Ley 6345

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LEY NÂº 6345 Promulgada por Decreto NÂº 2134 del 22/10/85. Sancionada el 26/09/85. CÃ³digo Procesal Penal. B.O. NÂº 12.335 El Senado y la CÃ¡mara de Diputados de la Provincia de Salta, sancionan con fuerza de LEY: Libro I Disposiciones Generales TÃtulo I GarantÃas Fundamentales InterpretaciÃ³n y AplicaciÃ³n de la Ley Juez Natural. Juicio Previo. PresunciÃ³n de inocencia. Non bis in idem. ArtÃculo 1Âº.- Nadie podrÃ¡ ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la ConstituciÃ³n y competentes segÃºn sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso y substanciado conforme a las disposiciones de esta Ley; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente mÃ¡s de una vez por el mismo hecho. Validez temporal. Art. 2Âº.- Las leyes procesales penales se aplicarÃ¡n desde su promulgaciÃ³n, aÃºn en causas por delitos anteriores cuya sentencia no estÃ©n ejecutoriadas, salvo disposiciÃ³n en contra. InterpretaciÃ³n restrictiva y analÃ³gica. Art. 3Âº.- Toda disposiciÃ³n legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este CÃ³digo, o que establezca sanciones procesales, deberÃ¡ ser interpretada restrictivamente. Las leyes penales no podrÃ¡n aplicarse por analogÃa en perjuicio del imputado. In dubio pro reo. Art. 4Âº.- En caso de duda deberÃ¡ estarse a lo que sea mÃ¡s favorable al imputado. ComposiciÃ³n de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n. Art. 5Âº.- La CÃ¡mara de AcusaciÃ³n estarÃ¡ constituida por tres (3) Salas de dos (2) Jueces cada una, los cuales deberÃ¡n reunir los requisitos establecidos por el artÃculo 150 de la ConstituciÃ³n Provincial para ser Jueces de CÃ¡mara. La CÃ¡mara de AcusaciÃ³n tendrÃ¡ el nÃºmero de Secretarios y Prosecretarios que determine la Corte de Justicia. (Modificado por Ley NÂº 6962. B.O. NÂº 15.270 del 17/10/97 â Promulgada el 10/10/97). TÃtulo II Acciones que nacen del Delito CapÃtulo I AcciÃ³n Penal AcciÃ³n PÃºblica. Art. 6Âº.- La acciÃ³n penal pÃºblica se ejercerÃ¡ por el Ministerio Fiscal, el que deberÃ¡ iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrÃ¡ suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la Ley. Modificado por Ley NÂº 7262 B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). AcciÃ³n dependiente de instancia privada. Art. 7Âº.- La acciÃ³n penal dependiente de instancia privada no se podrÃ¡ ejercitar si las personas autorizadas por el CÃ³digo Penal no formularen denuncia ante autoridad competente. AcciÃ³n Privada. Art. 8Âº.- La acciÃ³n privada se ejerce por medio de querella, en la forma especial que establece este CÃ³digo. ObstÃ¡culos al ejercicio de la acciÃ³n penal. Art. 9Âº.- Si el ejercicio de la acciÃ³n penal dependiere de juicio polÃtico, desafuero o enjuiciamientos previos, se observarÃ¡n los lÃmites establecidos por este CÃ³digo. Regla de no prejudicialidad. Art. 10.- Los Tribunales deben resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso, salvo las prejudiciales. Cuestiones prejudiciales. Art. 11.- Cuando la existencia del delito dependa de una cuestiÃ³n prejudicial establecida por ley, el ejercicio de la acciÃ³n penal se suspenderÃ¡, aÃºn de oficio, hasta que en la otra jurisdicciÃ³n recaiga sobre ella sentencia firme; Ã©sta tendrÃ¡ autoridad de cosa juzgada. ApreciaciÃ³n. Art. 12.- No obstante lo dispuesto en el artÃculo anterior, el Tribunal podrÃ¡ apreciar si la cuestiÃ³n prejudicial invocada es seria, fundada y verosÃmil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propÃ³sito de dilatar el proceso, ordenarÃ¡ que Ã©ste continÃºe. Si el auto que ordena o niega la suspensiÃ³n fuere dictado por el Juez de InstrucciÃ³n, procederÃ¡ recurso de apelaciÃ³n. Cuando el juicio civil sea necesario, podrÃ¡ ser promovido y proseguido por el Ministerio Fiscal, citadas todas las partes interesadas. Diligencias urgentes y libertad del imputado. Art. 13.- La suspensiÃ³n del proceso se harÃ¡ efectiva sin perjuicio de realizar los actos urgentes de la instrucciÃ³n. Una vez resuelta, se ordenarÃ¡ la libertad del imputado. CapÃtulo II AcciÃ³n Civil Ejercicio. Art. 14.- La acciÃ³n civil para la restituciÃ³n de la cosa obtenida por medio del delito y la pretensiÃ³n resarcitoria civil podrÃ¡ ser ejercida sÃ³lo por el titular de aquÃ©lla, o en los lÃmites de su cuota hereditaria, sus herederos; o por sus representantes legales o mandatarios contra los partÃcipes del delito y en su caso, contra el civilmente demandado, ante el mismo Tribunal en que se promoviÃ³ la acciÃ³n penal. PodrÃ¡ ser citado en garantÃa el asegurador por el actor civil y el civilmente demandado. Casos en que la Provincia sea damnificada. Art. 15.- La acciÃ³n civil serÃ¡ ejercida por intermedio del Fiscal de Gobierno o procuradores fiscales, cuando la Provincia aparezca perjudicada por el delito. Oportunidad. Art. 16.- La acciÃ³n civil dentro del proceso penal podrÃ¡ ser ejercida sÃ³lo cuando estÃ© pendiente la acciÃ³n penal, pero la absoluciÃ³n del imputado no impedirÃ¡ que el Tribunal de Juicio se pronuncie sobre ella en la sentencia, ni la ulterior extinciÃ³n de la pena, cuando se interponga recurso de casaciÃ³n, impedirÃ¡ que la Corte de Justicia decida sobre la misma. Ejercicio posterior. Art. 17.- Si la acciÃ³n penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acciÃ³n civil podrÃ¡ ser ejercida en sede civil. TÃtulo III El Juez CapÃtulo I JurisdicciÃ³n ExtensiÃ³n y CarÃ¡cter. Art. 18.- La competencia penal se ejercerÃ¡ por los jueces y tribunales que la ConstituciÃ³n y la Ley instituyen y se extenderÃ¡ al conocimiento de los delitos cometidos en el territorio de la Provincia, y a aquellos cuyos efectos en Ã©l se produzcan, excepto los de jurisdicciÃ³n federal, nacional o militar, y serÃ¡ improrrogable. ConexiÃ³n con causa de jurisdicciÃ³n federal, nacional o militar. Art. 19.- Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicciÃ³n provincial y otro de jurisdicciÃ³n federal, nacional o militar, en el orden de juzgamiento se regirÃ¡ por la ley de la naciÃ³n. Del mismo modo se procederÃ¡ en caso de delitos conexos. ConexiÃ³n con causas de jurisdicciÃ³n provincial. Art. 20.- Si a una persona se le imputare un delito de jurisdicciÃ³n provincial y otro de jurisdicciÃ³n de otra provincia o nacional, primero serÃ¡ juzgado en Salta, si el delito imputado fuere de mayor gravedad, salvo que el Tribunal estimare conveniente diferir su decisiÃ³n y suspender el trÃ¡mite del proceso hasta despuÃ©s de que se pronuncie la otra jurisdicciÃ³n. Del mismo modo se procederÃ¡ en caso de delitos conexos. UnificaciÃ³n de penas. Art. 21.- Cuando una persona sea condenada en diversas jurisdicciones y corresponda unificar las penas, conforme a lo dispuesto por la ley sustantiva, el Tribunal solicitarÃ¡ o remitirÃ¡ copia de la sentencia, segÃºn haya dictado la pena mayor o la menor. El condenado cumplirÃ¡ la pena en la Provincia cuando en Ã©sta se disponga la unificaciÃ³n. CapÃtulo II Competencia SecciÃ³n 1Âª Competencia Material Competencia de la Corte de Justicia. Art. 22.- La Corte de Justicia juzgarÃ¡ los recursos de inconstitucionalidad, casaciÃ³n y revisiÃ³n, salvo lo dispuesto en el artÃculo siguiente. Competencia excepcional de los tribunales de sentencia. Art. 23.- El Tribunal que hubiere dictado sentencia en la causa conocerÃ¡ excepcionalmente el recurso de revisiÃ³n, cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal mÃ¡s benigna. Competencia de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n. Art. 24.- La CÃ¡mara de AcusaciÃ³n conocerÃ¡: 1. De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los Jueces de InstrucciÃ³n Formal, Jueces de Menores durante la etapa instructoria, Jueces Correccionales y de GarantÃas en el Procedimiento Sumario y del Juez de EjecuciÃ³n. 2. De las consultas de las prÃ³rrogas ordinarias de la instrucciÃ³n. 3. De las autorizaciones de la ampliaciÃ³n del tÃ©rmino del secreto de sumario. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Competencia de la CÃ¡mara en lo Criminal. Art. 25.- La CÃ¡mara en lo Criminal juzgarÃ¡ en Ãºnica instancia los delitos cuya competencia no se atribuyan a otro Tribunal. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Competencia del Juez de InstrucciÃ³n. Art. 26.- El Juez de InstrucciÃ³n investiga los delitos de acciÃ³n penal pÃºblica. Competencia del Juez Correccional y de GarantÃas. Art. 27.- El Juez Correccional y de GarantÃas juzgarÃ¡ en Ãºnica instancia de los delitos que estuvieren reprimidos con reclusiÃ³n o prisiÃ³n no mayor de cinco (5) aÃ±os o pena no privativa de la libertad. TambiÃ©n entenderÃ¡ en grado de apelaciÃ³n, en las resoluciones sobre faltas o contravenciones policiales y en los casos previstos por el CÃ³digo Fiscal. (Modificado por Ley NÂº 7.262. B.O. 16.793 â Promulgada el 23/12/03). MÃ¡s modificatoria del Ãºltimo pÃ¡rrafo del art. 27.- por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 promulgada el 09/09/04). Competencia del Juez de Menores. Art. 28.- El Juez de Menores investigarÃ¡ y juzgarÃ¡ los delitos cometidos por menores que no sean plenamente responsables, conforme a la ley penal de fondo, al tiempo de comisiÃ³n del delito. JuzgarÃ¡ los mismos casos en los que no haya tenido a su cargo la instrucciÃ³n. (Modificado por Ley NÂº 7.262. B.O. 16.793 del 30/12/03 - 23/12/2003. Nueva modificaciÃ³n con Ley NÂº 7313, se suprime el Ãºltimo pÃ¡rrafo art. 28 B.O. NÂº 16.971 promulgada el 09/09/04). Competencia del Juez de EjecuciÃ³n. Art. 29.- El Juez de EjecuciÃ³n resolverÃ¡ todos los incidentes de ejecuciÃ³n de la pena privativa de la libertad, e intervendrÃ¡ en las medidas de seguridad de carÃ¡cter definitivo y en la libertad condicional. TambiÃ©n entenderÃ¡ en grado de apelaciÃ³n en las resoluciones sobre medidas disciplinarias dictadas por el Director General del Servicio Penitenciario, sean los sancionados penados o procesados. En este Ãºltimo caso, deberÃ¡ remitir copia de su resoluciÃ³n al Tribunal que estuviere entendiendo en el proceso. Las resoluciones que dicte el Juez de EjecuciÃ³n en los incidentes de ejecuciÃ³n de la pena y medidas de seguridad, serÃ¡n apelables, con efecto suspensivo, ante la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n. (Modificado por Ley NÂº 7.262. B.O. 16.793 del 30/12/03 - 23/12/2003). Art. 29 bis.- El Juez de Primera Instancia de Detenidos y GarantÃas serÃ¡ la autoridad provincial en todo lugar en que se dispongan internaciones o detenciones de conformidad a las disposiciones legales vigentes sin perjuicio de las potestades que competen a los demÃ¡s magistrados y funcionarios que se precisan en el artÃculo siguiente. A esos fines queda autorizado a constituirse en esos lugares personalmente o delegar el cometido a su Secretario en cualquier momento. El Juez de Detenidos y GarantÃas tendrÃ¡ a su cargo el control y verificaciÃ³n de las condiciones de internaciÃ³n y detenciÃ³n, como toda otra restricciÃ³n a la libertad ambulatoria de las personas, debiendo resguardar y tutelar la salud e integridad fÃsica y psÃquica de los internos y asegurar las condiciones de salubridad y cuidados propios de la dignidad humana y sus derechos fundamentales; todo ello con conocimiento del Juez a cuya disposiciÃ³n se encuentren. Quedan excluidas de la competencia material del Juez de Detenidos y GarantÃas, las que este CÃ³digo ha establecido para el Juez de EjecuciÃ³n. (Nuevo agregado por Ley NÂº 7301. Art. 29 bis. B.O. NÂº 16.931 del 23/07/04 â Promulgada el 14/07/04). Art. 29 ter.- Como consecuencia de lo dispuesto en la primera parte del artÃculo anterior, los Jueces que dispusieren internaciones, aprehensiones, y toda otra restricciÃ³n a la libertad ambulatoria de las personas distintas a las internaciones propias de las medidas de seguridad o penas definitivas, conservan todas las atribuciones que la ConstituciÃ³n de la Provincia y este CÃ³digo les confieren. Sin perjuicio de ello, deberÃ¡n comunicar al Juez de Detenidos y GarantÃas las modalidades y caracterÃsticas de las medidas de coerciÃ³n personal que dispongan, como asÃ tambiÃ©n toda otra modificaciÃ³n ulterior. Nuevo agregado por Ley NÂº 7301. Art. 29 ter. B.O. NÂº 16.931 del 23/07/04 â Promulgada el 14/07/04). Art. 29 quÃ¡ter.- Toda autoridad competente que dispusiere la internaciÃ³n, detenciÃ³n, aprehensiÃ³n y/o arresto, como toda otra restricciÃ³n a la libertad ambulatoria de las personas, distintas a internaciones y medidas tutelares, de seguridad o penas definitivas, deberÃ¡ comunicarlo de inmediato al Juez de Detenidos y GarantÃas. El informe que remita la autoridad interviniente serÃ¡ cabeza del expediente que tramite el Juzgado de Detenidos y GarantÃas. Nuevo agregado por Ley NÂº 7301. Art. 29 quÃ¡ter. B.O. NÂº 16.931 del 23/07/04 â Promulgada el 14/07/04). Art. 29 quinque.- El Juez de Detenidos y GarantÃas deberÃ¡ inhibirse y podrÃ¡ ser recusado por las causales establecidas en el artÃculo 51. Las resoluciones que dicte dicho magistrado y que causen gravamen irreparable serÃ¡n apelables con efecto devolutivo ante la CÃ¡maa de AcusaciÃ³n, con arreglo a lo que dispone este CÃ³digo. Nuevo agregado por Ley NÂº 7301. Art. 29 quinque. B.O. NÂº 16.931 del 23/07/04 â Promulgada el 14/07/04). DeterminaciÃ³n de la competencia. Art. 30.- Para determinar la competencia se tendrÃ¡ en cuenta la pena establecida por la ley para la infracciÃ³n consumada y las circunstancias agravantes de calificaciÃ³n, no asÃ la acumulaciÃ³n de penas, por concurso de hechos de la misma competencia, pero siempre que sea probable la aplicaciÃ³n del artÃculo 52 del CÃ³digo Penal, serÃ¡ competente la CÃ¡mara en lo Criminal. Cuando la ley reprima la infracciÃ³n con varias especies de penas, se tendrÃ¡ en cuenta la cualitativamente mÃ¡s grave. DeclaraciÃ³n de incompetencia. Art. 31.- La incompetencia por razÃ³n de la materia deberÃ¡ ser declarada aÃºn de oficio en cualquier estado del proceso, y el Tribunal que la declare remitirÃ¡ las actuaciones al que considere competente, poniendo a su disposiciÃ³n los detenidos que hubiere. Sin embargo, fijada la audiencia para el debate sin que se haya planteado la excepciÃ³n, el Tribunal juzgarÃ¡ aÃºn en los delitos de competencia inferior. Nulidad por incompetencia. Art. 32.- La inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razÃ³n de la materia producirÃ¡ la nulidad de los actos, excepto los que no pueden ser repetidos, y salvo el caso de que el Tribunal de competencia superior haya actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior. SecciÃ³n 2Âª Competencia Territorial Reglas para determinarla. Art. 33.- SerÃ¡ competente el Tribunal con asiento en el lugar donde la infracciÃ³n se haya cometido; en caso de tentativa, el del lugar donde se cumpliÃ³ el Ãºltimo acto de ejecuciÃ³n; en caso de delito continuado o permanente, el del lugar donde cesÃ³ la continuaciÃ³n o permanencia. Reglas subsidiarias para determinarla. Art. 34.- Si fuere desconocido o dudoso el lugar donde se cometiÃ³ el hecho, serÃ¡ competente el Tribunal que primero hubiera prevenido en la causa. DeclaraciÃ³n de la incompetencia. Art. 35.- En cualquier estado del proceso, el Tribunal que reconozca su incompetencia territorial deberÃ¡ remitir las actuaciones al competente, poniendo a su disposiciÃ³n los detenidos que hubiere, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de instrucciÃ³n. Efectos de la declaraciÃ³n de Incompetencia. Art. 36.- La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sÃ³lo producirÃ¡ la nulidad de los actos de instrucciÃ³n cumplidos despuÃ©s que se haya declarado la incompetencia. SecciÃ³n 3Âª Competencia por ConexiÃ³n Casos de conexiÃ³n. Art. 37.- Las causas serÃ¡n conexas en los siguientes casos: 1. Si los delitos imputados hubieren sido cometidos simultÃ¡neamente por varias personas reunidas; o aunque lo fueren en distintos lugares o tiempos, cuando hubiere mediado acuerdo entre ellas. 2. Si un delito hubiere sido cometido para perpetrar o facilitar la comisiÃ³n de otro, o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 3. Si a una persona se le imputaren varios delitos. Efectos de la conexiÃ³n. Art. 38.- Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acciÃ³n pÃºblica, aquellas se acumularÃ¡n y serÃ¡ tribunal competente: 1. Aquel a quien corresponde el delito mÃ¡s grave. 2. Si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito primeramente cometido. 3. Si los hechos fueren simultÃ¡neos, o no constare debidamente cuÃ¡l se cometiÃ³ primero, el que haya procedido a la detenciÃ³n del imputado o, en su defecto, el que haya prevenido. 4. Si no pudieran aplicarse estas normas, el Tribunal que deba resolver las cuestiones de competencia tendrÃ¡ en cuenta la mejor y mÃ¡s pronta administraciÃ³n de justicia. La acumulaciÃ³n de causas no obstarÃ¡ a que se puedan recopilar por separado las distintas actuaciones sumariales. ExcepciÃ³n a la acumulaciÃ³n de causas. Art. 39.- No procederÃ¡ la acumulaciÃ³n de causas cuando determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deberÃ¡ intervenir un solo Tribunal, de acuerdo con las reglas del artÃculo anterior. Si corresponde unificar las penas, el Tribunal lo harÃ¡ al dictar la Ãºltima sentencia. CapÃtulo III Relaciones Jurisdiccionales SecciÃ³n 1Âª Cuestiones de JurisdicciÃ³n y Competencia Tribunal competente. Art. 40.- Siempre que dos jueces o tribunales se declaren simultÃ¡nea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho, el conflicto serÃ¡ resuelto por la Corte de Justicia. PromociÃ³n. Art. 41.- El Ministerio Fiscal y las otras partes podrÃ¡n promover la cuestiÃ³n de competencia, por inhibitoria ante el Tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el Tribunal que consideren incompetente. El que optare por uno de estos medios no podrÃ¡ abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultÃ¡nea o sucesivamente. Al plantear la cuestiÃ³n, el recurrente deberÃ¡ manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio, y si resultare lo contrario serÃ¡ condenado en costas, aunque aquella sea resuelta a su favor o abandonada. Si se hubieren empleado los dos medios y llegado a decisiones contradictorias, prevalecerÃ¡ la que se hubiere dictado primero. Oportunidad. Art. 42.- La cuestiÃ³n podrÃ¡ ser promovida durante la instrucciÃ³n y hasta antes de fijada la audiencia para el debate, sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃculos 31, 35 y 381. Procedimiento de la inhibitoria. Art. 43.- Cuando se promueva la inhibitoria, se observarÃ¡n las siguientes normas: 1. El Tribunal ante quien se proponga la resolverÃ¡ dentro del tercer dÃa, previa vista al Ministerio Fiscal por igual tÃ©rmino. 2. Cuando se deniegue el requerimiento de inhibiciÃ³n, la resoluciÃ³n serÃ¡ apelable a la Corte de Justicia. 3. Cuando se resuelva librar oficio inhibitorio, con Ã©l se acompaÃ±arÃ¡n las piezas necesarias para fundar la competencia. 4. El Juez requerido, cuando reciba el oficio inhibitorio, resolverÃ¡ previa vista por tres dÃas al Ministerio Fiscal y a las partes. Su resoluciÃ³n serÃ¡ apelable conforme al inciso 2) cuando haga lugar a la inhibitoria, caso en el cual los autos serÃ¡n remitidos oportunamente al Juez que la propuso, poniendo a su disposiciÃ³n al imputado y a los elementos de convicciÃ³n que hubiere. 5. Si se negare la inhibiciÃ³n el auto serÃ¡ comunicado al Tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista por el inciso 4) y se le pedirÃ¡ que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la Corte de Justicia. 6. Recibido el oficio expresado anteriormente, el Tribunal que propuso la inhibitoria resolverÃ¡, sin mÃ¡s trÃ¡mite y en el tÃ©rmino de tres (3) dÃas, sostener su competencia o no. En el primer caso, remitirÃ¡ los antecedentes a la Corte de Justicia, y lo comunicarÃ¡ al Tribunal requerido para que haga lo mismo con el expediente, en el segundo, lo comunicarÃ¡ al competente, remitiÃ©ndole todo lo actuado. 7. El conflicto serÃ¡ resuelto dentro de tres (3) dÃas, previa vista por igual tÃ©rmino al Ministerio Fiscal, remitiÃ©ndose inmediatamente la causa al Tribunal competente. Procedimiento de la declinatoria. Art. 44.- La declinatoria se substanciarÃ¡ en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Efectos. Art. 45.- Las cuestiones de competencia no suspenderÃ¡n la instrucciÃ³n, que serÃ¡ continuada: a) Por el Tribunal que primero conociÃ³ la causa. b) Si los dos tribunales hubieren proveÃdo en la misma fecha, por el requerido de inhibiciÃ³n. Las cuestiones propuestas antes de la fijaciÃ³n de la audiencia de debate suspenderÃ¡n el proceso hasta la decisiÃ³n del incidente, sin perjuicio de que el Tribunal ordene una instrucciÃ³n suplementaria prevista en el artÃculo 363. Validez de los actos practicados. Art. 46.- Al resolver el conflicto el Tribunal determinarÃ¡, si corresponde, que actos del declarado incompetente conservan validez, sin perjuicio de que el competente ordene la ratificaciÃ³n o ampliaciÃ³n de los actos de instrucciÃ³n que hubieran sido practicados antes de la decisiÃ³n. Cuestiones de jurisdicciÃ³n. Art. 47.- Las cuestiones de jurisdicciÃ³n con jueces nacionales, federales, militares o de otras provincias se resolverÃ¡n, conforme a lo dispuesto anteriormente para las de competencia y con arreglo a la ley nacional o de tratados interprovinciales si existieren. SecciÃ³n 2Âª ExtradiciÃ³n ExtradiciÃ³n dirigida a jueces del paÃs. Art. 48.- Los jueces o tribunales pedirÃ¡n la extradiciÃ³n de los imputados o condenados que se encuentren en la Capital Federal, en otras provincias o en los territorios nacionales, acompaÃ±ando al exhorto copia de la orden de detenciÃ³n, del auto de procesamiento y prisiÃ³n preventiva o de la sentencia y, en todo caso, los documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido. ExtradiciÃ³n dirigida a jueces extranjeros. Art. 49.- Si el imputado o condenado se encontrare en el territorio de un estado extranjero, la extradiciÃ³n se tramitarÃ¡ por vÃa diplomÃ¡tica y con arreglo a los tratados existentes o al principio de reciprocidad o a las costumbres internacionales. ExtradiciÃ³n solicitada por otros jueces. Art. 50.- Las solicitudes de extradiciÃ³n efectuadas por otros tribunales serÃ¡n diligenciadas inmediatamente previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Fiscal, siempre que reÃºnan los requisitos del artÃculo 48. Producida la detenciÃ³n se pondrÃ¡ de inmediato al detenido a disposiciÃ³n del Juez de turno, quien dentro de las 24 horas, comunicarÃ¡ la detenciÃ³n al Juez requirente, y Ã©ste dentro de los siete dÃas de cursada la comunicaciÃ³n deberÃ¡ confirmar la orden; en caso de que no lo hiciere se dispondrÃ¡ de inmediato la libertad del detenido. Igual resoluciÃ³n se adoptarÃ¡ si aÃºn confirmada la orden, dentro de los diez (10) dÃas de recibida la comunicaciÃ³n, el Tribunal que la expidiÃ³ no enviare personal autorizado para proceder al traslado del detenido. Si el imputado o condenado fuere detenido, verificada su identidad se le permitirÃ¡ que personalmente o por intermedio del defensor aclare los hechos e indique las pruebas que a su juicio pueden ser Ãºtiles, despuÃ©s de lo cual, si la solicitud de extradiciÃ³n fuere procedente, deberÃ¡ ser puesto sin demora a disposiciÃ³n del tribunal requirente. La resoluciÃ³n serÃ¡ apelable ante el superior en grado, el que resolverÃ¡ previa vista por veinticuatro (24) horas al Ministerio Fiscal. CapÃtulo IV InhibiciÃ³n y RecusaciÃ³n Motivos de inhibiciÃ³n. Art. 51.- El juez deberÃ¡ inhibirse de conocer en la causa solamente cuando exista uno de los motivos que taxativamente se enumeran: 1. Si en el mismo proceso hubiere pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia o auto de procesamiento; si hubiere intervenido como funcionario del Ministerio Fiscal, defensor, mandatario, denunciante o querellante; si hubiere actuado como perito, o conocido el hecho como testigo. 2. Si como Juez hubiere intervenido o interviniere en la causa algÃºn pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 3. Si fuere pariente, en los grados preindicados, con algÃºn interesado. 4. Si Ã©l o algunos de dichos parientes tuvieran interÃ©s en el proceso. 5. Si fuere o hubiere sido tutor o curador, o hubiere estado bajo tutela o curatela de algunos de los interesados. 6. Si Ã©l o sus parientes, dentro de los grados preindicados, tuvieren juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, excluida la sociedad anÃ³nima. 7. Si Ã©l, su cÃ³nyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de bancos oficiales. 8. Si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o denunciante de alguno de los interesados, o acusado por ellos, o denunciado por los mismos. 9. Si antes de comenzar el proceso alguno de los interesados lo hubiere acusado ante el Jurado de Enjuiciamiento. 10. Si hubiere dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opiniÃ³n sobre el proceso a algunos de los interesados. 11. Si tuviere amistad Ãntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados. 12. Si Ã©l, su cÃ³nyuge, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados; o si despuÃ©s de iniciado el proceso, Ã©l hubiere recibido presentes o dÃ¡divas, aunque sean de poco valor. 13. Si el juez se encontrare en violencia moral. (Modificado por Ley NÂº 7262 (B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/01/03) Interesados. Art. 52.- A los fines del artÃculo anterior, se consideran interesados el imputado, el ofendido o damnificado y el civilmente demandado, aunque estos Ãºltimos no se constituyan en parte, lo mismo que sus representantes, defensores o mandatarios. Excepciones. Art. 53.- No obstante el deber de inhibiciÃ³n establecido, las partes podrÃ¡n pedir que el Juez siga entendiendo en el proceso, siempre que el motivo de la inhibiciÃ³n no sea alguno de los que contienen los cuatro primeros incisos del artÃculo 51. Tribunal competente. Art. 54.- La CÃ¡mara de AcusaciÃ³n juzgarÃ¡ de la inhibiciÃ³n o recusaciÃ³n de los jueces de InstrucciÃ³n, Correccional o de Menores, los Tribunales colegiados, previa integraciÃ³n, la de sus miembros. TrÃ¡mite de la inhibiciÃ³n. Art. 55.- El Juez que se inhiba, remitirÃ¡ el expediente, por decreto fundado, al que deba reemplazarlo; Ã©ste tomarÃ¡ conocimiento de la causa inmediatamente y proseguirÃ¡ su curso, sin perjuicio de que eleve los antecedentes en igual forma al Tribunal respectivo, si estimare que la inhibiciÃ³n no tuviere fundamento. La incidencia serÃ¡ resuelta sin trÃ¡mite. Cuando el Juez que forme parte de un Tribunal colegiado reconozca un motivo de inhibiciÃ³n, pedirÃ¡ que se disponga su apartamiento. RecusaciÃ³n. Art. 56.- El Ministerio Fiscal, las partes, sus defensores o mandatarios, podrÃ¡n recusar al Juez sÃ³lo cuando exista uno de los motivos enumerados taxativamente en el artÃculo 51. Forma y prueba de la recusaciÃ³n. Art. 57.- La recusaciÃ³n deberÃ¡ ser propuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito, con indicaciÃ³n de los motivos en que se fundare y de sus pruebas. Los testigos que se ofrezcan no podrÃ¡n ser mÃ¡s de cuatro. Oportunidad. Art. 58.- La recusaciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las siguientes oportunidades: durante la instrucciÃ³n, antes de su clausura; en el juicio, durante el tÃ©rmino de citaciÃ³n; cuando se trate de recursos, en el primer escrito que se presente o en el tÃ©rmino de emplazamiento o al deducir el de revisiÃ³n. Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o de su ulterior integraciÃ³n del tribunal, la recusaciÃ³n podrÃ¡ interponerse dentro de las 48 horas de producida o de ser aquella notificada respectivamente. TrÃ¡mite y competencia. Art. 59.- Si el juez admitiere la recusaciÃ³n se procederÃ¡ con arreglo a lo dispuesto en el artÃculo 55. En caso contrario, se remitirÃ¡ el escrito de recusaciÃ³n con su informe a la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n, quien previa audiencia en que se recibirÃ¡ la prueba pertinente y Ãºtil, e informarÃ¡n las partes, resolverÃ¡ el incidente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas sin recurso alguno. Si la excusaciÃ³n o recusaciÃ³n aceptadas comprendieran a todos los integrantes de un mismo Tribunal colegiado, las actuaciones serÃ¡n remitidas al que le sigue en orden de nominaciÃ³n. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). RecusaciÃ³n de Jueces. Art. 60.- Si el Juez fuere recusado y no admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que se alegan, continuarÃ¡ la investigaciÃ³n aÃºn durante el trÃ¡mite del incidente, pero si se hiciere lugar a la recusaciÃ³n, los actos serÃ¡n declarados nulos siempre que lo pidiere el recusante en la primera oportunidad que tomare conocimiento de ellos. RecusaciÃ³n de Secretarios y Auxiliares. Art. 61.- Los secretarios y auxiliares deberÃ¡n inhibirse y podrÃ¡n ser recusados por los motivos expresados en el artÃculo 51; y el Tribunal ante el cual actÃºan averiguarÃ¡ verbalmente el hecho y resolverÃ¡ lo que corresponda, sin recurso alguno. Efectos. Art. 62.- Producida la inhibiciÃ³n o aceptada la recusaciÃ³n, el Juez inhibido o recusado no podrÃ¡ realizar en el proceso ningÃºn acto, bajo pena de nulidad. Aunque posteriormente desaparecerÃ¡n los motivos que determinaron aquÃ©llas, la intervenciÃ³n de los nuevos magistrados serÃ¡ definitiva. TÃtulo IV El Ministerio Fiscal Funciones. Art. 63.- El Ministerio Fiscal promoverÃ¡ y ejercerÃ¡ la acciÃ³n penal en la forma establecida por la Ley. Atribuciones del Fiscal de Corte. Art. 64.- AdemÃ¡s de las atribuciones generales acordadas por la Ley, el Fiscal de Corte actuarÃ¡ ante la Corte de Justicia en los casos previstos por este CÃ³digo. Atribuciones del Fiscal de CÃ¡mara de AcusaciÃ³n. Art. 65.- AdemÃ¡s de las funciones generales acordadas por este CÃ³digo, el Fiscal de AcusaciÃ³n actuarÃ¡ ante ese Tribunal en los siguientes casos: 1. En los recursos de apelaciÃ³n interpuestos por los agentes fiscales. 2. En los conflictos entre Jueces de InstrucciÃ³n y los agentes fiscales. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971. Derogado el inc. 2) promulgada el 09/09/04). Atribuciones del Fiscal de CÃ¡mara en lo Criminal. Art. 66.- AdemÃ¡s de las funciones generales acordadas por este CÃ³digo, el Fiscal de CÃ¡mara actuarÃ¡ durante el juicio ante el tribunal respectivo y ejercerÃ¡ las funciones del agente fiscal cuando en el debate sea necesario ampliar la acusaciÃ³n. PodrÃ¡ llamar al agente fiscal que haya intervenido en la instrucciÃ³n, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de un asunto complejo, para que le suministre informaciones o coadyuve con Ã©l, incluso durante el debate. 2. Cuando estÃ© en desacuerdo fundamental con el requerimiento fiscal o le sea imposible actuar, para que mantenga oralmente la acusaciÃ³n. Atribuciones de agente fiscal y del Fiscal Correccional. Art. 67.- El Agente Fiscal actuarÃ¡ ante los Jueces de InstrucciÃ³n, Formal y de Menores. El Fiscal Correccional actuarÃ¡ ante los Jueces Correccionales y de GarantÃas, y dirigirÃ¡ el procedimiento sumario. Ambos cumplirÃ¡n la funciÃ³n atribuida por el artÃculo anterior. (Modificado por Ley NÂº 7262 B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Forma de actuaciÃ³n. Art. 68.- Los representantes del Ministerio Fiscal formularÃ¡n bajo sanciÃ³n de inadmisibilidad motivada y especÃficamente sus requerimientos y conclusiones; nunca podrÃ¡n remitirse a las decisiones del Juez, procederÃ¡n oralmente en los debates, y por escrito en los demÃ¡s casos. Poder coercitivo. Art. 69.- En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal podrÃ¡ requerir el auxilio de la fuerza pÃºblica. InhibiciÃ³n y recusaciÃ³n. TrÃ¡mite. Art. 70.- Los miembros del Ministerio Fiscal deberÃ¡n inhibirse y podrÃ¡n ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los jueces, con excepciÃ³n de los previstos en la primera parte del inciso 8) y en el 10) del artÃculo 51. La recusaciÃ³n, en caso de no ser aceptado el motivo invocado, serÃ¡ resuelta en juicio oral y sumario por el Tribunal ante el cual actÃºe el funcionario recusado. TÃtulo V Partes y Defensores CapÃtulo I El imputado Calidad de imputado e instancia del detenido. Art. 71.- Los derechos que este CÃ³digo acuerda al imputado podrÃ¡ hacerlos valer el que sea detenido o indicado como partÃcipe de una infracciÃ³n penal, en cualquier acto del proceso, con patrocinio letrado obligatorio, salvo que fuera autorizado a la autodefensa. Cuando estuviere preso, el imputado podrÃ¡ formular sus instancias ante el funcionario encargado de la custodia, el que la comunicarÃ¡ inmediatamente al magistrado competente. IdentificaciÃ³n. Art. 72.- La identificaciÃ³n del imputado se practicarÃ¡ mediante la oficina tÃ©cnica respectiva, por sus datos personales, impresiones digitales y seÃ±as particulares. Si se negare a dar esos datos o los diere falsamente, se procederÃ¡ a la identificaciÃ³n por testigos, en la forma prescripta para los reconocimientos, o por otros medios que se estimaren Ãºtiles. Identidad fÃsica. Art. 73.- Cuando sea cierta la identidad fÃsica de la persona imputada, las dudas sobre los datos suministrados y obtenidos no alterarÃ¡n el curso de la causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de la misma o durante la ejecuciÃ³n. IntegraciÃ³n de la persona del incapaz. Art. 74.- Si el imputado fuere sometido a una medida provisional, sus derechos de parte serÃ¡n ejercidos por el curador, o si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin perjuicio de la intervenciÃ³n correspondiente a los defensores ya nombrados. Si el imputado no fuere penalmente responsable, sus derechos de parte podrÃ¡n ser ejercidos tambiÃ©n por sus padres o tutores. Incapacidad sobreviniente. Art. 75.- Si durante el proceso sobreviniere la enfermedad mental del imputado, excluyendo su capacidad de entender o de querer, el Tribunal ordenarÃ¡ por autos la suspensiÃ³n del trÃ¡mite hasta que desaparezca la incapacidad. Esto impedirÃ¡ la declaraciÃ³n del imputado y del juicio, pero no que se averigÃ¼e el hecho o que continÃºe el procedimiento contra los coimputados. TambiÃ©n se dispondrÃ¡ la internaciÃ³n del incapaz, en un establecimiento adecuado, cuyo director informarÃ¡ semestralmente sobre el estado mental del enfermo; pero podrÃ¡ ordenarse su libertad, dejÃ¡ndolo al cuidado de sus padres, tutor o guardador, cuando no exista peligro que se daÃ±e a sÃ mismo o a los demÃ¡s; en este caso el enfermo serÃ¡ examinado por el perito que el Tribunal designe. Examen mental e informe ambiental obligatorios. Art. 76.- El imputado serÃ¡ sometido a examen mental, siempre que el delito que se le atribuya estÃ© reprimido con pena no menor de diez (10) aÃ±os de prisiÃ³n, o cuando sea sordomudo, menor no responsable penalmente o mayor de 70 aÃ±os. En todos los casos en que se atribuya delito de igual pena al imputado el informe ambiental serÃ¡ obligatorio. CAPITULO I bis Derechos de la VÃctima y del Testigo Art. 76 bis.- Desde el inicio de un proceso penal y hasta su finalizaciÃ³n, el Estado garantizarÃ¡ a las vÃctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un Ã³rgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos: a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. b) Al sufragio de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe. c) A la protecciÃ³n de la integridad fÃsica y moral, inclusive de su familia. d) A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado. e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) aÃ±os, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar de su residencia; tal circunstancia deberÃ¡ ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipaciÃ³n. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Art. 76 ter.- Sin perjuicio de lo establecido en el artÃculo precedente, la vÃctima del delito tendrÃ¡ derecho: a) A ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse en actor civil y/o tener calidad de querellante. b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situaciÃ³n del imputado. c) Cuando fuere menor o incapaz el Ã³rgano judicial podrÃ¡ autorizar que durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompaÃ±ado por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el interÃ©s de obtener la verdad de lo ocurrido. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â Promulgada el 23/12/03). Art. 76 quÃ¡ter.- Los derechos reconocidos en este CapÃtulo deberÃ¡n ser enunciados por el Ã³rgano judicial competente, al momento de practicar la primera citaciÃ³n de la vÃctima o del testigo. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â Promulgada el 23/12/03). CapÃtulo II El Actor Civil y Querellante Conjunto ConstituciÃ³n de parte. Art. 77.