃ¡fico para contestar traslado o vistas o interponer recursos, se entenderÃ¡ presentado en la fecha de su imposiciÃ³n en la oficina postal. Art. 129.- El Ã³rgano con competencia para decidir sobre el fondo verificarÃ¡ si se han cumplido los requisitos exigidos en el presente capÃtulo y, si asÃ no fuera, resolverÃ¡ que se cumplan subsanÃ¡ndose los defectos u omisiones, en el plazo que se seÃ±ale. Si asÃ no se hiciere, la presentaciÃ³n serÃ¡ desestimada sin mÃ¡s sustanciaciÃ³n. Art. 130.- Cuando se presentan escritos que inicien un procedimiento se darÃ¡ a los interesados un comprobante que acredite su presentaciÃ³n y el nÃºmero de expediente correspondiente. Sin perjuicio de ello, todo el que presente escritos ante la administraciÃ³n, inicie o no un procedimiento, puede exigir para su constancia que se le certifiquen y devuelvan en el acto las copias del escrito, dejÃ¡ndose constancia en ellas de haberse recibido el original, con la fecha, sello de la oficina y la firma del agente receptor. CapÃtulo V Ordenamiento de los Expedientes Art. 131.- La identificaciÃ³n con que se inicie un expediente serÃ¡ conservada a travÃ©s de las actuaciones sucesivas, cuales quiera fueren los organismos que intervengan en su trÃ¡mite. Queda prohibido asentar en el expediente otro nÃºmero o sistema de identificaciÃ³n que no sea el asignado por el organismo iniciador. Art. 132.- Los expedientes serÃ¡n consignados en cuerpos numerados que no excedan de doscientas (200) fojas, salvo los casos en que tal lÃmite obligara a dividir escritos o documentos que constituyan un solo texto. Art. 133.- Todas las actuaciones deberÃ¡n foliarse por orden correlativo de incorporaciÃ³n, incluso cuando se integren con mÃ¡s de un cuerpo de expediente. Las copias de notas, informes o disposiciones que se agreguen junto con su original, se foliarÃ¡n tambiÃ©n por orden correlativo. Art. 134.- Cuando los expedientes vayan acompaÃ±ados de antecedentes que por su volumen no puedan ser incorporados se confeccionarÃ¡n anexos, los que serÃ¡n numerados y foliados en forma independiente. Art. 135.- Los expedientes que se incorporen a otros continuarÃ¡n la foliatura de Ã©stos. Los que se soliciten al solo efecto informativo deberÃ¡n acumularse sin incorporar. Art. 136.- Todo desgloce se harÃ¡ bajo constancia; puede ser solicitado verbalmente, debiendo ser precedido por copia de la resoluciÃ³n que asÃ lo ordenÃ³. Cuando se inicie un expediente o trÃ¡mite con fojas desglosadas, Ã©stas serÃ¡n precedidas de una nota con la menciÃ³n de las actuaciones de las que proceden, de la cantidad de fojas con que se inicia el nuevo, a mÃ¡s de la copia a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior. Art. 137.- Los expedientes podrÃ¡n ser facilitados en prÃ©stamo a los profesionales: apoderados, patrocinantes o defensores de los interesados y a los peritos intervinientes, en los casos en que su trÃ¡mite o complejidad lo exigiera; previa resoluciÃ³n fundada de la autoridad administrativa y por el plazo que se indique. Vencido el plazo del prÃ©stamo sin que el expediente haya sido devuelto, el prestatario serÃ¡ intimado para su devoluciÃ³n, bajo apercibimiento de multa y secuestro. Vencido el plazo de la intimaciÃ³n se harÃ¡n efectivas las multas âlas que no podrÃ¡n ser superiores a la quinta parte del sueldo bÃ¡sico de un Juez de Primera Instancia- y se pasarÃ¡n inmediatamente los antecedentes al Juez de InstrucciÃ³n en turno para que proceda al secuestro e instruya las actuaciones correspondientes. Art. 138.