- Para ejercer la acciÃ³n civil emergente del delito en el proceso penal, su titular deberÃ¡ constituirse en actor civil. Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no podrÃ¡n actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del modo prescripto para el ejercicio de las acciones civiles. Cuando en un primer momento apareciera la Provincia como damnificada, se notificarÃ¡ de la existencia del proceso al Fiscal de Estado o su reemplazante legal, a fin que exprese si se constituirÃ¡ en actor civil y/o en parte querellante. Si el delito se hubiera cometido en perjuicio de los Municipios o Entidades AutÃ¡rquicas, podrÃ¡n actuar como actores civiles y/o querellantes. PodrÃ¡ entablar querella toda persona con capacidad civil damnificada directa por un delito de acciÃ³n pÃºblica, y su representante legal o guardador en caso de incapacidad de aquella. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Demandados y Querellados. Art. 78.- La constituciÃ³n de actor civil o en parte querellante procederÃ¡ aÃºn cuando no se haya individualizado al imputado. Si hubieren varios imputados y civilmente demandados, la acciÃ³n podrÃ¡ ser dirigida contra uno o varios de ellos; pero si lo fuere contra el segundo, deberÃ¡ obligatoriamente ser dirigida contra el primero. Cuando el actor civil o querellante no mencionara a ninguno, se entenderÃ¡ que la dirige contra todos. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Forma del acto. Art. 79.- La constituciÃ³n de parte civil podrÃ¡ hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el domicilio legal del accionante, a quÃ© proceso se refiere y los motivos en que se funda la acciÃ³n. La constituciÃ³n en parte querellante deberÃ¡ cumplir con los requisitos establecidos en el pÃ¡rrafo anterior. El pedido de constituciÃ³n en parte querellante serÃ¡ resuelto por decreto fundado en el tÃ©rmino de tres (3) dÃas. La resoluciÃ³n serÃ¡ apelable. Si el querellante se constituyera a la vez en actor civil, podrÃ¡ asÃ hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos institutos. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â 23/12/03). Oportunidad. Art. 80.- En caso de InstrucciÃ³n Formal, la constituciÃ³n de parte civil y de querellante conjunto podrÃ¡ hacerse desde el avocamiento del Juez hasta la vista fiscal que ordena el artÃculo 340. Si la causa se tramitara por procedimiento sumario, se harÃ¡ de acuerdo a lo dispuesto en el artÃculo 358. Pasadas las oportunidades mencionadas, la constituciÃ³n serÃ¡ rechazada sin mÃ¡s trÃ¡mite. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03â Promulgada el 23/12/03). Facultades. Art. 81.- El actor civil podrÃ¡ actuar en el proceso para acreditar la existencia del hecho delictuoso, el daÃ±o que pretenda haber sufrido y la responsabilidad civil del imputado y del que pudiera responder, segÃºn las leyes extrapenales de fondo. El damnificado directo por el delito actuarÃ¡ como querellante en el proceso para impulsarlo, proporcionar elementos de convicciÃ³n, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en este CÃ³digo se establezcan. El querellante podrÃ¡: 1) Solicitar las diligencias Ãºtiles para comprobar el delito e individualizar a su autor. 2) Asistir a los actos mencionados en el artÃculo 195. 3) Intervenir en la etapa de juicio, dentro de los lÃmites fijados por este CÃ³digo. 4) Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa. 5) Recurrir, en los casos, por los medios y en la forma prevista para los representantes del Ministerio PÃºblico Fiscal. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). NotificaciÃ³n. Art. 82.- La constituciÃ³n del actor civil y del querellante deberÃ¡ ser notificada por el Tribunal al imputado y demÃ¡s interesados; y producirÃ¡ efectos a partir de la Ãºltima notificaciÃ³n. En el caso del artÃculo 78, primera parte, la notificaciÃ³n se harÃ¡ en cuanto se individualice al imputado. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â Promulgada el 23/12/03). Demanda. Art. 83.- El actor civil deberÃ¡ concretar su demanda dentro de los cinco (5) dÃas de notificado de la resoluciÃ³n que decrete la clausura de la instrucciÃ³n. La demanda se formularÃ¡ por escrito y con las formalidades exigidas por el CÃ³digo de Procedimiento en lo Civil y Comercial, para el juicio ordinario, serÃ¡ notificada de inmediato al civilmente demandado y a la compaÃ±Ãa aseguradora si hubiera sido citada en garantÃa. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 âPromulgada el 23/12/03). Desistimiento. Art. 84.- El actor podrÃ¡ desistir de la acciÃ³n en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervenciÃ³n hubiere causado. El desistimiento importa renuncia de la acciÃ³n civil. Se lo tendrÃ¡ por desistido de la constituciÃ³n de actor civil en el proceso penal cuando no concrete la demanda en la oportunidad fijada en el artÃculo anterior. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â Promulgada el 23/12/03 â Segunda ModificaciÃ³n por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 Ãºltimo pÃ¡rrafo, promulgada el 09/09/04). Carencia de Recursos. Art. 85.- El actor civil carece de recursos contra el auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria, sin perjuicio de las acciones que pudieren corresponderle en sede civil. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â 23/12/03). Deber de atestiguar. Art. 86.- La intervenciÃ³n de una persona como actor civil o querellante no le exime del deber de declarar como testigo, en la causa penal. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â 23/12/03). CapÃtulo III El civilmente demandado CitaciÃ³n. Art. 87.- Las personas que segÃºn las leyes extrapenales de fondo, respondan por el imputado del daÃ±o que cause el delito, podrÃ¡n ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acciÃ³n resarcitoria, el que, en su escrito expresarÃ¡ el nombre y el domicilio del demandado y los motivos en que se funda su acciÃ³n. Oportunidad y forma. Art. 88.- Esta citaciÃ³n podrÃ¡ hacerse en la oportunidad que establece el artÃculo 80, contendrÃ¡ el nombre y domicilio del accionante citado, y la indicaciÃ³n del proceso y el plazo en que se deba comparecer, el que nunca serÃ¡ menor de cinco (5) dÃas. La resoluciÃ³n serÃ¡ notificada al imputado. Nulidad. Art. 89.- SerÃ¡ nula esta citaciÃ³n cuando adolezca de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del civilmente demandado, restringiÃ©ndole la audiencia o la prueba. La nulidad no influirÃ¡ en la marcha del proceso ni impedirÃ¡ el ejercicio ulterior de la acciÃ³n civil ante la jurisdicciÃ³n respectiva. Caducidad. Art. 90.- La exclusiÃ³n o el desistimiento del actor civil harÃ¡n caducar la intervenciÃ³n del civilmente demandado. ContestaciÃ³n de la demanda. Excepciones. ReconvenciÃ³n. Art. 91.- El civilmente demandado deberÃ¡ contestar la demanda dentro de los seis dÃas de notificado de la misma. En el mismo plazo podrÃ¡ oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y reconvenir. La forma se regirÃ¡ por lo establecido en el CÃ³digo de Procedimientos en lo Civil y Comercial para el juicio ordinario. TrÃ¡mite. Art. 92.- El trÃ¡mite de las excepciones y la reconvenciÃ³n se regirÃ¡ por las respectivas disposiciones del CÃ³digo de Procedimiento en lo Civil y Comercial. Los plazos serÃ¡n en todos los casos de tres (3) dÃas. La resoluciÃ³n de las excepciones podrÃ¡, sin embargo, ser diferida por el tribunal para la sentencia por auto fundado. Prueba. Art. 93.- AÃºn cuando estuviesen pendientes de resoluciÃ³n las excepciones y defensas, las partes civiles deberÃ¡n ofrecer su prueba, bajo pena de caducidad, en el perÃodo establecido en la etapa preliminar del juicio. CapÃtulo IV Defensores y Mandatarios Derechos del imputado. Art. 94.- El imputado tendrÃ¡ derecho a hacerse defender por abogados de la matrÃcula o por el defensor oficial; podrÃ¡ tambiÃ©n defenderse personalmente, siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal substanciaciÃ³n del proceso. La designaciÃ³n del defensor hecha por el imputado, importarÃ¡ salvo manifestaciÃ³n expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acciÃ³n civil. El imputado podrÃ¡ designar defensor aÃºn estando incomunicado, por cualquier medio. NÃºmero de defensores. Art. 95.- El imputado no podrÃ¡ ser asistido simultÃ¡neamente por mÃ¡s de dos abogados. Cuando intervengan dos defensores, la notificaciÃ³n hecha a uno de ellos valdrÃ¡ respecto de ambos, y la sustituciÃ³n del uno por el otro no alterarÃ¡ tÃ©rminos ni trÃ¡mites. Obligatoriedad y aceptaciÃ³n. Art. 96.- El cargo de defensor del imputado, una vez aceptado, es obligatorio salvo excusaciÃ³n atendible. La aceptaciÃ³n serÃ¡ obligatoria para el abogado de la matrÃcula cuando se lo nombrare en sustituciÃ³n del defensor oficial. El defensor tendrÃ¡ derecho a examinar los autos antes de aceptar el cargo, salvo el caso en que se hubiere decretado el secreto de sumario. TendrÃ¡ tres (3) dÃas para aceptar el cargo, bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado. Defensa de oficio. Art. 97.- En la primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria, el Juez invitarÃ¡ al imputado a designar defensor entre los abogados de la matrÃcula. Si el imputado no lo hace hasta el momento de recibirse la declaraciÃ³n indagatoria, el Juez designarÃ¡ de oficio al defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse personalmente, si Ã©ste asÃ lo pidiere. Nombramiento posterior. Art. 98.- La designaciÃ³n del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de la matrÃcula; pero la sustituciÃ³n no se considerarÃ¡ operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio. Defensor comÃºn. Art. 99.- La defensa de varios imputados podrÃ¡ ser confiada a un defensor comÃºn, siempre que no exista incompatibilidad. Si Ã©sta fuere advertida, el Tribunal proveerÃ¡, aÃºn de oficio, a las sustituciones necesarias, conforme a las normas pertinentes. Mandatario del imputado. Art. 100.- En las causas por delitos reprimidos sÃ³lo con multa o inhabilitaciÃ³n, el imputado podrÃ¡ hacerse representar por un defensor con poder especial. El Juez, no obstante, podrÃ¡ requerir la comparecencia personal. Otros defensores y mandatarios. Art. 101.- El actor civil y el civilmente demandado actuarÃ¡n en el proceso personalmente y por mandatario, pero siempre con patrocinio letrado. SustituciÃ³n. Art. 102.- Los defensores de las partes podrÃ¡n designar sustitutos para los casos de impedimento legÃtimo. En caso de abandono de la defensa, el abogado sustituyente asumirÃ¡ las obligaciones del defensor y tendrÃ¡ derecho a solicitar una prÃ³rroga mÃ¡xima de tres (3) dÃas la que serÃ¡ concedida por el Tribunal. El debate no podrÃ¡ suspenderse por la misma causa aÃºn cuando el Tribunal conceda la intervenciÃ³n a otro defensor oficial o particular. Abandono. Art. 103.- Si el defensor del imputado abandonare la defensa y dejare a su cliente sin abogado, se proveerÃ¡ a su inmediata sustituciÃ³n por el defensor oficial, y no podrÃ¡ ser nombrado de nuevo en el proceso. Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el debate, el nuevo defensor podrÃ¡ solicitar una prÃ³rroga mÃ¡xima de tres (3) dÃas para la audiencia, la cual deberÃ¡ ser concedida por el Tribunal. El debate no podrÃ¡ suspenderse otra vez por la misma causa. La intervenciÃ³n de otro defensor particular no excluirÃ¡ la del oficial. El abandono de los defensores o mandatarios de las partes civiles no suspenderÃ¡ el proceso. Sanciones. Art. 104.- El incumplimiento de las obligaciones por parte de los defensores o mandatarios, podrÃ¡ ser corregido por el Tribunal con multa cuyo monto no excederÃ¡ del veinticinco (25) por ciento del sueldo del representante del Ministerio Fiscal en la instancia, en que ocurriere. Cuando esta sanciÃ³n fuera impuesta por la CÃ¡mara, la resoluciÃ³n serÃ¡ irrecurrible. El abandono constituye falta grave, y obliga al que incurriere en Ã©l a pagar las costas de la sustituciÃ³n. Todo ello sin perjuicio de que el Tribunal de Ã©tica profesional pueda disponer la suspensiÃ³n de los defensores hasta un mes, segÃºn la gravedad de la infracciÃ³n. A tales efectos el Tribunal cursarÃ¡ las comunicaciones pertinentes. TÃtulo VI Actos Procesales CapÃtulo I Disposiciones Generales Idioma. Art. 105.- En los actos procesales deberÃ¡ usarse el idioma nacional, bajo pena de nulidad. Oralidad. Art. 106.- El que deba declarar en el proceso, lo harÃ¡ de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el Juez lo autorice para ello, si asÃ lo exigiere la naturaleza de los hechos. Los peritos serÃ¡n autorizados a consultar notas y documentos. Primero serÃ¡n invitados a manifestar cuanto conozcan sobre ellos, y despuÃ©s, si fuere necesario se los interrogarÃ¡. Las preguntas que se formulen no serÃ¡n capciosas o sugestivas. Cuando se proceda por escrito, se consignarÃ¡n las preguntas y respuestas, usÃ¡ndose las expresiones del interrogado. Declaraciones de sordos, mudos y sordomudos. Art. 107.- Para hacer jurar y examinar a un sordo, se le presentarÃ¡n por escrito la fÃ³rmula del juramento, las preguntas y las observaciones, para que jure y responda oralmente; si se tratare de un mudo, se le harÃ¡n oralmente las preguntas y responderÃ¡ por escrito; si de un sordomudo, las preguntas y respuestas serÃ¡n escritas. Si dichas personas no supieran darse a entender por escrito, se nombrarÃ¡ intÃ©rprete a un maestro de sordomudos o, a falta de Ã©l, a quien sepa comunicarse con el interrogado. Fecha. Art. 108.- Para fechar un acto deberÃ¡ indicarse el lugar, dÃa, mes y aÃ±o en que se cumple. La hora serÃ¡ consignada sÃ³lo cuando especialmente se la requiera. Cuando la fecha sea requerida bajo pena de nulidad, Ã©sta sÃ³lo existirÃ¡ cuando aquÃ©lla no pueda establecerse con certeza, en virtud de los elementos del acto o de otros conexos con Ã©l. El secretario del Tribunal deberÃ¡ poner cargo a todos los escritos, oficios o notas que reciba, expresando la fecha y la hora de la presentaciÃ³n. DÃa y hora de cumplimiento. Art. 109.- Los actos procesales deberÃ¡n cumplirse en dÃas y horas hÃ¡biles, salvo los de instrucciÃ³n. Para continuar el debate sin dilaciones perjudiciales, el Tribunal podrÃ¡ habilitar los dÃas y horas que estime necesarios. PrestaciÃ³n de juramento. Art. 110.- Cuando se requiera juramento, Ã©ste serÃ¡ recibido, segÃºn corresponda, bajo pena de nulidad, por el Juez o por el Tribunal, de acuerdo con las creencias del que lo preste, quiÃ©n se hallarÃ¡ de pie, serÃ¡ instruido de las penas correspondientes por falso testimonio, prometerÃ¡ decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la fÃ³rmula: âLo juroâ. Si el deponente se negare a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideolÃ³gicas, se le exigirÃ¡ promesa de decir verdad, mediante la fÃ³rmula: âLo prometoâ. Incapacidad para ser testigo de actuaciÃ³n. Art. 111.- No podrÃ¡n ser testigos de actuaciÃ³n los menores de edad, ni los que en el momento del acto se encuentren en estado de alienaciÃ³n o de inconsciencia. CapÃtulo II Actos y resoluciones judiciales Poder coercitivo. Art. 112.- En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrÃ¡ requerir la intervenciÃ³n de la fuerza pÃºblica y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordene. Asistencia del secretario. Art. 113.- El Tribunal serÃ¡ siempre asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendarÃ¡ a todas sus resoluciones con la firma entera precedida por la fÃ³rmula: âAnte mÃâ. Resoluciones. Art. 114.- Las decisiones del Tribunal serÃ¡n dadas por sentencia, auto y decreto. Sentencia es la decisiÃ³n que despuÃ©s del debate pone tÃ©rmino al proceso. Auto es la decisiÃ³n pronunciada a instancia de parte o de oficio, en el curso de la instrucciÃ³n, del juicio o de la ejecuciÃ³n, sobre un incidente o artÃculo del proceso, salvo las excepciones que se establecen. Decreto es la decisiÃ³n pronunciada en el curso del proceso, fuera de los casos mencionados en los apartados anteriores, o en aquÃ©llos en que esta forma sea especialmente prescripta por la Ley. Las copias de las sentencias y de los autos serÃ¡n protocolizadas por el secretario. MotivaciÃ³n de las resoluciones. Art. 115.- Las sentencias y los autos deberÃ¡n ser motivados, bajo pena de nulidad, los decretos deberÃ¡n serlo, bajo la misma sanciÃ³n, cuando se exija expresamente. Firma de resoluciones. Art. 116.- Las sentencias y los autos deberÃ¡n ser suscriptos por el Juez o todos los miembros del Tribunal que actÃºe; los decretos por el Juez o el presidente del Tribunal. La falta de firma producirÃ¡ la nulidad del acto, salvo lo dispuesto en la Ãºltima parte de los requisitos de la sentencia. TÃ©rmino. Art. 117.- El Tribunal dictarÃ¡ los decretos dentro de los tres (3) dÃas en que los expedientes sean puestos a despacho, los autos, dentro de los diez (10) dÃas, salvo que se disponga otro plazo; y las sentencias en las oportunidades especialmente previstas. Rectificaciones. Art. 118.- Dentro del tÃ©rmino de tres (3) dÃas de dictadas, el Tribunal podrÃ¡ rectificar, de oficio o a instancia del fiscal o de las partes, cualquier error u omisiÃ³n material contenido en las resoluciones, siempre que ello no importe una modificaciÃ³n esencial. La instancia de aclaraciÃ³n suspenderÃ¡ el tÃ©rmino para interponer los recursos que procedan. ResoluciÃ³n definitiva. Art. 119.- Las resoluciones judiciales quedarÃ¡n firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaraciÃ³n alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas. Valor de la copia autÃ©ntica. Art. 120.- Cuando por cualquier causa se destruyan, pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos procesales necesarios, la copia autÃ©ntica tendrÃ¡ el valor de aquÃ©llos. A tal fin, el Tribunal ordenarÃ¡ que quien tenga la copia la consigne en SecretarÃa, sin perjuicio del derecho de obtener otra gratuitamente. RestituciÃ³n y renovaciÃ³n. Art. 121.- Si no hubiere copia de actos, el Tribunal ordenarÃ¡ que se rehagan, recibiendo las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido; y cuando esto no fuere posible, dispondrÃ¡ la renovaciÃ³n, prescribiendo el modo de hacerla. Copias e informes. Art. 122.- El Tribunal ordenarÃ¡ la expediciÃ³n de copias o informes, siempre que sean solicitados por una autoridad pÃºblica o por particulares que acrediten legÃtimo interÃ©s en obtenerlos. CapÃtulo III Comunicaciones Reglas generales. Art. 123.- Cuando un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del Tribunal, Ã©ste podrÃ¡ encomendar su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, segÃºn se dirija, respectivamente, a un Tribunal de jerarquÃa superior, igual o inferior, o a autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial. ComunicaciÃ³n directa. Art. 124.- Los Tribunales podrÃ¡n dirigirse directamente a cualquier autoridad de la Provincia, la que prestarÃ¡ sin tardanza la cooperaciÃ³n o expedirÃ¡ los informes que le soliciten. Exhortos con tribunales extranjeros. Art. 125.- Los exhortos a tribunales extranjeros se diligenciarÃ¡n por vÃa diplomÃ¡tica, en la forma establecida por los tratados o costumbres internacionales. Exhortos extranjeros. Art. 126.- Los Tribunales diligenciarÃ¡n exhortos de tribunales extranjeros en los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes del paÃs y serÃ¡n mandados a cumplir por la Corte de Justicia. Exhortos de otras jurisdicciones. Art. 127.- Los exhortos de otras jurisdicciones serÃ¡n diligenciados sin retardo, previa vista fiscal, y siempre que no perjudiquen la jurisdicciÃ³n del Tribunal salvo lo dispuesto en el artÃculo 50. DenegaciÃ³n y retardo. Art. 128.- Si el diligenciamiento de un exhorto fuere denegado o demorado, el Juez exhortante podrÃ¡ dirigirse a la Corte de Justicia, la que previa vista fiscal, resolverÃ¡ si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento, segÃºn sea o no de la Provincia el Juez exhortado. ComisiÃ³n y transferencia del exhorto. Art. 129.- El Tribunal exhortado podrÃ¡ comisionar el despacho del exhorto a un Juez inferior, cuando el acto deba practicarse fuera del lugar de su asiento, o remitirlo al Tribunal a quien se debiÃ³ dirigir, si ese lugar no fuere de su competencia. CapÃtulo IV Actas Regla general. Art. 130.- Cuando sea necesario hacer fe de actos realizados por ellos o cumplidos en su presencia, los funcionarios que intervengan en el proceso o cumplan una investigaciÃ³n preliminar, labrarÃ¡n un acta en la forma prescripta en este capÃtulo. Asistencia a los funcionarios. Art. 131.- Para labrar un acta el Juez o el miembro del Tribunal serÃ¡ asistido por el secretario; los oficiales y auxiliares de la PolicÃa Judicial por dos testigos, los cuales podrÃ¡n pertenecer a la misma reparticiÃ³n, en casos de suma urgencia. Contenido y formalidades. Art. 132.- Las actas deberÃ¡n contener: la hora de iniciaciÃ³n y conclusiÃ³n del acto; a fecha; su objeto; el nombre y apellido de las personas que intervengan y el motivo que haya impedido, en su caso, la intervenciÃ³n de las personas obligadas a asistir; la indicaciÃ³n de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas y si Ã©stas fueron hechas espontÃ¡neamente o a requerimiento y si fueron dictadas por los declarantes. Concluida o suspendida la diligencia, el acta serÃ¡ firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que deban hacerlo; cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se harÃ¡ menciÃ³n de ello. El acta serÃ¡ nula si faltare la firma del funcionario actuante, o la del secretario o testigos de actuaciÃ³n y testigos del hecho imputado si los hubiere. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â 23/12/03). Firma del ciego o analfabeto. Art. 133.- Cuando un ciego o un analfabeto deba suscribir un acta, se le informarÃ¡ que Ã©sta puede ser leÃda y firmada por una persona de su confianza, lo que se harÃ¡ constar, bajo pena de nulidad. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03). CapÃtulo V Notificaciones, Citaciones y Vistas Regla General. Art. 134.- Las resoluciones judiciales se harÃ¡n conocer, cuando y a quiÃ©nes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de dictadas, salvo que el Tribunal dispusiere un plazo menor, y no obligarÃ¡n sino a las personas debidamente notificadas. Personas habilitadas para diligenciarlas. Art. 135.- Las notificaciones serÃ¡n practicadas por el secretario, o el empleado del Tribunal que especialmente se designe, o los oficiales de justicia. Cuando la persona que deba notificarse estÃ© fuera de la sede del Tribunal, la notificaciÃ³n se practicarÃ¡ por intermedio de la autoridad judicial que corresponda. Lugar del acto. Art. 136.- Los fiscales y defensores oficiales serÃ¡n notificados en sus respectivas oficinas, las partes, en la secretarÃa del Tribunal o en el domicilio constituido. Si el imputado estuviese preso, serÃ¡ notificado en la secretarÃa o en el lugar de su detenciÃ³n, segÃºn lo resuelva el Tribunal. Las personas que no tuvieren domicilio constituido serÃ¡n notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se hallaren. Domicilio procesal. Art. 137.- Al comparecer en el proceso, las partes deberÃ¡n constituir domicilio dentro de la ciudad donde tuviere asiento el Tribunal. Notificaciones a los defensores y mandatarios. Art. 138.- Si la parte tuviere en el proceso defensor o mandatario, a Ã©stos se les harÃ¡n las notificaciones, salvo que la ley o la naturaleza del acto exija tambiÃ©n la notificaciÃ³n de aquÃ©lla. Modo del acto. Art. 139.- La notificaciÃ³n se harÃ¡ entregando al interesado que lo exigiere una copia autorizada de la resoluciÃ³n, donde conste el proceso en que se dictÃ³. Si se tratare de resoluciones fundamentadas, la copia se limitarÃ¡ al encabezamiento y parte resolutiva. NotificaciÃ³n en el domicilio. Art. 140.- Cuando la notificaciÃ³n se haga en el domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevarÃ¡ dos copias de la resoluciÃ³n; harÃ¡ entrega de una al interesado, y al pie de la otra, que se agregarÃ¡ al proceso, pondrÃ¡ constancia de ello, con la indicaciÃ³n del lugar, dÃa y hora de la diligencia, firmando conjuntamente con el notificado. Cuando la persona que se deba notificar no fuera encontrada en su domicilio, la copia serÃ¡ entregada a alguna de las personas mayores de 18 aÃ±os que residan allÃ, prefiriendo a los parientes del interesado y, a falta de ellos, a los empleados o dependientes. Si no se encontrare alguna de estas personas, la copia serÃ¡ entregada a un vecino mayor de dicha edad, que sepa leer y escribir, prefiriendo a los mÃ¡s inmediatos. En estos casos el funcionario o empleado que practique la notificaciÃ³n, expresarÃ¡ en la constancia a quÃ© persona hizo entrega de la copia, y por quÃ© motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado o el tercero se negare a recibir la copia o dar su nombre y firmar, ella serÃ¡ fijada, lo que se harÃ¡ constar, en la puerta de la casa o habitaciÃ³n donde deba practicarse el acto, en presencia de un testigo que firmarÃ¡ la diligencia. Si la persona requerida no supiere o no pudiere firmar, lo harÃ¡ el testigo a su ruego. NotificaciÃ³n por edictos. Art. 141.- Cuando se ignore el lugar donde reside la persona de que se trata, la notificaciÃ³n se harÃ¡ por edictos, que se publicarÃ¡n durante cinco (5) dÃas en un diario de circulaciÃ³n y en el BoletÃn Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo. NotificaciÃ³n en la oficina. Art. 142.- Cuando la notificaciÃ³n se haga personalmente se harÃ¡ mediante constancia en el expediente, firmando el notificado. Cuando se diligencie en la oficina o en el despacho del fiscal o defensor oficial se harÃ¡ mediante constancia en el expediente, efectuada por el encargado de la diligencia. Disconformidad entre la copia y el original. Art. 143.- En caso de disconformidad entre la copia y el original, harÃ¡ fe, respecto de cada interesado, la copia por Ã©l recibida. Nulidad de la notificaciÃ³n. Art. 144.- La notificaciÃ³n serÃ¡ nula: 1. Si hubiere existido error sobre la identidad de la persona notificada. 2. Si la resoluciÃ³n hubiere sido notificada en forma incompleta. 3. Si en la diligencia no constare la fecha o, cuando corresponda, la entrega de la copia. 4. Si faltare alguna de las firmas prescriptas. CitaciÃ³n. Art. 145.- Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algÃºn acto procesal, el Tribunal ordenarÃ¡ su citaciÃ³n. Esta estarÃ¡ practicada de acuerdo con las formas prescriptas para la notificaciÃ³n, salvo lo dispuesto por el artÃculo siguiente; pero en la cÃ©dula se indicarÃ¡: el Tribunal que la ordenÃ³, su objeto y el lugar, dÃa y hora en que el citado deberÃ¡ comparecer. CitaciÃ³n de algunos auxiliares. Art. 146.- Los testigos, peritos, intÃ©rpretes y depositarios podrÃ¡n ser citados por medio de la policÃa judicial, o por carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado, se les advertirÃ¡ de las sanciones a que se harÃ¡n pasibles si no obedecen la orden judicial, y que en este caso serÃ¡n conducidos por la fuerza pÃºblica, a no mediar causa justificada. El apercibimiento se harÃ¡ efectivo inmediatamente. La incomparecencia injustificada harÃ¡ incurrir en las costas que cause, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Vistas. Art. 147.- Las vistas sÃ³lo se ordenarÃ¡n cuando la ley lo disponga, y serÃ¡n diligenciadas por las personas habilitadas para notificar. Modo de correrlas. Art. 148.- Las vistas se correrÃ¡n entregando al interesado, bajo recibo, las actuaciones en las que se ordenaren, o las copias de los escritos o resoluciones pertinentes. El secretario o empleado harÃ¡ constar la fecha del acto, mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por Ã©l. NotificaciÃ³n. Art. 149.- Cuando no se encontrare a la persona a quien se deba correr vista, la resoluciÃ³n serÃ¡ notificada conforme a la notificaciÃ³n en el domicilio, y el tÃ©rmino correrÃ¡ desde el dÃa hÃ¡bil siguiente. El interesado podrÃ¡ retirar de SecretarÃa el expediente por el tiempo que falte para el vencimiento del tÃ©rmino. TÃ©rmino de las vistas. Art. 150.- Toda vista que no tenga tÃ©rmino fijado se considerarÃ¡ otorgada por tres (3) dÃas. Falta de devoluciÃ³n de las actuaciones. Art. 151.- Vencido el tÃ©rmino por el cual se corriÃ³ la vista, sin que las actuaciones fueren devueltas, el Tribunal librarÃ¡ orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o se incaute de ellas, autorizando a allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pÃºblica si fuere necesario. Si la ejecuciÃ³n de la orden sufriere entorpecimiento por culpa del requerido, podrÃ¡ imponerse una multa equivalente a la remuneraciÃ³n del Juez de 1Âª Instancia de un dÃa como mÃnimo a cinco dÃas como mÃ¡ximo. Nulidad de las vistas. Art. 152.- Las vistas serÃ¡n nulas en los mismos casos en que lo sean las notificaciones. CapÃtulo VI TÃ©rminos Regla general. Art. 153.- Los actos procesales se practicarÃ¡n dentro de los tÃ©rminos fijados en cada caso. Cuando no se fije tÃ©rmino, se practicarÃ¡n dentro de tres (3) dÃas. Los tÃ©rminos correrÃ¡n para cada interesado desde su notificaciÃ³n, o si fueren comunes, desde la Ãºltima que se practicara, y se contarÃ¡n en la forma establecida por el CÃ³digo Civil. CÃ³mputo. Art. 154.- En los tÃ©rminos se computarÃ¡n Ãºnicamente los dÃas hÃ¡biles y los que se habiliten, con excepciÃ³n de los incidentes y trÃ¡mites relativos a la libertad del imputado, en los que aquellos serÃ¡n continuos. En este caso, si el tÃ©rmino venciera en dÃa feriado, se considerarÃ¡ prorrogado de derecho al primer dÃa hÃ¡bil siguiente. Improrrogabilidad. Art. 155.- Los tÃ©rminos dispuestos a favor del Ministerio Fiscal y las partes son perentorios e improrrogables, salvo los casos que especialmente se exceptÃºan. Queja por retardo de justicia. Art. 156.- Vencido el tÃ©rmino en que deba dictarse una resoluciÃ³n, el interesado podrÃ¡ pedir pronto despacho, y si dentro de tres ( 3) dÃas no la obtuviere, podrÃ¡ denunciar el retardo a la Corte de Justicia, la que previo informe del Juez, proveerÃ¡ enseguida lo que corresponde, ejercitando las facultades de superintendencia. Retardo del Ministerio Fiscal. Art. 157.- El procedimiento y las sanciones establecidas en el artÃculo anterior tambiÃ©n son aplicables a los miembros del Ministerio Fiscal que dejaren vencer cualquiera de los tÃ©rminos a su cargo. Retardo de la Corte de Justicia. Art. 158.- Si la Corte de Justicia no cumpliere con los plazos procesales, el interesado podrÃ¡ ejercitar los derechos que le acuerda la ConstituciÃ³n. PrÃ³rroga especial. Art. 159.- Si el tÃ©rmino fijado venciere despuÃ©s de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella podrÃ¡ ser realizado durante la primera hora del dÃa hÃ¡bil siguiente. AbreviaciÃ³n. Art. 160.- El Ministerio Fiscal y las partes a cuyo favor se haya establecido un tÃ©rmino, podrÃ¡n pedir o consentir su abreviaciÃ³n mediante manifestaciÃ³n expresa. CapÃtulo VII Nulidades Regla general. Art. 161.- Los actos procesales serÃ¡n nulos sÃ³lo cuando no se hubieren observado las disposiciones taxativamente prescriptas bajo pena de nulidad. Nulidad de orden general. Art. 162.- Se entenderÃ¡ siempre prescripta bajo pena de nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes: 1. Al nombramiento, capacidad y constituciÃ³n del Juez o Tribunal. 2. A la intervenciÃ³n del Ministerio Fiscal en el proceso, y a su participaciÃ³n en los actos en que ella sea obligatoria. 3. A la intervenciÃ³n, asistencia y representaciÃ³n del imputado, en los casos y formas que la Ley establece. PeticiÃ³n y declaraciÃ³n. Art. 163.- El Tribunal que comprueba una causa de nulidad tratarÃ¡, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente; si no lo hiciere, podrÃ¡ declarar la nulidad a peticiÃ³n de parte. Solamente deberÃ¡n ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artÃculo anterior que impliquen violaciÃ³n de normas constitucionales o cuando asÃ se establezca expresamente. QuiÃ©n puede oponerla. Art. 164.- Excepto los casos en que la declaraciÃ³n de nulidad procede de oficio sÃ³lo podrÃ¡n oponerla el Ministerio Fiscal y las partes que no la hayan causado y que tengan interÃ©s en la observancia de las disposiciones legales respectivas. Oportunidad y forma de la oposiciÃ³n. Art. 165.- Las nulidades sÃ³lo podrÃ¡n ser opuestas, bajo pena de caducidad: 1. Las producidas en la instrucciÃ³n, durante Ã©sta o en el tÃ©rmino de citaciÃ³n a juicio. 2. Las acaecidas en los actos preliminares del juicio inmediatamente despuÃ©s de la lectura con la cual queda abierto el debate, o de la intimaciÃ³n prevista para el inicio del juicio correccional. 3. Las del debate, antes o inmediatamente despuÃ©s de cumplirse el acto. 4. Las producidas durante la tramitaciÃ³n de un recurso, hasta inmediatamente despuÃ©s de abierta la audiencia o en el memorial. La instancia de la nulidad serÃ¡ motivada, bajo pena de inadmisibilidad y el incidente se tramitarÃ¡ en la forma establecida para el recurso de reposiciÃ³n. Modo de subsanarlas. Art. 166.- Toda nulidad podrÃ¡ ser subsanada del modo establecido en este cÃ³digo, salvo las que deban ser declaradas de oficio. Las nulidades quedarÃ¡n subsanadas: 1. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes no las opongan oportunamente. 2. Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tÃ¡citamente, los efectos del acto. 3. Si no obstante su irregularidad, el acto hubiere conseguido su fin respecto de todos los interesados. Efectos. Art. 167.- La nulidad de un acto, cuando sea declarada, harÃ¡ nulos todos los actos consecutivos que de Ã©l dependan. Al declarar la nulidad, el Tribunal establecerÃ¡, ademÃ¡s, a cuÃ¡les actos anteriores o contemporÃ¡neos alcanza la nulidad, por conexiÃ³n con el acto anulado. El Tribunal que declare la nulidad ordenarÃ¡ cuando sea necesario y posible la renovaciÃ³n o ratificaciÃ³n de los actos anulados. Sanciones. Art. 168.- Cuando un Tribunal superior declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrÃ¡ disponer su apartamiento de la causa e imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde la Ley, o solicitarlas de la Corte de Justicia. Libro II InstrucciÃ³n TÃtulo I Actos Iniciales CapÃtulo I Denuncia Facultad de denunciar. Art. 169.- Toda persona que tenga noticia de un delito cuya represiÃ³n sea perseguible de oficio, podrÃ¡ denunciarlo al Juez de InstrucciÃ³n, al agente fiscal o a la policÃa judicial. Cuando la acciÃ³n penal depende de instancia privada, sÃ³lo podrÃ¡ denunciar quien tenga derecho a instar, conforme a lo dispuesto por el CÃ³digo Penal. Forma. Art. 170.- La denuncia podrÃ¡ hacerse por escrito o verbalmente, personalmente, por representante o mandatario especial, agregÃ¡ndose en este caso el poder. La denuncia escrita deberÃ¡ ser firmada por quien la haga ante el funcionario que la reciba. Cuando sea verbal, se extenderÃ¡ un acta de acuerdo con las normas de este CÃ³digo. En ambos casos el funcionario comprobarÃ¡ y harÃ¡ constar la identidad del denunciante. Contenido. Art. 171.- La denuncia deberÃ¡ contener de un modo claro, en cuanto sea posible, la relaciÃ³n del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecuciÃ³n, y la indicaciÃ³n de sus partÃcipes, damnificados, testigos y demÃ¡s elementos que puedan conducir a su comprobaciÃ³n y calificaciÃ³n legal. ObligaciÃ³n de denunciar. ExcepciÃ³n. Art. 172.- TendrÃ¡n obligaciÃ³n de denunciar: 1. Los funcionarios o empleados pÃºblicos que en el ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito perseguible de oficio. 2. Los mÃ©dicos y demÃ¡s personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesiÃ³n, salvo que el conocimiento adquirido por ellos, estÃ© por la Ley bajo amparo del secreto profesional. ProhibiciÃ³n de denunciar. Art. 173.- Nadie podrÃ¡ formular denuncia contra su cÃ³nyuge, ascendiente, descendiente o hermano, salvo que el delito sea ejecutado en su perjuicio o contra una persona cuyo parentesco con Ã©l sea igual o mÃ¡s prÃ³ximo al que lo liga con el denunciado. Responsabilidad del denunciante. Art. 174.- El denunciante no serÃ¡ parte en el proceso ni incurrirÃ¡ en responsabilidad alguna, excepto por el delito en que puede incurrir. Denuncia ante el Juez de InstrucciÃ³n. Art. 175.