- Comprobada la pÃ©rdida o extravÃo de un expediente, se ordenarÃ¡ su reconstrucciÃ³n incorporÃ¡ndose las copias de escritos y documentaciÃ³n que aporte el interesado, haciÃ©ndose constar el trÃ¡mite registrado. Se producirÃ¡n los informes, dictÃ¡menes y vistas legales y si hubo resoluciÃ³n se glosarÃ¡ copia autenticada de la misma, que serÃ¡ notificada. Si la pÃ©rdida o extravÃo es imputable a la acciÃ³n u omisiÃ³n de agentes administrativos, separadamente se instruirÃ¡ el sumario pertinente para determinar la responsabilidad correspondiente. CapÃtulo VI De la Vista de las Actuaciones Art. 139.- Los interesados en un procedimiento administrativo, y sus representantes o letrados, tendrÃ¡n derecho a conocer en cualquier momento el estado de su tramitaciÃ³n y a tomar vista de sus actuaciones, sin necesidad de una resoluciÃ³n expresa al efecto. Art. 140.- La vista de las actuaciones se harÃ¡ en todos los casos informalmente, ante la simple solicitud verbal del interesado, en las oficinas en que se encuentre el expediente al momento de ser requerido; no corresponderÃ¡ enviar las actuaciones a la mesa de entradas para ello. El funcionario interviniente podrÃ¡ pedirle la acreditaciÃ³n de su identidad, cuando Ã©sta no le constare, y deberÃ¡ facilitarse el expediente para su revisaciÃ³n, lectura, copiado o fotocopiado de cualquier parte del mismo. Art. 141.- Las vistas y traslados se otorgarÃ¡n sin limitaciÃ³n de parte alguna del expediente, y se incluirÃ¡ tambiÃ©n los informes tÃ©cnicos y dictÃ¡menes fiscales o letrados que se hayan producido, con excepciÃ³n de aquellas actuaciones que fueren declaradas reservadas o secretas mediante decisiÃ³n fundada del Ã³rgano con competencia para decidir sobre el fondo. CapÃtulo VII Del Impulso Procesal Art. 142.- La impulsiÃ³n del procedimiento administrativo se realizarÃ¡ de oficio por los Ã³rganos intervinientes en su tramitaciÃ³n, sin perjuicio de la impulsiÃ³n que puedan darle los interesados. Se exceptÃºan de este anticipo aquellos trÃ¡mites en los que medie sÃ³lo el interÃ©s privado del administrado. CapÃtulo VIII Del Informalismo a favor del Administrado Art. 143.- En el procedimiento administrativo se aplicarÃ¡ el principio del informalismo a favor del administrado, en virtud del cual podrÃ¡ ser excusada la inobservancia de los requisitos formales establecidos, cuando ellos no sean fundamentales. Este principio rige Ãºnicamente a favor de los administrados, y no exime a la administraciÃ³n del cumplimiento de los recaudos procesales instituidos como garantÃa de aquellos y de la regularidad del procedimiento. Art. 144.- El principio del informalismo a favor del administrado tendrÃ¡ especialmente aplicaciÃ³n: 1. En lo referente a la calificaciÃ³n tÃ©cnica de los recursos, a cuyo respecto la equivocaciÃ³n del recurrente en cuanto a la especie de recurso que ha debido interponer deberÃ¡ ser salvada por la administraciÃ³n, dÃ¡ndole el carÃ¡cter que legalmente corresponda. 2. En lo que hace a la interpretaciÃ³n de la voluntad del recurrente cuando su presentaciÃ³n no contenga la expresa manifestaciÃ³n de voluntad de recurrir, pero pueda no obstante inferirse del escrito su intenciÃ³n de asÃ hacerlo. 3. En lo que respecta al incumplimiento de requisitos de forma no fundamentales, procediÃ©ndose en tal caso de acuerdo a lo dispuesto en el art. 143, sin perjuicio de que pueda exigirse su cumplimiento antes de adoptarse la decisiÃ³n definitiva. 4. En lo atinente a los escritos presentados ante funcionario incompetente; los cuales deberÃ¡n ser enviados a los organismos competentes. Esta enumeraciÃ³n no es taxativa. Art. 145.- El principio del informalismo a favor del administrado no serÃ¡ de aplicaciÃ³n cuando por su culpa o negligencia el interesado entorpezca en forma grave el procedimiento, haciendo un ejercicio irrazonable o abusivo de su derecho de defensa. En tal caso se podrÃ¡, sin embargo, dÃ¡rsele por decaÃdo su derecho de fondo, sin perjuicio de limitar su intervenciÃ³n a lo prudentemente necesaria para su defensa, o de exigirle representaciÃ³n o patrocinio letrado. CapÃtulo IX De las Notificaciones Art. 146.- DeberÃ¡n ser notificadas a la parte interesada: a) Las decisiones administrativas definitivas y las que, sin serlo, obsten a la prosecuciÃ³n de los trÃ¡mites. b) Las que resuelvan un incidente planteado o afecten derechos subjetivos o intereses legÃtimos. c) Las que dispongan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados. d) Las que se dicten con motivo o en ocasiÃ³n de la prueba y las que dispongan de oficio la agregaciÃ³n de actuaciones. e) Todas las demÃ¡s que la autoridad asÃ dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia. Art. 147.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 158 las notificaciones se diligenciarÃ¡n dentro de los cinco (5) dÃas, computados a partir del dÃa siguiente al del acto objeto de notificaciÃ³n e indicarÃ¡n los recursos de que puede ser objeto dicho acto y el plazo dentro del cual los mismos deben articularse. La omisiÃ³n o el error en que se pudiese incurrir al efectuar tal indicaciÃ³n, no perjudicarÃ¡ al interesado ni permitirÃ¡ darle por decaÃdo su derecho. Art. 148.- Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberÃ¡n contener el texto Ãntegro del acto y no sÃ³lo su parte resolutiva, con la expresiÃ³n de la carÃ¡tula y numeraciÃ³n del expediente correspondiente. Art. 149.- Si la notificaciÃ³n se hiciera en el domicilio, el empleado designado a tal efecto llevarÃ¡ por duplicado una cÃ©dula en la que estÃ© transcripta la resoluciÃ³n que deba notificarse y una copia simple con el texto Ãntegro del acto. Una de las copias de la cÃ©dula, que fecharÃ¡ y firmarÃ¡, la entregarÃ¡ âjunto con la copia simple del acto- a la persona a la cual deba notificar, o, en su defecto, a cualquiera de la casa. En la otra copia destinada a ser agregada al expediente, se pondrÃ¡ constancia del dÃa, hora y lugar de la entrega requiriendo la firma del notificado o de la persona que recibiere la cÃ©dula, o poniendo constancia de que se negÃ³ a firmar. Cuando la cÃ©dula no fuere recibida personalmente por el destinatario, el oficial notificador deberÃ¡ dejar constancia en la copia, del documento de identidad que le fuere exhibido y el vÃnculo o relaciÃ³n existente entre la persona que la reciba y el destinatario. Cuando el empleado no encontrase la persona a la cual va a notificar y ninguna de las otras personas de la casa quiera recibirla, la fijarÃ¡ en la puerta de la misma, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente. Cuando la notificaciÃ³n se efectÃºe por medio de telegrama y otro medio postal, servirÃ¡ de suficiente constancia el recibo de entrega de la oficina telegrÃ¡fica o postal, que deberÃ¡ agregarse al expediente. Art. 150.- El emplazamiento, la citaciÃ³n y las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore se harÃ¡ por edictos publicados en el BoletÃn Oficial durante tres (3) dÃas seguidos y se tendrÃ¡n por efectuados a los ocho (8) dÃas, computados desde el siguiente al de la Ãºltima publicaciÃ³n. Art. 151.- Toda notificaciÃ³n que se hiciere en contravenciÃ³n de las formas precedentes carecerÃ¡ de validez. Sin embargo, si del expediente resultare que la parte interesada o su representante ha tenido conocimiento fehaciente del acto que la motivÃ³, la notificaciÃ³n surtirÃ¡ efectos desde entonces. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que incurriere el agente que la practicÃ³. CapÃtulo X De los Plazos Art. 152.- Todos los plazos administrativos se cuentan por dÃas hÃ¡biles administrativos, salvo expresa disposiciÃ³n legal en contrario o habilitaciÃ³n, y se computan a partir del dÃa siguiente al de la notificaciÃ³n; incluso los plazos para ocurrir a la justicia. Art. 153.- Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimaciÃ³n alguna a los agentes administrativos y a los interesados en el procedimiento. Art. 154.- El vencimiento de los plazos que en esta ley se acuerda a los administrados durante el procedimiento, no hace decaer el derecho de efectuar las presentaciones del caso con posterioridad, debiendo continuarse el trÃ¡mite segÃºn su estado, sin retrotraer sus etapas. Art. 155.- Si los interesados lo solicitan antes de su vencimiento, la autoridad administrativa interviniente podrÃ¡ conceder una prÃ³rroga de los plazos establecidos en esta ley o en otras disposiciones administrativas, siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. El mero pedido de prÃ³rroga interrumpirÃ¡ el curso del plazo. Art. 156.- ExceptÃºase de lo dispuesto en los artÃculos anteriores los plazos establecidos para interponer recursos administrativos, los que una vez vencidos hacen perder el derecho a interponerlos. Ello no obstarÃ¡ a que se considere la peticiÃ³n como denuncia de ilegitimidad por el superior, salvo que Ã©ste resolviera lo contrario por motivos de seguridad jurÃdica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que mediÃ³ abandono voluntario del derecho. Art. 157.- Los plazos se interrumpen por la interposiciÃ³n de recursos administrativos, incluso cuando hayan sido mal calificados tÃ©cnicamente por el interesado y adolezcan de otros defectos formales de importancia secundaria o hayan sido presentados ante Ã³rgano incompetente por error justificable. Art. 158.- Toda vez que para un determinado trÃ¡mite no exista un plazo expresamente establecido por leyes especiales o por Ã©sta y sus disposiciones complementarias, deberÃ¡ ser producido dentro de los plazos mÃ¡ximos que a continuaciÃ³n se determinan: a) Registro de resoluciones, de expedientes y sus pases a oficinas que proveen el trÃ¡mite: dos (2) dÃas. b) Providencias de mero trÃ¡mite administrativo: tres (3) dÃas. c) Notificaciones: cinco 85) dÃas contados a partir de la recepciÃ³n de las actuaciones por la oficina notificadora. d) Informes administrativos no tÃ©cnicos: cinco (5) dÃas. e) DictÃ¡menes periciales o informes tÃ©cnicos que exijan el traslado del agente fuera del lugar de sus funciones: treinta (30) dÃas. f) Decisiones sobre cuestiones de fondo contenidas en las peticiones de los interesados: veinte (20) dÃas. Para los incidentales: diez (10) dÃas. Art. 159.- Los plazos del artÃculo anterior se cuentan a partir del dÃa siguiente al de la recepciÃ³n del expediente o de la actuaciÃ³n por el Ã³rgano respectivo. Art. 160.- Para toda diligencia que deba practicarse fuera de la sede de la autoridad administrativa que la ordena, pero dentro del territorio de la RepÃºblica, se ampliarÃ¡n los plazos que fija esta ley en un dÃa por cada cien (100) kilÃ³metros o fracciÃ³n que no baje de cincuenta (50) kilÃ³metros. Si hubieran de practicarse fuera del territorio nacional, la autoridad administrativa fijarÃ¡ el plazo discrecionalmente, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Art. 161.- Vencidos los plazos previstos por el art. 158, inc. f, interesado podrÃ¡ solicitar pronto despacho y, transcurridos cuarenta (40) dÃas desde esta reclamaciÃ³n, se constituye la existencia de la resoluciÃ³n denegatoria. Art. 162.- El incumplimiento injustificado de los tÃ©rminos o plazos previstos para el despacho de los asuntos administrativos, genera responsabilidad, imputable a los agentes directamente a cargo del trÃ¡mite o diligencia y a los superiores jerÃ¡rquicos obligados a su direcciÃ³n y fiscalizaciÃ³n. SegÃºn la gravedad o reiteraciÃ³n de la anomalÃa, serÃ¡n aplicables las sanciones previstas en los respectivos estatutos del personal de la AdministraciÃ³n PÃºblica. CapÃtulo XI De la Prueba y DecisiÃ³n Art. 163.