- El Juez de InstrucciÃ³n que reciba una denuncia la trasmitirÃ¡ inmediatamente al agente fiscal, y Ã©ste, dentro del tÃ©rmino de veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquel fije uno menor, formularÃ¡ requerimiento conforme a las normas de este CÃ³digo, o pedirÃ¡ que sea desestimada o remitida a otra jurisdicciÃ³n. La denuncia serÃ¡ desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito o cuando no se pueda proceder. Si el fiscal pidiere que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicciÃ³n y el Juez no estuviere conforme con ello, se remitirÃ¡ al fiscal de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n. Si el Fiscal de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n estuviere de acuerdo con el agente fiscal, dicho pronunciamiento serÃ¡ obligatorio para el Juez. En caso contrario pasarÃ¡ en vista a otro agente fiscal para que formule el requerimiento de instrucciÃ³n conforme a las normas de este CÃ³digo. Denuncia ante el Agente Fiscal. Art. 176.- Cuando corresponda instrucciÃ³n, el agente fiscal que reciba una denuncia formularÃ¡ requerimiento ante el Juez en el plazo de veinticuatro (24) horas, salvo que la urgencia del caso exija que lo haga inmediatamente y se procederÃ¡ con arreglo al artÃculo anterior. Denuncia ante la PolicÃa Judicial. Art. 177.- Cuando la denuncia sea hecha ante la policÃa judicial, Ã©sta actuarÃ¡ con arreglo a las normas de este CÃ³digo. Nuevo delito. Art. 178.- Si durante el proceso el Tribunal tuviere conocimiento de otro delito perseguible de oficio, remitirÃ¡ los antecedentes al Ministerio Fiscal. CapÃtulo II Actos de la PolicÃa Judicial FunciÃ³n. Art. 179.- Por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de la autoridad competente, la policÃa judicial deberÃ¡ investigar los delitos de acciÃ³n pÃºblica, impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas Ãºtiles para dar base a la acusaciÃ³n o determinar el sobreseimiento. Mas si el delito fuere de acciÃ³n pÃºblica dependiente de instancia privada, sÃ³lo deberÃ¡ proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artÃculo 1. Atribuciones. Art. 180.- Los funcionarios de policÃa tendrÃ¡n las siguientes atribuciones: 1. Recibir denuncias. 2. Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el Juez de InstrucciÃ³n o el Fiscal Correccional. 3. Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten del mismo mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberÃ¡ darse cuenta inmediatamente al Juez de InstrucciÃ³n o al Fiscal Correccional. 4. Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el Ã©xito de la investigaciÃ³n, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografÃas, exÃ¡menes tÃ©cnicos y demÃ¡s operaciones que aconseje la policÃa cientÃfica para la instrucciÃ³n formal, o por orden del Fiscal Correccional en casos de procedimiento sumario. 5. Disponer allanamientos sin orden judicial en los casos previstos en el artÃculo 216 y haciendo constar las requisas urgentes. 6. Ordenar, si fuere indispensable, la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave. 7. Interrogar a los testigos bajo simple promesa de decir verdad. 8. Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este CÃ³digo autoriza y disponer su incomunicaciÃ³n cuando concurran los requisitos que este CÃ³digo exige, por un tÃ©rmino mÃ¡ximo de dos (2) horas, el que no podrÃ¡ prolongarse por ningÃºn motivo sin orden del Juez de InstrucciÃ³n, pero si en el lugar de la detenciÃ³n no existieren dichos magistrados o fuera imposible requerir la orden, la incomunicaciÃ³n podrÃ¡ durar el tiempo indispensable para que la autoridad policial se ponga en contacto con aquÃ©llos; en estos casos, el inconveniente se harÃ¡ constar en el sumario y se comunicarÃ¡ al Juez de Detenidos y GarantÃas. 9. Usar de la fuerza pÃºblica en la medida de la necesidad. No podrÃ¡ recibir declaraciÃ³n del imputado. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03). Secuestro de correspondencia. ProhibiciÃ³n. Art. 181.- Los funcionarios de policÃa no podrÃ¡n abrir la correspondencia que secuestren, debiendo remitirla intacta a la autoridad judicial. En los casos urgentes podrÃ¡n ocurrir a la autoridad judicial mÃ¡s inmediata, la que autorizarÃ¡ la apertura, si lo creyere oportuno. ComunicaciÃ³n y procedimiento. Art. 182.- Los funcionarios de la policÃa comunicarÃ¡n inmediatamente al Juez competente o Fiscal Correccional que corresponda, de la concreta imputaciÃ³n vinculada a los hechos de delitos que llegaron a su conocimiento. El preventivo deberÃ¡ contener un sucinto relato de las circunstancias de lugar, tiempo y modo de sujeciÃ³n y sus presuntos autores o partÃcipes, si los hubiere. Cuando no intervenga enseguida el Juez o el Fiscal Correccional y hasta que lo hagan, dichos oficiales practicarÃ¡n una investigaciÃ³n preliminar, observando, en lo posible, las normas de la instrucciÃ³n y labrando un acta Ãºnica en caso de procedimiento sumario, bajo sanciÃ³n de nulidad. Se formarÃ¡ un procedimiento de prevenciÃ³n que contendrÃ¡: 1. El lugar, hora, dÃa, mes y aÃ±o en que fue iniciado. 2. El nombre, profesiÃ³n, estado y domicilio de cada una de las personas que en Ã©l intervinieron. 3. Las declaraciones recibidas, los informes que se hubieren producido y el resultado de todas las diligencias practicadas. La intervenciÃ³n de los funcionarios policiales cesarÃ¡ cuando comience a intervenir el Juez o el Fiscal Correccional, pero la policÃa podrÃ¡ continuar como auxiliar de los mismos, si asÃ lo disponen. El sumario de prevenciÃ³n serÃ¡ elevado sin tardanza al Juez para su avocamiento, si correspondiera, o el acta Ãºnica de procedimiento sumario al Fiscal Correccional que corresponda, cuando se trate de hechos cometidos donde aquel actÃºe, dentro de los tres (3) dÃas de su iniciaciÃ³n, y de lo contrario, en este Ãºltimo caso hasta ocho (8) dÃas si las distancias considerables, las dificultades del transporte o climÃ¡tico provocaren inconvenientes insalvables, de lo que se dejarÃ¡ constancia. Cuando se investigue un delito que dÃ© lugar a procedimiento sumario, los oficiales de policÃa judicial redactarÃ¡n un acta Ãºnica en la que harÃ¡n constar todas las diligencias que practiquen, especificando con la mayor exactitud posible, el hecho, las inspecciones, resumen de declaraciones y todas las otras circunstancias Ãºtiles. Si en el tÃ©rmino de elevaciÃ³n del acta, la autoridad policial interviniente hubiera obtenido informes tÃ©cnicos de la divisiÃ³n criminalÃstica o del servicio mÃ©dico policial, deberÃ¡ agregarlas a aquÃ©lla. El acta serÃ¡ firmada, previa lectura, por el oficial y en lo posible, por las demÃ¡s personas que hubieren intervenido como testigos del acto y si los hubiere, del hecho. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â 23/12/03). Sanciones. Art. 183.- Los funcionarios de la policÃa judicial que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecuciÃ³n de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serÃ¡n reprimidos por los jueces o los tribunales de oficio o a pedido del Ministerio Fiscal y previo informe del interesado con apercibimiento o arresto hasta de quince (15) dÃas, sin perjuicio de la suspensiÃ³n o cesantÃa que pueda disponer la Corte de Justicia. Los funcionarios de la policÃa administrativa podrÃ¡n ser objeto de las mismas sanciones, pero la suspensiÃ³n o cesantÃa de ellos sÃ³lo podrÃ¡ ser dispuesta por el Poder Ejecutivo. CapÃtulo III Actos del Ministerio Fiscal Requerimiento. Art. 184.- El Agente Fiscal requerirÃ¡ al Juez competente la instrucciÃ³n y el Fiscal Correccional al Juez Correccional y de GarantÃas el juicio, siempre que tenga conocimiento por cualquier medio, de la comisiÃ³n de un delito de acciÃ³n pÃºblica. El requerimiento contendrÃ¡, bajo pena de inadmisibilidad. 1. Las condiciones personales del imputado, o si se ignorasen, las seÃ±as o datos que mejor puedan darlo a conocer. 2. La relaciÃ³n circunstanciada del hecho, con indicaciÃ³n, si fuera posible, del lugar, tiempo y modo de ejecuciÃ³n. 3. La indicaciÃ³n de las diligencias Ãºtiles a la averiguaciÃ³n de la verdad. En caso de procedimiento sumario el Fiscal Correccional requerirÃ¡ el juicio ante el Juez Correccional y de GarantÃas competente ademÃ¡s con las formalidades exigidas por el Ãºltimo pÃ¡rrafo del artÃculo 341 bajo pena de nulidad. En el procedimiento sumario el Fiscal Correccional dirigirÃ¡ la actuaciÃ³n policial. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03). CapÃtulo IV ObstÃ¡culos fundados en privilegio constitucional Desafuero. Art. 185.- Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, el Juez de InstrucciÃ³n o la CÃ¡mara en lo Criminal practicarÃ¡ una informaciÃ³n sumaria que no vulnere la inmunidad de aquÃ©l, salvo que se encuentre detenido. Si existiere mÃ©rito para disponer su procesamiento, solicitarÃ¡ el desafuero a la CÃ¡mara Legislativa que corresponda, acompaÃ±ando una copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. Si aquÃ©l hubiere sido detenido por sorprendÃ©rselo infraganti en ejecuciÃ³n de un delito por el cual no corresponda condena de ejecuciÃ³n condicional, el Juez pondrÃ¡ inmediatamente el hecho en conocimiento de la CÃ¡mara Legislativa. Antejuicio. Art. 186.- Cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un funcionario sujeto a juicio polÃtico o enjuiciamiento previo, el Tribunal competente lo remitirÃ¡, con todos los antecedentes que por una informaciÃ³n sumaria recoja a la CÃ¡mara de Diputados o al Jurado de Enjuiciamiento correspondiente y aquÃ©l sÃ³lo serÃ¡ sometido al proceso si fuere destituido o suspendido. Art. 186 bis.- FormarÃ¡ parte de la informaciÃ³n sumaria, la declaraciÃ³n que voluntariamente en forma personal o por escrito realice el legislador o funcionario que se encuentre amparado por inmunidad constitucional; Ã©sta tendrÃ¡ como fin aportar elementos de convicciÃ³n que contribuyan a decidir si se solicitarÃ¡ o no el allanamiento de la inmunidad. (Modificado ArtÃculo 186 bis: Incorporado por Ley 6.624. B.O. NÂº 13.735 - 05/08/91). Procedimiento. Art. 187.- Si fuere denegado el desafuero del legislador, o no se produjere la suspensiÃ³n o destituciÃ³n del funcionario imputado, el Tribunal declararÃ¡ por auto que no se puede proceder y ordenarÃ¡ el archivo de las actuaciones. En caso contrario, dispondrÃ¡ la formaciÃ³n del proceso o darÃ¡ curso a la querella. Varios imputados. Art. 188.- Cuando se proceda contra varios imputados y sÃ³lo alguno de ellos goce de privilegio constitucional el proceso podrÃ¡ formarse y seguir respecto de los otros. TÃtulo II InstrucciÃ³n Formal Disposiciones Generales Finalidad. Art. 189.- La instrucciÃ³n tendrÃ¡ por objeto: 1. Comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. 2. Establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenÃºen. 3. Individualizar a los partÃcipes. 4. Verificar las circunstancias y calidades personales del imputado en el sentido de los artÃculos 40 y 41 del CÃ³digo Penal. 5. Comprobar la extensiÃ³n del daÃ±o causado por el delito, aunque el damnificado no se haya constituido en actor civil. Juez de InstrucciÃ³n y Juez delegado * Art. 190.- La instrucciÃ³n estarÃ¡ a cargo del Juez de InstrucciÃ³n, quien deberÃ¡ proceder directa e inmediatamente a la investigaciÃ³n de los hechos que aparezcan cometidos en la localidad donde tenga su sede. Las diligencias a practicarse en la Provincia, se encomendarÃ¡n al Juez que corresponda. En tal caso, si corresponde, avisarÃ¡ al Tribunal de la respectiva competencia territorial. Fuera de dicho lugar, se encomendarÃ¡n al Juez que corresponda, siempre que el Juez de InstrucciÃ³n no estime necesario trasladarse para actuar personalmente. Cuando sea preciso cumplir actos fuera de la Provincia, se despacharÃ¡n exhortos u oficios. Rechazo o archivo. Art. 191.- El Juez rechazarÃ¡ el requerimiento fiscal de InstrucciÃ³n u ordenarÃ¡ el archivo del sumario de prevenciÃ³n, por auto, cuando sea manifiesto que el hecho imputado no encuadra en una figura penal o que no puede proceder. La resoluciÃ³n serÃ¡ apelable por el Ministerio Fiscal. Facultad del Ministerio Fiscal. Art. 192.- El Ministerio Fiscal, podrÃ¡ proponer diligencias, participar en todos los actos de construcciÃ³n y examinar en cualquier momento las actuaciones. El Juez practicarÃ¡ las diligencias propuestas cuando las considere pertinentes y Ãºtiles, la negativa se harÃ¡ mediante decreto fundado; su resoluciÃ³n serÃ¡ irrecurrible. Si el Fiscal hubiere expresado deseo de asistir a un acto, serÃ¡ avisado con suficiente tiempo y bajo constancia; pero aquÃ©l no se suspenderÃ¡ ni retardarÃ¡ por su ausencia. Cuando asista, tendrÃ¡ los deberes y las facultades que prescribe este CÃ³digo. Defensor y domicilio. Art. 193.- En la primera oportunidad, inclusive durante la prevenciÃ³n policial, pero en todo caso antes de la indagatoria, el Juez invitarÃ¡ al imputado a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, se procederÃ¡ al nombramiento del defensor oficial. La inobservancia de este precepto producirÃ¡ la nulidad de aquellos actos que por su naturaleza y caracterÃstica se deban considerar definitivos e irreproductibles. En el mismo acto cuando el imputado estÃ© en libertad, deberÃ¡ fijar domicilio. Audiencia de contradicciÃ³n. ProposiciÃ³n de diligencias. Art. 194.- Antes de disponer medidas de instrucciÃ³n, el Juez de InstrucciÃ³n Formal podrÃ¡ oÃr en contradicciÃ³n a los interesados, si le creyere Ãºtil al descubrimiento de la verdad. Las partes podrÃ¡n proponer diligencias. El Juez las practicarÃ¡ cuando las considere pertinentes y Ãºtiles; su resoluciÃ³n, mediante decreto fundado, serÃ¡ irrecurrible. (Modificado por Ley NÂº 7162. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Derecho de asistencia y facultad judicial. Art. 195.- Los defensores de las partes y el querellante tendrÃ¡n derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo para la inspecciÃ³n corporal y mental, siempre que por su naturaleza y caracterÃsticas se deban considerar definitivos e irreproductibles, lo mismo que a las declaraciones de los testigos que por su enfermedad u otro impedimento sea presumible que no podrÃ¡n concurrir al debate. El Juez podrÃ¡ permitir la asistencia del imputado o del ofendido, cuando sea Ãºtil para esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto. Las partes tendrÃ¡n derecho a asistir a los registros domiciliarios. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). NotificaciÃ³n. Casos urgentÃsimos. Art. 196.- Antes de proceder a realizar alguno de los actos que menciona el artÃculo anterior, excepto el registro domiciliario, el Juez dispondrÃ¡, bajo pena de nulidad, que sean notificados el Ministerio Fiscal, los defensores y el querellante, mÃ¡s la diligencia se practicarÃ¡ en la oportunidad establecida, aunque no asistan. Sin embargo, se podrÃ¡ proceder sin notificaciÃ³n o antes de la oportunidad fijada, cuando el acto sea de suma urgencia, o no se conozcan, antes de las declaraciones mencionadas en el artÃculo anterior, la enfermedad o el impedimento del testigo. En el primer caso se dejarÃ¡ constancia de los motivos, bajo pena de nulidad. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Facultad judicial para permitir la asistencia. Art. 197.- El Juez permitirÃ¡ que los defensores y el querellante asistan a los demÃ¡s actos de la instrucciÃ³n, salvo que ello sea peligroso para lograr sus fines o impida una pronta y regular actuaciÃ³n. La resoluciÃ³n, mediante decreto fundado, serÃ¡ irrecurrible. Admitida la asistencia, se avisarÃ¡ verbalmente a los mencionados antes de practicar los actos, si fuere posible, dejÃ¡ndose constancia. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Deberes y facultades de los asistentes. Art. 198.- Los defensores y el querellante que asistan a los actos de instrucciÃ³n no podrÃ¡n hacer signos de aprobaciÃ³n o desaprobaciÃ³n, y en ningÃºn caso tomarÃ¡n la palabra sin expresa autorizaciÃ³n del Juez, a quien deberÃ¡n dirigirse cuando el permiso les fuere concedido. En este caso podrÃ¡n proponer medidas, formular preguntas, hacer las observaciones que estimen pertinentes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad. La resoluciÃ³n que recaiga al respecto serÃ¡ siempre irrecurrible. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â promulgada el 23/12/03). CarÃ¡cter de las actuaciones. Art. 199.- El sumario podrÃ¡ ser examinado por las partes y sus defensores despuÃ©s de la declaraciÃ³n del imputado; pero el Juez podrÃ¡ ordenar el secreto, por resoluciÃ³n fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, con excepciÃ³n de los actos que por su naturaleza y caracterÃstica deban considerarse definitivos e irreproductibles. La reserva no podrÃ¡ durar mÃ¡s de diez (10) dÃas y serÃ¡ decretada sÃ³lo una vez, salvo que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigaciÃ³n exijan que aquÃ©lla sea prolongada hasta por otro tanto. En este caso el Juez deberÃ¡ solicitar autorizaciÃ³n a la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n, la que deberÃ¡ expedirse en 48 horas. El sumario serÃ¡ siempre secreto para los extraÃ±os con excepciÃ³n de los abogados que tengan algÃºn interÃ©s legÃtimo. IncomunicaciÃ³n. Art. 200.- El Juez podrÃ¡ decretar la incomunicaciÃ³n del detenido por un tÃ©rmino no mayor de 48 horas, prorrogables por otras veinticuatro mediante auto fundado cuando existan motivos para temer que se pondrÃ¡ de acuerdo con terceros u obstaculizarÃ¡ de otro modo la investigaciÃ³n. Se permitirÃ¡ al incomunicado el otorgamiento del poder a sus defensores, el uso de libros u otros objetos que solicite, siempre que no puedan servir para eludir la incomunicaciÃ³n o atentar contra su vida o la ajena. Asimismo se le autorizarÃ¡ a realizar actos civiles impostergables, que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen los fines de la instrucciÃ³n. Limitaciones civiles sobre la prueba. Art. 201.- No regirÃ¡n en la instrucciÃ³n las limitaciones establecidas por las leyes civiles respecto de la prueba, con excepciÃ³n de las relativas al estado civil de las personas. DuraciÃ³n prÃ³rroga. Art. 202.- La instrucciÃ³n deberÃ¡ practicarse en el tÃ©rmino de tres (3) meses a contar de la indagatoria. Si resultare insuficiente, el Juez solicitarÃ¡ prÃ³rroga a la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n, la que podrÃ¡ acordarla hasta por otro tanto, dentro del tÃ©rmino de diez (10) dÃas, segÃºn las causas de la demora y la naturaleza de la investigaciÃ³n. Sin embargo, en los casos de suma gravedad y de muy difÃcil investigaciÃ³n, la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n podrÃ¡ extender excepcionalmente dicho plazo, merituando individualmente las pruebas pendientes de producciÃ³n. Actuaciones. Art. 203.- Las diligencias del sumario se harÃ¡n constar en actas que el secretario extenderÃ¡ y cumplirÃ¡ conforme a lo dispuesto por este CÃ³digo. TÃtulo III Medio de Prueba CapÃtulo I InspecciÃ³n Judicial y ReconstrucciÃ³n del hecho InspecciÃ³n judicial. Art. 204.- El Juez de InstrucciÃ³n comprobarÃ¡ mediante la inspecciÃ³n de personas, lugares y cosas los rastros y otros efectos materiales que el hecho haya dejado; los describirÃ¡ detalladamente y, cuando sea posible, recogerÃ¡ o conservarÃ¡ los elementos probatorios Ãºtiles. Ausencia y falta de rastros. Art. 205.- Si el hecho no dejÃ³ rastro o no produjo efectos materiales o si Ã©stos hubieren desaparecido o hubieren sido alterados, el Juez describirÃ¡ el estado actual y, en cuanto sea posible, verificarÃ¡ el preexistente. En caso de desapariciÃ³n o alteraciÃ³n, averiguarÃ¡ y harÃ¡ constar el modo, tiempo y causa de ella. InspecciÃ³n corporal y mental. Art. 206.- El juez podrÃ¡ proceder cuando lo juzgue necesario, a la inspecciÃ³n corporal y mental del imputado, cuidando que, en lo posible, se le respete su pudor. PodrÃ¡ disponer tambiÃ©n igual medida con respecto a otra persona, en los casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad, siempre con la expresada limitaciÃ³n. Esta inspecciÃ³n podrÃ¡ ser practicada, en caso necesario, con el auxilio de peritos. Nadie tendrÃ¡ derecho a asistir a la inspecciÃ³n excepto una persona de confianza del examinado, el que serÃ¡ advertido, antes del acto de que puede ejercer ese derecho. Facultades coercitivas del Juez. Art. 207.- Para realizar la inspecciÃ³n, el Juez podrÃ¡ ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que hubieren sido halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente alguna que se encuentre en cualquier otro. Las que desobedezcan incurrirÃ¡n en la responsabilidad de los testigos, sin perjuicio de ser compelidas por la fuerza pÃºblica. IdentificaciÃ³n de cadÃ¡veres. Art. 208.- Si la instrucciÃ³n se realizare por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el extinto fuere desconocido, antes de proceder al entierro del cadÃ¡ver o despuÃ©s de su exhumaciÃ³n, hecha la descripciÃ³n correspondiente, se lo identificarÃ¡ por medio de testigos y se tomarÃ¡n sus impresiones digitales. Si por los medios indicados no se obtuviere la identificaciÃ³n y su estado lo permitiere, el cadÃ¡ver se expondrÃ¡ al pÃºblico antes de practicarse la autopsia, a fin de que quien tenga datos que puedan contribuir al reconocimiento, los comunique al Juez. ReconstrucciÃ³n del hecho. Art. 209.- Para comprobar si un hecho se produjo o se hubiere podido producir de un modo determinado, el Juez podrÃ¡ ordenar su reconstrucciÃ³n. Al imputado no podrÃ¡ obligÃ¡rsele a intervenir en la reconstrucciÃ³n, pero tendrÃ¡ derecho a pedirla. Operaciones tÃ©cnicas. Art. 210.- Para la mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, el Juez podrÃ¡ ordenar que se practiquen todas las operaciones tÃ©cnicas y cientÃficas convenientes. Pedido de informe. Sanciones. Art. 211.- Cuando fuere necesario requerir informes se lo harÃ¡ por oficio en el que podrÃ¡ fijarse prudencialmente el tÃ©rmino en que el mismo debe evacuarse. El incumplimiento injustificado serÃ¡ corregido con multa cuyo monto no podrÃ¡ exceder de tres (3) dÃas de la remuneraciÃ³n del Juez de 1Âª Instancia, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Juramento. Art. 212.- Los peritos y testigos que intervengan en actos de inspecciÃ³n o reconstrucciÃ³n deberÃ¡n prestar juramento, bajo pena de nulidad. CapÃtulo II Registro domiciliario y requisa personal Registro. Art. 213.- Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito o que allÃ puede efectuarse la detenciÃ³n del imputado o de una persona sospechada de criminalidad o evadida, el Juez ordenarÃ¡ por decreto fundado, el registro de ese lugar. El Juez podrÃ¡ disponer de la fuerza pÃºblica y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la policÃa judicial. En este caso la orden serÃ¡ escrita y contendrÃ¡ el nombre del comisionado y el lugar, dÃa y hora en que la medida se deberÃ¡ efectuar, aquel actuarÃ¡ con dos testigos. Allanamiento de morada. Horario. Art. 214.- Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sÃ³lo podrÃ¡ comenzar desde que sale hasta que se pone el sol, salvo que el interesado o su representante preste su consentimiento. Sin embargo, en los casos sumamente graves y urgentes o cuando se considere que peligra el orden pÃºblico, el allanamiento podrÃ¡ efectuarse a cualquier hora. Allanamiento de otros locales. Art. 215.- El horario establecido en el artÃculo anterior no regirÃ¡ para las oficinas administrativas, los establecimientos de reuniÃ³n o de recreo, el local de asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que no estÃ© destinado a habitaciÃ³n o residencia particular. En estos casos, deberÃ¡ darse aviso a las personas a cuyo cargo estuviesen los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigaciÃ³n. Para la entrada y registro en el palacio de las CÃ¡maras Legislativas, el juez necesitarÃ¡ la autorizaciÃ³n del presidente respectivo. Allanamiento sin orden. Art. 216.- No obstante lo dispuesto en los artÃculos anteriores, la policÃa judicial o la administrativa, en su caso, podrÃ¡ proceder al allanamiento sin previa orden judicial: 1. Cuando por incendio, inundaciÃ³n u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad. 2. Cuando se denuncie que personas extraÃ±as han sido vistas mientras se introducÃan en una casa, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito. 3. Cuando se introduzca en una casa algÃºn imputado de delito grave a quien se persigue para su aprehensiÃ³n. 4. Cuando voces provenientes de la casa anuncien que allÃ se estÃ¡ cometiendo un delito o se pida socorro. Formas a observarse en el allanamiento. Art. 217.- La orden de allanamiento serÃ¡ notificada al que habite o posea el lugar en que deba efectuarse o, cuando estÃ© ausente, a su encargado o, a falta de Ã©ste, a cualquier otra persona mayor de edad que se halle en el lugar prefiriendo a los familiares del primero. Al notificarlo se le invitarÃ¡ a presenciar el registro. Cuando no se encuentre a nadie, ello se harÃ¡ constar en el acta por ante dos testigos, prefiriendo a los vecinos. Practicado el registro se consignarÃ¡ en acta su resultado, con la expresiÃ³n de las circunstancias de interÃ©s para el proceso. Aquella serÃ¡ firmada por los concurrentes y, si alguien no lo hiciere, se expondrÃ¡ la razÃ³n. AutorizaciÃ³n de registro. Art. 218.- Cuando para el cumplimiento de sus funciones, o por razones de higiene, moralidad u orden pÃºblico, alguna autoridad administrativa o municipal competente necesite practicar registros domiciliarios, solicitarÃ¡ al Juez orden de allanamiento, expresando los fundamentos del pedido. Para resolver la solicitud, el Juez podrÃ¡ requerir las informaciones que estime pertinentes. Requisa personal. Art. 219.- El Juez ordenarÃ¡ la requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que haya motivos suficientes para presumir que ella oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida podrÃ¡ invitÃ¡rsela a exhibir el objeto de que se trate. La requisa sobre el cuerpo de una mujer serÃ¡ practicada por otra mujer, salvo que esto importe demora en perjuicio de la investigaciÃ³n. Las requisas se practicarÃ¡n separadamente respetando, en lo posible, el pudor de las personas. Se harÃ¡ constar la operaciÃ³n en acta que firmarÃ¡ el requisado y, en su caso, la negativa de Ã©ste a suscribirla. CapÃtulo III Secuestro Orden de secuestro. Art. 220.- El Juez puede disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, o sujeta a incautaciÃ³n o que pueden servir como medios de prueba. En casos urgentes la policÃa podrÃ¡ proceder al secuestro, aun sin orden del juez. Orden de presentaciÃ³n. Limitaciones. Art. 221.- En vez de la orden de secuestro, el juez podrÃ¡ disponer, cuando sea oportuno, la presentaciÃ³n de los objetos o documentos a que se refiere el artÃculo anterior, pero esta orden no podrÃ¡ dirigirse a las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos, por parentesco, secreto profesional o secreto de Estado. Custodia del objeto secuestrado. Art. 222.- Las cosas o los efectos secuestrados serÃ¡n inventariados o colocados bajo segura custodia, a disposiciÃ³n del Tribunal. En caso necesario podrÃ¡ disponerse el depÃ³sito, requiriendo fianza al depositado. TambiÃ©n podrÃ¡ disponerse el depÃ³sito a favor de los poderes del Estado, a solicitud de los titulares de los mismos. El Juez podrÃ¡ disponer que se obtengan copias o reproducciones de las cosas secuestradas, cuando Ã©stas puedan alterarse, desaparecer o sean de difÃcil custodia, o cuando asÃ convenga a la instrucciÃ³n. Las cosas secuestradas serÃ¡n aseguradas con el sello del Tribunal y con las firmas del Juez y secretario, debiÃ©ndose firmar los documentos en cada una de sus hojas. Si fuere necesario remover los sellos, se procederÃ¡ a ello previa verificaciÃ³n de su identidad e integridad. Concluido el acto, que harÃ¡ constar, aquellos serÃ¡n repuestos. InterceptaciÃ³n de correspondencia. Art. 223.- Siempre que lo considere Ãºtil para la comprobaciÃ³n del delito, el juez podrÃ¡ ordenar por oficio la interceptaciÃ³n y el secuestro de la correspondencia postal o telegrÃ¡fica, o de todo otro efecto en que el imputado intervenga, aÃºn bajo nombre supuesto, como destinatario o remitente. Apertura y examen de correspondencia. Secuestro. Art. 224.- Recibidos los envÃos o la correspondencia, el Juez procederÃ¡ a su apertura, haciÃ©ndolo constar en un acta. ExaminarÃ¡ los objetos y leerÃ¡ por sÃ el contenido de la correspondencia, en caso contrario, mantendrÃ¡ en reserva su contenido y dispondrÃ¡ la entrega al destinatario o a sus representantes o parientes prÃ³ximos, bajo constancia. IntervenciÃ³n de comunicaciones telefÃ³nicas. Art. 225.- El Juez podrÃ¡ ordenar la intervenciÃ³n de comunicaciones telefÃ³nicas emitidas o recibidas por el imputado, para impedirlas o conocerlas. Documentos excluidos de secuestro. Art. 226.- No podrÃ¡n secuestrarse las cartas o documentos que se envÃen o entreguen a los defensores para el desempeÃ±o de su cargo. DevoluciÃ³n. Art. 227.- Los objetos secuestrados que no estÃ©n sometidos a confiscaciÃ³n, restituciÃ³n o embargo, serÃ¡n devueltos, tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron. Esta devoluciÃ³n podrÃ¡ ordenarse provisionalmente, en calidad de depÃ³sito, e imponerse al poseedor la obligaciÃ³n de exhibirlos. Los efectos sustraÃdos serÃ¡n devueltos, en las mismas condiciones y segÃºn corresponda, al damnificado o al poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados. CapÃtulo IV Testigos Deber de indagar. Art. 228.- El Juez interrogarÃ¡ a toda persona que conozca los hechos investigados y cuya declaraciÃ³n pueda ser Ãºtil al descubrimiento de la verdad. ObligaciÃ³n de testificar. Art. 229.- Toda persona tendrÃ¡ la obligaciÃ³n de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la Ley. Capacidad de atestiguar. Art. 230.- Toda persona serÃ¡ capaz de atestiguar, incluso los empleados judiciales con respecto a sus actuaciones, sin perjuicio de la facultad del Juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crÃtica. ProhibiciÃ³n de declarar. Art. 231.- No podrÃ¡n testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cÃ³nyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o mÃ¡s prÃ³ximo al que lo liga con el imputado. Facultad de abstenciÃ³n. Art. 232.- PodrÃ¡n abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad; sus tutores, curadores y pupilos a menos que el testigo fuere denunciante, querellante o actor civil o que el delito aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o mÃ¡s prÃ³ximo al que lo liga con el imputado. Antes de iniciarse la declaraciÃ³n y bajo pena de nulidad, el Juez advertirÃ¡ a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejarÃ¡ constancia. Deber de abstenciÃ³n. Art. 233.- DeberÃ¡n abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que llegasen a su conocimiento en razÃ³n del propio estado, oficio o profesiÃ³n, bajo pena de nulidad: 1. Los ministros de un culto admitido. 2. Los abogados, procuradores y escribanos. 3. Los mÃ©dicos y demÃ¡s personas que ejerzan el arte de curar. 4. Los militares y funcionarios pÃºblicos, sobre secretos de Estado. Las personas mencionadas en los incisos 2), 3) y 4) no podrÃ¡n negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar el secreto. Si el testigo invocase errÃ³neamente la obligaciÃ³n del secreto sobre un hecho que no puede estar comprendido en ella, el Juez procederÃ¡ sin mÃ¡s a interrogarlo. CitaciÃ³n. Art. 234.- Para el examen de testigos, el Juez expedirÃ¡ orden de citaciÃ³n con arreglo a las normas de este CÃ³digo, excepto los testigos que tengan tratamiento especial o los que deban ser examinados en el domicilio. En caso de urgencia, sin embargo, podrÃ¡n ser citados verbalmente. El testigo podrÃ¡ tambiÃ©n presentarse espontÃ¡neamente lo que se harÃ¡ constar. DeclaraciÃ³n por exhorto o mandamiento. Art. 235.- Cuando el testigo resida en un lugar distante del juzgado o sean difÃciles los medios de transporte, el Juez someterÃ¡ la declaraciÃ³n de aquÃ©l, por exhorto o mandamiento, oficio o suplicatoria, a las autoridades de su residencia, salvo que considere indispensable hacerlo comparecer. En este caso, fijarÃ¡ prudencialmente la indemnizaciÃ³n que corresponda al citado. CompulsiÃ³n. Art. 236.- Si el testigo no se presentare a la primera citaciÃ³n se procederÃ¡ a hacerlo comparecer por la fuerza pÃºblica, de no mediar causa justificada, sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda. Si despuÃ©s de comparecer el testigo se negare a declarar, se dispondrÃ¡ su arresto hasta por dos (2) dÃas, al tÃ©rmino de los cuales, cuando persista en la negativa, se iniciarÃ¡ contra Ã©l causa criminal. Arresto inmediato. Art. 237.- PodrÃ¡ ordenarse el inmediato arresto de un testigo cuando carezca de domicilio o haya temor fundado de que se oculte, fugue o ausente. Esta medida durarÃ¡ el tiempo indispensable para recibir la declaraciÃ³n, el que nunca excederÃ¡ de veinticuatro (24) horas. Forma de la declaraciÃ³n. Art. 238.- Antes de comenzar la declaraciÃ³n, los testigos serÃ¡n instruidos acerca de las penas del falso testimonio y prestarÃ¡n juramento bajo pena de nulidad, con excepciÃ³n de los menores inimputable,s de los que en el primer momento de la investigaciÃ³n, aparezcan como sospechosos y de los condenados como partÃcipes del delito que se investiga o de otro conexo. En seguida, el Juez interrogarÃ¡ separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado, edad, profesiÃ³n, domicilio, vÃnculos de parentesco y de interÃ©s con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad. Si el testigo pudiera abstenerse de declarar, se le deberÃ¡ advertir, bajo pena de nulidad, que goza de dicha facultad, lo que se harÃ¡ constar. A continuaciÃ³n se le interrogarÃ¡ sobre el hecho; para cada declaraciÃ³n se labrarÃ¡ un acta con arreglo a las normas de este CÃ³digo. Tratamiento especial. Art. 239.- No estarÃ¡n obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la NaciÃ³n, los gobernadores y vicegobernadores de provincias y de territorios nacionales, los ministros y legisladores nacionales y provinciales, los miembros del Poder Judicial de la NaciÃ³n de las provincias y de los tribunales militares, los ministros diplomÃ¡ticos y cÃ³nsules generales, los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales. SegÃºn la importancia que el Juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, estas personas declararÃ¡n en su residencia oficial donde aquÃ©l se trasladarÃ¡, o por un informe escrito, en el cual expresarÃ¡n que atestiguan bajo juramento. Los testigos enumerados podrÃ¡n renunciar a este tratamiento especial. Examen en el domicilio. Art. 240.- Las personas que no puedan concurrir al Tribunal por estar fÃsicamente impedidas, serÃ¡n examinadas en su domicilio o en el lugar donde se encontraren. Falso testimonio. Art. 241.- Si un testigo incurriere en falso testimonio, se ordenarÃ¡ la extracciÃ³n de las copias pertinentes y se las remitirÃ¡ al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de ordenarse la detenciÃ³n. CapÃtulo V Peritos Facultad de ordenar pericias. Art. 242.- El Juez podrÃ¡ ordenar una pericia siempre que, para conocer o apreciar algÃºn hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean necesarios o convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia, arte o tÃ©cnica. Calidad habilitante. Art. 243.- Los peritos deberÃ¡n tener tÃtulo de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de expedirse, siempre que la profesiÃ³n, arte o tÃ©cnica estÃ©n reglamentadas. En caso contrario, deberÃ¡ designarse a persona de idoneidad manifiesta. DesignaciÃ³n y notificaciÃ³n. Art. 244.- El Juez designarÃ¡ de oficio un perito, salvo que considere indispensable que sean mÃ¡s. NotificarÃ¡ esta medida al Ministerio Fiscal y a las partes, antes de que se inicien las operaciones, bajo pena de nulidad, siempre que no haya suma urgencia o que la indagaciÃ³n sea extremadamente simple. En estos casos, bajo la misma sanciÃ³n, se notificarÃ¡ al imputado de que se realizÃ³ la pericia, que puede hacerla examinar por medio de otro perito que elija y pedir, si fuere posible. la reproducciÃ³n. ProposiciÃ³n. Art. 245.- El imputado y el actor civil, en el tÃ©rmino que el Juez fije al ordenar la notificaciÃ³n dispuesta en la primera parte del artÃculo anterior, el que no excederÃ¡ de diez dÃas, podrÃ¡n proponer, a su costa, cada uno, otro perito de las condiciones establecidas por este CÃ³digo. Obligatoriedad del cargo. Art. 246.- Nadie puede negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeÃ±ar un servicio pericial, si no estuviere legÃtimamente impedido. En este caso deberÃ¡ informar al notificÃ¡rsele su designaciÃ³n. Los peritos aceptarÃ¡n el cargo bajo juramento, aunque fueren oficiales. Incapacidad e incompatibilidad. Art. 247.- No podrÃ¡n ser peritos: los menores de edad, los insanos, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o hayan sido citados como tales, los condenados y los inhabilitados. ExcusaciÃ³n y recusaciÃ³n. Art. 248.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo anterior, son causas legales de excusaciÃ³n o recusaciÃ³n de los peritos, las que se establecen para los jueces. El incidente serÃ¡ resuelto por el Juez, oÃdo el interesado y previa averiguaciÃ³n sumaria, sin recurso alguno. Directivas. Art. 249.- El Juez dirigirÃ¡ la pericia, formularÃ¡ concretamente las cuestiones a elucidar, fijarÃ¡ el plazo en que ha de expedirse y si lo juzgase conveniente, asistirÃ¡ a las operaciones. PodrÃ¡ igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones o a asistir a determinados actos procesales. ConservaciÃ³n de los objetos. Discrepancia. Art. 250.- Tanto el Juez como los peritos procurarÃ¡n que las cosas examinadas sean, en lo posible, conservadas, de modo que la pericia, si fuere el caso, pueda renovarse. Si fuere necesario destruir o alterar los objetos analizados o si hubiere discrepancia sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberÃ¡n informar al Juez antes de proceder. EjecuciÃ³n. Peritos nuevos. Art. 251.- Siempre que sea posible y conveniente, los peritos practicarÃ¡n unidos el examen, deliberarÃ¡n en sesiÃ³n secreta, a la que sÃ³lo podrÃ¡ asistir el Juez, y si estuvieren de acuerdo, redactarÃ¡n el dictamen en comÃºn; en caso contrario, lo harÃ¡n por separado. Si los informes discreparen fundamentalmente, el Juez podrÃ¡ nombrar uno o mÃ¡s peritos nuevos, segÃºn la importancia del caso, para que los examinen y valoren o si fuere factible y necesario, realicen otra vez la pericia. De igual modo podrÃ¡n actuar los peritos propuestos por las partes, cuando hubieran sido nombrados despuÃ©s de efectuada la pericia. Dictamen y apreciaciÃ³n. Art. 252.- El dictamen pericial podrÃ¡ expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta, y comprenderÃ¡ en cuanto fuere posible: 1. La descripciÃ³n de las personas, lugares, cosas o hechos examinados, en las condiciones que hubieren sido hallados. 2. Una relaciÃ³n detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados. 3. Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o tÃ©cnica. 4. Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones. El Juez valorarÃ¡ la pericia de acuerdo con las reglas de la sana crÃtica. Pericia siquiÃ¡trica Art. 253.- El Juez requerirÃ¡ informe pericial para establecer si el imputado es persona socialmente peligrosa, cuando tal circunstancia sea exigida por la Ley para la aplicaciÃ³n de una sanciÃ³n. Las pericias siquiÃ¡tricas no podrÃ¡n versar sobre caracteres genÃ©ticos de la personalidad del sujeto examinado, e independientes de causas patolÃ³gicas. Autopsia necesaria. Art. 254.- En todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, aÃºn cuando por la inspecciÃ³n exterior pueda presumirse la causa de la muerte, se ordenarÃ¡ la autopsia. Cotejo de documentos. Art. 255.- Cuando se trate de examinar o cotejar algÃºn documento el Juez ordenarÃ¡ la presentaciÃ³n de las escrituras de comparaciÃ³n, pudiendo utilizarse escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtenciÃ³n de estos escritos podrÃ¡ disponer el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. El Juez podrÃ¡ disponer tambiÃ©n que alguna de las partes forme cuerpo de la escritura. De la negativa del imputado se dejarÃ¡ constancia. Reserva y sanciones. Art. 256.- El perito deberÃ¡ guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuaciÃ³n. El Juez podrÃ¡ corregir con medidas disciplinarias la negligencia, inconducta o mal desempeÃ±o de los peritos y aÃºn sustituirlos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder. Honorarios. Art. 257.- Los peritos nombrados de oficio o a pedido del Ministerio PÃºblico tendrÃ¡n derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo por cargos oficiales desempeÃ±ados en virtud de conocimientos especÃficos en la ciencia, arte o tÃ©cnica que la pericia requiera. El perito nombrado a peticiÃ³n de parte podrÃ¡ cobrarlos siempre directamente a Ã©sta o al condenado en costas. CapÃtulo VI IntÃ©rpretes Casos en que procede designarlos. Art. 258.- Para interpretar o traducir documentos o declaraciones que se encuentren o deban producirse en lengua distinta del idioma nacional, el Juez nombrarÃ¡ un intÃ©rprete. El declarante podrÃ¡ suscribir su declaraciÃ³n, la que se insertarÃ¡ en el expediente junto con la traducciÃ³n. Se deberÃ¡ nombrar intÃ©rprete aÃºn cuando el Juez tenga conocimiento personal de la lengua o del dialecto a interpretar. Normas aplicables. Art. 259.- En cuanto a la capacidad para ser intÃ©rprete, incompatibilidades, excusaciÃ³n, recusaciÃ³n, derechos y deberes, tÃ©rmino y sanciones disciplinarias, regirÃ¡n las disposiciones relativas a los peritos. CapÃtulo VII Reconocimientos Casos. Art. 260.- El juez podrÃ¡ ordenar que se practique reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la menciona o la alude, efectivamente la conoce o la ha visto. El reconocimiento se efectuarÃ¡ por medios tÃ©cnicos, de testigos o cualquier otro. Interrogatorio previo. Art. 261.- Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo serÃ¡ interrogado para que describa a la persona de que se trata, y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen. El declarante prestarÃ¡ juramento, a excepciÃ³n del imputado. Forma. Art. 262.- La diligencia de reconocimiento se practicarÃ¡ en seguida, poniendo a la vista del que haya de verificarlo la persona que deba ser reconocida, y haciÃ©ndola comparecer con otras de condiciones exteriores semejantes entre las que el sujeto a reconocer elegirÃ¡ colocaciÃ³n. En presencia de todas ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, segÃºn el Juez lo estime conveniente, el que deba practicar el reconocimiento manifestarÃ¡ si se encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho referencia, designÃ¡ndola, en caso afirmativo, clara y determinadamente. En ningÃºn caso la rueda podrÃ¡ estar (determinada) por personal del Tribunal. De la diligencia se labrarÃ¡ un acta, en la que constarÃ¡n todas las circunstancias, incluso el nombre de los que hubieren formado la rueda. Pluralidad de reconocimientos. Art. 263.- Cuando varias personas deban reconocer a una, cada reconocimiento se practicarÃ¡ separadamente, sin que aquellas se comuniquen entre sÃ, pudiÃ©ndose labrar una sola acta. Cuando sean varias las personas a reconocer por una, podrÃ¡ hacerse el reconocimiento de todas en un solo acto. Reconocimiento por fotografÃa. Art. 264.- Cuando sea necesario identificar o reconocer a una persona que no estÃ© presente y no pueda ser traÃda, y de ella se tenga fotografÃas, se le presentarÃ¡n Ã©stas con otras semejantes de distintas personas al que deba efectuar el reconocimiento y se observarÃ¡n, en lo demÃ¡s, las disposiciones precedentes. Reconocimiento de cosas. Art. 265.- Antes del reconocimiento de una cosa, el Juez invitarÃ¡ a la persona que deba verificarlo a que la describa. En cuanto a lo demÃ¡s, se observarÃ¡n, si fuere posible, las reglas precedentes. CapÃtulo VIII Careos Procedencia. Art. 266.- PodrÃ¡ ordenarse el careo de personas que discrepen sobre hechos o circunstancias importantes, pero el imputado no podrÃ¡ ser obligado a carearse. Juramento. Art. 267.- Los que hubieren de ser careados prestarÃ¡n juramento antes del acto, bajo pena de nulidad, a excepciÃ³n del imputado. Forma. Art. 268.- El careo se verificarÃ¡, por regla general, entre dos personas. Al del imputado podrÃ¡ asistir su defensor. Para efectuarlo se leerÃ¡n en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias, y se llamarÃ¡ la atenciÃ³n de los careados sobre las discrepancias, a fin de que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. De la ratificaciÃ³n o rectificaciÃ³n que resulte se dejarÃ¡ constancia, asÃ como de las reconvenciones que se hagan los careados y de cuanto en el acto ocurra; pero no se harÃ¡ referencia a las impresiones del Juez acerca de los careados. TÃtulo IV SituaciÃ³n del imputado CapÃtulo I PresentaciÃ³n y comparecencia PresentaciÃ³n espontÃ¡nea. Art. 269.- La persona contra la cual se haya iniciado o estÃ© por iniciarse un proceso, tendrÃ¡ derecho a presentarse ante el Juez competente a fin de declarar. Si la declaraciÃ³n fuere recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrÃ¡ como tal a cualquier efecto. La presentaciÃ³n espontÃ¡nea no impedirÃ¡ que se ordene, cuando corresponda, la detenciÃ³n. RestricciÃ³n de la libertad. Principio general. Art. 270.- La libertad personal podrÃ¡ ser restringida sÃ³lo de acuerdo con las disposiciones de este CÃ³digo y en los lÃmites, absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicaciÃ³n de la Ley sustantiva. El arresto o la detenciÃ³n se ejecutarÃ¡ de modo que perjudique lo menos posible a la persona y reputaciÃ³n de los afectados. Arresto. Art. 271.- Cuando en el primer momento de la investigaciÃ³n de un hecho en el que hubieran participado varias personas, no sea posible individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la instrucciÃ³n, el Juez podrÃ¡ disponer que los presente no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sÃ antes de prestar declaraciÃ³n y aÃºn ordenar el arresto, si fuere indispensable. Ambas medidas no podrÃ¡n prolongarse por mÃ¡s tiempo que el estrictamente necesario para recibir las declaraciones a lo cual se procederÃ¡ sin tardanza, y en ningÃºn caso durarÃ¡n mÃ¡s de veinticuatro (24) horas. CitaciÃ³n. Art. 272.- Cuando el delito que se investigue no estÃ© reprimido con pena privativa de la libertad o cuando estÃ¡ndolo parezca procedente una condena de ejecuciÃ³n condicional, el Juez, salvo los casos de flagrancia, sÃ³lo podrÃ¡ ordenar la comparecencia del imputado por simple citaciÃ³n. Si el citado no se presentare en el tÃ©rmino que se le fije ni justifique un impedimento legÃtimo se ordenarÃ¡ su detenciÃ³n. DetenciÃ³n. Art. 273.- Salvo lo dispuesto en el artÃculo anterior y en los lÃmites de lo estrictamente indispensable, el Juez librarÃ¡ orden de detenciÃ³n para que el imputado sea llevado a su presencia. La orden serÃ¡ escrita, contendrÃ¡ los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye y serÃ¡ notificada en el momento de ejecutarse o inmediatamente despuÃ©s, con arreglo a las normas de este CÃ³digo. Sin embargo, en caso de suma urgencia, el Juez podrÃ¡ impartir la orden verbal o telegrÃ¡ficamente, haciÃ©ndolo constar. DetenciÃ³n sin orden judicial. Art. 274.- Los funcionarios y auxiliares de la policÃa tienen el deber de detener, aÃºn sin orden judicial: 1. Al que intentare un delito, en el momento de disponerse a cometerlo. 2. Al que fugare estando legalmente detenido. 3. A la persona contra la cual hubieren indicios vehementes de haber participado en un hecho punible. 4. A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisiÃ³n de un delito de acciÃ³n pÃºblica reprimido con pena privativa de libertad. TratÃ¡ndose de un delito cuya acciÃ³n dependa de instancia privada, inmediatamente serÃ¡ informado a quien puede promoverla, y si Ã©ste no presentare la denuncia en el mismo acto, el detenido serÃ¡ puesto en libertad. Flagrancia. Art. 275.- Se considerarÃ¡ flagrante el hecho cuando su autor sea sorprendido en el momento de cometerlo, o inmediatamente despuÃ©s, mientras sea perseguido por la fuerza pÃºblica, por el perjudicado o el clamor pÃºblico, o mientras tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. PresentaciÃ³n del detenido sin orden. Art. 276.- El oficial o auxiliar de la policÃa que haya practicado una detenciÃ³n sin orden, deberÃ¡ presentar inmediatamente al detenido ante la autoridad judicial competente, con apercibimiento en caso de omisiÃ³n, de la pertinente promociÃ³n de acciÃ³n penal. DetenciÃ³n por un particular. Art. 277.- En los casos en que los funcionarios de la policÃa tienen el deber de detener sin orden judicial, los particulares estÃ¡n facultados para hacerlo, entregando el detenido inmediatamente a la autoridad. CapÃtulo II RebeldÃa del imputado Casos en que procede. Art. 278.- SerÃ¡ declarado rebelde el imputado que, sin grave y legÃtimo impedimento, no compareciere a la citaciÃ³n judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se halle detenido, o se ausentare, sin licencia del Tribunal, del lugar asignado para su residencia. DeclaraciÃ³n. Art. 279.- Transcurrido el tÃ©rmino de la citaciÃ³n o comprobada la fuga o la ausencia, el Tribunal declararÃ¡ la rebeldÃa por auto y expedirÃ¡ orden de detenciÃ³n si antes no se hubiere dictado. Efectos sobre el proceso. Art. 280.- La declaraciÃ³n de rebeldÃa no suspenderÃ¡ el curso de la instrucciÃ³n, ni impedirÃ¡ el ejercicio de los derechos que este CÃ³digo acuerda durante la misma. Si fuere declarada durante el juicio, Ã©ste se suspenderÃ¡ con respecto al rebelde y continuarÃ¡ para los demÃ¡s imputados presentes. Declarada la rebeldÃa, se reservarÃ¡n las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicciÃ³n que fuere indispensable conservar. La declaraciÃ³n de rebeldÃa implicarÃ¡ la orden de detenciÃ³n del imputado que estuviere en libertad. La acciÃ³n civil podrÃ¡ tramitarse en la sede respectiva. Cuando el rebelde comparezca, por propia voluntad o por fuerza, la causa continuarÃ¡ segÃºn su estado. JustificaciÃ³n. Art. 281.- Si el imputado se presentare con posterioridad a la declaraciÃ³n de su rebeldÃa y justificare que no concurriÃ³ hasta ese momento a la citaciÃ³n judicial debido a un grave y legÃtimo impedimento, la declaraciÃ³n de rebeldÃa serÃ¡ revocada y no producirÃ¡ los efectos previstos en el artÃculo anterior. CapÃtulo II bis SuspensiÃ³n del Proceso a Prueba Oportunidad y contenido. Art. 281 Bis.- A partir del decreto de citaciÃ³n a juicio y hasta el tercer dÃa de notificado del decreto de audiencia de debate, el imputado podrÃ¡ pedir la suspensiÃ³n del proceso a prueba; se formarÃ¡ incidente y se seguirÃ¡ el trÃ¡mite de las excepciones. Sin perjuicio del pedido de suspensiÃ³n, y previo correr vista al Agente Fiscal, el Juez podrÃ¡ obtener y asegurar los elementos de convicciÃ³n que resulten pertinentes y Ãºtiles para la investigaciÃ³n. El pedido deberÃ¡ indicar, en su caso, el modo de la reparaciÃ³n de los daÃ±os causados y acompaÃ±ar nÃºmero de copias suficientes para el traslado a las partes y damnificados. Evacuadas las vistas, en un plazo no mayor de cinco (5) dÃas, el Tribunal decidirÃ¡ por auto. El pronunciamiento establecerÃ¡ las reglas de conducta a que deba someterse, dentro de un plazo que no excederÃ¡ del mÃ¡ximo de la pena conminada por el delito imputado, el plazo de la suspensiÃ³n y demÃ¡s condiciones; si correspondiere, la reparaciÃ³n de los daÃ±os. La Corte de Justicia habilitarÃ¡ una oficina encargada del adecuado control de las reglas de conducta. (Modificado por la Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 7262 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). CapÃtulo III Indagatoria Procedencia y tÃ©rmino. Art. 282.- El Juez procederÃ¡ a recibir declaraciÃ³n indagatoria a toda persona que aparezca sospechada de ser responsable en la ejecuciÃ³n o participaciÃ³n de un delito; si estuviere detenida, inmediatamente, o a mÃ¡s tardar, en el tÃ©rmino de veinticuatro (24) horas desde que fue puesta a su disposiciÃ³n. Este plazo podrÃ¡ prorrogarse por otro tanto, cuando el Juez no hubiere podido recibir la declaraciÃ³n, o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor. Si en un proceso hubieren varios imputados detenidos, dicho tÃ©rmino se computarÃ¡ con respecto a la primera declaraciÃ³n y las otras se recibirÃ¡n sucesivamente sin tardanza. Asistencia. Art. 283.- A la declaraciÃ³n del imputado podrÃ¡n asistir su defensor y los mandatarios de las partes civiles, si alguno de ellos lo solicitare y el Ministerio Fiscal. El primero serÃ¡ informado de este derecho antes de todo interrogatorio, pero podrÃ¡ declarar en ausencia de su defensor, siempre que manifestare expresamente su voluntad en tal sentido. Libertad de declarar. Art. 284.- El imputado podrÃ¡ abstenerse de declarar sobre el hecho que se le atribuya. En ningÃºn caso se le requerirÃ¡ juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerÃ¡ contra Ã©l coacciÃ³n o amenaza, ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harÃ¡n cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesiÃ³n. La inobservancia de este precepto harÃ¡ nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda. Interrogatorio de identificaciÃ³n. Art. 285.- DespuÃ©s de proceder a la designaciÃ³n de defensor, fijaciÃ³n de domicilio procesal y la asistencia o no del defensor al acto de la indagatoria, el Juez invitarÃ¡ al imputado a declarar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, estado, edad, profesiÃ³n, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio actual, principales lugares de residencia anterior y condiciones de vida; nombre, estado y profesiÃ³n de los padres, si ha sido procesado y en su caso, por quÃ© causa, por quÃ© tribunal, quÃ© sentencia recayÃ³ y si ella fue cumplida. Formalidades previas. Art. 286.- Terminado el interrogatorio de identificaciÃ³n, el Juez informarÃ¡ detalladamente al imputado cuÃ¡l es el hecho que se le atribuye, cuÃ¡les son las pruebas existentes en su contra, y que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique una presunciÃ³n de culpabilidad. Si el imputado se negare a declarar, ello se harÃ¡ constar en el acta. Si rehusare suscribirla, se consignarÃ¡ el motivo. Forma de la indagatoria. Art. 287.- Si el imputado no se opusiera a declarar, el Juez lo invitarÃ¡ a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaraciÃ³n de los hechos y a indicar las pruebas que estime oportunas. Salvo que aquÃ©l prefiere dictar su declaraciÃ³n, se le harÃ¡ constar fielmente, en lo posible, con sus mismas palabras. DespuÃ©s de esto, el Juez podrÃ¡ formular al indagado las preguntas que estime convenientes en forma clara y precisa; nunca capciosa o sugestiva. El declarante podrÃ¡ dictar las respuestas, que no serÃ¡n instadas perentoriamente. El Ministerio Fiscal, los defensores y los mandatarios tendrÃ¡n los deberes y facultades que este CÃ³digo les acuerda, pudiendo para ello examinar las actuaciones. Si por la duraciÃ³n del acto se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado, la declaraciÃ³n serÃ¡ suspendida hasta que ellos desaparezcan. InformaciÃ³n al imputado. Art. 288.- Antes de terminarse la declaraciÃ³n indagatoria, o despuÃ©s de haberse negado el imputado a prestarla, el Juez le informarÃ¡ las disposiciones legales sobre libertad provisional. Forma del acta. Art. 289.- Concluida la indagatoria el acta serÃ¡ leÃda en alta voz por el secretario, bajo pena de nulidad y de ello se harÃ¡ menciÃ³n sin perjuicio de que tambiÃ©n la lea el imputado o su defensor. Cuando el declarante quiera aÃ±adir o enmendar algo, sus manifestaciones serÃ¡n consignadas sin alterar lo escrito. El acta serÃ¡ suscrita por todos los presentes. Si alguno de ellos no pudiere o no quisiere hacerlo, esto se harÃ¡ constar y no afectarÃ¡ la validez de aquella. Al imputado le asiste el derecho de rubricar todas las fojas de su declaraciÃ³n por sÃ o por su defensor. Imputado que no sabe expresarse. Art. 290.- Si por ignorar el idioma nacional o ser sordomudo, el imputado no supiere darse a entender, o si fuere ciego, se procederÃ¡ de acuerdo con las normas de este CÃ³digo. Indagatorias separadas. Art. 291.- Cuando los imputados en la misma causa sean varios, las indagatorias se recibirÃ¡n separadas y sucesivamente, evitÃ¡ndose que se comuniquen antes de que todos hayan declarado. Declaraciones espontÃ¡neas. Art. 292.- El imputado podrÃ¡ declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaraciÃ³n sea pertinente y no aparezca sÃ³lo como un procedimiento dilatorio o perturbador. EvacuaciÃ³n de citas. Art. 293.- El Juez deberÃ¡ investigar todos los hechos y circunstancias a que el imputado se haya referido, siempre que sean pertinentes y Ãºtiles. El Ministerio Fiscal, la defensa y el querellante podrÃ¡n instar a su cumplimiento. La denegatoria, que deberÃ¡ hacerse por decreto fundado, serÃ¡ apelable. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793. 23/12/03. Nueva Modificatoria por Ley NÂº 7313 B.O. NÂº 16.971 â Promulgada el 09/09/04). IdentificaciÃ³n y antecedentes. Art. 294.- Recibida la indagatoria, el Juez remitirÃ¡ a la oficina respectiva los datos personales del imputado, y ordenarÃ¡ que se proceda a su identificaciÃ³n. CapÃtulo IV Procesamiento Fundamento y tÃ©rmino. Art. 295.- En el tÃ©rmino de quince (15) dÃas a contar desde la indagatoria, el Juez ordenarÃ¡ el procesamiento del imputado, siempre que haya elementos de convicciÃ³n suficientes para juzgar que existe un hecho delictuoso y que aquÃ©l, es culpable como partÃcipe del mismo. En el caso en que hubieren varios imputados, el tÃ©rmino se contarÃ¡ desde la Ãºltima indagatoria. Interrogatorio previo. Art. 296.- No podrÃ¡ ordenarse el procesamiento bajo pena de nulidad, sin habÃ©rsele recibido indagatoria al imputado, o sin que conste su negativa a declarar. Forma y contenido de la decisiÃ³n. Art. 297.- El procesamiento serÃ¡ dispuesto por auto, el cual deberÃ¡ contener bajo pena de nulidad: las condiciones personales del imputado o si fueren ignoradas, los datos que sirvan para identificarlo, una somera enunciaciÃ³n de los hechos que se le atribuyan, la exposiciÃ³n sucinta de los motivos en que la decisiÃ³n se funda; y la calificaciÃ³n legal del delito, con cita de las disposiciones aplicables, y la parte resolutiva. Falta de mÃ©rito. Art. 298.- Cuando en el tÃ©rmino fijado para dictar el auto de procesamiento el Juez considere que no hay mÃ©rito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer, dictarÃ¡ un auto que asÃ lo declare sin perjuicio de proseguir la investigaciÃ³n, y dispondrÃ¡ la libertad de los detenidos que haya, previa constituciÃ³n de domicilio. CarÃ¡cter y recursos. Art. 299.- Los autos de procesamiento y de falta de mÃ©rito podrÃ¡n ser revocados y reformados de oficio durante la instrucciÃ³n. Contra ellos sÃ³lo podrÃ¡ interponerse apelaciÃ³n sin efecto suspensivo; del primero, por el defensor, el Ministerio PÃºblico o el querellante; del segundo, por los dos Ãºltimos. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). CapÃtulo V PrisiÃ³n Preventiva Procedencia. Art. 300.- El Juez ordenarÃ¡ la prisiÃ³n preventiva del imputado al dictar el auto de procesamiento cuando el delito o al concurso de delitos que se le atribuya corresponda pena privativa de la libertad y ademÃ¡s estime que no procederÃ¡ condena de ejecuciÃ³n condicional. Si no concurrieren estas dos condiciones, lo dejarÃ¡ en libertad provisoria. Otras restricciones preventivas. Art. 301.- Al decretar el procesamiento de una persona a la que deje en libertad provisional, el Juez podrÃ¡ disponer que no se ausente de determinado lugar, que no concurra a determinado sitio o que se presente a la autoridad los dÃas que fije. Si es aplicable alguna inhabilitaciÃ³n especial, podrÃ¡ disponer tambiÃ©n, previamente, que se abstenga de esa actividad. Medida de seguridad provisional. Art. 302.- Si previo dictamen de dos peritos, es presumible que el imputado, en el momento de cometer el hecho, se encontraba en estado de enfermedad mental que lo haga inimputable, podrÃ¡ disponerse, provisionalmente, su internaciÃ³n en un establecimiento especial. PrisiÃ³n domiciliaria. Art. 303.- El Juez ordenarÃ¡ la detenciÃ³n domiciliaria de las personas a las cuales pueda corresponder, de acuerdo al CÃ³digo Penal, cumplimiento de la pena de prisiÃ³n en el domicilio. Tratamiento de presos. Art. 304.- Excepto lo que prevÃ© el artÃculo anterior, los que sean sometidos a prisiÃ³n preventiva serÃ¡n custodiados en establecimientos diferentes de los que ocupen los penados; se dispondrÃ¡ su separaciÃ³n por razones de sexo, edad, educaciÃ³n, antecedentes y naturaleza del delito que se les impute; podrÃ¡n procurarse a sus expensas las comodidades que no afecten al rÃ©gimen carcelario y la asistencia mÃ©dica que necesiten, recibir visitas en las condiciones que establezca el reglamento respectivo y usar medios de correspondencia, salvo las restricciones que por ley correspondan. Los jueces podrÃ¡n autorizarlos, mediante resoluciÃ³n fundada, a salir del establecimiento y ser trasladados bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de algÃºn pariente prÃ³ximo, por el tiempo que prudencialmente se determine. CapÃtulo VI ExenciÃ³n de DetenciÃ³n y ExcarcelaciÃ³n ExenciÃ³n de detenciÃ³n. Procedencia. Art. 305.- Toda persona que se considere imputada de un delito, en causa penal determinada, cualquiera sea el estado en que Ã©sta se encuentre, y hasta el momento de dictarse la prisiÃ³n preventiva, podrÃ¡ solicitar al Juez de InstrucciÃ³n que entiende en la misma su exenciÃ³n de detenciÃ³n. En el procedimiento sumario al Juez Correccional y de GarantÃas hasta el tercer dÃa de notificado de la audiencia del debate. El Juez calificarÃ¡ Ã©l o los hechos de que se trate y, si estimare prima facie que procederÃ¡ condena de ejecuciÃ³n condicional, podrÃ¡ eximir de detenciÃ³n al imputado. Si el Juez, fuere desconocido, el pedido podrÃ¡ hacerse al Juez de turno, del Distrito donde se haya cometido el hecho a investigar, quien determinarÃ¡ el Juez interviniente y le remitirÃ¡, si correspondiere la solicitud. Para el ejercicio del derecho acordado por el presente artÃculo, no es necesario que el imputado se encuentre detenido o se hubiere librado en su contra orden de detenciÃ³n. El pedido de eximiciÃ³n de detenciÃ³n se resolverÃ¡ por auto, sin substanciaciÃ³n y en el tÃ©rmino mÃ¡ximo de veinticuatro (24) horas. La resoluciÃ³n que recaiga serÃ¡ apelable por la defensa, el Ministerio Fiscal o el querellante. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â promulgada el 09/09/04). ExcarcelaciÃ³n. Procedencia. Art. 306.- La excarcelaciÃ³n deberÃ¡ concederse: 1. Cuando el imputado hubiere cumplido en detenciÃ³n o prisiÃ³n preventiva el mÃ¡ximo de la pena prevista por el CÃ³digo Penal para el o los delitos que se le atribuyan. 2. Si el Tribunal estimare que al imputado no se le privarÃ¡ de su libertad en caso de condena por un tiempo no mayor al de la prisiÃ³n sufrida, aÃºn por aplicaciÃ³n del artÃculo 13 del CÃ³digo Penal. 3. Cuando el imputado hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia que no estuviere firme. 4. Cuando la sentencia que no estuviere firme imponga pena que permita el ejercicio del derecho acordado por el artÃculo 13 del CÃ³digo Penal, siempre que se halle acreditada la observancia regular de los reglamentos carcelarios. Cauciones. Art. 307.- La excarcelaciÃ³n se concederÃ¡ bajo cauciÃ³n juratoria, personal o real. Al acordarla, el Juez podrÃ¡ disponer al procesado las restricciones preventivas establecidas por este CÃ³digo. (Modificado por Ley NÂº 7262 del 30/12/03. B.O. NÂº 16.793 â promulgada el 23/12/03). Objeto de las cauciones. Art. 308.- Las cauciones tendrÃ¡n por objeto asegurar que el imputado cumpla las obligaciones que se le impongan y las Ã³rdenes de la autoridad judicial, y que se someta a la ejecuciÃ³n de la sentencia condenatoria. DeterminaciÃ³n de las cauciones. Art. 309.- Para determinar la calidad y cantidad de la cauciÃ³n, se tendrÃ¡ en cuenta la naturaleza del delito, la condiciÃ³n econÃ³mica, personal, moral y antecedentes del imputado y la importancia del daÃ±o producido. El Juez harÃ¡ la estimaciÃ³n de modo que constituya un motivo eficaz para que aquel se abstenga de infringir sus obligaciones. CauciÃ³n personal. Art. 310.- La cauciÃ³n personal consistirÃ¡ en la obligaciÃ³n que el imputado asuma junto con uno o mÃ¡s fiadores solidarios de pagar, en caso de incomparecencia, la suma que el Juez fije al conceder la excarcelaciÃ³n. Capacidad y solvencia del fiador. Art. 311.- PodrÃ¡ ser fiador el que tenga capacidad para contratar y acredite solvencia suficiente. Nadie podrÃ¡ tener otorgadas y subsistentes mÃ¡s de dos fianzas en cada distrito. Para el cumplimiento del pÃ¡rrafo precedente el Secretario de la Corte de Justicia deberÃ¡ llevar un registro de las fianzas otorgadas y subsistentes en todos los distritos judiciales, a tal fin cada fianza deberÃ¡ ser comunicada a la SecretarÃa de la Corte de Justicia. CauciÃ³n real. Art. 312.- La cauciÃ³n real se constituirÃ¡ depositando dinero, efectos pÃºblicos o valores cotizables u otorgando hipotecas o prendas por los importes que el Juez determine. Los fondos o valores depositados quedarÃ¡n sometidos a privilegio especial, para el cumplimiento de las obligaciones procedentes de la cauciÃ³n. SerÃ¡n depositados en las cuentas que la Corte de Justicia habilite en la entidad financiera que funcione como caja obligada de la provincia, en la mejor lÃnea que exista en aquella, para procurar el resguardo del monto depositado. (Modificado por Ley NÂº 7262 B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Forma de la cauciÃ³n. Art. 313.- Las cauciones se otorgarÃ¡n, antes de ordenarse la libertad, en actas que serÃ¡n suscriptas ante el secretario. En caso de gravamen hipotecario, ademÃ¡s, se agregarÃ¡ al proceso el tÃtulo de propiedad, y previo informe de ley, el Juez ordenarÃ¡ por auto la inscripciÃ³n de aquÃ©l en el registro respectivo. Oportunidad de la excarcelaciÃ³n. Art. 314.- La excarcelaciÃ³n puede ser solicitada en cualquier estado del proceso, despuÃ©s de dictada la prisiÃ³n preventiva. Este incidente se tramitarÃ¡ por cuerda separada. TrÃ¡mite. Art. 315.- La solicitud de excarcelaciÃ³n se pasarÃ¡ en vista al Ministerio Fiscal, el que deberÃ¡ expedirse inmediatamente, salvo que el Juez, por la dificultad del caso, le conceda un tÃ©rmino que nunca podrÃ¡ ser mayor de veinticuatro (24) horas; y el Juez la resolverÃ¡ enseguida. Cuando la excarcelaciÃ³n se tramite en dÃas y horas inhÃ¡biles, el informe de SecretarÃa podrÃ¡ confeccionarse sobre la base de los datos consignados en la planilla prontuarial. FijaciÃ³n de domicilio y notificaciones. Art. 316.- El imputado y su fiador deberÃ¡n fijar domicilio procesal en el acto de prestar la cauciÃ³n. Las notificaciones y citaciones que deban hacerse al imputado se harÃ¡n tambiÃ©n al fiador, cuando se relacionen con la obligaciÃ³n del segundo. Recursos. Art. 317.- Cuando sea dictado por el Juez de InstrucciÃ³n, el auto de excarcelaciÃ³n serÃ¡ apelable, sin efecto suspensivo, por el Ministerio Fiscal, la defensa o el querellante. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â promulgada el 23/12/03 â Segunda ModificaciÃ³n por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â Promulgada el 09/09/04). RevocaciÃ³n. Art. 318.- El auto de excarcelaciÃ³n serÃ¡ reformable y revocable de oficio o a peticiÃ³n del Ministerio Fiscal. DeberÃ¡ ser revocado cuando el imputado no cumpla las obligaciones impuestas, o no comparezca al llamamiento del Juez, sin excusa bastante, o realice preparativos de fuga, o cuando nuevas circunstancias exijan su detenciÃ³n. CancelaciÃ³n. Art. 319.- La cauciÃ³n se cancelarÃ¡ y las garantÃas serÃ¡n restituidas: 1. Cuando, revocada la excarcelaciÃ³n, el imputado sea constituido en prisiÃ³n dentro del tÃ©rmino acordado. 2. Cuando se revoque el auto de prisiÃ³n preventiva o se sobresea en la causa, o se absuelva al imputado. 3. Cuando el condenado se presente a cumplir la pena impuesta o sea detenido dentro del tÃ©rmino fijado. SustituciÃ³n. Art. 320.- Si el fiador no pudiere continuar como tal por motivos fundados, podrÃ¡ pedir al Juez que lo sustituya por otra persona que Ã©l presente. TambiÃ©n podrÃ¡ sustituirse la cauciÃ³n real. PresunciÃ³n de fuga. Art. 321.- Si el fiador teme fundadamente la fuga del imputado, debe dar aviso inmediato al Juez y quedarÃ¡ liberado si aquÃ©l es detenido. Pero si los hechos afirmados por el fiador son falsos, el Juez podrÃ¡ imponerle una multa, cuyo monto no excederÃ¡ de cinco (5) dÃas de la remuneraciÃ³n del Juez de 1Âª Instancia y quedarÃ¡ subsistente la cauciÃ³n, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. EfectivizaciÃ³n. Art. 322.- Las cauciones se harÃ¡n efectivas cuando el imputado no comparezca al ser citado durante el proceso, o se sustraiga a la ejecuciÃ³n de la pena privativa de libertad. En tales casos y sin perjuicio de librar orden de captura, el Juez fijarÃ¡ un tÃ©rmino no mayor de diez (10) dÃas para comparecer, notificando de ello al fiador y al imputado, y apercibiÃ©ndoles de que, al vencimiento, la cauciÃ³n se harÃ¡ efectiva si el segundo no compareciere o no se justificare en caso de fuerza mayor que lo impida. EjecuciÃ³n de las cauciones. Art. 323.- Al vencimiento del tÃ©rmino prefijado, el Juez dictarÃ¡ una resoluciÃ³n inapelable, disponiendo que se hagan efectivas las cauciones. Esta resoluciÃ³n dispondrÃ¡ la ejecuciÃ³n del fiador o la venta en remate pÃºblico de los bienes hipotecados o prendados. Los efectos pÃºblicos o papeles se enajenarÃ¡n por corredores o agentes comerciales. Para la liquidaciÃ³n de las cauciones se procederÃ¡ conforme a las normas de este CÃ³digo relativas a la ejecuciÃ³n de las condenas pecuniarias. TÃtulo V Sobreseimiento Facultad de sobreseer. Art. 324.- En cualquier estado del proceso, podrÃ¡ resolverse de oficio o a peticiÃ³n motivada de parte, el sobreseimiento total o parcial por las causales establecidas, aÃºn cuando no se hubiere recepcionado declaraciÃ³n indagatoria. (Modificado por Ley NÂº 7262 - B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Alcance. Art. 325.- El sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relaciÃ³n al imputado a cuyo favor se dicta. Procedencia. Art. 326.- El sobreseimiento procederÃ¡ cuando: 1. La pretensiÃ³n penal se ha extinguido. 2. El hecho investigado no se cometiÃ³ o no lo fue por el imputado. 3. El hecho no encuadra en una figura penal. 4. Media una causa de justificaciÃ³n, inimputabilidad o inculpabilidad, o una excusa absolutoria. Forma. Art. 327.- El sobreseimiento se dispondrÃ¡ por auto, en el que se analizarÃ¡n las causales en el orden dispuesto en el artÃculo anterior, siempre que fuere posible. SerÃ¡ apelable por el Ministerio Fiscal o el querellante. (Modificado por Ley NÂº 7262 â B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03). Segunda ModificaciÃ³n por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 â Promulgada el 09/09/04). ApelaciÃ³n. Art. 328.- El auto de sobreseimiento serÃ¡ apelable, sin efecto suspensivo, por el imputado cuando, siendo posible, no se observe el orden establecido por este CÃ³digo, o cuando se le imponga una medida de seguridad. (Modificada por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â promulgada el 09/09/04). Efecto del Recurso. Art. 329.- El recurso de apelaciÃ³n interpuesto, en plazo y forma por el Ministerio Fiscal o el querellante, se concederÃ¡ sin efecto suspensivo. (Modificado por Ley 7262 B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03 que modifica la Ley NÂº 6962 - B.O. NÂº 15.270. Nueva ModificaciÃ³n por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04). Efectos. Art. 330.- Decretado el sobreseimiento, se ordenarÃ¡ la libertad del imputado que estuviere detenido, se despacharÃ¡n las comunicaciones al Registro de Reincidentes y, si fuere total, se archivarÃ¡ el expediente y las piezas de convicciÃ³n que no corresponda restituir. El sobreseimiento importarÃ¡ el levantamiento de todas las medidas coercitivas personales y reales impuestas sobre el imputado. TÃtulo VI Excepciones EnumeraciÃ³n. Art. 331.- Durante la instrucciÃ³n, el Ministerio Fiscal y las partes podrÃ¡n interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: 1. Falta de jurisdicciÃ³n. 2. Falta de acciÃ³n, porque no hubiere podido promoverse, o no lo hubiere sido legalmente, o no pudiere proseguir, o estuviere extinguida. Concurrencia de excepciones. TrÃ¡mite. Art. 332.- Si concurrieran dos o mÃ¡s excepciones, deberÃ¡n interponerse conjuntamente. Forma y prueba. Art. 333.- Las excepciones se deducirÃ¡n por escrito debiendo ofrecerse, en su caso, y bajo pena de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se funden. Vista fiscal y a las partes. Art. 334.- Del escrito en que se deduzcan excepciones se correrÃ¡ vista al Ministerio Fiscal y a las partes, quienes deberÃ¡n expedirse dentro del tÃ©rmino de tres (3) dÃas. ResoluciÃ³n judicial. Art. 335.- Evacuada la vista dispuesta por el artÃculo anterior el Juez dictarÃ¡ auto resolutorio en el tÃ©rmino de cinco (5) dÃas, pero si las excepciones se fundaren en hechos que deban ser probados, previamente se ordenarÃ¡ la recepciÃ³n de la prueba por un tÃ©rmino que no podrÃ¡ exceder de quince (15) dÃas, y se citarÃ¡ a las partes a una audiencia para que, oral y brevemente, hagan su defensa, debiendo labrarse el acta sucintamente. Falta de jurisdicciÃ³n. Art. 336.