- Corresponde a los Ã³rganos que intervienen en el procedimiento administrativo realizar las diligencias tendientes a la averiguaciÃ³n de los hechos conducentes a la decisiÃ³n, sin perjuicio del derecho de los interesados a ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes. Art. 164.- Los hechos que hacen a la decisiÃ³n de un procedimiento podrÃ¡n acreditarse por cualquier medio de prueba. Cuando la administraciÃ³n no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, la autoridad administrativa acordarÃ¡ la apertura de un perÃodo de prueba por un plazo no superior a treinta (30) dÃas ni inferior a diez (10) dÃas, a fin de que puedan practicarse cuantas veces juzgue pertinentes. Art. 165.- Producida la prueba, se darÃ¡ vista por el plazo de diez (10) dÃas al interesado, para que alegue sobre el mÃ©rito de la misma. Vencido el plazo sin que el interesado haya hecho uso de su derecho, podrÃ¡ dÃ¡rsele por decaÃdo prosiguiÃ©ndose el trÃ¡mite. Art. 166.- De inmediato y sin mÃ¡s trÃ¡mite que el asesoramiento jurÃdico, si Ã©ste correspondiere o el dictamen de FiscalÃa de Gobierno cuando Ã©sta deba intervenir conforme a su Ley OrgÃ¡nica, se dictarÃ¡ el acto administrativo que resuelva las actuaciones. La prueba se apreciarÃ¡ con razonable criterio de libre convicciÃ³n. TÃtulo VI Denuncias y Recursos CapÃtulo I De las Denuncias Art. 167.- Toda persona o entidad que tuviere conocimiento de la violaciÃ³n del orden jurÃdico por parte de Ã³rganos en funciones administrativas, podrÃ¡ denunciarla conforme a las prescripciones de este CapÃtulo. Art. 168.- La denuncia podrÃ¡ hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por representante o mandatario. La denuncia escrita deberÃ¡ ser firmada; cuando sea verbal se labrarÃ¡ acta y, en ambos casos, el agente receptor comprobarÃ¡ y harÃ¡ constar la identidad del denunciante. Art. 169.- La denuncia deberÃ¡ contener, en cuanto sea posible y de un modo claro, la relaciÃ³n del hecho, con las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecuciÃ³n y la indicaciÃ³n de sus autores, partÃcipes, damnificados, testigos y demÃ¡s datos que puedan conducir a su comprobaciÃ³n. Art. 170.- El denunciante no es parte en las actuaciones, salvo cuando por la denuncia se pretenda o reclame algÃºn derecho. Art. 171.- Presentada una denuncia, el agente receptor la elevarÃ¡ de inmediato a la autoridad superior de la dependencia, si no hubiera sido radicada directamente ante la misma, y Ã©sta deberÃ¡ practicar las diligencias preventivas necesarias dando oportuna intervenciÃ³n al Ã³rgano competente. CapÃtulo II De los Recursos SecciÃ³n I De los Actos Impugnables Art. 172.- Toda declaraciÃ³n administrativa que produce efectos jurÃdicos individuales e inmediatos, sea definitiva o de mero trÃ¡mite, unilateral o bilateral, es impugnable mediante los recursos que se regulan en este CapÃtulo, tanto para la defensa del derecho subjetivo como del interÃ©s legÃtimo. Art. 173.- Las declaraciones administrativas que no producen un efecto jurÃdico inmediato respecto de los interesados, no son impugnables mediante recurso, sin perjuicio del derecho de aquellos de presentar escritos haciendo consideraciones respecto a ellas. EstÃ¡n comprendidos en este artÃculo los informes y dictÃ¡menes, aunque sean obligatorios y vinculantes; los proyectos de resoluciÃ³n y en general los actos preparatorios. SecciÃ³n II Formalidades de los Recursos Art. 174.