- Cuando se haga lugar a la falta de jurisdicciÃ³n, excepciÃ³n que deberÃ¡ ser resuelta antes que las demÃ¡s, el Tribunal procederÃ¡ conforme a lo dispuesto por los artÃculos 31 y 33. Excepciones perentorias. Art. 337.- Cuando se haga lugar a una excepciÃ³n perentoria, se sobreseerÃ¡ en el proceso y se ordenarÃ¡ la libertad del imputado, salvo que estÃ© detenido por otra causa. Excepciones dilatorias. Art. 338.- Cuando se haga lugar a una excepciÃ³n dilatoria, se ordenarÃ¡ el archivo de los autos y la libertad del imputado, sin perjuicio de que se declaren las nulidades que corresponda, y se continuarÃ¡ el proceso tan luego se salve el obstÃ¡culo formal al ejercicio de la acciÃ³n. Recurso. Art. 339.- El auto que resuelva la excepciÃ³n serÃ¡ apelable. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 â promulgada el 09/09/04). TÃtulo VII Clausura de la InstrucciÃ³n y ElevaciÃ³n a juicio Vista fiscal. Art. 340.- Cuando el Juez hubiera dispuesto el procesamiento del imputado y estimare cumplida la instrucciÃ³n, correrÃ¡ vista al agente fiscal por el tÃ©rmino de seis (6) dÃas, prorrogable hasta por otro tanto sÃ³lo en casos graves y complejos. Dictamen fiscal. Art. 341.- El Fiscal manifestarÃ¡, al expedirse: 1. Si la instrucciÃ³n estÃ¡ completa o, en caso contrario, quÃ© diligencias considera necesarias. 2. Cuando la estime completa, si corresponde sobreseer, elevar la causa a juicio, o cambiar la calificaciÃ³n legal del hecho imputado. El requerimiento de elevaciÃ³n a juicio deberÃ¡ contener, bajo pena de nulidad, las generales del imputado, una relaciÃ³n circunstanciada de los hechos, su calificaciÃ³n legal; en su caso, el pedido concreto de pena; y una exposiciÃ³n sucinta de los motivos en que se funda. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â Promulgada el 09/09/04). ProposiciÃ³n de diligencias. Clausura automÃ¡tica. Art. 342.- Si el Fiscal solicitare diligencias, el Juez las practicarÃ¡ siempre que las considere pertinentes y Ãºtiles; luego de cumplirlas, le devolverÃ¡ el sumario a los fines del inciso 2Âº del artÃculo anterior. La instrucciÃ³n quedarÃ¡ clausurada sin necesidad de especial declaraciÃ³n, cuando el Fiscal dictamine sin proponer diligencias o el Juez devuelva el sumario de conformidad a lo precedente. (Modificado por Ley NÂº 7262 â B.O. NÂº 16.793 â del 30/12/03. Promulgada el 23/12/03). OposiciÃ³n de la defensa y del querellante. Art. 343.- Siempre que el fiscal requiera la elevaciÃ³n a juicio de una causa de instrucciÃ³n formal, las conclusiones de su dictamen serÃ¡n notificadas al defensor del imputado y al querellante. En el tÃ©rmino de tres (3) dÃas, el defensor podrÃ¡ deducir nuevas excepciones u oponerse a la elevaciÃ³n, instando el sobreseimiento. En el mismo tÃ©rmino, el querellante podrÃ¡ deducir nuevas excepciones. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 7262 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). RemisiÃ³n por decreto. Art. 344.- Si no hay instancia de sobreseimiento y el Juez no ejerce la facultad de dictarlo, los autos se transferirÃ¡n por decreto al Tribunal que corresponda. Esta resoluciÃ³n debe dictarse dentro de tres dÃas, a contar del vencimiento del plazo de oposiciÃ³n. Incidente. Art. 345.- Cuando el defensor deduzca, excepciones, se procederÃ¡ conforme a lo establecido por este CÃ³digo. Cuando se oponga a la elevaciÃ³n a juicio, el Juez dictarÃ¡, en el tÃ©rmino de cinco (5) dÃas, auto de sobreseimiento o de elevaciÃ³n y cuando solicitare el cambio de la calificaciÃ³n del auto de procesamiento, el Juez resolverÃ¡ el pedido en igual tÃ©rmino. Forma del auto de elevaciÃ³n. Art. 346.- El auto de elevaciÃ³n a juicio deberÃ¡ contener, bajo pena de nulidad las generales del imputado, del actor civil, del civilmente demandado y del querellante; la relaciÃ³n circunstanciada del hecho; una exposiciÃ³n sucinta de los motivos en que se funde; la calificaciÃ³n legal que corresponda; en su caso, el pedido concreto de pena; la parte dispositiva y la fecha. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Pluralidad de imputados. Art. 347.- Cuando existan varios imputados, pero uno solo haya deducido oposiciÃ³n, el auto deberÃ¡ dictarse respecto de todos. Recursos. Art. 348.- El auto de remisiÃ³n a juicio serÃ¡ apelable, Ãºnicamente por el defensor del imputado que hubiere formulado oposiciÃ³n a la elevaciÃ³n a juicio solicitada por el Agente Fiscal; y el auto que decida el cambio de calificaciÃ³n jurÃdica serÃ¡ apelable por el Agente Fiscal, el querellante o por el defensor del imputado. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Disconformidad entre el Agente Fiscal y el Juez. Art. 349.- Si el Agente Fiscal solicitare el sobreseimiento y el Juez no estuviere de acuerdo, remitirÃ¡ el proceso por decreto fundado al fiscal de CÃ¡mara de AcusaciÃ³n, quien dictaminarÃ¡ fundadamente en el tÃ©rmino de seis (6) dÃas. El sobreseimiento serÃ¡ obligatorio para el Juez, cuando el Fiscal se pronuncie a favor de esta soluciÃ³n. En caso contrario, el sumario pasarÃ¡ en vista a otro agente fiscal, el que formularÃ¡ requerimiento de elevaciÃ³n a juicio en virtud de los fundamentos del superior. ConcreciÃ³n de demanda civil. ContestaciÃ³n. Art. 350.- El decreto o el auto de elevaciÃ³n a juicio serÃ¡ notificado al actor civil, el que deberÃ¡ concretar su demanda dentro de los tres (3) dÃas. De la misma se correrÃ¡ traslado al civilmente demandado quien, en el plazo de seis (6) dÃas de notificado de aquella contestarÃ¡, y podrÃ¡ oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y reconvenir. Si reconviniere se darÃ¡ traslado por tres (3) dÃas al actor civil para que la conteste. Las cuestiones planteadas entre las partes civiles serÃ¡n resueltas por la CÃ¡mara en lo Criminal en la etapa preliminar del juicio o en la sentencia segÃºn corresponda. TÃtulo VIII InstrucciÃ³n sumaria Regla general. Forma. Art. 351.- En las causas de procedimiento sumario el proceso se realizarÃ¡ con arreglo a las normas comunes, salvo las que se establecen en este tÃtulo. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Casos en que procede. Art. 352.- CorresponderÃ¡ procedimiento sumario: 1. En las causas por delitos de acciÃ³n pÃºblica reprimidos, con pena mÃ¡xima de cinco (5) aÃ±os de reclusiÃ³n o prisiÃ³n, multa o inhabilitaciÃ³n. 2. En las causas por delitos cometidos en audiencias judiciales, ante jueces letrados. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03. Promulgada el 23/12/03. Modifica Ley NÂº 7.073. B.O. 04/05/2000). Excepciones. Art. 353.- No obstante lo dispuesto en el artÃculo anterior, el Juez Correccional y de GarantÃas resolverÃ¡ por auto si corresponde instrucciÃ³n formal: 1) Cuando proceda una medida de seguridad de carÃ¡cter provisional. 2) Siempre que la complejidad de las pruebas o la duraciÃ³n de las diligencias que deban practicarse sean evidentemente incompatibles con el procedimiento sumario. 3) Cuando sea de aplicaciÃ³n algÃºn obstÃ¡culo fundado en privilegio constitucional. 4) Cuando haya precedido constituciÃ³n de actor civil. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Art. 354.- TrÃ¡mite de elevaciÃ³n a juicio ante la procedencia de una excepciÃ³n. Si el Juez estimare completa la instrucciÃ³n formal correrÃ¡ vista al Agente Fiscal por el tÃ©rmino de tres (3) dÃas para que formule el requerimiento de elevaciÃ³n a juicio y su correspondiente decreto o solicite el sobreseimiento. El requerimiento de juicio contendrÃ¡, bajo pena de nulidad: 1) Las generales del imputado u otros datos que sirvan para identificarlo y, en su caso, las generales del actor civil y del civilmente demandado. 2) La enunciaciÃ³n del hecho y su calificaciÃ³n legal. 3) El pedido del decreto de citaciÃ³n. 4) La fecha y la firma. La causa serÃ¡ elevada al Juzgado Correccional y de GarantÃas que corresponda. Si hubiere acciÃ³n civil se aplicarÃ¡ el procedimiento previsto en este CÃ³digo. (Modificado por Ley NÂº 7262 B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Instancia del Fiscal Correccional. TÃ©rmino. Art. 355.- En el tÃ©rmino de cinco ( 5) dÃas a contar desde la recepciÃ³n, el Fiscal Correccional peticionarÃ¡ el archivo del acta Ãºnica policial o requerirÃ¡ la elevaciÃ³n a juicio. Si el Juez Correccional y de GarantÃas no estuviere conforme con el archivo, remitirÃ¡ el proceso por decreto fundado al Fiscal de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n, quien dictaminarÃ¡ fundadamente en el tÃ©rmino de seis (6) dÃas; el dictamen serÃ¡ obligado a los fines del ejercicio de la acciÃ³n penal pÃºblica. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). SituaciÃ³n del imputado. ApelaciÃ³n. Art. 356.- Durante la actuaciÃ³n policial el Fiscal Correccional podrÃ¡ recibir del imputado la formulaciÃ³n de instancia del artÃculo 71, segundo pÃ¡rrafo, si Ã©ste asÃ lo pidiera. El Fiscal Correccional podrÃ¡ solicitar al Juez Correccional y de GarantÃas la detenciÃ³n del imputado y la imposiciÃ³n de los actos previstos por el artÃculo 301. Si estuviere detenido, podrÃ¡ solicitar al Juez Correccional y de GarantÃas su exenciÃ³n de detenciÃ³n, hasta el tercer dÃa de notificado del decreto de audiencia del debate, el que requerirÃ¡ de inmediato las actuaciones del Fiscal Correccional o de la policÃa y resolverÃ¡ el recurso dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidas. La denegatoria de libertad o en su caso, la imposiciÃ³n de los actos previstos por el artÃculo 301, serÃ¡ apelable por el defensor del imputado. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03. Segunda ModificaciÃ³n por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971. Promulgada el 09/09/04). Requerimiento a juicio. Art. 357.- Cuando el Fiscal Correccional considere que haya elementos de convicciÃ³n suficientes en el acta Ãºnica policial, formularÃ¡ requerimiento del juicio al Juez Correccional y de GarantÃas que por turno corresponda, con las formalidades exigidas por el artÃculo 184, bajo pena de nulidad y en el plazo de cinco (5) dÃas, ofreciendo prueba pertinente y Ãºtil. Si el Fiscal Correccional estimare que de la actuaciÃ³n policial no existe mÃ©rito para requerir el juicio, podrÃ¡ pedir al Juez Correccional y de GarantÃas la desestimaciÃ³n y archivo de aquÃ©llas, o de la denuncia. TambiÃ©n podrÃ¡ pedir el sobreseimiento del imputado. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Avocamiento y notificaciÃ³n del requerimiento a juicio. Art. 358.- Si el Fiscal Correccional formulara requerimiento de juicio, el Juez Correccional y de GarantÃas avocado, notificarÃ¡ a quien corresponda a los fines del ejercicio de la acciÃ³n civil y de la querella conjunta. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03. Nueva ModificaciÃ³n por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 â Promulgada el 09/09/04). Facultades del imputado. Art. 359.- De la acusaciÃ³n fiscal y si hubiere formulaciÃ³n de querella conjunta, se correrÃ¡ traslado al imputado, quien en el plazo de tres (3) dÃas podrÃ¡ articular excepciones, oponerse a la querella, pedir sobreseimiento exclusivamente por las causales previstas en el artÃculo 326 incisos 1) y 3) y ofrecer prueba. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Libro III Juicios TÃtulo I Juicio ComÃºn CapÃtulo I Actos preliminares Juicio Abreviado. Audiencia Preliminar. Art. 360.- Recibido el proceso, el Presidente del Tribunal antes de la citaciÃ³n a Juicio, ordenarÃ¡ el comparendo de las partes, el Ministerio Fiscal y el imputado bajo apercibimiento de rebeldÃa, a la Audiencia Preliminar. Declarado abierto el acto, se podrÃ¡ pedir al Juez del Tribunal encargado del expediente, que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusaciÃ³n que contenga expreso pedido de pena, o con el que se presentara en ese acto, que no podrÃ¡ referirse a hecho distinto, ni contener calificaciÃ³n mÃ¡s grave que la del escrito de acusaciÃ³n. En este procedimiento especial la actuaciÃ³n del Juez del Tribunal a quien asignÃ³ la tramitaciÃ³n del expediente serÃ¡ unipersonal. A dicho fin, la Corte de Justicia fijarÃ¡ el mÃ©todo de distribuciÃ³n de las causas entre los miembros de la CÃ¡mara. Si la pena que traiga aparejada la calificaciÃ³n jurÃdica de la requisitoria de elevaciÃ³n a juicio no excediera de seis (6) aÃ±os de privaciÃ³n de libertad, teniendo como lÃmite el mÃ¡ximo conminado en abstracto, el Juez asignado al trÃ¡mite dictarÃ¡ sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes. No obstante, si a partir de la descripciÃ³n del hecho aceptado por todas las partes, estimara el Juez que el mismo carece de tipicidad penal o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia determinante de la exenciÃ³n de pena o de su atenuaciÃ³n, dictarÃ¡ la sentencia que estime procedente, previa audiencia de las partes realizada en el acto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, el Juez podrÃ¡ ordenar, con audiencia de las partes, las medidas que a su criterio resulten manifiestamente pertinentes y Ãºtiles, previo a dictar sentencia. Contra la sentencia serÃ¡ admisible el recurso de casaciÃ³n, con arreglo a las disposiciones comunes. La acciÃ³n civil no serÃ¡ resuelta en este procedimiento especial salvo que exista un acuerdo entre las partes en tal sentido. No obstante, aquella podrÃ¡ ser ejercida en sede civil. Del mismo modo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrÃ¡n interponer el recurso de casaciÃ³n, en la medida que la sentencia pueda influir sobre el resultado de una reclamaciÃ³n civil posterior. Este procedimiento especial no regirÃ¡ en los casos de conexiÃ³n de causas, si el imputado no admitiere el requerimiento fiscal respecto de todos los delitos allÃ atribuidos, salvo que se haya dispuesto la separaciÃ³n de oficio. Si hubieren varios imputados en la causa, todos ellos deberÃ¡n prestar su conformidad, para que les sea aplicable el procedimiento especial contenido en este artÃculo. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03. Nueva ModificaciÃ³n del 2Âº y 3Âº pÃ¡rrafo por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 â Promulgada el 09/09/04). CitaciÃ³n a Juicio. Art. 360 bis.- Recibido el proceso, el Presidente de la CÃ¡mara citarÃ¡ al Fiscal y a las partes a fin de que en el tÃ©rmino de quince (15) dÃas comparezcan a juicio, examinen los autos, documentos y cosas secuestradas, ofrezcan la prueba que producirÃ¡n e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. En las causas precedentes de juzgados con sede distinta de la del Tribunal, el tÃ©rmino serÃ¡ de veinte (20) dÃas. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Ofrecimiento de prueba. Art. 361.- El Fiscal y las partes, al ofrecer pruebas, presentarÃ¡n la lista de testigos y peritos, con indicaciÃ³n de las generales conocidas de cada uno, pudiendo manifestar que se conforman con la simple lectura de las declaraciones testificales y pericias de la instrucciÃ³n. En caso de acuerdo, al cual podrÃ¡n ser invitados por el presidente, y siempre que Ã©ste lo acepte, no se harÃ¡ la citaciÃ³n del testigo o perito. Cuando se ofrezcan testigos o peritos nuevos deberÃ¡n expresarse bajo pena de inadmisibilidad, los hechos sobre los cuales serÃ¡n examinados. AdmisiÃ³n y rechazo de la prueba. Art. 362.- El presidente del Tribunal ordenarÃ¡ la recepciÃ³n oportuna de las pruebas ofrecidas y aceptadas. El Tribunal podrÃ¡ rechazar, por auto, la prueba ofrecida que evidentemente sea impertinente o superabundante. Si nadie ofreciere prueba, el presidente dispondrÃ¡ la recepciÃ³n de aquella pertinente y Ãºtil que se hubiere producido en la instrucciÃ³n. InstrucciÃ³n suplementaria. Art. 363.- Antes del debate y con citaciÃ³n fiscal y de partes, el presidente podrÃ¡ ordenar los actos de instrucciÃ³n indispensables que se hubieren omitido o fuere imposible cumplir en la audiencia, y la declaraciÃ³n de las personas que por enfermedad u otro impedimento no podrÃ¡n probablemente concurrir al debate. A tal efecto podrÃ¡ actuar uno de los Jueces de la CÃ¡mara o librarse los exhortos necesarios. Excepciones. Art. 364.- Antes de fijada la audiencia para el debate, el Ministerio Fiscal y la defensa podrÃ¡n deducir las excepciones que antes no hayan planteado; pero el Tribunal podrÃ¡ rechazar sin trÃ¡mite las que sean manifiestamente improcedentes. DesignaciÃ³n de audiencia. Art. 365.- Vencido el tÃ©rmino de citaciÃ³n a juicio y, en su caso, cumplida la instrucciÃ³n suplementaria o tramitadas las excepciones, el presidente fijarÃ¡ dÃa y hora para el debate con intervalo no mayor de diez (10) dÃas, ordenando la citaciÃ³n de las partes y la de los testigos, peritos e intÃ©rpretes que deban intervenir. Este tÃ©rmino podrÃ¡ ser abreviado en el caso que medie conformidad del presidente y las partes. El imputado que estuviere en libertad y las demÃ¡s personas cuya presencia sea necesaria, serÃ¡n citadas bajo apercibimiento de detenciÃ³n. UniÃ³n y separaciÃ³n de juicios. Art. 366.- Si por el mismo delito atribuido a varios imputados se hubieren formulado diversas acusaciones, la CÃ¡mara podrÃ¡ ordenar la acumulaciÃ³n, de oficio o a pedido del Ministerio Fiscal o de la defensa, siempre que ello no determine un retardo apreciable. Si la acusaciÃ³n tuviere por objeto varios delitos atribuidos a uno o varios imputados, la CÃ¡mara podrÃ¡ disponer, de oficio o a pedido de parte, que los juicios se realicen separadamente, pero en lo posible, uno despuÃ©s del otro. Sobreseimiento. Art. 367.- Cuando por nuevas pruebas resulte evidente que el imputado obrÃ³ en estado de inimputabilidad, o exista o sobrevenga una causa extintiva de la acciÃ³n penal, o excusa absolutoria, y para comprobarla no sea necesario el debate, el Tribunal dictarÃ¡, de oficio o a pedido de parte, el sobreseimiento. IndemnizaciÃ³n de testigos y anticipaciÃ³n de gastos. Art. 368.- El Tribunal fijarÃ¡ prudencialmente la indemnizaciÃ³n que corresponda a los testigos, peritos o intÃ©rpretes que deban comparecer, cuando Ã©stos la soliciten, asÃ como tambiÃ©n los gastos necesarios, para el viaje y la estada, cuando aquÃ©llos no residan en la ciudad donde actÃºa el tribunal ni en sus proximidades. El actor civil y el civilmente demandado deberÃ¡n anticipar los gastos necesarios para el traslado e indemnizaciÃ³n de sus respectivos testigos, peritos e intÃ©rpretes, ofrecidos y admitidos, salvo que tambiÃ©n hubieren sido propuestos por el Ministerio Fiscal o el imputado, en cuyo caso, asÃ como en el que fueren propuestos Ãºnicamente por el Ministerio Fiscal o por el imputado, serÃ¡n costeados por el Estado, con cargo a este Ãºltimo de reintegro, en caso de condena. CapÃtulo II Debate SecciÃ³n 1Âª Audiencias Oralidad y publicidad. Excepciones. Art. 369.- El debate serÃ¡ oral y pÃºblico, bajo pena de nulidad; pero la CÃ¡mara podrÃ¡ resolver, aÃºn de oficio, que parcialmente se realice a puertas cerradas, cuando la publicidad afecte la moral o la seguridad pÃºblica. La resoluciÃ³n serÃ¡ motivada, se harÃ¡ constar en el acta y serÃ¡ irrecurrible. Desaparecida la causa de la clausura, se deberÃ¡ permitir el acceso del pÃºblico. Prohibiciones para el acceso. Art. 370.- No tendrÃ¡n acceso a la sala de audiencias los menores de diecisÃ©is aÃ±os, los dementes y los ebrios. Por razones de orden, higiene, moralidad o decoro, la CÃ¡mara podrÃ¡ ordenar tambiÃ©n el alejamiento de toda persona cuya presencia no sea necesaria, o limitar por esas mismas causas la admisiÃ³n a un determinado nÃºmero. Continuidad o suspensiÃ³n. Art. 371.- El debate continuarÃ¡ durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias hasta su terminaciÃ³n; pero podrÃ¡ suspenderse, por un tÃ©rmino mÃ¡ximo de diez (10) dÃas corridos, en los siguientes casos: 1. Cuando deba resolverse alguna cuestiÃ³n incidental que, por su naturaleza, no pueda decidirse inmediatamente. 2. Cuando sea necesario practicar alguna diligencia fuera del lugar de la audiencia y no pueda verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesiÃ³n. 3. Cuando no comparezcan testigos, peritos o intÃ©rpretes cuya intervenciÃ³n la CÃ¡mara considere indispensable, siempre que o pueda continuarse con la recepciÃ³n de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pÃºblica o declare segÃºn las normas de la instrucciÃ³n suplementaria. 4. Si alguno de los Jueces, Fiscales, Defensores o el Querellante se enfermare hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio, siempre que los tres Ãºltimos no puedan ser reemplazados. 5. Si el imputado se encontrare en la situaciÃ³n prevista por el anterior, caso en que deberÃ¡ comprobarse su enfermedad por los mÃ©dicos forenses, sin perjuicio de que se ordene la separaciÃ³n de causas. Asimismo si fueren dos o mÃ¡s los imputados, y no todos se encontraren impedidos por cualquier otra causa de asistir a la audiencia, el juicio se suspenderÃ¡ tan sÃ³lo respecto de los impedidos y continuarÃ¡ para los demÃ¡s a menos que el Tribunal considere que es necesario suspenderlo para todos. 6. Si alguna retractaciÃ³n o revelaciÃ³n inesperada produjere alteraciones sustanciales en la causa, haciendo necesaria una instrucciÃ³n suplementaria. 7. Cuando el defensor lo solicite en caso de que se amplÃe el requerimiento fiscal. En caso de suspensiÃ³n el presidente anunciarÃ¡ el dÃa y hora de la nueva audiencia, y ello valdrÃ¡ como citaciÃ³n para los comparecientes. El debate continuarÃ¡ desde el Ãºltimo acto cumplido en la audiencia en que se dispuso la suspensiÃ³n. Siempre que Ã©ste exceda el tÃ©rmino de diez (10) dÃas, todo el debate deberÃ¡ realizarse de nuevo, bajo pena de nulidad. Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 DEL 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Asistencia y representaciÃ³n del imputado. Art. 372.- El imputado asistirÃ¡ a la audiencia libre en su persona, pero el presidente dispondrÃ¡ la vigilancia y cautelas necesarias para impedir su fuga o violencias. Cuando rehuse asistir, serÃ¡ custodiado en una sala prÃ³xima, se procederÃ¡ como si estuviera presente y para todos los efectos serÃ¡ representado por el defensor. Cuando el imputado se encuentre en libertad, la CÃ¡mara podrÃ¡ ordenar, para asegurar la realizaciÃ³n del juicio, la detenciÃ³n de aquÃ©l. Si el delito que motiva el juicio no estuviere reprimido con pena privativa de la libertad, el imputado podrÃ¡ hacerse representar por un defensor con poder especial. CompulsiÃ³n. Art. 373.- La CÃ¡mara podrÃ¡ ordenar que el imputado sea compelido a la audiencia por la fuerza pÃºblica, cuando sea necesario practicar un reconocimiento. PostergaciÃ³n extraordinaria. Art. 374.- En caso de fuga del imputado, la CÃ¡mara ordenarÃ¡ la postergaciÃ³n del debate, y oportunamente se procederÃ¡ a la fijaciÃ³n de nueva audiencia. Poder de policÃa. Art. 375.- El presidente ejercerÃ¡ el poder de policÃa y disciplina de la audiencia y podrÃ¡ corregir en el acto, con llamado de atenciÃ³n, apercibimiento o arresto hasta de diez (10) dÃas, las infracciones a lo dispuesto en el artÃculo siguiente, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. La medida serÃ¡ dictada por la CÃ¡mara cuando afecte al Fiscal, a las partes o a los defensores, sean particulares u oficiales. Si se expulsare al imputado, su defensor lo representarÃ¡ para todos los efectos. ObligaciÃ³n de los asistentes. Art. 376.- Los que asistan a la audiencia deberÃ¡n estar respetuosamente en silencio, no podrÃ¡n llevar armas u otras cosas aptas para ofender o molestar, ni adoptar una conducta capaz de intimidar o provocar, o que sea contraria al decoro, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos. Delito cometido en audiencia. Art. 377.- Si en la audiencia se cometiere un delito, el Tribunal ordenarÃ¡ levantar un acta y la inmediata detenciÃ³n del imputado; Ã©ste serÃ¡ puesto a disposiciÃ³n del agente fiscal, a quiÃ©n se remitirÃ¡ aquÃ©lla y las copias y antecedentes necesarios, para que proceda a promover la instrucciÃ³n sumaria como corresponda. Forma de los proveÃdos. Art. 378.- Los proveÃdos que deban dictarse durante el debate lo serÃ¡n verbalmente, dejÃ¡ndose constancia en el acta. SecciÃ³n 2Âª Actos del debate Apertura Art. 379.- El dÃa fijado y en el momento oportuno se constituirÃ¡ el tribunal en la sala de audiencia y comprobarÃ¡ la presencia de las partes, defensores y testigos, peritos e intÃ©rpretes que deban intervenir. El presidente advertirÃ¡ al imputado que estÃ© atento a lo que va a oÃr y ordenarÃ¡ la lectura del requerimiento fiscal y, en su caso, del auto de remisiÃ³n a juicio, despuÃ©s de lo cual declararÃ¡ abierto el debate. DirecciÃ³n del debate. Art. 380.- El presidente dirigirÃ¡ el debate, ordenarÃ¡ las lecturas necesarias; harÃ¡ las advertencias legales y recibirÃ¡ los juramentos y moderarÃ¡ la discusiÃ³n, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto el ejercicio de la acusaciÃ³n y la libertad de defensa. Cuestiones preliminares. Art. 381.- Inmediatamente despuÃ©s de abierto por primera vez el debate, serÃ¡n planteadas y resueltas, bajo pena de caducidad, las nulidades producidas en los actos preliminares del juicio, y las cuestiones atinentes a la constituciÃ³n del Tribunal. En la misma oportunidad y con igual sanciÃ³n, se plantearÃ¡n las cuestiones referentes a la incompetencia por territorio, a la uniÃ³n o separaciÃ³n de juicios, a la admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos e intÃ©rpretes y a la presentaciÃ³n o requerimiento de documentos, salvo que la posibilidad de proponerlas surja en el curso del debate. DiscusiÃ³n y decisiÃ³n de incidentes. Art. 382.- Todas las cuestiones preliminares serÃ¡n tratadas en un solo acto, salvo que la CÃ¡mara resuelva tratarlas sucesivamente o diferir alguna, segÃºn convenga al orden del proceso dejÃ¡ndose constancia en el acta. En la discusiÃ³n de las cuestiones incidentales sÃ³lo hablarÃ¡ una vez el defensor de cada parte, por el tiempo que establezca el presidente. Declaraciones del imputado. Art. 383.- DespuÃ©s de la apertura del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de la prosecusiÃ³n del juicio, el presidente recibirÃ¡ declaraciÃ³n al imputado conforme a las normas de este CÃ³digo, bajo pena de nulidad, y le advertirÃ¡ que el debate continuarÃ¡ aunque no declare, y que la abstenciÃ³n no impedirÃ¡ el ejercicio de este derecho. Si el imputado se negare a declarar o incurriere en contradicciones, las que se le harÃ¡n notar, el presidente ordenarÃ¡ las lecturas de las declaraciones prestadas por aquÃ©l ante el Juez de InstrucciÃ³n, siempre que se hubieren observado las normas de Ã©sta. SÃ³lo cuando hubiera declarado sobre el hecho, se le podrÃ¡n formular posteriormente en el curso del debate, preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones. Interrogatorio de varios imputados. Art. 384.- Si los imputados fueren varios, el presidente podrÃ¡ alejar de la sala de audiencia a los que no declaren, pero despuÃ©s de los interrogatorios deberÃ¡ informarles sumariamente de lo ocurrido durante su ausencia, bajo pena de nulidad. Facultades del imputado. Art. 385.- En el curso del debate, el imputado podrÃ¡ hacer todas las declaraciones que considere oportunas, incluso si antes se hubiere abstenido, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirÃ¡ cualquier divagaciÃ³n, y si persistiere, aÃºn podrÃ¡ alejarlo de la audiencia. El imputado podrÃ¡ tambiÃ©n hablar con su defensor, sin que por esto la audiencia se suspenda; pero no durante su declaraciÃ³n o antes de responder a preguntas que se le formulen. Nadie podrÃ¡ hacer sugestiÃ³n alguna. AmpliaciÃ³n del requerimiento fiscal. Art. 386.- Si despuÃ©s de la lectura de la acusaciÃ³n y siempre antes de la discusiÃ³n final surgieren hechos que integren el delito atribuido, su reiteraciÃ³n o circunstancias agravantes de calificaciÃ³n no contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisiÃ³n, pero vinculadas al delito que las motiva, el Fiscal podrÃ¡ ampliar la acusaciÃ³n. En tal caso, con relaciÃ³n a los nuevos hechos o circunstancias atribuidos, el presidente procederÃ¡, bajo pena de nulidad, conforme a las normas del derecho de defensa, e informarÃ¡ al defensor del imputado que puede pedir la suspensiÃ³n del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal suspenderÃ¡ el debate por un tÃ©rmino que fijarÃ¡ prudencialmente, segÃºn la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa, sin perjuicio de lo dispuesto por este CÃ³digo para la continuidad y suspensiÃ³n del debate. El nuevo hecho que integre el delito imputado en el requerimiento fiscal, o en el auto de remisiÃ³n, o la circunstancia agravante sobre que verse la ampliaciÃ³n, quedarÃ¡n comprendidos en la imputaciÃ³n y el juicio. RecepciÃ³n de pruebas. Art. 387.- DespuÃ©s de la indagatoria el Tribunal procederÃ¡ a recibir la prueba en el orden indicado en los artÃculos siguientes, salvo que considere conveniente alterarlo. En cuanto sean aplicables y no se disponga lo contrario, se observarÃ¡n en el debate las reglas establecidas en este CÃ³digo sobre los medios de prueba. Peritos e intÃ©rpretes. Art. 388.- El presidente harÃ¡ leer la parte sustancial del dictamen presentado por los peritos y Ã©stos, cuando hubieren sido citados, responderÃ¡n bajo juramento a las preguntas que les sean formuladas, compareciendo segÃºn el orden que sean llamados y por el tiempo que sea necesaria su presencia. El Tribunal podrÃ¡ disponer que los peritos presencien determinados actos del debate, tambiÃ©n los podrÃ¡ citar nuevamente, siempre que sus dictÃ¡menes resultaren poco claros o insuficientes, y si fuere posible, harÃ¡ efectuar las operaciones periciales en la misma audiencia. Estas disposiciones regirÃ¡n, en lo pertinente, para los intÃ©rpretes. Examen de los testigos. Art. 389.- En seguida, el presidente procederÃ¡ al examen de los testigos en el orden que la CÃ¡mara estime conveniente, pero comenzando por el ofendido. Antes de declarar, los testigos no podrÃ¡n comunicarse entre sÃ ni con otras personas, ni ver, oÃr o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia. DespuÃ©s de ello, el tribunal resolverÃ¡ si aÃºn deberÃ¡n permanecer incomunicados en antesala. Examen en el domicilio. Art. 390.- El testigo, perito o intÃ©rprete que no compareciere a causa de un impedimento legÃtimo, podrÃ¡ ser examinado en el lugar donde se encuentre, por un Juez con asistencia de las partes. El acta que se labre, serÃ¡ leÃda en el debate. Elementos de convicciÃ³n. Art. 391.- Los elementos de convicciÃ³n que hayan sido secuestrados se presentarÃ¡n, segÃºn el caso a las partes y a los testigos a quienes se invitarÃ¡ a reconocerlos y a declarar lo que fuere pertinente. InspecciÃ³n judicial. Art. 392.- Cuando fuere necesario el Tribunal podrÃ¡ resolver, aÃºn de oficio, que se practique la inspecciÃ³n en un lugar, lo que podrÃ¡ ser realizado por un Juez con asistencia de las partes. Asimismo podrÃ¡ disponer el reconocimiento de personas y la realizaciÃ³n de careos. Nuevas pruebas. Art. 393.- Si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos medios de prueba manifiestamente Ãºtiles, o se hicieren indispensables otras ya conocidas, el Tribunal podrÃ¡ ordenar, aÃºn de oficio, la recepciÃ³n de ellas. Preguntas a testigos y peritos. Art. 394.- Los vocales de la CÃ¡mara y, con la venia del presidente, el Fiscal, las partes y los defensores, podrÃ¡n formular preguntas al imputado, al civilmente demandado, al actor civil, a los testigos y a los peritos. El presidente rechazarÃ¡ toda pregunta inadmisible, por resoluciÃ³n que sÃ³lo podrÃ¡ ser recurrida ante la CÃ¡mara. Falsedad de testimonio, pericia o interpretaciÃ³n. Art. 395.- Si un testigo, perito o intÃ©rprete incurriere en falsedad, se procederÃ¡ conforme a lo dispuesto por este CÃ³digo para los delitos cometidos en audiencia. Cuando sea absolutamente necesario esperar el pronunciamiento sobre la falsedad, se podrÃ¡ suspender el debate. Lectura de declaraciones testificales. Art. 396.- Las declaraciones testimoniales no podrÃ¡n ser suplidas, bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la instrucciÃ³n, salvo en los siguientes casos y siempre que se hayan prestado ante el Juzgado de InstrucciÃ³n observando las formalidades de este CÃ³digo: 1. Cuando el Ministerio Fiscal y las partes hubieren prestado su conformidad o la presten cuando no comparezca el testigo cuya citaciÃ³n se ordenÃ³. 2. Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la memoria del testigo. 3. Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del paÃs, se ignore su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier cosa para declarar. 4. Cuando el testigo hubiere declarado por medio de exhorto o informe, hayan declarado en la instrucciÃ³n suplementaria o hayan sido examinados en el domicilio. Lectura de documentos y actas. Art. 397.- El Tribunal podrÃ¡ ordenar la lectura de la denuncia y otros documentos, de las declaraciones prestadas por coimputados, condenados o prÃ³fugos, como partÃcipes del delito que se investiga o de otro conexo, de las actas judiciales y de las de otro proceso agregado a la causa. TambiÃ©n se podrÃ¡n leer las actas de inspecciÃ³n, registro domiciliario, requisa personal y secuestro que se hubieren practicado conforme a las normas de la instrucciÃ³n. DiscusiÃ³n final. Art. 398.- Terminada la recepciÃ³n de las pruebas, el presidente concederÃ¡ sucesivamente la palabra al actor civil, al querellante, al Ministerio Fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre las mismas y formulen sus acusaciones y defensas. No podrÃ¡n leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente. El actor civil limitarÃ¡ su alegato a los puntos concernientes a la responsabilidad civil, conforme a lo dispuesto por este CÃ³digo. Si intervinieren dos fiscales, dos querellantes o dos defensores del mismo imputado, todos podrÃ¡n hablar, dividiÃ©ndose sus tareas. SÃ³lo el Ministerio Fiscal y el defensor del imputado podrÃ¡n replicar, correspondiendo al segundo la Ãºltima palabra. La rÃ©plica deberÃ¡ limitarse a la refutaciÃ³n de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido discutidos. El presidente podrÃ¡ fijar prudencialmente un tÃ©rmino para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. En Ãºltimo tÃ©rmino, el presidente preguntarÃ¡ al imputado si tiene algo que manifestar, y cerrarÃ¡ el debate. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). CapÃtulo III Acta del debate Contenido Art. 399.- El secretario levantarÃ¡ un acta del debate, bajo pena de nulidad. El acta contendrÃ¡: 1. El lugar y la fecha de la audiencia, con la menciÃ³n de las suspensiones ordenadas. 2. El nombre y apellido de los jueces, fiscales, querellantes, defensores y mandatarios. 3. Las generales del imputado y de las otras partes. 4. El nombre y apellido de los testigos, peritos e intÃ©rpretes, y la menciÃ³n del juramento. 5. Las instancias y conclusiones del Ministerio Fiscal y de las partes. 6. Otras menciones prescriptas por la Ley, o que el presidente ordene hacer, o las que soliciten las partes bajo protesta de recurrir en casaciÃ³n. 7. La firma de los miembros del Tribunal, del Fiscal, querellante, de los defensores y mandatarios, y del secretario, el cual, previamente, la leerÃ¡ a los interesados. La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa nulidad, salvo que Ã©sta sea expresamente establecida por Ley. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Resumen de las declaraciones. Art. 400.- Cuando en las causas de prueba compleja la CÃ¡mara lo estime conveniente de oficio o a pedido de parte, el secretario, resumirÃ¡, al final de cada declaraciÃ³n o dictamen, la parte sustancial que haya de tenerse en cuenta, pudiendo ordenarse tambiÃ©n la versiÃ³n fonomagnÃ©tica o taquigrÃ¡fica total o parcial del debate. CapÃtulo IV Sentencia DeliberaciÃ³n. Art. 401.- Inmediatamente despuÃ©s de terminado el debate, bajo pena de nulidad, los jueces que intervengan pasarÃ¡n a deliberar en sesiÃ³n secreta, a la que sÃ³lo podrÃ¡ asistir el secretario. El acto no podrÃ¡ suspenderse, bajo la misma sanciÃ³n, salvo caso de fuerza mayor o que alguno de los jueces se enfermare hasta el punto de que no pueda seguir actuando. La causa de suspensiÃ³n se harÃ¡ constar y se le informarÃ¡ a la Corte de Justicia. En cuanto al tÃ©rmino de ella serÃ¡ aplicable el de la suspensiÃ³n del debate. Reapertura del debate. Art. 402.- Si el Tribunal estimare de absoluta necesidad la recepciÃ³n de nuevas pruebas o la ampliaciÃ³n de las recibidas, podrÃ¡ ordenar la reapertura del debate a ese fin y la discusiÃ³n quedarÃ¡ limitada al examen de aquÃ©llas. Normas para la deliberaciÃ³n. Art. 403.- El Tribunal resolverÃ¡ todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, fijÃ¡ndoles, en lo posible dentro del siguiente orden: las incidentales, las relativas a la existencia del hecho delictuoso, participaciÃ³n del imputado, calificaciÃ³n legal que corresponda y sanciÃ³n aplicable, como asÃ tambiÃ©n a la restituciÃ³n, reparaciÃ³n o indemnizaciÃ³n demandada y a las costas. Los jueces emitirÃ¡n su voto sobre cada una de las cuestiones planteadas, cualquiera haya sido el dado sobre las otras. El Tribunal dictarÃ¡ sentencia por mayorÃa de votos, valorando los actos del debate conforme a su libre convicciÃ³n. Cuando en la votaciÃ³n se emitan mÃ¡s de dos opiniones sobre las sanciones que correspondan, se aplicarÃ¡ el tÃ©rmino medio. Requisitos de la sentencia. Art. 404.- La sentencia contendrÃ¡: la menciÃ³n del Tribunal que la pronuncie, el nombre y apellido del Fiscal y de las partes, las condiciones personales del imputado o los datos que sirvan para identificarlo, la enunciaciÃ³n del hecho y de las circunstancias que sean materia de acusaciÃ³n; la exposiciÃ³n sucinta de los motivos de hecho y de derecho en que se funde; las disposiciones legales que se apliquen; la parte dispositiva; la fecha y la firma de los jueces. Si uno de los miembros del Tribunal no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la lectura de la parte resolutiva esto se harÃ¡ constar y aquella valdrÃ¡ sin esa firma. Lectura de la sentencia. Art. 405.- Redactada la sentencia, cuyo original se agregarÃ¡ al proceso, el Tribunal se constituirÃ¡ nuevamente en la sala de audiencias, luego de ser convocados el Fiscal y las partes. El presidente leerÃ¡ ante los comparecientes; la lectura valdrÃ¡ en todo caso como notificaciÃ³n. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora haga diferir la redacciÃ³n de la sentencia, en la oportunidad prefijada se leerÃ¡ tan sÃ³lo su parte resolutiva y aquel acto se realizarÃ¡, bajo pena de nulidad, dentro de cinco (5) dÃas de cerrado el debate. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada 23/12/03). RelaciÃ³n entre la sentencia y la acusaciÃ³n. Art. 406.- En la sentencia, el Tribunal podrÃ¡ dar al hecho una calificaciÃ³n jurÃdica distinta de la contenida en el auto de remisiÃ³n a juicio o en la requisitoria fiscal, aunque deba aplicar penas mÃ¡s graves o medidas de seguridad. Si resulta del debate que el hecho es distinto del enunciado en tales actos, el Tribunal dispondrÃ¡ la remisiÃ³n del proceso al Ministerio Fiscal. AbsoluciÃ³n. Art. 407.- La sentencia absolutoria ordenarÃ¡, cuando sea el caso, la libertad del imputado y la cesaciÃ³n de las restricciones impuestas provisionalmente, o la aplicaciÃ³n de medidas de seguridad, o la restituciÃ³n o indemnizaciÃ³n demandada. Condena. Art. 408.- La sentencia condenatoria fijarÃ¡ las penas y medidas de seguridad que corresponda, y resolverÃ¡ sobre el pago de las costas. DispondrÃ¡ tambiÃ©n, cuando la acciÃ³n civil haya sido ejercida, la restituciÃ³n de la cosa obtenida por el delito, la indemnizaciÃ³n del daÃ±o causado y la forma en que deben ser atendidas las respectivas obligaciones. Sin embargo, podrÃ¡ ordenarse la restituciÃ³n susodicha, aunque la acciÃ³n no haya sido intentada. Nulidades. Art. 409.- La sentencia serÃ¡ nula: 1. Si el imputado no estuviere suficientemente individualizado. 2. Si faltare la enunciaciÃ³n de los hechos imputados. 3. Si faltare o fuera contradictoria la motivaciÃ³n. 4. Si faltare o fuere incompleta en sus elementos esenciales la parte resolutiva. 5. Si faltare la fecha o la firma de los jueces, salvo si uno de ellos no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la lectura de la parte resolutiva. TÃtulo II Juicios Especiales CapÃtulo I Juicio Correccional Regla general. Art. 410.- El juicio correccional se realizarÃ¡ de acuerdo a las normas del juicio comÃºn, salvo las que se establecen en este capÃtulo y el Juez Correccional y de GarantÃas tendrÃ¡ las atribuciones propias del presidente del Tribunal de Juicio. Si se formulare instancia de suspensiÃ³n de juicio a prueba, se formarÃ¡ Incidente y se seguirÃ¡ el trÃ¡mite de las excepciones. (Modificado por Ley NÂº 7262 B.O. NÂº 16.793 â 23/12/03). DesignaciÃ³n de audiencia. Art. 411.- Si no hubiere suspensiÃ³n del juicio a prueba, vencido el plazo de ofrecimiento de pruebas, el Juez Correccional y de GarantÃas designarÃ¡ fecha, hora y lugar de audiencia de debate en el tÃ©rmino de cinco (5) dÃas. Si se ordenara la instrucciÃ³n suplementaria, en los casos del artÃculo 195, el plazo podrÃ¡ prorrogarse por igual tÃ©rmino, bajo sanciÃ³n de nulidad, de todo lo actuado con posterioridad, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artÃculo 168. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Juramento. Art. 412.- Los testigos, peritos e intÃ©rpretes que intervengan en el debate, prestarÃ¡n juramento conjuntamente antes de la apertura de aquÃ©l. Apertura. Art. 413.- La apertura del debate se realizarÃ¡ sin necesidad de leer el requerimiento fiscal o el decreto de elevaciÃ³n; el Juez correccional le informarÃ¡ detalladamente al imputado sobre el hecho que se le atribuye y las pruebas que se aducen en su contra. OmisiÃ³n de pruebas. Art. 414.- Si el imputado confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad, podrÃ¡ omitirse la recepciÃ³n de la prueba tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el Juez, el Fiscal y el Defensor. DiscusiÃ³n final. Art. 415.- El Juez podrÃ¡ fijar un tÃ©rmino prudencial a la exposiciÃ³n del Fiscal y de los defensores, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las pruebas recibidas. Sentencia. Art. 416.- El Juez podrÃ¡ pasar a deliberar o dictarÃ¡ sentencia inmediatamente despuÃ©s de cerrar el debate, haciÃ©ndola constar en el acta. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hagan necesario diferir la redacciÃ³n de la sentencia, su lectura se efectuarÃ¡ bajo pena de nulidad, en audiencia pÃºblica que se fijarÃ¡ dentro de un plazo no mayor de cinco (5) dÃas. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). CapÃtulo II Juicio de menores Procedimiento. Art. 417.- En la investigaciÃ³n y juzgamiento de un hecho de su competencia, el Juez de Menores procederÃ¡ conforme a las disposiciones comunes de este CÃ³digo, salvo las que a continuaciÃ³n se establecen. En los casos de simple inconducta, abandono material o peligro moral, practicarÃ¡ sin retardo las informaciones sumarias que sean pertinentes y oirÃ¡ en audiencia a los interesados antes de dictar resoluciÃ³n. ParticipaciÃ³n de un menor con un mayor de edad. Art. 418.- Cuando en un mismo hecho participen un menor que no sea responsable, conforme a la ley penal de fondo y un menor plenamente responsable o un mayor de edad, investigarÃ¡ y juzgarÃ¡ el Juez de InstrucciÃ³n y la CÃ¡mara del Crimen o Juez Correccional, segÃºn la gravedad del hecho, permaneciendo el menor bajo la jurisdicciÃ³n del Juez de Menores, en lo que respecta al resguardo y vigilancia de su persona. El Juez de Menores remitirÃ¡ al magistrado instructor y elevarÃ¡ al Tribunal de Juicio, los informes y antecedentes que considere convenientes para cumplir su finalidad. En la instrucciÃ³n y el juicio, se evitarÃ¡ en lo posible, la presencia personal del menor. El Tribunal de Juicio limitarÃ¡ la sentencia, en lo que al menor ataÃ±e a la declaraciÃ³n de responsabilidad o irresponsabilidad, pasando una copia de la misma y, cuando sea el caso, de la del Tribunal de CasaciÃ³n, al Juez de Menores para que con arreglo a la Ley de fondo resuelva sobre la sanciÃ³n o correcciÃ³n. El Tribunal de Juicio juzgarÃ¡ tambiÃ©n de acuerdo con las reglas comunes sobre la acciÃ³n civil ejercida. Medida de seguridad y educaciÃ³n. Art. 419.- El Juez podrÃ¡ disponer, provisionalmente, de todo menor sometido a su competencia, o que se encuentre en la orfandad o materialmente abandonado o en peligro moral, entregÃ¡ndolo para el cuidado y educaciÃ³n, a sus padres o a otra persona que, por sus antecedentes y condiciones, ofrezca garantÃas morales, o a un establecimiento pÃºblico dependiente de la DirecciÃ³n de Familia y Minoridad. DetenciÃ³n y alojamiento. Art. 420.- La detenciÃ³n de un menor sÃ³lo procederÃ¡ cuando hubiera motivos para presumir que no cumplirÃ¡ la orden de citaciÃ³n, o intentarÃ¡ destruir los rastros del hecho, o se pondrÃ¡ de acuerdo con sus cÃ³mplices, o inducirÃ¡ a falsas declaraciones. En tales casos el menor serÃ¡ alojado en un establecimiento o secciÃ³n especial, diferente a la de los mayores, donde se lo clasificarÃ¡ segÃºn la naturaleza y modo de ejecuciÃ³n del hecho que se le atribuye, su edad, desarrollo psÃquico y demÃ¡s antecedentes de adaptabilidad social. Tal medida a su respecto se adoptarÃ¡ previo dictamen del asesor de menores. No regirÃ¡n las normas relativas a la prisiÃ³n preventiva. Asistencia tÃ©cnica. Art. 421.- El Juez de Menores tendrÃ¡, en los casos correspondientes, como Ã³rgano de ejecuciÃ³n, colaboraciÃ³n y asistencia tÃ©cnica, a la DirecciÃ³n de Familia y Minoridad. Normas para el juicio. Art. 422.- AdemÃ¡s de las comunes, durante el juicio se observarÃ¡n las siguientes reglas: 1. La audiencia para el debate se realizarÃ¡ a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente el Fiscal, las partes, el querellante, sus defensores, los padres, tutores o guardadores del menor y las personas que tengan legÃtimo interÃ©s en presenciarlas. 2. El asesor de menores deberÃ¡ asistir a la audiencia, bajo pena de nulidad, y tendrÃ¡ las facultades atribuidas al defensor, aÃºn cuando el imputado tuviere patrocinio privado. 3. El imputado sÃ³lo asistirÃ¡ a la audiencia cuando sea imprescindible, debiendo ser alejado de ella tan luego que se cumpla el objeto de su presencia. 4. Antes del veredicto, el Tribunal podrÃ¡ oÃr a los padres, tutores o guardadores del menor, a las autoridades del establecimiento en que estuviere internado o a los delegados en libertad vigilada, pudiendo suplirse la declaraciÃ³n de Ã©stos, en caso de ausencia por la lectura de sus informes. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). ReposiciÃ³n. Art. 423.- De oficio o a peticiÃ³n de parte, el Tribunal podrÃ¡ reponer las medidas de seguridad y educaciÃ³n adoptadas con respecto al menor. A tal efecto se podrÃ¡ practicar la informaciÃ³n sumaria conveniente y deberÃ¡ oÃrse en audiencia a los interesados antes de dictar la resoluciÃ³n. CapÃtulo III Juicios por delitos de acciÃ³n privada Derecho de querella. Art. 424.- Toda persona con capacidad civil que se pretenda ofendida por un delito de acciÃ³n privada, tendrÃ¡ derecho a presentar querella ante el Tribunal de Juicio competente, y a ejercer conjuntamente la acciÃ³n civil resarcitoria. Igual derecho tendrÃ¡ el representante legal del incapaz, por los delitos cometidos en perjuicio de Ã©ste. AcumulaciÃ³n de causas. Art. 425.- Se regirÃ¡ por las disposiciones comunes la acumulaciÃ³n de causas por delitos de acciÃ³n privada, pero Ã©stas no se acumularÃ¡n con las incoadas por delitos de acciÃ³n pÃºblica. TambiÃ©n se acumularÃ¡n las causas por injurias recÃprocas. Unidad de representaciÃ³n. Art. 426.- Cuando los querellantes sean varios, deberÃ¡n actuar bajo una sola representaciÃ³n, la que se ordenarÃ¡ de oficio si ellos no se acordaren. Forma y contenido de la querella. Art. 427.- La querella serÃ¡ presentada por escrito, con una copia, personalmente o por mandatario, agregÃ¡ndose en este caso el poder; y deberÃ¡ expresar, bajo pena de inadmisibilidad: 1. Nombre, apellido y domicilio del querellante. 2. Nombre, apellido y domicilio del querellado o, si se ignorasen estas circunstancias, cualquier descripciÃ³n que sirva para identificarlo. 3. RelaciÃ³n circunstanciada del hecho, con menciÃ³n del lugar, fecha y hora en que se ejecutÃ³, si se supiere. 4. Pruebas que ofrecen, acompaÃ±Ã¡ndose, en su caso, nÃ³mina de los testigos, con menciÃ³n de los respectivos domicilios y profesiones. 5. Si se ejerciere la acciÃ³n civil, la solicitud concreta de la reparaciÃ³n que se pretenda. 6. Firma del querellante o de otra persona a su ruego, si no supiere o pudiere hacerlo, en este Ãºltimo caso, deberÃ¡ firmarse ante el secretario. Cuando se querelle por calumnia o injuria, deberÃ¡ presentarse, si existiere, el documento que las contenga; si lo fuere por adulterio, se acompaÃ±arÃ¡ copia de la sentencia civil definitiva que declare el divorcio por esa causa, en ambos casos bajo sanciÃ³n de inadmisibilidad. InvestigaciÃ³n preliminar. Art. 428.- Cuando el querellante ignore el nombre, apellido o domicilio del autor del hecho, podrÃ¡ ordenarse una investigaciÃ³n preliminar para su individualizaciÃ³n. PrisiÃ³n del querellado y embargo de sus bienes. Art. 429.- El Tribunal podrÃ¡ ordenar la prisiÃ³n preventiva del querellado sÃ³lo cuando haya motivos graves para sospechar que tratarÃ¡ de eludir la acciÃ³n de la justicia y cuando, ademÃ¡s, previa una sumaria informaciÃ³n y la indagatoria de aquel, sea probable que el hecho existiÃ³ y el imputado es autor del mismo, y el delito estÃ© reprimido con pena privativa de libertad. Responsabilidad del querellante. Art. 430.- El querellante quedarÃ¡ sometido a la jurisdicciÃ³n del Tribunal en todo lo referente al juicio por Ã©l promovido y a sus consecuencias legales. Desistimiento expreso. Art. 431.- El querellante podrÃ¡ desistir de la acciÃ³n en cualquier estado del proceso, pero quedarÃ¡ sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores. Irrevocabilidad del desistimiento. Reserva de la acciÃ³n civil. Art. 432.- El desistimiento no podrÃ¡ ser supeditado a condiciones, pero podrÃ¡ hacerse expresa reserva de la acciÃ³n civil emergente del delito, cuando Ã©sta no haya sido promovida juntamente con la penal. PerenciÃ³n de instancia. Art. 433.- La caducidad de la acciÃ³n privada se producirÃ¡: 1. Cuando el querellante o su mandatario no inste el procedimiento durante dos meses, sin justa causa. 2. Cuando el querellante o su mandatario no concurra a la audiencia para el debate, sin justa causa, que deberÃ¡ acreditar antes de su iniciaciÃ³n. 3. Cuando habiendo muerto o quedado incapacitado el querellante, no comparezca alguno de sus herederos o representantes legales, para proseguir la acciÃ³n, dentro de los dos meses a contar desde la notificaciÃ³n de aquÃ©llos. La caducidad traerÃ¡ consigo la imposiciÃ³n de costas. En ningÃºn caso impedirÃ¡ el ulterior ejercicio de la acciÃ³n privada. Efectos del desistimiento. Art. 434.- Cuando el Tribunal declare extinguida la acciÃ³n penal por desistimiento del querellante, sobreseerÃ¡ en la causa y le impondrÃ¡ las costas, salvo que las partes hubieran convenido a este respecto otra cosa. El desistimiento de la querella favorece a todos los que hubiesen participado en el delito que la motivÃ³. Audiencia de conciliaciÃ³n. Art. 435.- Presentada la querella, el Tribunal convocarÃ¡ a las partes a una audiencia de conciliaciÃ³n, remitiendo al querellado una copia de aquÃ©lla. A la audiencia podrÃ¡n asistir los defensores. Cuando no concurra el querellado, el juicio seguirÃ¡ su curso. ConciliaciÃ³n y retractaciÃ³n. Art. 436.- Cuando las partes se concilien en la audiencia o en cualquier estado del juicio, se sobreseerÃ¡ en la causa y las costas serÃ¡n por el orden causado, salvo que aquÃ©llas convengan otra cosa. Si el querellante se retractare en la audiencia o al contestar la querella, la causa serÃ¡ sobreseÃda y las costas quedarÃ¡n a su cargo. La retractaciÃ³n serÃ¡ publicada a peticiÃ³n del querellante, en la forma que el Tribunal estimare adecuada. CitaciÃ³n a juicio. Art. 437.- Cuando en la audiencia no se produzcan la conciliaciÃ³n ni la retractaciÃ³n previstas, el Tribunal citarÃ¡ al querellado para que en el tÃ©rmino de diez (10) dÃas comparezca a juicio y ofrezca la prueba de descargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃculo siguiente. Excepciones. Art. 438.- Durante el tÃ©rmino prefijado, el querellado podrÃ¡ oponer excepciones previas conforme al TÃtulo VII, Libro segundo, incluso la falta de personerÃa. FijaciÃ³n de audiencias. Art. 439.- Vencido el tÃ©rmino establecido para la citaciÃ³n a juicio o resueltas las excepciones en el sentido de la prosecuciÃ³n del juicio, el Tribunal fijarÃ¡ dÃa y hora para el debate, conforme a las normas del juicio comÃºn, y el querellante adelantarÃ¡, en su caso, los fondos para la indemnizaciÃ³n y anticipo de los gastos de los testigos peritos e intÃ©rpretes citados que no residan en la ciudad donde se realizarÃ¡ el debate. Debate. Art. 440.- El debate se efectuarÃ¡ de acuerdo con las disposiciones comunes. El querellante tendrÃ¡ las facultades y obligaciones correspondientes al Ministerio Fiscal; podrÃ¡ ser interrogado, pero no se le requerirÃ¡ juramento. En el juicio por adulterio, la audiencia se realizarÃ¡ a puertas cerradas. Incomparecencia del querellado. Art. 441.- Si el querellado o su representante optaren por no estar presentes en la audiencia, serÃ¡n representados por un defensor de su confianza designado en el acto o por el defensor oficial. Si el querellado o su representante no hubieren comparecido al Tribunal, se ordenarÃ¡ la postergaciÃ³n del debate hasta que el querellado comparezca voluntariamente o fuere conducido por la fuerza pÃºblica, fijÃ¡ndose inmediatamente nueva audiencia. Sentencia. Recursos. EjecuciÃ³n. PublicaciÃ³n. Art. 442.- Respecto de la sentencia, de los recursos y de la ejecuciÃ³n de aquella, se aplicarÃ¡n las disposiciones comunes. En el juicio de calumnia o injurias podrÃ¡ ordenarse, a peticiÃ³n de parte, la publicaciÃ³n de la sentencia en la forma que el Tribunal estime adecuada, a costa del vencido. Libro IV Recursos TÃtulo Unico Recursos en general CapÃtulo I Disposiciones Generales Reglas generales. Art. 443.- Las resoluciones judiciales serÃ¡n recurribles sÃ³lo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la Ley. El derecho de recurrir corresponderÃ¡ tan sÃ³lo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interÃ©s directo. Cuando la Ley no disponga entre las diversas partes, todas podrÃ¡n recurrir. Recursos del Ministerio Fiscal y del querellante. Art. 444.- En los casos establecidos por la Ley el Ministerio Fiscal puede recurrir incluso a favor del imputado. La parte querellante podrÃ¡ recurrir en los mismos casos en que puede hacerlo el Ministerio Fiscal. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Recursos del imputado. Art. 445.- El imputado podrÃ¡ recurrir de la sentencia de sobreseimiento o absolutoria que le imponga una medida de segurida;, o solamente de las disposiciones que contenga la sentencia condenatoria sobre la restituciÃ³n o el resarcimiento de los daÃ±os. Los recursos a favor del imputado podrÃ¡n ser deducidos por Ã©l o su defensor y, si fuere menor de edad, tambiÃ©n por sus padres o tutor, aunque Ã©stos no tengan derecho a que se les notifique la resoluciÃ³n. Recursos del actor civil. Art. 446.- El actor civil podrÃ¡ recurrir de las resoluciones judiciales sÃ³lo en lo concerniente a la acciÃ³n por Ã©l interpuesta. Recursos del civilmente demandado. Art. 447.- El civilmente demandado podrÃ¡ recurrir de la sentencia cuando sea admisible el recurso del imputado, no obstante la inacciÃ³n de Ã©ste, siempre que se declare su responsabilidad. Condiciones de interposiciÃ³n. Art. 448.- Los recursos deberÃ¡n ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan, con especÃfica indicaciÃ³n de los motivos en que se basen. AdhesiÃ³n. Art. 449.- El que tenga derecho a recurrir, podrÃ¡, dentro del tÃ©rmino de emplazamiento, adherir al recurso concedido a otro expresando, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda. Efecto extensivo. Art. 450.- Cuando en un proceso hayan varios coimputados, los recursos interpuestos por uno de ellos favorecerÃ¡n a los demÃ¡s, siempre que los motivos en que se basen no sean exclusivamente personales. TambiÃ©n favorecerÃ¡ al imputado el recurso del civilmente demandado, cuando se alegue la existencia del hecho, o se niegue que el imputado lo cometiÃ³ o que constituya delito o se sostenga la extinciÃ³n de la acciÃ³n o que Ã©sta no pudo iniciarse o proseguirse. Efecto suspensivo. Art. 451.- La interposiciÃ³n de un recurso ordinario o extraordinario tendrÃ¡ efecto suspensivo, salvo que expresamente se disponga lo contrario. Recurso durante el juicio. Art. 452.- Durante el juicio se podrÃ¡ tan sÃ³lo deducir reposiciÃ³n, la cual serÃ¡ resuelta: en la etapa preliminar, sin trÃ¡mite, en el debate, sin suspenderlo. Los demÃ¡s recursos podrÃ¡n ser deducidos sÃ³lo con la impugnaciÃ³n de la sentencia, siempre que se haya hecho expresa reserva inmediatamente despuÃ©s de proveÃdo. Cuando la sentencia sea irrecurrible, tambiÃ©n lo serÃ¡ la resoluciÃ³n impugnada. Desistimiento. Art. 453.- Las partes podrÃ¡n desistir de los recursos interpuestos por ellos o sus defensores, sin perjudicar a los demÃ¡s recurrentes o adherentes, pero cargarÃ¡n con las costas. Para desistir de un recurso interpuesto, el defensor deberÃ¡ tener mandato expreso de su representado. El Ministerio Fiscal podrÃ¡ desistir, fundadamente de sus recursos, incluso si los hubiera interpuesto un representante de grado inferior. Rechazo. Art. 454.- El Tribunal que dictÃ³ la resoluciÃ³n impugnada denegarÃ¡ el recurso interpuesto por quien no tenga derecho, o fuera de tÃ©rmino, o sin observar las formas prescriptas, o cuando aquÃ©lla no dÃ© lugar a Ã©l. Si el recurso fuere concedido errÃ³neamente, el Tribunal de Alzada deberÃ¡ declararlo asÃ, sin pronunciarse sobre el fondo. Competencia del Tribunal de Alzada. Art. 455.- El recurso atribuirÃ¡ al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sÃ³lo en cuanto a los puntos de la resoluciÃ³n a que se refieran los agravios. Los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal permitirÃ¡n modificar o revocar la resoluciÃ³n aÃºn a favor del imputado. Cuando hubiere sido recurrida solamente por el imputado o a su favor, la resoluciÃ³n no podrÃ¡ ser modificada en su perjuicio, en cuanto a la especie o cantidad de la pena ni a los beneficios acordados. CapÃtulo II ReposiciÃ³n Procedencia. Art. 456.- El recurso de reposiciÃ³n procederÃ¡ contra las resoluciones dictadas sin sustanciaciÃ³n, a fin de que el mismo Tribunal que las dictÃ³ las revoque por contrario imperio. TrÃ¡mite. Art. 457.- Este recurso se interpondrÃ¡ mediante escrito que lo funde y dentro del tercer dÃa; el juez lo resolverÃ¡ previa vista por igual tÃ©rmino a los interesados. Efectos. Art. 458.- La resoluciÃ³n que recaiga harÃ¡ ejecutoria a menos que el recurso de reposiciÃ³n hubiere sido acompaÃ±ado del de apelaciÃ³n en subsidio y Ã©ste fuere procedente. Este recurso tendrÃ¡ efecto suspensivo sÃ³lo cuando la resoluciÃ³n recurrida fuere apelable con ese efecto. CapÃtulo III ApelaciÃ³n Resoluciones apelables. Art. 459.- El Recurso de ApelaciÃ³n procederÃ¡ contra las resoluciones de los Jueces de InstrucciÃ³n Formal y de Menores, siempre que expresamente sean declaradas apelables o causen gravamen irreparable. TambiÃ©n procederÃ¡ contra las resoluciones de los Jueces Correccionales y de GarantÃas en el procedimiento sumario y del Juez de EjecuciÃ³n, cuando asÃ lo disponga expresamente este CÃ³digo. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â Promulgada el 09/09/04). Forma y tÃ©rmino. Art. 460.- La apelaciÃ³n se interpondrÃ¡ por diligencia o escrito ante el mismo Juez que hubiere dictado la resoluciÃ³n y salvo disposiciÃ³n en contra, dentro del tÃ©rmino de cinco (5) dÃas. El Juez proveerÃ¡ lo que corresponda, sin mÃ¡s trÃ¡mite. Cuando el Tribunal de Alzada tenga su asiento en una sede distinta, la parte deberÃ¡ fijar un nuevo domicilio, bajo apercibimiento de tenÃ©rsele como tal la SecretarÃa del Tribunal. (Modificado por Ley 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Agravios. Art. 461.- Conjuntamente con el escrito de interposiciÃ³n de la apelaciÃ³n se expresarÃ¡n los agravios. (Modificado por Ley 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). ElevaciÃ³n de las actuaciones. Art. 462.- Las actuaciones serÃ¡n remitidas de oficio al Tribunal de Alzada, luego de la Ãºltima notificaciÃ³n. Cuando la remisiÃ³n del expediente entorpezca el curso del proceso, se elevarÃ¡ copia de las piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante. Cuando la apelaciÃ³n se produzca en un incidente, se elevarÃ¡n sÃ³lo sus actuaciones. En todo caso, la CÃ¡mara podrÃ¡ requerir el expediente principal. PrÃ³rroga. Art. 463.- En casos graves y complejos, a pedido del Ministerio Fiscal y las partes, el Juez podrÃ¡ conceder una prÃ³rroga por otro tanto, mediante decreto fundado. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Audiencias. Art. 464.- Siempre que el recurso sea mantenido y el tribunal no lo hubiere rechazado, se decretarÃ¡ una audiencia con intervalo no mayor de cinco (5) dÃas. Vencido dicho tÃ©rmino sin que los interesados expresen agravios se declararÃ¡ desierto el recurso a su respecto. Las partes podrÃ¡n informar por escrito o verbalmente pero la elecciÃ³n de esta Ãºltima forma deberÃ¡n hacerla en el acto de ser notificadas de la audiencia. ResoluciÃ³n. Art. 465.- El Tribunal resolverÃ¡ dentro de los diez (10) dÃas siguientes a la audiencia, devolviendo enseguida las actuaciones a los fines, en su caso, de la ejecuciÃ³n. Cada nota deberÃ¡ expresarse separadamente. CapÃtulo IV CasaciÃ³n SecciÃ³n 1Âª Procedencia Motivos. Art. 466.- El Recurso de CasaciÃ³n podrÃ¡ ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Inobservancia o errÃ³nea aplicaciÃ³n de la Ley sustantiva. 2. Inobservancia de las normas que este CÃ³digo establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepciÃ³n de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente que se subsane el defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casaciÃ³n. 3. Inobservancia de las pautas de razonabilidad en la formaciÃ³n de convicciÃ³n. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). ResoluciÃ³n recurrible. Art. 467.- PodrÃ¡ deducirse casaciÃ³n, ademÃ¡s de los casos especialmente previsto por la Ley, contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acciÃ³n o a la pena o hagan imposible que continÃºe, o denieguen la extinciÃ³n, conmutaciÃ³n o suspensiÃ³n de la pena, y los que concedan o denieguen la extradiciÃ³n. Recurso del Ministerio Fiscal y del querellante. Art. 468.- El Ministerio Fiscal y el querellante podrÃ¡n recurrir, ademÃ¡s de los autos a que se refiere el artÃculo anterior: 1. De la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la condena del imputado. 2. De la sentencia condenatoria, cuando se haya impuesto una pena privativa de la libertad inferior a la requerida. 3. De los autos que concede o deniegue la extradiciÃ³n. 4. De los autos que concedan la suspensiÃ³n del juicio a prueba. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Recursos del imputado. Art. 469.- El imputado podrÃ¡ recurrir: 1. De la sentencia condenatoria. 2. De la resoluciÃ³n en que se le imponga una medida de seguridad. 3. De los autos en que se deniegue la extinciÃ³n de la acciÃ³n, o extinciÃ³n, conmutaciÃ³n o suspensiÃ³n de la pena. 4. De los autos que concedan la extradiciÃ³n. (Modificado por Ley NÂº 7262. B.O. NÂº 16.793 del 30/12/03 â promulgada el 23/12/03). Recurso del civilmente demandado. Art. 470.- El civilmente demandado podrÃ¡ recurrir en casaciÃ³n cuando pueda hacerlo el imputado y, no obstante la inacciÃ³n de Ã©ste, siempre que se declare su responsabilidad. Recurso del actor civil. Art. 471.- El actor civil podrÃ¡ impugnar la sentencia de la CÃ¡mara en lo Criminal o del Juez Correccional en lo concerniente a su pretensiÃ³n resarcitoria o restitutoria. SecciÃ³n 2Âª Procedimiento del Recurso InterposiciÃ³n. Art. 472.- El recurso de casaciÃ³n serÃ¡ interpuesto ante el Tribunal que dictÃ³ la sentencia, dentro del tÃ©rmino de diez (10) dÃas de notificada y mediante escrito con firma de letrado en el cual se citarÃ¡n concretamente las disposiciones legales que se consideren violadas o errÃ³neamente aplicadas y se expresarÃ¡ cuÃ¡l es la aplicaciÃ³n que se pretende. DeberÃ¡ indicarse separadamente cada motivo. Fuera de esta oportunidad, no podrÃ¡ alegarse ningÃºn otro. ProveÃdo. Art. 473.- Presentado el recurso, el Tribunal dictarÃ¡ resoluciÃ³n fundada, expresando los requisitos formales que concurren para concederlo o que falte, para denegarlo. Cuando conceda el recurso, notificarÃ¡ a los interesados y elevarÃ¡ de inmediato el expediente a la Corte. TrÃ¡mite. Art. 474.- Recibidas las actuaciones, la Corte de Justicia decidirÃ¡ respecto de la improcedencia del recurso. Si lo declarare procedente, fuere mantenido, o se produjere adhesiÃ³n, el expediente quedarÃ¡ por quince (15) dÃas en la oficina para que los interesados lo examinen. Vencido ese tÃ©rmino, el presidente fijarÃ¡ audiencia para informar, con intervalo no menor de diez (10) dÃas, y seÃ±alarÃ¡ el tiempo de estudio para cada miembro de la Corte. AmpliaciÃ³n de fundamentos. Art. 475.- Durante el tÃ©rmino de oficina los interesados podrÃ¡n desarrollar o ampliar por escrito los fundamentos de los motivos propuestos, siempre que, bajo pena de inadmisibilidad, acompaÃ±en las copias necesarias de aquÃ©l, las que serÃ¡n entregadas inmediatamente a los adversarios. Defensores. Art. 476.- Las partes deberÃ¡n actuar bajo patrocinio letrado. Cuando en caso de recurso interpuesto por otro, el imputado no comparezca ante la Corte o quede sin defensor, el presidente nombrarÃ¡ en tal carÃ¡cter al defensor oficial. Audiencia. Art. 477.- Se aplicarÃ¡n, en lo pertinente, las disposiciones sobre publicidad, presencia del imputado, policÃa, disciplina de la audiencia y direcciÃ³n del debate del juicio comÃºn. Durante la audiencia establecida deberÃ¡n estar presentes todos los miembros de la Corte que deban dictar sentencia. No serÃ¡ necesario que asistan y hablen todos los abogados de las partes. La palabra serÃ¡ concedida primero al defensor del recurrente; pero si tambiÃ©n hubiere recurrido el Ministerio Fiscal, primero hablarÃ¡ el representante de Ã©ste. No se admitirÃ¡n rÃ©plicas, mas el defensor del imputado podrÃ¡, antes de la deliberaciÃ³n, presentar notas escritas. SecciÃ³n 3Âª Sentencia DeliberaciÃ³n. Art. 478.- Terminada la audiencia, la Corte pasarÃ¡ a deliberar conforme a las normas prescriptas para ello en este CÃ³digo. Sin embargo, la deliberaciÃ³n podrÃ¡ ser diferida para otra fecha, cuando la importancia de las cuestiones planteadas o lo avanzado de la hora asÃ lo aconseje. La sentencia se dictarÃ¡ dentro de un plazo mÃ¡ximo de veinte (20) dÃas, observÃ¡ndose, en lo pertinente, los requisitos para el pronunciamiento de la sentencia y la lectura de la misma establecida por este CÃ³digo. CasaciÃ³n por violaciÃ³n de la Ley. Art. 479.- Si la resoluciÃ³n impugnada hubiera violado o aplicado errÃ³neamente la Ley sustantiva, la Corte casarÃ¡ y resolverÃ¡ el caso con arreglo a la Ley y a la doctrina cuya aplicaciÃ³n declare. AnulaciÃ³n total o parcial. Art.- 480.- Si hubiere inobservancia de las normas procesales, la Corte anularÃ¡ la resoluciÃ³n impugnada, el debate en que ella se hubiere basado o los actos cumplidos de modo irregular y remitirÃ¡ el proceso al competente para la nueva sustanciaciÃ³n que determine. Cuando no anule todas las disposiciones de la resoluciÃ³n, el Tribunal establecerÃ¡ quÃ© parte de ella queda firme por no depender ni estar esencialmente conexa con la parte anulada. RectificaciÃ³n. Art. 481.- Los errores de derecho en la fundamentaciÃ³n de la sentencia impugnada, que no hayan influido en la parte resolutiva, no la anularÃ¡n, pero deberÃ¡n ser corregidos. TambiÃ©n lo serÃ¡n los errores materiales en la designaciÃ³n o el cÃ³mputo de las penas. Libertad del imputado. Art. 482.- Cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detenciÃ³n del imputado, la Corte ordenarÃ¡ directamente la libertad. CapÃtulo V Inconstitucionalidad Procedencia. Art. 483.- El recurso de inconstitucionalidad podrÃ¡ interponerse contra las sentencias o autos recurribles en casaciÃ³n, si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una Ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la ConstituciÃ³n, y la sentencia o el auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente. Procedimiento. Art. 484.- SerÃ¡n aplicables a este recurso las disposiciones del capÃtulo anterior relativas al procedimiento y forma de dictar sentencias. CapÃtulo VI Queja Procedencia. Art. 485.- Cuando sea indebidamente denegado un recurso que procedÃa para ante otro Tribunal, ante Ã©ste podrÃ¡ presentarse directamente en queja el recurrente, a fin de que se declare mal denegado el recurso. Procedimiento. Art. 486.- La queja se interpondrÃ¡ por escrito, dentro de los tres (3) dÃas de notificada la resoluciÃ³n denegatoria, si los tribunales tuvieren su asiento en la misma ciudad, en caso contrario el tÃ©rmino serÃ¡ de cinco (5) dÃas. Enseguida se requerirÃ¡ informe al respecto y se evacuarÃ¡ en el plazo de tres (3) dÃas. Si lo estimare necesario para mejor proveer, el Tribunal ante el que se interponga el recurso ordenarÃ¡ que se le remita el expediente de inmediato. La resoluciÃ³n serÃ¡ dictada por auto, despuÃ©s de recibido el informe o el expediente. Efectos. Art. 487.- Si la queja fuere desechada, las actuaciones serÃ¡n devueltas sin mÃ¡s trÃ¡mite al Tribunal que corresponda. En caso contrario, se declararÃ¡ mal denegado el recurso, especificando la clase y efectos del que se concede, lo que se comunicarÃ¡ al inferior para que emplace a las partes y proceda segÃºn el trÃ¡mite respectivo. CapÃtulo VII RevisiÃ³n Motivos. Art. 488.- El Recurso de RevisiÃ³n procederÃ¡ contra las sentencias firmes, en todo tiempo y a favor del condenado, por los siguientes motivos: 1. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia penal irrevocable. 2. Cuando se hayan recobrado, despuÃ©s de la sentencia, documentos decisivos ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor, o que, antes de aquella, no pudieron utilizarse por un obstÃ¡culo legal no imputable al recurrente. 3. Cuando la sentencia impugnada se haya dictado en virtud de prueba documental o testifical, cuya falsedad se declare en fallo posterior. 4. Cuando la sentencia se haya pronunciado a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra maquinaciÃ³n fraudulenta, cuya existencia se declare en fallo posterior. 5. Cuando corresponda aplicar retroactivamente una Ley penal mÃ¡s benigna que la aplicada en la sentencia. LÃmites. Art. 489.- El recurso deberÃ¡ tender siempre a demostrar, salvo el caso de Ley penal mÃ¡s benigna, la inexistencia del hecho, o que el condenado no lo cometiÃ³, o que falta totalmente la prueba en que se basÃ³ la condena. Personas que pueden deducirlo. Art. 490.- PodrÃ¡n deducir el recurso de revisiÃ³n: 1. El condenado, o si fuere incapaz, sus representantes legales, o si hubiere fallecido o estuviere ausente con presunciÃ³n de fallecimiento, su cÃ³nyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. 2. El Ministerio Fiscal. InterposiciÃ³n. Art. 491.- El Recurso de RevisiÃ³n serÃ¡ interpuesto, personalmente o mediante defensor, por escrito que contenga, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales, aplicables, y se deberÃ¡n acompaÃ±ar los documentos o copias de las sentencias mencionadas en los incisos 2), 3) y 4) del artÃculo 488. Cuando sea imposible presentar los documentos, se indicarÃ¡ el lugar donde se encuentren. Cuando, en el caso del referido inciso 4), la acciÃ³n penal se halle extinguida o no pueda proseguir, el recurrente deberÃ¡ indicar las pruebas demostrativas del delito de que se trate. Procedimiento. Art. 492.- En el trÃ¡mite del Recurso de RevisiÃ³n se observarÃ¡n las reglas establecidas para el de CasaciÃ³n, en cuanto sean aplicables. La Corte podrÃ¡ disponer todas las indagaciones y diligencias que crea Ãºtiles, y delegar su ejecuciÃ³n en alguno de sus miembros. Efecto suspensivo. Art. 493.- Antes de resolver el recurso, el Tribunal podrÃ¡ suspender la ejecuciÃ³n de la sentencia recurrida y disponer, con o sin cauciÃ³n, la libertad provisional del condenado. Sentencia. Art. 494.- La Corte, al pronunciarse en el recurso, podrÃ¡ anular la sentencia o sentencias remitiendo a nuevo juicio, cuando el caso lo requiera, o pronunciando directamente la sentencia definitiva. Nuevo juicio. Art. 495.