- Los recursos deberÃ¡n ser fundados por escrito, observÃ¡ndose en lo pertinente, las formalidades prescriptas en el TÃtulo V, CapÃtulo IV de esta Ley. Cuando el recurso sea interpuesto telegrÃ¡ficamente, bastarÃ¡ la menciÃ³n del expediente y fecha de la resoluciÃ³n recurrida y la expresiÃ³n de voluntad contraria al acto objeto del recurso. La fundamentaciÃ³n deberÃ¡ hacerse dentro del plazo establecido para cada recurso o, a mÃ¡s tardar, dentro de los dos (2) dÃas siguientes al de la fecha de emisiÃ³n del telegrama, cuando aquÃ©lla hubiere vencido. Art. 175.- Los recursos deberÃ¡n proveerse y resolverse cualquiera fuere la denominaciÃ³n que el interesado les dÃ©, cuando resulte indudable la impugnaciÃ³n del acto administrativo. SecciÃ³n III Aclaratoria Art. 176.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 74, procede pedir aclaratoria de los actos impugnables, a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificaciÃ³n esencial. El pedido deberÃ¡ interponerse dentro del plazo de tres (3) dÃas posteriores a la notificaciÃ³n y resolverse en el mismo tÃ©rmino. El pedido de aclaratoria interrumpe los plazos para interponer los recursos o acciones que procedan. SecciÃ³n IV Recurso de Revocatoria o ReconsideraciÃ³n Art. 177.- El recurso de revocatoria o reconsideraciÃ³n procederÃ¡ contra las declaraciones administrativas que reÃºnan los requisitos establecidos en el art. 172. DeberÃ¡ ser interpuesto dentro del plazo de diez (10) dÃas, directamente ante el Ã³rgano del que emanÃ³ la declaraciÃ³n y resuelto por Ã©ste sin sustanciaciÃ³n, salvo medidas para mejor proveer, dentro de los diez (10) dÃas de encontrarse el expediente en estado. Art. 178.- Cuando el recurso se deduzca por quien resulta afectado a raÃz de un procedimiento en que no intervino o contra una declaraciÃ³n dictada directamente de oficio, podrÃ¡ ofrecerse prueba de acuerdo con las previsiones de esta Ley. Si la declaraciÃ³n impugnada emanara del Gobernador de la Provincia, o, en su caso, de la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, la decisiÃ³n que recaiga en el recurso de revocatoria serÃ¡ definitiva y causarÃ¡ estado. SecciÃ³n V Recurso JerÃ¡rquico Art. 179.- El recurso jerÃ¡rquico procede contra las declaraciones definitivas, o que resuelvan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Para su interposiciÃ³n, a mÃ¡s de los requisitos formales previstos en el art. 174, es requisito previo haber interpuesto el de revocatoria o reconsideraciÃ³n y que Ã©ste haya sido denegado o rechazado, cualquiera sea el grado jerÃ¡rquico del autor. Salvo lo dispuesto en el art. 111. TambiÃ©n podrÃ¡ interponerse si el Ã³rgano que debe resolver la revocatoria o reconsideraciÃ³n no se pronuncia dentro del plazo establecido en el art. 177. Todas estas circunstancias deberÃ¡n acreditarse al interponer el recurso jerÃ¡rquico: con copia de la resoluciÃ³n denegatoria o del escrito de interposiciÃ³n, para el caso de retardo. Art. 180.- El recurso jerÃ¡rquico debe interponerse ante el Ã³rgano inmediatamente superior al autor del acto recurrido, segÃºn el orden jerÃ¡rquico, en el plazo de diez (10) dÃas contados desde el siguiente al de la notificaciÃ³n de la denegatoria, o rechazo del de revocatoria, o del vencimiento del plazo para resolver Ã©sta. Art. 181.- Si el recurrente no hubiera acompaÃ±ado documentos probatorios o el Ã³rgano que debe resolver el recurso no los considerase suficientes podrÃ¡ ordenar, de oficio o a peticiÃ³n de parte, la presentaciÃ³n de los que estime pertinentes, conforme lo dispuesto en el capÃtulo XI de esta Ley. Art. 182.