- Si se remitiere un hecho a nuevo juicio, en Ã©ste no intervendrÃ¡ ninguno de los magistrados que conocieron del anterior. En la nueva causa no se podrÃ¡ absolver por efecto de una apreciaciÃ³n de los mismos hechos del primer proceso, independientemente de los motivos que hicieren admisible la revisiÃ³n. Efectos civiles. Art. 496.- Cuando la sentencia sea absolutoria, ademÃ¡s de disponerse la inmediata libertad del condenado y el cese de toda interdicciÃ³n, podrÃ¡ ordenarse la restituciÃ³n de la suma pagada en concepto de pena y de indemnizaciÃ³n; esta Ãºltima siempre que haya sido citado el actor civil. ReparaciÃ³n. Art. 497.- La sentencia de la que resulte la inocencia de un condenado podrÃ¡ pronunciarse, a instancia de parte, sobre los daÃ±os y perjuicios causados por la condena, los que serÃ¡n reparados por el Estado, siempre que aquÃ©l no haya contribuido con su dolo o culpa al error judicial. La reparaciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ acordarse al condenado o, por su muerte, a sus herederos forzosos. RevisiÃ³n desestimada. Art. 498.- El rechazo de un Recurso de RevisiÃ³n no perjudicarÃ¡ el derecho de presentar nuevos pedidos fundados en elementos distintos, pero las costas de un recurso, desechado, serÃ¡n siempre a cargo de la parte que lo interpuso. Libro V EjecuciÃ³n TÃtulo I Disposiciones Generales Competencia. Art. 499.- Las resoluciones judiciales serÃ¡n ejecutadas por el Juez de EjecuciÃ³n el que tendrÃ¡ competencia exclusiva para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecuciÃ³n y harÃ¡ las comunicaciones dispuestas por la Ley. Incidentes de ejecuciÃ³n. Art. 500.- Los Incidentes de EjecuciÃ³n podrÃ¡n ser planteados por el interesado o por el defensor o por el Ministerio Fiscal y serÃ¡n resueltos, previa vista a la contraria, en el tÃ©rmino de cinco ( 5) dÃas. Se proveerÃ¡ a la defensa tÃ©cnica del condenado conforme a las normas de este CÃ³digo. Contra el auto que resuelva el incidente procederÃ¡ recurso de apelaciÃ³n, el que no suspenderÃ¡ el trÃ¡mite de la ejecuciÃ³n a menos que asÃ lo disponga el Tribunal. (Modificado por Ley NÂº 7313, Ãºltimo pÃ¡rrafo. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â promulgada el 09/09/04). Sentencia Absolutoria. Art. 501.- La Sentencia Absolutoria se ejecutarÃ¡ inmediatamente, aunque sea recurrible. TÃtulo II EjecuciÃ³n Penal CapÃtulo I Penas CÃ³mputo. Art. 502.- El Tribunal de Sentencia mandarÃ¡ a practicar por SecretarÃa el cÃ³mputo de la pena, con fijaciÃ³n de la fecha de vencimiento o de su monto. Dicho cÃ³mputo serÃ¡ notificado y podrÃ¡ ser observado dentro de los tres (3) dÃas. Si se dedujere oposiciÃ³n se procederÃ¡ conforme a lo dispuesto por los incidentes de ejecuciÃ³n. En caso contrario, el cÃ³mputo se aprobarÃ¡ y la sentencia serÃ¡ ejecutada inmediatamente. El cÃ³mputo serÃ¡ comunicado al Juez de EjecuciÃ³n, con copia de la sentencia. EjecuciÃ³n de las penas privativas de libertad. Art. 503.- Siempre que se haya impuesto una pena privativa de libertad, el Tribunal de sentencia ordenarÃ¡ el alojamiento del condenado en la CÃ¡rcel Penitenciaria, a cuya direcciÃ³n se le comunicarÃ¡ el cÃ³mputo, remitiÃ©ndose copia de la sentencia. Cuando aquÃ©l no estÃ© detenido, se librarÃ¡ orden de captura, salvo que la condena no exceda de seis (6) meses y no exista sospecha alguna de fuga; en este caso podrÃ¡ notificÃ¡rsele para que se constituya detenido dentro de los cinco (5) dÃas. SuspensiÃ³n. Art. 504.- La ejecuciÃ³n de una pena privativa de libertad podrÃ¡ ser diferida por el Tribunal de Sentencia, solamente en los siguientes casos. 1. Cuando deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo menor de seis (6) meses. 2. Cuando el condenado se encuentre gravemente enfermo y la inmediata ejecuciÃ³n se haga imposible, sin poner en peligro su vida, conforme al dictamen de peritos designados de oficio. Cuando cesen esas condiciones, la pena se ejecutarÃ¡ inmediatamente. Salidas transitorias. Art. 505.- Sin que esto importe suspensiÃ³n de la pena, el Juez de EjecuciÃ³n podrÃ¡ autorizar, con intervenciÃ³n fiscal, que el penado salga del establecimiento carcelario en que se encuentre por un plazo prudencial y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente prÃ³ximo. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â Promulgada el 09/09/04). Enfermos. Art. 506.- Si durante la ejecuciÃ³n de la pena privativa de la libertad el condenado denotare sufrir alguna enfermedad, el Juez de EjecuciÃ³n dispondrÃ¡, previos los peritajes necesarios, la colocaciÃ³n del enfermo en un establecimiento adecuado, si no fuere posible atenderlo en la cÃ¡rcel o ello importare grave peligro. El tiempo de internaciÃ³n se computarÃ¡, a los fines de la pena, siempre que el condenado se halle privado de su libertad y la enfermedad no haya sido simulada o procurada para sustraerse a la pena. ReclusiÃ³n en un establecimiento nacional. Art. 507.- Si la pena impuesta debe cumplirse en un establecimiento nacional, el Tribunal de Sentencia cursarÃ¡ comunicaciÃ³n al Poder Ejecutivo a fin de que solicite del Gobierno de la NaciÃ³n la adopciÃ³n de las medidas pertinentes. InhabilitaciÃ³n accesoria. Art. 508.- Cuando la pena privativa de la libertad importe, ademÃ¡s, la accesoria del artÃculo 12 del CÃ³digo Penal, se ordenarÃ¡n las inscripciones, anotaciones y demÃ¡s medidas que correspondan. InhabilitaciÃ³n absoluta o especial. Art. 509.- La sentencia que condene a inhabilitaciÃ³n absoluta se mandarÃ¡ publicar en el BoletÃn Oficial. AdemÃ¡s, se cursarÃ¡n las comunicaciones a la Junta Electoral y a las reparticiones o poderes que corresponda, segÃºn el caso (C.P. art. 19). En caso de inhabilitaciones especiales, se harÃ¡n las comunicaciones pertinentes. Cuando se refieran a alguna actividad privada, se comunicarÃ¡n a la autoridad policial o municipal. Pena de multa. Art. 510.- La multa deberÃ¡ ser abonada en papel sellado, dentro de diez (10) dÃas de quedar firme la sentencia. Vencido este tÃ©rmino, el Tribunal procederÃ¡ conforme a lo dispuesto por los artÃculos 21 y 22 del CÃ³digo Penal. Para la ejecuciÃ³n de aquÃ©lla se remitirÃ¡n los antecedentes al Ministerio Fiscal, el cual procederÃ¡ por la vÃa de ejecuciÃ³n de sentencia, al Fiscal de gobierno o procuradores fiscales, pudiendo hacerlo, en su caso, ante los jueces civiles. DetenciÃ³n domiciliaria. Art. 511.- La detenciÃ³n domiciliaria (C.P. art. 10) se cumplirÃ¡ bajo inspecciÃ³n o vigilancia del Juez de EjecuciÃ³n, a cuyo fin podrÃ¡ impartir las Ã³rdenes necesarias. Si el penado quebrantare la condena, pasarÃ¡ a cumplirla al establecimiento que corresponda. RevocaciÃ³n de condena condicional. Art. 512.- La revocaciÃ³n de la condena condicional serÃ¡ dictada por el Tribunal que la impuso, salvo cuando proceda la unificaciÃ³n de penas, en este caso podrÃ¡ disponerla el que dicte la pena Ãºnica. ModificaciÃ³n de la pena impuesta. Art. 513.- Cuando deba quedar sin efecto, o modificarse la pena impuesta, o las condiciones de su cumplimiento por haber entrado en vigencia una ley mÃ¡s benigna, o en virtud de otra razÃ³n legal, el Juez de EjecuciÃ³n aplicarÃ¡ dicha Ley de oficio o a solicitud del interesado o del Ministerio Fiscal. El incidente se tramitarÃ¡ conforme a lo dispuesto para los incidentes de ejecuciÃ³n, aunque la cuestiÃ³n fuere provocada de oficio. CapÃtulo II Libertad Condicional Solicitud. Art. 514.- El condenado podrÃ¡ presentar la solicitud de libertad condicional ante el tribunal competente, debiendo hacerse patrocinar por un abogado. Informe. Art. 515.- Presentada la solicitud, el Tribunal requerirÃ¡ informe de la direcciÃ³n del establecimiento respectivo acerca de los siguientes puntos: 1. Tiempo cumplido de la condena. 2. Forma en que el solicitante ha observado los reglamentos carcelarios y la calificaciÃ³n que merezca por su trabajo, educaciÃ³n y disciplina. 3. Toda otra circunstancia favorable o desfavorable, que pueda contribuir a ilustrar el juicio del Tribunal, debiÃ©ndose requerir dictamen mÃ©dico o psicolÃ³gico cuando se juzgue necesario. Los informes deberÃ¡n expedirse en el tÃ©rmino de cinco (5) dÃas. CÃ³mputos y antecedentes. Art. 516.- Al mismo tiempo, el Tribunal requerirÃ¡ del secretario un informe sobre el tiempo de condena cumplido, y librarÃ¡ los oficios y exhortos necesarios para establecer los antecedentes del solicitante. TrÃ¡mite, resoluciÃ³n y recurso. Art. 517.- En cuanto a trÃ¡mite y resoluciÃ³n, se procederÃ¡ conforme a lo dispuesto para el incidente de ejecuciÃ³n penal. ComunicaciÃ³n al patronato. Art. 518.- El penado serÃ¡ sometido al cuidado del Patronato de Liberados, al que se le comunicarÃ¡ la libertad y se le remitirÃ¡ copia del auto que lo ordenÃ³. El patronato deberÃ¡ comprobar periÃ³dicamente el lugar de residencia del liberado, el trabajo a que se dedica y la conducta que observa. Si no existiera el patronato oficial, el Tribunal podrÃ¡ encargar tales funciones a una instituciÃ³n particular. Incumplimiento. Art. 519.- La aplicaciÃ³n del artÃculo 15 del CÃ³digo Penal podrÃ¡ hacerse de oficio o ser pedido por el Patronato o por el Ministerio Fiscal. En todo caso el liberado serÃ¡ oÃdo y se le admitirÃ¡n pruebas, procediÃ©ndose en la forma establecida para el incidente de ejecuciÃ³n penal, y el Tribunal proveerÃ¡ a su defensa tÃ©cnica. El liberado podrÃ¡ ser detenido inmediatamente en forma preventiva, si fuere necesario, mientras el incidente se resuelva. CapÃtulo III Medidas de Seguridad Vigilancia. Art. 520.- La ejecuciÃ³n provisional de una medida de seguridad serÃ¡ vigilada por el Tribunal que la dictÃ³, cuyas decisiones serÃ¡n obedecidas por las autoridades del establecimiento en que la misma se cumpla. La ejecuciÃ³n definitiva de una medida de seguridad serÃ¡ vigilada por el Juez de EjecuciÃ³n. Instrucciones. Art. 521.- El Tribunal, al disponer una ejecuciÃ³n de una medida de seguridad provisional, impartirÃ¡ las instrucciones necesarias a la autoridad o a la persona encargada de ejecutarla, fijarÃ¡ los plazos y la forma en que deba ser informado acerca del estado de la persona sometida a la medida o sobre cualquier otra circunstancia de interÃ©s. Dichas instrucciones podrÃ¡n ser variadas en el curso del proceso, segÃºn sea necesario, dÃ¡ndose noticia al encargado. Si la medida de seguridad es definitiva, las instrucciones las impartirÃ¡ el juez de ejecuciÃ³n. Contra estas resoluciones no habrÃ¡ recurso alguno. ColocaciÃ³n de menores. Art. 522.- Cuando la medida consista en la colocaciÃ³n privada de un menor, el encargado, el padre, el tutor o la autoridad del establecimiento, tendrÃ¡ obligaciÃ³n de facilitar la inspecciÃ³n o vigilancia que el Juez de Menores encomiende a los delegados. El incumplimiento de este deber podrÃ¡ ser corregido con multa que no podrÃ¡ exceder del cincuenta por ciento de lo que perciba por todo concepto la Ãºltima categorÃa de auxiliares administrativos del Poder Judicial o arresto no mayor de cinco (5) dÃas. Las informaciones de los delegados podrÃ¡n referirse no solamente a la persona del menor, sino tambiÃ©n al ambiente social en que actÃºe y a su conveniencia o inconveniencia. InternaciÃ³n de anormales. Art. 523.- Cuando el Tribunal disponga la aplicaciÃ³n de la medida del artÃculo 34, inciso 1Âº, del CÃ³digo Penal, ordenarÃ¡ especialmente la observaciÃ³n siquiÃ¡trica del sujeto. CesaciÃ³n. Art. 524.- Para decretar la cesaciÃ³n de una medida de seguridad provisional, de tiempo absoluta o relativamente indeterminado, el Tribunal deberÃ¡ oÃr en todo caso al Ministerio Fiscal, al interesado o cuando Ã©ste sea incapaz a quien ejercite su patria potestad, tutela o curatela. AdemÃ¡s, en los casos del artÃculo treinta y cuatro inciso 1Âº, del CÃ³digo Penal se requerirÃ¡ el dictamen, por lo menos, de dos peritos y el informe tÃ©cnico oficial del establecimiento en que la medida se cumpla. Cuando la medida de seguridad sea definitiva, serÃ¡ competente el Juez de EjecuciÃ³n, aplicando el mismo procedimiento. CapÃtulo IV RestituciÃ³n y RehabilitaciÃ³n Solicitud y competencia. Art. 525.- Cuando se cumplan las condiciones prescriptas por el artÃculo 20 del CÃ³digo Penal, el condenado a inhabilitaciÃ³n absoluta o relativa podrÃ¡ solicitar al Tribunal que la ejecutÃ³, personalmente o mediante un abogado defensor, que se le restituya en el uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado o su rehabilitaciÃ³n. Con el escrito deberÃ¡ presentar copia autÃ©ntica de la sentencia respectiva y ofrecer prueba de dichas condiciones, bajo pena de inadmisibilidad. Prueba e instrucciÃ³n. Art. 526.- AdemÃ¡s de ordenar la inmediata recepciÃ³n de la prueba ofrecida, el Tribunal podrÃ¡ ordenar la instrucciÃ³n que estime oportuna. A tales fines podrÃ¡ actuar un vocal de la CÃ¡mara, librarse las comunicaciones necesarias o encomendarse informaciÃ³n a la policÃa judicial. Vistas y decisiÃ³n. Art. 527.- Practicada la investigaciÃ³n y previa vista al Ministerio Fiscal y al interesado, el Tribunal resolverÃ¡ por auto. Contra Ã©ste sÃ³lo procederÃ¡ Recurso de CasaciÃ³n. Efectos. Art. 528.- Si la restituciÃ³n o la rehabilitaciÃ³n fuere concedida, se harÃ¡n las anotaciones y comunicaciones necesarias para dejar sin efecto la sanciÃ³n. TÃtulo III EjecuciÃ³n Civil CapÃtulo I Condenas Pecuniarias Competencia. Art. 529.- Las sentencias que condenan a restituciÃ³n, reparaciÃ³n e indemnizaciÃ³n de daÃ±os, satisfacciÃ³n de costas y pago de gastos, cuando no sean inmediatamente ejecutadas o no puedan serlo por simple orden del Tribunal que las dictÃ³, se ejecutarÃ¡n por el interesado o por el Ministerio Fiscal, ante los jueces civiles que corresponda, y con arreglo al CÃ³digo de Procedimientos Civiles. Sanciones disciplinarias. Art. 530.- El Fiscal de Gobierno o los procuradores fiscales ejecutarÃ¡n las penas pecuniarias de carÃ¡cter disciplinario, a favor del fisco, en la forma establecida en el artÃculo anterior; a cuyo fin, el Tribunal le remitirÃ¡ copia autÃ©ntica de la resoluciÃ³n que la imponga. CapÃtulo II GarantÃas Embargo o inhibiciÃ³n de oficio. Art. 531.- Al dictar el auto de procesamiento el Juez ordenarÃ¡ el embargo de los bienes del imputado, o en su caso del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnizaciÃ³n civil y las costas. Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren bienes o lo embargado fuere insuficiente, se podrÃ¡ decretar la inhibiciÃ³n. La efectivizaciÃ³n de la medida cautelar serÃ¡ obligatoria. Embargo a peticiÃ³n de parte. Art. 532.- El actor civil podrÃ¡ pedir ampliaciÃ³n o efectivizaciÃ³n del embargo dispuesto de oficio, prestando la cauciÃ³n que el Tribunal determine. Otras medidas cautelares. Art. 533.- El Tribunal, podrÃ¡ de oficio o a peticiÃ³n del actor civil, ordenar cualquier otra medida cautelar tendiente a resguardar los intereses civiles. AplicaciÃ³n del CÃ³digo de Procedimientos Civiles. Art. 534.- Con respecto a la substituciÃ³n del embargo o inhibiciÃ³n, orden de los bienes embargables, forma y ejecuciÃ³n del embargo, conservaciÃ³n, seguridad y custodia de los bienes embargados, su administraciÃ³n, variaciones del embargo y de otras medidas cautelares, honorarios y terciarios, regirÃ¡n las disposiciones del CÃ³digo de Procedimientos Civiles, pero el Recurso de ApelaciÃ³n tendrÃ¡ efecto devolutivo. Actuaciones. Art. 535.- Las diligencias sobre embargo, medidas cautelares y fianzas se tramitarÃ¡n por cuerda separada. CapÃtulo III RestituciÃ³n de objetos secuestrados Destino de los objetos decomisados. Art. 536.- Cuando la sentencia importe decomiso de algÃºn objeto, el Tribunal le darÃ¡ el destino que corresponda, segÃºn su naturaleza. Cosas secuestradas. Art. 537.- Las cosas secuestradas que no estuvieran sujetas a decomiso, restituciÃ³n o embargo, serÃ¡n devueltas a quien se le secuestraron, sin otro trÃ¡mite. La devoluciÃ³n no varÃa el derecho del tenedor o terceros sobre la cosa. Si hubieran sido entregadas en depÃ³sito antes de la sentencia, se notificarÃ¡ al depositario la entrega definitiva. Las cosas secuestradas de propiedad del condenado podrÃ¡n ser retenidas en garantÃa de los gastos y costos del proceso y de las responsabilidades pecuniarias impuestas. Juez competente. Art. 538.- Si se suscitaren controversias sobre la restituciÃ³n o la forma de ella, se dispondrÃ¡ que los interesados ocurran a la jurisdicciÃ³n civil. Objetos no reclamados. Art. 539.- Cuando despuÃ©s de un aÃ±o de concluido el proceso, nadie acredite tener derecho a la restituciÃ³n de cosas que no se secuestraron en poder de persona determinada, se dispondrÃ¡ el decomiso de ellas, las que serÃ¡n puestas a disposiciÃ³n del Poder Ejecutivo. CapÃtulo IV Sentencia que declara una falsedad instrumental RectificaciÃ³n. Art. 540.- Cuando una sentencia declare falso un instrumento pÃºblico, el Tribunal que la dictÃ³ ordenarÃ¡ que el acto sea reconstituido, suprimido o reformado. Documento archivado. Art. 541.- Si el instrumento hubiera sido extraÃdo de un archivo, serÃ¡ restituido a Ã©l con nota marginal en cada pÃ¡gina, agregÃ¡ndose copia de la sentencia que haya establecido la falsedad total o parcial. Documento protocolizado. Art. 542.- Si se tratare de un documento protocolizado, se anotarÃ¡ la declaraciÃ³n hecha en la sentencia al margen de la matriz, en los testimonios que se hubieren presentado y en el registro respectivo. TÃtulo IV Costas AnticipaciÃ³n. Art. 543.- En todo proceso, el Estado anticiparÃ¡ los gastos con relaciÃ³n al imputado y a las demÃ¡s partes que gocen del beneficio de pobreza. ResoluciÃ³n necesaria. Art. 544.- Toda resoluciÃ³n que ponga tÃ©rmino a la causa o a un incidente, deberÃ¡ resolver sobre el pago de las costas procesales. ImposiciÃ³n. Art. 545.- Las costas serÃ¡n a cargo de la parte vencida; pero el Tribunal podrÃ¡ eximirla total o parcialmente, cuando haya tenido razÃ³n notoria para litigar. Personas exentas. Art. 546.- Los representantes del Ministerio Fiscal, los abogados y mandatarios que intervengan en el proceso, no podrÃ¡n ser condenados en costas, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias en que incurran y salvo los casos en que especialmente se dispone. Contenido. Art. 547.- Las costas consistirÃ¡n: 1. En la reposiciÃ³n del papel sellado o reintegro del empleado en la causa, y demÃ¡s impuestos de justicia que se establezcan en el CÃ³digo Fiscal o leyes impositivas. 2. En los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos. 3. En el pago de los derechos arancelarios. 4. En los demÃ¡s gastos que se hubieren originado por la tramitaciÃ³n de la causa. A excepciÃ³n del inciso 2) el Tribunal de Sentencia ejecutarÃ¡ de oficio la satisfacciÃ³n de las costas. DeterminaciÃ³n de honorarios. Art. 548.- Los honorarios de los abogados y procuradores se determinarÃ¡n de conformidad a la ley de aranceles. En su defecto, se tendrÃ¡ en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido. Los honorarios de las demÃ¡s personas se determinarÃ¡n segÃºn las normas de las leyes respectivas. DistribuciÃ³n de costas. Art. 549.- Cuando sean varios los condenados al pago de costas el Tribunal fijarÃ¡ la parte proporcional que corresponda a cada uno, sin perjuicio de la solidaridad establecida por la ley civil. Disposiciones Transitorias Causas pendientes. Art. 550.- Respecto de las causas pendientes, se aplicarÃ¡n las disposiciones del CÃ³digo anterior, siempre que al entrar en vigor la Ley 7262, la causa se haya elevado a juicio, por decreto o auto segÃºn corresponda. El procedimiento sumario entrarÃ¡ en vigencia luego de cumplirse lo dispuesto por los artÃculos 21, 26, 33 y cc. de la Ley 7263 y modificatorias âOrgÃ¡nica de la Justicia Penalâ, y se establezcan los tribunales, los fiscales y demÃ¡s auxiliares encargados de su aplicaciÃ³n. Mientras tanto, el juzgamiento de los delitos leves continuarÃ¡ adoptando el procedimiento del CÃ³digo anterior, y aquellas disposiciones legales compatibles incluidas o modificadas por la Ley 7262 que no requieran habilitaciÃ³n presupuestaria. Las causas en trÃ¡mite ante los Juzgados de InstrucciÃ³n Sumaria al entrar a regir el procedimiento sumario, pasarÃ¡n a los Fiscales Correccionales conforme a la distribuciÃ³n equitativa que al efecto dicte el Colegio de Gobierno del Ministerio PÃºblico. Las causas que tramitan ante el Juzgado de EjecuciÃ³n, por detenidos alojados en las unidades penitenciarias ubicadas en el Distrito Judicial del Norte, pasarÃ¡n a la CÃ¡mara del Crimen de ese Distrito. En los casos en que haya necesidad de traslados temporarios de detenidos el Juez natural podrÃ¡ requerir que la atenciÃ³n de las cuestiones que se susciten, se lleve a cabo por el Juez de EjecuciÃ³n con competencia en el lugar, para ello notificarÃ¡ del traslado y remitirÃ¡ copia del expediente. La Corte de Justicia reglamentarÃ¡ la distribuciÃ³n de los expedientes que ingresarÃ¡n a los Tribunales y juzgados creados o transformados por la Ley OrgÃ¡nica de la Justicia Penal. (Modificado por Ley NÂº 7313. B.O. NÂº 16.971 del 23/09/04 â Promulgada el 09/09/04). Validez de los actos anteriores Art. 551.- Los actos cumplidos con anterioridad a la vigencia de este CÃ³digo, de acuerdo con las normas del abrogado, conservarÃ¡n su validez. Norma derogatoria Art. 552.- AbrÃ³ganse todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley (Leyes NÂºs. 3.633, 3.645, 4.556, 5.033, 5.046, 5.180, 5.202, 5.286, 5.333 y Decretos Leyes 163/62, 178/62, 301/63 y 293/63). Recursos de apelaciÃ³n Art. 553.- Los procesos radicados en las actuales CÃ¡maras en lo Criminal, en virtud de recursos de apelaciÃ³n deducidos contra resoluciones de los jueces de InstrucciÃ³n, serÃ¡n remitidos a la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n, salvo que se hubiera fijado audiencia para informar. En este caso conocerÃ¡ del recurso el Tribunal que hubiera adquirido competencia funcional. Art. 554.- ComunÃquese, etc. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Salta, a los veintisÃ©is dÃas del mes de setiembre del aÃ±o mil novecientos ochenta y cinco. Pedro MÃ¡ximo de los RÃos Vicepresidente 1Âº En ejercicio de la Presidencia H. CÃ¡mara de Senadores Marcelo Oliver Secretario Legislativo H. CÃ¡mara de Senadores BenjamÃn C. Ruiz de Huidobro Presidente H. CÃ¡mara de Diputados Dr. JosÃ© MarÃa Ulivarri Secretario H. CÃ¡mara de Diputados ExposiciÃ³n de Motivos IntroducciÃ³n La inseguridad instalada en nuestra sociedad puso en crisis a funciones e instituciones del Estado, Nacional y Provincial, especialmente las fuerzas encargadas de prevenir y reprimir el delito, e incluso, al Poder Judicial y al Ministerio PÃºblico. Es una crisis de eficiencia, con su correlato de escasa credibilidad, la cual llegÃ³ a tal extremo de preocupaciÃ³n polÃtica que en las Ãºltimas elecciones, los principales candidatos de las distintas fuerzas polÃticas argentinas, debieron incluir en sus programas de campaÃ±a el problema de la inseguridad, y por sus propuestas para erradicarla o, al menos, controlarla, fueron determinados a recurrir al auxilio de la PolÃtica Criminal como ciencia complementaria del Derecho Procesal Penal. De allÃ que, en estas horas difÃciles, emerja como autÃ©ntica demanda la de hacer leyes realistas y tÃ©cnicamente sÃ³lidas, que establezcan para el futuro reglas de juego claras, que faciliten la silenciosa y constante tarea de los operadores de nuestro sistema jurÃdico: jueces, fiscales, defensores, policÃas, gendarmes, etc. A todos ellos les incumbe responder al delito con la Ley y con la razÃ³n, no con la violencia. Elaborar esta clase de leyes, durante tiempos difÃciles, significa estar persuadidos que realismo y tecnicismo no son incompatibles, sino todo lo contrario, desde que una cualidad es complementada por la otra. El tiempo y los hechos, dirÃ¡n mejor que nadie si esta ComisiÃ³n hizo un aporte digno de las ideas antes expuestas. El Proyecto del Poder Ejecutivo El 16 de noviembre de 1999, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, con la firma del SeÃ±or Gobernador, Doctor Juan Carlos Romero, remitiÃ³ a la Honorable Legislatura un Proyecto de Ley de Reformas al CÃ³digo Procesal Penal de la Provincia â Ley 6.345 â para su correspondiente tratamiento legislativo. Por aquel entonces, las ideas de reformas a los distintos cÃ³digos procesales penales argentinos estaban en plena actividad. El ejemplo mÃ¡s difundido de esta corriente reformadora, fue el complejo proceso que, urgido por la necesidad de dar respuestas al grave problema de la inseguridad, transformÃ³ radicalmente la manera de investigar y de juzgar los delitos en la Provincia de Buenos Aires â CÃ³digo Procesal Penal, Ley 11.922 -, aun cuando los resultados disten, por ahora, de ser los esperados por quienes lo promovieron y concretaron en los hechos. En el Mensaje con que se acompaÃ±ara dicha iniciativa, se decÃa que uno de sus objetivos era el receptar los requerimientos de mayor celeridad en la administraciÃ³n de justicia, y en el mejoramiento de los medios y herramientas que utiliza la justicia penal. Con humildad, se reconocÃa que un proceso integral de reformas al CÃ³digo Procesal Penal requerirÃa de un largo tiempo de programaciÃ³n, de estudio por comisiones de especialistas, de consenso y tambiÃ©n de un presupuesto suficiente. Aquel proyecto del Poder Ejecutivo tiene aspectos procesales y de ley orgÃ¡nica, toda vez que, entre los primeros, encontramos el instituto del querellante particular, el reconocimiento de los derechos de la vÃctima y el del juicio abreviado; entre los Ãºltimos, el sistema de salas unipersonales para el juicio en las CÃ¡maras del Crimen. TrÃ¡mite en el Honorable Senado de la Provincia El expediente NÂº 90-14.283/99, ingresÃ³ al Honorable Senado el 16 de noviembre de 1999. En fecha 25 de noviembre del mismo aÃ±o, la CÃ¡mara de Senadores, mediante ResoluciÃ³n NÂº 98, designÃ³ una ComisiÃ³n Especial ad- honorem, que estuvo integrada por el Procurador General del Ministerio PÃºblico Dr. RamÃ³n Alberto Catalano y los seÃ±ores abogados Roberto Adolfo Castro, Luis FÃ©lix Costas, VÃctor RenÃ© MartÃnez y Miguel Antonio Medina, con la secretarÃa de los seÃ±ores abogados RubÃ©n Eduardo Arias y Guillermo Alberto Catalano. Una vez constituida la misma, bajo la presidencia del seÃ±or Senador por el Departamento Los Andes, Pedro MÃ¡ximo de los RÃos, se invitÃ³ a la Honorable CÃ¡mara de Diputados de la Provincia para que nominara un representante, siendo designado el seÃ±or Diputado por el Departamento de Rosario de Lerma, doctor Arnaldo DamiÃ¡n Estrada. La ComisiÃ³n antes mencionada iniciÃ³ sus reuniones semanales, en dependencias de la CÃ¡mara de Senadores, en diciembre de 1999, concluyendo sus tareas a fines de febrero de 2001. Los objetivos de la ComisiÃ³n Ad-Honorem Desde su primera reuniÃ³n, los integrantes de la ComisiÃ³n procuraron cumplir acabadamente con los objetivos propuestos por la ResoluciÃ³n que la creara, que no eran otros que el âEstudio de la Reforma al Sistema Procesal de la Provincia de Saltaâ. Si algo caracteriza esos objetivos es su amplitud, pues se esperaba un estudio integral de todo el sistema procesal penal actualmente vigente en Salta, lo que desde luego comprende su CÃ³digo Procesal Penal â Ley 6.345 â y las leyes orgÃ¡nicas que le dan marco de aplicaciÃ³n concreta, es decir, las del Poder JudicialâLey 5.642-; del Ministerio PÃºblicoâLey 6.477- y OrgÃ¡nica de la Justicia PenalâLey 6.338. Una vez mÃ¡s, ahora por pedido de la H. CÃ¡mara de Senadores, volvieron a encontrarse la mayorÃa de los miembros de esta ComisiÃ³n. En el aÃ±o 1984, lo habÃan hecho por pedido de la ComisiÃ³n Especial de CÃ³digos Procesales de la CÃ¡mara de Diputados, y de su presidente, el siempre recordado JosÃ© Armando Catalano. AÃ±os despuÃ©s, en 1989, fue la ComisiÃ³n de LegislaciÃ³n General del H. Senado, que presidÃa el entonces Senador Arnaldo Estrada, quien convocÃ³ a los mismos integrantes para que redactaran un Proyecto de Reformas del CÃ³digo Procesal Penal, que si bien fue aprobado en dicha CÃ¡mara, caducÃ³ sin tratamiento en la de Diputados. En la primera reuniÃ³n de 1999, todos los miembros de la ComisiÃ³n tuvieron presente que, desde su entrada en vigencia, en el lejano 1961, nuestro CÃ³digo Procesal Penal â original segÃºn Ley 3.645- fue modificado en muy pocas ocasiones. La que ya seÃ±alÃ¡ramos, de 1985, fue la Ãºnica integral. Las dos restantes, introducidas por las Leyes 6.624 y 7.073, fueron parciales, y estuvieron referidas, respectivamente, a la informaciÃ³n sumaria y a la nueva competencia correccional. Una vez concretado el estudio inicial de las disposiciones legales vigentes, como marco general y de referencia, la ComisiÃ³n acordÃ³ internamente que todos sus esfuerzos, debates y discusiones, estarÃan orientados, sucesivamente: 1) actualizar el CÃ³digo Procesal Penal de la Provincia, incluyendo en Ã©l los institutos mÃ¡s modernos creado por la contemporÃ¡nea doctrina del Derecho Procesal Penal, que se habÃan venido incorporando a otros cÃ³digos del paÃs, desde la Ãºltima reforma; 2) lograr que todo cambio propuesto, reconozca como sus presupuestos a la seguridad jurÃdica, a la celeridad, a la eficacia y dando cumplimiento incondicional de los deberes impuestos por los Derechos Humanos; 3) procurar que las reformas sean efectivas, para que, en el menor tiempo posible, incidan en un sensible incremento de las sentencias de los tribunales competentes; 4) en conocimiento de las limitaciones presupuestarÃas tanto de la NaciÃ³n como de las Provincias, se intentÃ³ un proyecto que no signifique mayor onerosidad. Bases de este Proyecto El Proyecto puesto a consideraciÃ³n de la Honorable CÃ¡mara ha tomado como bases centrales tanto el CÃ³digo Procesal Penal de la Provincia de Salta, actualmente vigente, como las leyes orgÃ¡nicas respectivas, a las que ya se hiciera menciÃ³n con anterioridad. Se considerÃ³ debidamente los textos constitucionales que nos rigen, en la NaciÃ³n y en la Provincia, a partir de 1994 y 1998 respectivamente, respetando los Tratados Internacionales incluidos en la enunciaciÃ³n del artÃculo 75 inciso 22 de la ConstituciÃ³n Nacional, en cuanto resulten aplicables al proceso penal. Del mismo modo han sido analizados los CÃ³digo Procesales Penales de la NaciÃ³n (Ley 23.984, con sus reformas) de la Provincia de Buenos Aires (Ley 11.922) y el de CÃ³rdoba (Ley 8.123, con sus reformas) y la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal EspaÃ±ola. La breve reseÃ±a de antecedentes que antecede, nos permite abordar el tema de las fuentes que inspiraron la resoluciÃ³n que se adoptara sobre los temas especÃficos de la reforma que propondremos. Principales Institutos Procesales del âQuerellante Conjuntoâ 1) Hecho Delictivo como Entidad Unica: En el plano de la realidad y desde un punto de vista âÃ³nticoâ (en el sentido âde lo existente, que se refiere a la esencia o a la naturaleza de lo existenteâ â Nicola Abbagnano âFilosofÃa âpÃ¡g. 872â Ed. Fondo de Cultura EconÃ³mica âMÃ©xicoâ aÃ±o 1989) y âontolÃ³gicoâ (siguiendo la doctrina que âestudia los caracteres fundamentales del ser, los caracteres que todo ser tiene, y no puede dejar de tenerâ â ob. cit. PÃ¡g. 795) nadie podrÃ¡ negar unicidad al hecho humano descripto como delito por el CÃ³digo Penal, la conducta humana por ser tal, es inescindible, por mÃ¡s que conceptualmente a ese Ãºnico hecho (valga la redundancia) se le confiera la cualidad de provocar y justificar diversas pretensiones jurÃdicas, sean con fines correctivos (contravenciÃ³n), sea con fines punitivos (pena del CÃ³digo Penal), o sea con fin indemnizatorio (acciÃ³n civil resarcitoria o restitutoria del CÃ³digo Civil), pero siempre la fuente o causa eficiente de esas pretensiones dimanan del hecho que en la realidad es Ãºnico, singular e integral, so peligro de alterar su esencia por un exceso de ficciÃ³n conceptual. La pluralidad de pretensiones erigidas en diversidad de acciones jurÃdico-procesales no impiden que ellas sean promovidas y ejercidas en un mismo proceso penal, puesto que la unicidad o singularidad del hecho penalmente tÃpico sometido a juzgamiento no es escollo para la substanciaciÃ³n simultÃ¡nea y paralela de dos acciones de distinta naturaleza jurÃdica (penal pÃºblica y civil indemnizatoria), de manera que nada impide a que la acciÃ³n penal pÃºblica (art. 71 C. Penal) sea ejercida en modo paralelo y al unÃsono por quienes representen dos intereses diversos: punitivo del Estado Provincial y resarcitorio tambiÃ©n del Estado Provincial, representados por el Ministerio PÃºblico y por FiscalÃa de Estado, por los Agentes Fiscales y por los Procuradores Fiscales (art. 149 Const. Pcial.) respectivamente, coadyuvando al ejercicio de la acciÃ³n penal pÃºblica los segundos mediante querella criminal o penal, conjuntamente con el Ministerio PÃºblico. En igual sentido, este fundamento tambiÃ©n le asiste al particular ofendido, o quien le suceda o represente. Aun mÃ¡s, obsÃ©rvese en ciertas especies de delitos, por ejemplo, delitos contra la AdministraciÃ³n PÃºblica (TÃtulo XI del CÃ³digo Penal) donde resulta dificultoso disgregar el Ã¡mbito âprivadoâ y el Ã¡mbito âpÃºblicoâ de los efectos daÃ±inos o perniciosos del hecho Ãºnico que los causÃ³ en detrimento del Estado Provincial. En cuanto al punto y a tÃtulo ejemplificativo repÃ¡rese en el delito de âPeculado de Caudales y Servicios PÃºblicosâ preceptuado por el art. 261 del CÃ³digo Penal, la extensiÃ³n de su efecto daÃ±ino â prÃ¡cticamente- se agota en bienes, efectos, peculio, o prestaciones, de servicios del Estado PÃºblico, Nacional, Provincial o Municipal, pero no alcanza a intereses estrictamente individuales o privados, y si es que ahÃ llegaren, lo hacen en modo muy lejano o en forma mediatÃsima. En suma, se considera desde el punto de vista del derecho Penal material o sustancial, que por la unidad integral del hecho tÃpico y por la unidad de vÃctima que produce, surgiendo como hipÃ³tesis que el Estado pueda ser ofendido por ese delito penal, nada impide a que FiscalÃa de Estado por intermedio de los Procuradores Fiscales se constituya en parte querellante en el proceso penal complementando la tarea del âejercicioâ (la âpromociÃ³nâ es exclusiva del agente fiscal) natural del Ministerio PÃºblico respecto de la AcciÃ³n Penal PÃºblica del art. 71 del CÃ³digo Penal, durante la dinÃ¡mica del proceso penal. Y como ya se dijo, tampoco hay impedimento para la intervenciÃ³n como querellante conjunto del particular damnificado. II) Doctrina del Derecho Procesal Penal: Como doctrina contemporÃ¡nea contamos con aciertos del procesalista espaÃ±ol Miguel Fenech quien reconociendo innegables realidades de la AdministraciÃ³n PÃºblica EspaÃ±ola parte de la divisiÃ³n del trabajo para su anÃ¡lisis, y asÃ nos da respuestas vÃ¡lidas con posibilidad de vigencia cuando reflexiona en torno al âDerecho Procesal Penal EspaÃ±olâ. Para ese fin acude al sujeto procesal que ellos denominan âAbogado del Estadoâ significando lo que para nosotros es de âlege-lataâ el Procurador de FiscalÃa de Estado, sostiene el procesalista espaÃ±ol: âPara comprender la realidad del Abogado del Estado, hay que tener en cuenta la evoluciÃ³n histÃ³rica del concepto del Estado y la divisiÃ³n del trabajo de sus Ã³rganos con la consiguiente diversificaciÃ³n de funciones, que han llevado consigo el que la representaciÃ³n del Estado â en su calidad de sujeto preeminente de la soberanÃa â en el proceso penal la ostente el Ministerio Fiscal (lo que para nosotros serÃa el Ministerio PÃºblico), mientras que el Abogado del Estado (lo que para nosotros serÃa el Procurador Fiscal de FiscalÃa de Estado) asume la representaciÃ³n del Estado â en su calidad de persona jurÃdica â capaz de derechos y obligaciones en el mismo proceso, a partir de la creaciÃ³n de su Cuerpo, enraizado en el de los antiguos Oficiales Letrados de la Hacienda PÃºblicaâ. Y todo es coherente con lo que el mismo jurista hispano define como pretensiÃ³n en el Proceso Penal: âLas pretensiones en sentido estricto pueden definirse, por tanto, como las declaraciones de voluntad emitidas por las partes acusadoras en el proceso decisorio, fundadas en hechos obtenidos en el propio proceso y pruebas aportadas a Ã©l, y en normas objetivas cuyos supuestos de hecho se afirma que coinciden con los que se estiman realizados, por las que se solicita la imposiciÃ³n a las partes acusadas de una determinada sanciÃ³n penal y otra civil, en su caso, previo la declaraciÃ³n de su responsabilidad criminalâ (textual de Miguel Fenech âEl Proceso Penalâ, EdiciÃ³n Madrid 1982, pÃ¡gs. 69 y 157). Como expresiÃ³n de evoluciÃ³n doctrinaria recordemos el magistral proyecto de âCÃ³digo Uniforme para AmÃ©rica Latinaâ elaborado por el Dr. Jorge A. ClarÃa Olmedo