- Si sustanciado el recurso el recurrente no considera satisfecho el derecho subjetivo o interÃ©s legÃtimo que alega lesionado, puede reproducirlo por vÃa de apelaciÃ³n ante el superior jerÃ¡rquico inmediato del Ã³rgano ante el cual instaurÃ³ el primero y recorrer asÃ sucesivamente todos los grados de la lÃnea jerÃ¡rquica hasta llegar al Gobernador de la Provincia, o, en su caso, a la autoridad superior del organismo o entidad de que se trate, cuya decisiÃ³n causarÃ¡ estado. El recurso se presentarÃ¡ directamente, sin necesidad de que sea concedido por el inferior, y en el plazo de diez (10) dÃas, desde que la resoluciÃ³n recurrida fue notificada al interesado. Art. 183.- El recurso jerÃ¡rquico deberÃ¡ ser resuelto en las diversas apelaciones, dentro de los veinte (20) dÃas de estar el expediente en estado; salvo lo dispuesto en el art. 187. SecciÃ³n VI Recurso de Alzada Art. 184.- Contra las decisiones definitivas de la autoridad superior de las entidades descentralizadas, procederÃ¡ un recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo, cuya decisiÃ³n causarÃ¡ estado. Este recurso no procederÃ¡ contra las resoluciones definitivas dictadas por las municipalidades o el Consejo General de EducaciÃ³n (Texto segÃºn Ley NÂº 5.552/80). Art. 185.- El recurso se presentarÃ¡ directamente ante el Poder Ejecutivo, sin necesidad de que sea concedido por la autoridad superior de la entidad descentralizada, y en el plazo de diez (10) dÃas desde que la decisiÃ³n recurrida fue notificada al interesado. Cuando hubieren vencido los plazos para resolver los recursos pertinentes y no hubiese recaÃdo pronunciamiento de la autoridad superior de la entidad descentralizada, el interesado podrÃ¡ recurrir directamente ante el Poder Ejecutivo para que se avoque al conocimiento y decisiÃ³n del recurso. Art. 186.- El conocimiento de este recurso por el Poder Ejecutivo estÃ¡ limitado al control de legitimidad. En su tramitaciÃ³n se observarÃ¡ lo dispuesto en la SecciÃ³n V de este CapÃtulo, en lo pertinente. El Poder Ejecutivo podrÃ¡ revocar por ilegitimidad la declaraciÃ³n pero no modificarla, reformarla o sustituirla. Revocada la declaraciÃ³n, procederÃ¡ la devoluciÃ³n de las actuaciones para que la entidad dicte una nueva, ajustada a derecho. Art. 187.- Cuando los recursos previstos en las Secciones IV, V y VI de este CapÃtulo deban ser resueltos por el Gobernador de la Provincia, los Ministros, en lo referente al rÃ©gimen econÃ³mico y administrativo de sus respectivos departamentos, las autoridades superiores de las entidades descentralizadas, en los casos en que pudiera proceder la acciÃ³n contencioso-administrativa conforme al CÃ³digo de la materia, debe darse intervenciÃ³n previa al Fiscal de Gobierno. En estos supuestos, el plazo para resolver serÃ¡ el de cuarenta (40) dÃas, establecido en el artÃculo 141 de la ConstituciÃ³n Provincial. Disposiciones Complementarias Art. 188.- Hasta que el Poder Ejecutivo, las CÃ¡maras Legislativas y la Corte de Justicia no reglamenten la presente ley, en lo pertinente a la producciÃ³n de la prueba, se aplicarÃ¡n supletoriamente, y en cuanto resulten compatibles con la Ãndole del procedimiento administrativo, las disposiciones contenidas en el Libro II, TÃtulo II, CapÃtulo V, del CÃ³digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Art. 189.- Dentro del plazo de ciento veinte (120) dÃas, computado a partir de la vigencia de esta Ley, el Poder Ejecutivo determinarÃ¡ cuÃ¡les serÃ¡n los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarÃ¡n vigentes. Las Municipalidades, dentro del mismo plazo establecido anteriormente, deberÃ¡n reglamentar mediante ordenanza la presente Ley. TambiÃ©n serÃ¡ de aplicaciÃ³n supletoria en las tramitaciones administrativas cuyos regÃmenes especiales subsistan. <h1>Document Outline</h1> <ul><li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> <ul><li> </li></ul> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li></ul>