que fuera presentado ante la OrganizaciÃ³n de los Estados Americanos durante 1978, proyecto que don ClarÃa titulÃ³ âBases Completas para Orientar en LatinoamÃ©rica la UnificaciÃ³n Legislativa en Materia Procesal Penalâ editado por la Universidad Nacional de CÃ³rdoba (Dpto. PublicaciÃ³n) en el aÃ±o 1978. El gran maestro de la doctrina mediterrÃ¡nea de la ciencia del Derecho Procesal Penal en la exposiciÃ³n de motivos apartado 14, pÃ¡g. 58, aleccionaba al continente sudamericano afirmando que: âEl Querellante puede haber mantenido o suprimido como ocurre en unas y otras legislaciones vigentes. Sin embargo, es comÃºn que los CÃ³digos modernos eviten su introducciÃ³n en el proceso fundÃ¡ndose en argumentos que no son del todo exactos. En estas bases se postula su mantenimiento, pero limitando su intervenciÃ³n de manera que nunca sustituya la actuaciÃ³n del Ã³rgano oficial (Ministerio PÃºblico) de persecuciÃ³n cuando la acciÃ³n es de ejercicio pÃºblico. Se limita la actuaciÃ³n del querellante en lo que respecta a la promociÃ³n instructora, a la acusaciÃ³n y a la impugnaciÃ³n de la sentencia. SÃ³lo puede actuar en forma conjuntaâ. Queda claro entonces, que quien fuera uno de los cientÃficos mÃ¡s avanzado en la materia del Derecho Procesal Penal, postulaba la inserciÃ³n del âQuerellante Conjuntoâ en el proceso penal, a la par y condicionado por el Ministerio PÃºblico en su carÃ¡cter de Ã³rgano acusador habitual y natural, como sujeto esencial de la relaciÃ³n procesal-penal, ergo: hoy en dÃa no hay oposiciÃ³n doctrinaria al respecto. III) Derecho Positivo: Por la genuina representatividad polÃtica serÃa injusto olvidar como directo antecedente del proyecto, a la Ley Nacional NÂº 23.984/91 de creaciÃ³n del nuevo CÃ³digo Procesal Penal para la NaciÃ³n cuyo art. 82 incorpora el âInstituto del Querellante Conjuntoâ. En orden a su fundamentaciÃ³n merece transcripciÃ³n parcial un ilustrativo pÃ¡rrafo del dictamen por mayorÃa (cuyo informante fue el Diputado Nacional por Salta Dr. Marcelo LÃ³pez Arias) de la Honorable CÃ¡mara de Diputados de la NaciÃ³n: âSe ha tomado en cuenta para ello, bÃ¡sicamente, la experiencia y proyectos sobre la cuestiÃ³n radicados en los sistemas de CÃ³rdoba y Salta y los trabajos de la doctrina nacional y extranjera. En esta misma direcciÃ³n, se ha considerado insuficiente la participaciÃ³n de la vÃctima en el proceso que le acuerda la instituciÃ³n del Actor Civil, ya que Ã©ste carece de facultades para opinar sobre el mÃ©rito de la instrucciÃ³n y promover la elevaciÃ³n a juicio o recursivas frente a Resoluciones Judiciales que ponen fin o limitan la persecuciÃ³n penal (desestimaciÃ³n de la denuncia, sobreseimiento, absoluciÃ³n). Se ha incorporado entonces como CapÃtulo IV inmediato al ya referenciado, la figura del Querellante Particular, como parte eventual en el proceso, quien si bien no estÃ¡ munido de potestad acusatoria autÃ³noma, tiene amplias facultades para apoyar la labor del Ministerio Fiscal en ese sentido y completar aquella carencia de instrumentos del Actor Civil a que aludimosâ (Sesiones Ordinarias 1991, Orden del DÃa NÂº 1.244 de la CÃ¡mara de Diputados de la NaciÃ³n, pÃ¡g. 6.208). AdoptÃ³ igual temperamento el CÃ³digo Procesal Penal de la Provincia de CÃ³rdoba Ley NÂº 8.123 sancionada en Diciembre de 1991 y el CÃ³digo Procesal Penal de la Provincia de TucumÃ¡n Decretos NÂºs. 103 y 104 de enero de 1991, ambos ratificados por Ley. IV) Genuina Demanda Social Provincial: La fundamentaciÃ³n legislativa capta en su exacta dimensiÃ³n el genuino reclamo de la poblaciÃ³n de nuestra Provincia por una mayor eficiencia de la Ley adjetiva en materia penal para la persecuciÃ³n y sanciÃ³n (prevenciÃ³n especial y prevenciÃ³n general) de conductas delictivas consumadas en el territorio provincial. Esto es asÃ, por la abrumadora cantidad de propensiÃ³n delictiva en contraste con el limitado nÃºmero de representantes del Ministerio PÃºblico en la organizaciÃ³n de la Justicia Penal, lo que es graficado mediante circunstancias en que habitualmente la intervenciÃ³n del Ministerio PÃºblico se agota con la promociÃ³n de la AcciÃ³n Penal PÃºblica en la etapa de los actos preliminares del Proceso Penal, quedando pendiente de controlar las restantes etapas de la actividad instructoria e incluso de la clausura del sumario. Ante la especie de debacle institucional, harÃa de paliativo eficaz la intervenciÃ³n de FiscalÃa de Estado por intermedio de los Procuradores Fiscales en el procedimiento penal, fundamentalmente, cuando del hecho penalmente acusado surge como hipÃ³tesis lÃ³gica la posibilidad de que intereses y bienes del Estado Provincial y/o Municipal sean vÃctimas del mismo, lo que exige la incondicional protecciÃ³n determinada por la letra del art. 149 de la actual ConstituciÃ³n Provincial cual imperativo categÃ³rico para FiscalÃa de Estado, pues: âEl Fiscal de Estado es el encargado de la defensa del Patrimonio del Fisco. Es parte legÃtima en todos los juicios en que se afecten intereses y bienes de la Provincia. Por lo tanto, es razonable concluir en que no hay antagonismo o incompatibilidad para la intervenciÃ³n de FiscalÃa de Estado como Querellante Conjunto con el Ministerio PÃºblico en el Proceso Penal. Igual temperamento es el fundamento para el particular ofendido por el delito cuando pretenda ingresar al proceso como vÃctima del delito. V) Del Derecho de la VÃctima y del Testigo Por estas razones es que se proyecta una legislaciÃ³n que garantizarÃ¡ a las vÃctimas mayor facilidad de acceso al proceso penal y a los testigos convocados a la causa con un trato digno en pos de la incolumnidad fisica y moral e inalterabilidad laboral o patrimonial de ellos. La ComisiÃ³n ha preferido recurrir, como fuente directa, a los actuales artÃculos 79 y 80 del CÃ³digo Procesal Penal de la NaciÃ³n, por su actual vigencia en todo el territorio nacional, mediante la Justicia Federal. La disciplina que se ocupa de las vÃctimas, llamada VictimologÃa, ha nacido hace poco tiempo, en tÃ©rminos cientÃficos, como demorado reconocimiento a los estudios penales que, sucesivamente, habÃa dedicado su tiempo y sus mejores esfuerzos primero al delito y despuÃ©s, a la persona que delinque, pero que habÃa postergado ocuparse del clamor de quienes son las vÃctimas del injusto, de sus gritos de dolor, de su vergÃ¼enza, de su humillaciÃ³n. El primero de los artÃculos se ocupa de reconocer, para el futuro y con total claridad, cuÃ¡les son los derechos de la vÃctima, y quiÃ©nes son los obligados a reconocÃ©rselos. Ciertamente, lo mÃ¡s probable es que ambos textos requieran de su oportuna reglamentaciÃ³n, por Acordada de Corte de Justicia de la Provincia. Pero tambiÃ©n serÃ¡ preciso que los otros poderes del Estado, en especial, del que depende la tutela de los Derechos Humanos, la PolicÃa y el Servicio Penitenciario, por ejemplo, haga lo propio en su Ã¡mbito de aplicaciÃ³n, para que el ciudadano comÃºn tenga posibilidad de conocer sus derechos, pues Ã©sa es la mejor manera de defenderlos. Los textos asimilan vÃctima a testigo del hecho, pues Ã©sa es la situaciÃ³n mÃ¡s probable. Pero no es menos cierto que habrÃ¡ muchos testigos que, sin ser vÃctimas, pueden aportar sus conocimientos para la apropiada bÃºsqueda de la verdad. Pues bien, unos y otros tienen iguales derechos, que los textos definen con sencillez y profundidad. En la ComisiÃ³n, entre otros muchos, elegimos un caso como ejemplo de respeto a tales derechos: el que la PolicÃa, el Fiscal, el Juez, el Tribunal, respeten los horarios en los cuales han citado a un testigo, porque Ã©ste es un colaborador al que debe tratarse respetuosamente, no haciÃ©ndole perder tiempo ni dinero. Aunque no olvidÃ¡bamos el trato no pocas veces descortÃ©s con que el denunciante, que ademÃ¡s era vÃctima y testigo, era despedido en las mesas de entradas, diciÃ©ndosele que no podÃa dÃ¡rsele informaciÃ³n, porque Â«no era parte en el asuntoÂ». La idea es que Ã©sas y otras pequeÃ±as corruptelas, vayan dejÃ¡ndose gradualmente de lado. Del Procedimiento Sumario Hoy es verdad irrefutable cual axioma universal que Â«Justicia Lenta no es JusticiaÂ», por ello, se pretende prevenir y evitar el estÃ©ril y burocrÃ¡tico procedimiento instructorio previo al juzgamiento, por causas en que se imputaren delitos con conminaciÃ³n de pena que no excediere de tres aÃ±os de privaciÃ³n de libertad. El CÃ³digo Procesal Penal de 1962, establecÃa para los delitos leves que la PolicÃa hiciera en una sola acta constar los distintos aspectos del asunto. Esto era elevado al Agente Fiscal, que debÃa instruir en un procedimiento especial, naturalmente abreviado. Desde que pasÃ³ el juicio sumario a manos de los Jueces, se realiza una sola instrucciÃ³n tanto para los delitos leves como para los mÃ¡s graves. Llevan desde entonces el mismo consumo de energÃa jurisdiccional unas lesiones leves como un homicidio calificado, por lo cual se llevÃ³ a extremos increÃbles durante los aÃ±os â76 al â83 cuando se crearon Juzgados de InstrucciÃ³n en Salta para los delitos leves, sin que se aplicare el procedimiento sumario. Se produjeron consecuencias negativas en perjuicio de los imputados y de la sociedad que debÃa acudir como vÃctima, damnificados o testigos de los casos. Hacia los imputados, porque los jueces de instrucciÃ³n sumarÃa, para no sobrecargar a sus colegas de instrucciÃ³n judicial no acumulaban las causas, con las consecuencias que llegaban a juicio oral por delitos graves dejando tras de sÃ, sin resolver causas por delitos leves, para los cuales debÃan hacerse nuevos debates y volvÃa a ser sentenciado. Hacia la sociedad, ya que como carga pÃºblica debÃa soportar la de ser testigo del caso, porque eran citados por ante la PolicÃa, ante la Justicia de InstrucciÃ³n y ante el Tribunal de juicio. MÃnimo tres veces, con los gastos consiguientes perdiendo de trabajar cuando lo hacÃan por cuenta propia y literalmente quedÃ¡ndose sin trabajo cuando lo hacen en relaciÃ³n de dependencia. AsÃ las cosas, tratando de acelerar el curso de los procesos se pensÃ³ y redactÃ³ el Proyecto de 1985 estableciendo para los jueces tÃ©rminos perentorios igual que a los restantes sujetos procesales. Esto indudablemente hubiese llevado a que en pocos aÃ±os la mayorÃa de los jueces hubiese padecido jury de enjuiciamiento, con el consiguiente problema polÃtico para el gobierno en su conjunto. La soluciÃ³n debÃa venir por otro lado. Era volver al sistema acusatorio que rigiÃ³ en las viejas Grecia y Roma, y que rige en la actualidad en la mayorÃa de los paÃses anglosajones, aunque ya el sistema rige en paÃses como Francia, Italia, Alemania, EspaÃ±a, etc. En el proyecto quisimos utilizar como ensayo del sistema mencionado en los delitos leves (o sea reprimidos con hasta tres (3) aÃ±os de prisiÃ³n, o castigados con multas e inhabilitaciones). Esta experiencia nos permitirÃ¡ corregir errores y proyectar en el futuro a la supresiÃ³n de la instrucciÃ³n, salvo los delitos de prueba muy compleja. Por supuesto que en el proyecto se plantean excepciones, verbigracia: cuando se insta a la acciÃ³n civil ex delito o existe la posibilidad de una medida de seguridad. El sistema funcionarÃ¡ asÃ: la policÃa al prevenir deberÃ¡ hacer una Ãºnica acta, recalcamos, un acta donde se consigna el hecho brevemente, los testigos que saben del suceso, con sus respectivos domicilios y se le agregan los informes mÃ©dicos, actas de secuestro y antecedentes del imputado. El Agente Fiscal examina el acta y decide una de estas dos cosas: a) lleva el caso a juicio, o b) lo desestima por vÃa del archivo. Ambas decisiones por simple Decreto. ActÃºa como Juez de GarantÃas el Juzgado Correccional. Dada la facilidad que existe con los adelantos con las comunicaciones actuales, ya en el Juzgado se agrega el informe del Registro Nacional de Reincidencia y casi de inmediato se realiza el Juicio Oral; siempre y cuando no se haya ordenado la suspensiÃ³n del Juicio a Prueba. Este juicio o debate tambiÃ©n se harÃ¡ con las prevenciones del CÃ³digo Procesal Penal vigente, es decir, prescindir de la prueba cuando el imputado asistido por su defensor admite lisa y llanamente su culpabilidad, latus sensu. De esta manera, a las vÃctimas y testigos se las molestarÃ¡ mÃnimamente y servirÃ¡ para que varios de los Juzgados de InstrucciÃ³n SumarÃa del Distrito Centro puedan dedicarse Ãºnicamente a los delitos graves, obteniendo asÃ una justicia rÃ¡pida, eficaz y sin ocasionar un solo peso de gasto al erario Provincial de Salta y economizando inconmensurablemente gastos de funcionamiento en la PolicÃa y Justicia de Salta y de sus habitantes que en forma directa o indirecta hacen frente a esos gastos. En una palabra, uno de los grandes fines de la reforma de 1961 se lograrÃa, ya que con poco esfuerzo y gasto se obtiene un alto rendimiento. Respecto al juicio abreviado y a las salas unipersonales, elevadas el 7 de junio de 1999, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio PÃºblico de Salta, que contenÃa el Proyecto del Poder Ejecutivo, se estudiaron las propuestas a quien por ese entonces ocupaba la cartera de Gobierno y Justicia de la Provincia, Dr. Edmundo Pieve. Las modificaciones en particular La modificaciÃ³n propuesta al actual artÃculo 6Âº del CÃ³digo, estÃ¡ relacionada con la introducciÃ³n del instituto del Â«Querellante ConjuntoÂ». En el texto vigente, que no contempla este instituto, era correcto definir al Ministerio Fiscal como el Ãºnico habilitado para ejercer Â«exclusivamenteÂ» la acciÃ³n penal pÃºblica. En la forma en que es regulado el querellante conjunto en el Proyecto, su actividad depende en todo caso, de una acciÃ³n penal iniciada por cualquiera de los Ã³rganos predispuestos habilitados para ello, es decir, la policÃa o el agente fiscal - arts. 182 y 184 del C.P.P. Este nuevo sujeto procesal eventual, carece de poderes Â«promotoresÂ» de la acciÃ³n penal pÃºblica, pero sÃ de la facultad del Â«ejercicioÂ». La modificaciÃ³n que se hace de la competencia correccional actual, concuerda con la inserciÃ³n de una nueva forma de juzgamiento de los delitos leves: el Procedimiento Sumario, previsto en el artÃculo 356. Es decir que, ademÃ¡s de la competencia material actualmente asignada a esa magistratura, le serÃ¡ atribuida la novedosa instituciÃ³n antes mencionada. El instituto del Juez de EjecuciÃ³n, que fuera primero en su tipo en los cÃ³digos procesales argentinos, requerÃa de una actualizaciÃ³n, desde la Reforma de la ConstituciÃ³n de la Provincia de 1986, conforme a su ClÃ¡usula Transitoria Cuarta, obviamente posterior al CÃ³digo reformado en 1985. Esto asÃ, porque nuestra Ley Fundamental le habÃa asignado competencia material para entender en el otorgamiento de la Libertad Condicional, C.P. art. l13 y sgtes. De manera que la reforma propuesta tan sÃ³lo adecua al CÃ³digo con la ConstituciÃ³n de la Provincia, que mantuvo el anterior sistema, ahora en su ClÃ¡usula Transitoria Octava. La reforma propuesta al artÃculo 67, persigue la misma finalidad de adecuaciÃ³n, ahora de las funcionas del Agente Fiscal, respecto del nuevo Procedimiento Sumario. El CapÃtulo II del Libro Primero, deberÃ¡ leerse detenidamente, toda vez que el Proyecto incluye en Ã©l la figura del Querellante Conjunto, que ya nos referimos en extenso. La acciÃ³n civil resarcitoria, que tambiÃ©n se trata aquÃ, se ha mantenido sin modificaciones. Integrando las modificaciones introducidas en el Libro Primero, encontramos al artÃculo 132, regulador del contenido y formalidades de las actas. En Ã©l se han introducido varias modificaciones, para que - en lo fundamental - permita la aplicaciÃ³n sin mayores obstÃ¡culos del nuevo Procedimiento Sumario. Como podrÃ¡ verse en su momento, el Â«acta inicialÂ», es el verdadero nÃºcleo de ese procedimiento, pretendiÃ©ndose con ella - nada menos - reemplazar la instrucciÃ³n sumaria, que es nuestro actual sistema de investigaciÃ³n de los delitos leves, y como excepciÃ³n, de algunos que no lo son tanto. De allÃ la necesidad de incluir en la regulaciÃ³n legal del acta, ciertos datos que el actual texto no contiene. Ellos son, en primer lugar, la hora de iniciaciÃ³n y conclusiÃ³n del acto de que se trate. En la actualidad, si bien hay tribunales y jueces que en todos los casos dejan constancia de los horarios, ello no es una prÃ¡ctica generalizada. Lo que se pretende es que, de ahora en mÃ¡s, todas las actas que se redacten, comiencen mencionando la hora en que comienza el acto de que se trate, y terminen, con la de su culminaciÃ³n. En segundo lugar, en la nueva redacciÃ³n se incluye a la menciÃ³n de los testigos del hecho imputado, si los hubiere. Como se recordarÃ¡, en el texto vigente solamente se mencionan a los testigos de actuaciÃ³n, que como es sabido, son aquellos que asisten al personal policial en los actos propios de su actividad - artÃculo 182. El testigo que ahora se incluye, es aquel que colabora con la bÃºsqueda de la verdad real, relatando datos o circunstancias de las cuales adquiriÃ³ conocimiento por sus sentidos. Se trata de una menciÃ³n esencial para toda investigaciÃ³n, pero mÃ¡s todavÃa para el procedimiento sumario, pues al hacerla, el fiscal y el juez correccional podrÃ¡n valorar los dichos de los testigos, para pedir el juicio o aceptarlo, respectivamente. Las modificaciones introducidas a los actuales artÃculos 180, 182 y 184 del CÃ³digo, responden a la necesidad de adecuarlos tanto al Procedimiento Sumario, como a la InstrucciÃ³n Formal, que subsiste para la investigaciÃ³n de los delitos graves, o bien, aquellos en los que no corresponda el primero. En el artÃculo 180, se incluye como obligaciÃ³n puesta a cargo de la autoridad policial, el proveer tambiÃ©n la intervenciÃ³n del Agente Fiscal, cuyo papel es fundamental en el procedimiento sumario. En el texto vigente, bastaba con dar intervenciÃ³n al juez de InstrucciÃ³n. Ello se repite en el artÃculo 182, en el cual se introduce el concepto de Â«acta ÃºnicaÂ», a la que hacÃamos menciÃ³n anteriormente. La disposiciÃ³n no es novedosa, porque en el CÃ³digo vigente, artÃculo 182, sexto pÃ¡rrafo, el legislador de entonces habÃa previsto una soluciÃ³n similar para los casos de instrucciÃ³n sumaria. En Ã©l se decÃa que los oficiales de policÃa debÃan redactar Â«un actaÂ», en la que harÃ¡n constar, etc. No obstante la clara voluntad de la ley, en los hechos, tales actas no existen en la instrucciÃ³n sumarÃa, en la cual se ha venido continuando con la prÃ¡ctica anteriormente existente, segÃºn la cual la prevenciÃ³n policial, es virtualmente repetida en los juzgados de instrucciÃ³n, lo que sin dudas conspira contra la eficacia de la justicia y la economÃa procesal, tanto de gastos como de esfuerzos. Es de esperar que los operadores del sistema - jueces, fiscales, defensores y policÃas -asuman su obligaciÃ³n de hacer cumplir la ley vigente, para lo cual deberÃ¡ bastarles una sencilla - y Ãºnica - acta inicial del procedimiento, en la que el oficial de policÃa interviniente, haga constar lo estrictamente indispensable para el debido anoticiamiento del Agente Fiscal; sobre la cual Ã©ste requiera o no el juicio; y sobre la cual el juez correccional provea o no el juicio. El tiempo y los recursos que hasta ahora ha venido demandando sostener la instrucciÃ³n sumaria, en el Distrito Judicial del Centro, que por cierto es distinto del que le insumÃa a la policÃa, bien podrÃ¡n ser empleados con mÃ¡s eficacia, para asÃ obtener, en menos tiempo, muchas mÃ¡s sentencias que las que actualmente pueden producir los juzgados correccionales. El nuevo artÃculo 184 mantiene las actuales formas y contenido del requerimiento fiscal de instrucciÃ³n, para los delitos graves, pues para ellos se mantiene en su totalidad, la instrucciÃ³n formal. A la vez, ahora incluye la nueva facultad establecida en favor del Agente Fiscal, cuando se trate del Procedimiento sumario, para pedir el juicio ante el Juez Correccional. Los actuales artÃculos 195, 196, 197 y 198 se mantienen en su redacciÃ³n, pero ahora incluyen al Querellante, con el alcance que cada norma tiene. Con el CapÃtulo II bis, se introduce en el CÃ³digo el Instituto de la SuspensiÃ³n del Proceso de Prueba. La principal referencia del texto finalmente consensuado, es el actual artÃculo 281 bis del CÃ³digo Procesal Penal de la NaciÃ³n - Ley 23.984. Decimos referencia, y no fuente directa, porque el texto que proponemos para su consideraciÃ³n, define con mayor precisiÃ³n y claridad la oportunidad para hacer el pedido de suspensiÃ³n del proceso a prueba, segÃºn sea la clase de proceso; establece cuÃ¡les son los requisitos que deberÃ¡ contener el pedido; prescribe el procedimiento posterior a seguirse en el tribunal competente; precisa que la resoluciÃ³n establecerÃ¡ las normas de conducta y, lo que es mÃ¡s importante, prevÃ© que la Corte de Justicia de Salta, organice una oficina propia para que, a la usanza de la recordada de Libertades Condicionales vigile o controle el cumplimiento de tales normas de conducta impuestas por el art. 76 bis del CÃ³digo Penal de fondo. Se hacÃa necesario dar una regulaciÃ³n local a este Instituto, porque hasta el presente, los tribunales competentes han debido manejarse con las disposiciones respectivas de la ley penal de fondo - arts. 76 bis y ter del CÃ³digo Penal. Ello no es una buena tÃ©cnica, toda vez que en no pocas veces, los jueces han debido suplir vacÃos o silencios que la Ley les presentaba respecto de ciertos casos, con resoluciones de virtual contenido legislativo, lo que es deseable evitar, para asÃ respetar la forma republicana de gobierno, que ha atribuido a otro Ã³rgano del Poder, la creaciÃ³n de la Ley. Los actuales artÃculos 293,299, 305, 317,327, 329, 343, 346 y 348, al igual que lo que sucede en otros casos, ya mencionados con anterioridad, se mantienen en su redacciÃ³n original, con la sola inclusiÃ³n de la figura del Querellante Conjunto. Prosiguiendo con los restantes artÃculos que componen este libro del CÃ³digo, vemos que los actuales 371, 398,399, 410 y 422, se mantienen en su redacciÃ³n original, aunque incluyendo ahora la figura del Querellante Conjunto. El actual artÃculo 411, que se refiere a los tÃ©rminos del juicio correccional, ha sido objeto de dos modificaciones; una de ellas, lo fue para contemplar especÃficamente el supuesto de que se hubiera pedido la suspensiÃ³n del proceso a prueba y la restante, para contemplar la posibilidad que se dispusiera una instrucciÃ³n suplementaria. En el primero de los casos, es decir, de haberse pedido la mentada suspensiÃ³n, el juez resolverÃ¡ lo que corresponda. De no habÃ©rselo hecho, se abrirÃ¡ la causa a prueba y fijarÃ¡ dÃa y hora para que se realice la audiencia de debate. La instrucciÃ³n suplementaria aparece ahora circunscripta a los casos previstos en el artÃculo 195 del CÃ³digo - registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones -, en tanto merezcan la doble calificaciÃ³n de definitivos e irreproductibles, y asÃ hacer realidad tangible la Â«Defensa en JuicioÂ» concediendo ocasiÃ³n a la defensa de controlar la prueba. Pero tambiÃ©n incluye a las declaraciones testimoniales que se mencionan en el citado artÃculo, o sea las que no podrÃ¡n estar presentes durante la audiencia de debate. El Proyecto ha establecido, ademÃ¡s, que la instrucciÃ³n suplementaria del juicio correccional, deberÃ¡ practicarse en un tÃ©rmino perentorio de cinco (5) dÃas, toda vez que, vencido el mismo, se ha previsto una sanciÃ³n de nulidad. Los actuales artÃculos 444, 460, 468 y 469 conservan su redacciÃ³n original, y agregan, en lo que le corresponde, la figura del Querellante Conjunto. Esto asÃ, porque a diferencia de lo que sucede con el Actor Civil, se lo faculta para poder recurrir en todos los casos en que puede hacerlo el Ministerio Fiscal. De los Recursos Concerniendo a la relaciÃ³n jurÃdico-procesal impugnativa, se mantiene - en general - el mÃ©todo del C.P.P. vigente, tan sÃ³lo se incorporÃ³ el recurso de apelaciÃ³n directo ante el Juez Correccional para impugnar actos ordenados por el Agente Fiscal cuando arbitrariamente atentaren contra la libertad individual o cercenaren el ejercicio de algÃºn derecho. Por tanto, el derecho a recurrir consagrado por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 ConstituciÃ³n Nacional) mantiene su vigencia incÃ³lume. Del Juicio Abreviado Cumpliendo con lo requerido por el Poder Ejecutivo tambiÃ©n se proyectÃ³ la incorporaciÃ³n del Â«Juicio AbreviadoÂ» substanciado por el Â«Tribunal UnipersonalÂ». Pero cabe seÃ±alar que la ComisiÃ³n se apartÃ³ del modelo establecido por los C.P.P. de la NaciÃ³n, de CÃ³rdoba y de otras Provincias que han seguido igual temperamento; pues como fuente legislativa del Derecho Comparado se acudiÃ³ al texto del artÃculo 793 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal espaÃ±ola que con sus reformas, hoy es de vigencia plena, por ser eficiente, austero y respetuoso de las garantÃas consagradas por los Derechos Humanos. Nos apartamos de los antecedentes nacionales y aplicamos el sistema hispÃ¡nico por las siguientes razones: a) Quien dicta sentencia no es el Juez de InstrucciÃ³n, es el Juez del Tribunal del Juicio (valga la redundancia). b) La sentencia dictada por el Juez del Tribunal del Juicio o Plenario, se basa en todo lo acaecido en su presencia durante la Â«Audiencia PreliminarÂ» al Juicio y no en la lectura del sumario producto de la inquisiciÃ³n instructoria. c) Si bien la Â«Audiencia PreliminarÂ» no se identifica con la Â«Audiencia de DebateÂ», corresponde seÃ±alar que en la primera el Juez de Sentencia escucha directamente las alegaciones de FiscalÃa, del querellante conjunto, el actor civil, el civilmente demandado, del imputado y su defensa para refutar la acusaciÃ³n o prestar conformidad. En tal sentido, alecciona el jurista espaÃ±ol Dr. Antonio MarÃa Lorca Navarrete con su Â«Tratado de Derecho del Tribunal del JuradoÂ», - editorial Dykinson del aÃ±o 1999, pÃ¡ginas: 174; 177; 193; 260; 262; 282; 284; 1126; 1146 y 1249. d) Si fuera menester, el Juez de Sentencia estÃ¡ facultado a ordenar la substanciaciÃ³n sumaria en Â«Audiencia PreliminarÂ» de las diligencias de singular pertinencia y relevancia con presencia de las partes y el Ministerio PÃºblico, para verificar la verdad real de la libre y espontÃ¡nea conformidad que hubiere prestado el imputado, la cual satisface lo exigido por el principio de la Â«Verdad RealÂ» y su corolario de la Â«InmediaciÃ³nÂ» frente a la prueba, y el principio de la Â«Inviolabilidad de la Defensa en JuicioÂ» al conferir a la defensa la oportunidad de controlar la substanciaciÃ³n de esa prueba. e) Lo apuntado supra, da cuenta de la autÃ©ntica (no es ficciÃ³n) vigencia del sistema procesal Â«AcusatorioÂ» durante el juicio, como opuesto al sistema Â«InquisitivoÂ» que campea en la fase instructoria. Derechos Humanos y Actividad Impugnativa 1) ConvenciÃ³n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San JosÃ© de Costa Rica - Art. 8.2.h): Â«Durante el proceso toda persona tiene derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superiorÂ». 2) Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos, art. 14.5. Â«Toda persona declarada culpable de un delito tendrÃ¡ derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo previsto por la LeyÂ». Indudablemente, ambos preceptos cuentan con la suficiente jerarquÃa constitucional que les otorga el art. 75 inc. 22 de Carta Magna Nacional, y por su vigencia, establecen a modo de imperativo categÃ³rico la garantÃa procesal de la Â«doble instanciaÂ». El fundamento de la Â«doble instanciaÂ» consiste en que: Â«La falibilidad de los jueces hunde sus raÃces en la imperfecciÃ³n humana que, por propia naturaleza, arrastra cierto imponderable coeficiente de error en todas sus operaciones y cÃ¡lculosÂ» (Manuel N. AyÃ¡n: Â«Recursos en Materia PenalÂ» - PÃ¡g. 50 - Ed. Lerner - aÃ±o 1985); en igual sentido Jorge A. ClarÃa Olmedo con su tratado Â«Tratado de Derecho Procesal PenalÂ» (T.5-PÃ¡g. 444- Ed. Ediar-aÃ±o 1966). Pero a ello se oponen el CÃ³digo Procesal Penal de la NaciÃ³n y la gran mayorÃa de los CÃ³digos Procesales Penales Provinciales, enrolados en el juicio oral, pÃºblico, contradictorio, continuo y de Ãºnica instancia. En nuestro ordenamiento jurÃdico local el sistema de Â«Ãºnica instanciaÂ» dimana del siguiente plexo normativo del CÃ³digo Procesal Penal de Salta: arts. 452, 459, 466, 483 y 488. ** La doctrina clÃ¡sica del Derecho Procesal Penal en interpretaciÃ³n literal del articulado preindicado, entiende que el sistema de Â«Ãºnica instanciaÂ» como procedimiento previo a la sentencia condenatoria, trae aparejada la prohibiciÃ³n para el tribunal superior de alterar los hechos fijados por el tribunal de mÃ©rito (inferior) que dictÃ³ el fallo condenatorio, al no admitir que el tribunal de casaciÃ³n revalorice las pruebas ya consideradas o merituadas por el tribunal del juicio que dictÃ³ la sentencia recurrida. Es decir, que la competencia recursiva del tribunal superior se limita al exclusivo control de Â«cuestiones de derechoÂ», art. 466 del CÃ³digo Procesal Penal. MÃ¡s aÃºn, esta interpretaciÃ³n literal sostiene que: Â«en lo relativo a establecer la fuerza de convicciÃ³n que tienen los elementos probatorios... no entran bajo control de casaciÃ³nÂ». (C.N. CasaciÃ³n Penal - Sala III - SÃ¡ndez - Fallo del 12/5/95), razÃ³n por la cual, no se admite la invocaciÃ³n del principio Â«ln dubio Pro ReoÂ» por la vÃa recursiva ante el tribunal superior casatorio. Contra esa especie de Â«soberanÃa procedimentalÂ» reacciona el Dr. JosÃ© Ignacio Cafferata Nores advirtiendo que: Â«No nos parece sencillo aceptar hoy, sin mÃ¡s, que semejante Â«soberanÃaÂ» del tribunal del juicio sobre un extremo esencial del fallo condenatorio, como es la declaraciÃ³n (intangible e irrevisable) de la existencia del hecho delictivo y la participaciÃ³n en Ã©l del acusado (casi Â«el dedo Ãndice de DiosÂ»: tÃº has sido), sea compatible con el contenido del derecho a recurrirlo ante un tribunal superior, garantizado por la referida normativa internacional incorporada a la ConstituciÃ³n Nacional, a su mismo nivel, art. 75 inc. 22â. (Nota a Fallo: Â«In dubio Pro Reo y Recurso de CasaciÃ³n contra la sentencia condenatoriaÂ» - L.L. - F. PÃ¡g. 547/548). La actual jurisprudencia estÃ¡ flexibilizando la rigidez del criterio restrictivo o limitado de la competencia del superior tribunal casatorio para control y revisiÃ³n de la sentencia por Â«cuestiones de hechoÂ», a fin de conferir vigencia tangible armÃ³nica a los tratados internacionales sobre derechos humanos y los cÃ³digos procesales del ordenamiento jurÃdico interno. Habida cuenta que: a) Respecto al Â«In dubio Pro ReoÂ» (L.L. - aÃ±o 1999- pÃ¡g. 450); b) En relaciÃ³n a la individualizaciÃ³n de la pena, (LL. Â«Las Limitaciones Legales del Recurso de CasaciÃ³n en el Proceso Penal y el Derecho Acordado por el Pacto de San JosÃ© de Costa Rica a la persona inculpada al DelitoÂ» - L.L. 1995 - D - pÃ¡gs. 461/468; c) En lo vinculado al elemento subjetivo del tipo (C.N. de CasaciÃ³n Sala II â Causa NÂº 38- Â«GuillÃ©n Varela, Juan W. s/Rec. de Queja del 23/9/93). Es por tales razones que se pretende dar recepciÃ³n legislativa al criterio jurisprudencial que considera motivo de casaciÃ³n la inobservancia de la construcciÃ³n racional en la formaciÃ³n de la convicciÃ³n en las Sentencias definitivas, incluyÃ©ndolo como inc. 3 del Art. 466 del CÃ³digo Procesal Penal. Entendemos de tal modo armonizar adecuadamente la naturaleza del procedimiento previo al dictado de la sentencia definitiva con la exigencia de la garantÃa de la doble instancia reconocida en los tratados internacionales indicados por el Art. 75 inc. 22 de la ConstituciÃ³n Nacional. De la Ley OrgÃ¡nica Las reformas que introduce el Proyecto en la actual estructura del CÃ³digo Procesal Penal tienen incidencia en las leyes orgÃ¡nicas, tanto de la Justicia Penal, como del Ministerio PÃºblico, a las que ya mencionÃ¡ramos. En efecto, la Ley OrgÃ¡nica de la Justicia Penal, deberÃ¡ contemplar ahora la transformaciÃ³n de una de las salas de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n en CÃ¡mara en lo Criminal nÃºmero cuatro, siempre en el Distrito Judicial del Centro. Igualmente, deberÃ¡ crearse un (1) cargo de Juez de CÃ¡mara en lo Criminal, para que unido a los otros dos jueces, integre el nuevo tribunal. En la misma ley, deberÃ¡ preverse la transformaciÃ³n de los actuales cinco juzgados de instrucciÃ³n sumaria del Distrito Judicial del Centro. Uno de ellos, serÃ¡ convenido en juzgado de instrucciÃ³n formal, de sexta nominaciÃ³n; los cuatro restantes, lo serÃ¡n en juzgados correccionales. La Ley OrgÃ¡nica del Ministerio PÃºblico, deberÃ¡ prever la transformaciÃ³n del cargo de Fiscal de la CÃ¡mara de AcusaciÃ³n en Fiscal de CÃ¡mara en lo Criminal; tambiÃ©n se deberÃ¡ crear un (1) cargo de Defensor ante la nueva CÃ¡mara en lo Criminal; sin dejar de crear las fiscalÃas y defensorÃas penales necesarias para actuar en los nuevos juzgados de instrucciÃ³n y correccionales que surgirÃ¡n como consecuencia de esta reforma. Obviamente, los cargos a crearse serÃ¡n previstos en las partidas respectivas de la Ley de Presupuesto. ConclusiÃ³n SeÃ±or Senador Dn. Pedro MÃ¡ximo de los RÃos, SeÃ±ores Senadores y SeÃ±ores Diputados, a riesgo de causar tedio en vuestra fatigosa atenciÃ³n, fuimos extensos con el presente informe o exposiciÃ³n de motivos sabiendo de nuestras limitaciones humanas, y por ello susceptibles de cometer errores, de ser asÃ, invocamos como excusa nuestro proceder de buena fe animados por la sola intenciÃ³n de cumplir con el deber emergente del compromiso asumido al aceptar la invitaciÃ³n a intervenir en Ã©sta ComisiÃ³n que honrosamente integramos. Por esta razÃ³n, he aquÃ nuestra respuesta aguardando las sugerencias o rectificaciones que el mÃ¡s elevado criterio del seÃ±or Gobernador y seÃ±ores Legisladores de nuestra Provincia nos indique, a fin de enmendar yerros, prevenir ambiguas hermenÃ©uticas, y lograr la idÃ³nea legislaciÃ³n que convierta en realidad socialmente tangible al valor justicia, causa y fin de esta convocatoria. Firmado por Dr. Roberto A. Castro â Redactor; Dr. RamÃ³n A. Catalano â Redactor; Dr. Luis F. Costas â Redactor; Dr. Arnaldo D. Estrada â Redactor; Dr. VÃctor RenÃ© MartÃnez âRedactor; Dr. Miguel A. Medina âRedactor; Dr. Guillermo Alberto Catalanoâ Secretario; Dr. RubÃ©n Eduardo Arias â Secretario. Dr. Manuel Santiago Godoy Presidente CÃ¡mara de Diputados - Salta RamÃ³n R. Corregidor Secretario Legislativo CÃ¡mara de Diputados. Salta Mashur Lapad Vice-Presidente Primero en Ejercicio de la Presidencia CÃ¡mara de Senadores â Salta Dr. Guillermo Alberto Catalano Secretario Legislativo CÃ¡mara de Senadores â Salta Salta, 23 de Diciembre de 2003 DECRETO NÂº 138 SecretarÃa General de la GobernaciÃ³n Expediente NÂº 90-14.283/03. VISTO el proyecto de ley sancionado por las CÃ¡maras Legislativas, en sesiÃ³n de fecha 4 de diciembre del corriente aÃ±o, mediante el cual se aprueba el citado proyecto sobre la modificaciÃ³n del CÃ³digo Procesal Penal Ley 6.345 y modificatorias; y, CONSIDERANDO: Que habiendo tomado la intervenciÃ³n que le compete, FiscalÃa de Estado analizÃ³ el Proyecto, expidiÃ©ndose mediante Dictamen NÂº 442/03, destacÃ¡ndose respecto del mismo lo siguiente: Que si bien mantiene la actual redacciÃ³n respecto a la acciÃ³n civil resarcitoria, se ha introducido la figura del âQuerellante Conjuntoâ, adecuando el CÃ³digo vigente a las modernas normativas, al reconocerle al querellante facultades para ejercer la acciÃ³n penal pÃºblica, investigar el delito, recurrir las resoluciones que se dicten en el proceso, por los medios y las formas previstas para el Ministerio PÃºblico Fiscal; Que ahora bien, sobre este aspecto cabe formular una observaciÃ³n al tercer pÃ¡rrafo del texto proyectado para el artÃculo 77 C.P.P., en cuanto prevÃ© que el Fiscal de Estado se constituya en âparte querellanteâ. Esta observaciÃ³n se funda en que la ley no es, sino, un reglamento de la ConstituciÃ³n; puede otorgar a un Ã³rgano o funcionario ciertas facultades, pero solamente referidas al ejercicio concreto de las atribuciones originariamente enunciadas por la ConstituciÃ³n, o bien conferir facultades a funcionarios o magistrados cuyas atribuciones no estÃ©n descriptas en la Carta Magna; Que el criterio que se deja expuesto no es simplemente una opiniÃ³n doctrinaria. Siguiendo la lÃnea jurisprudencial uniforme de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÃ³n, la Corte de Justicia de Salta declarÃ³ inconstitucional diversas leyes mediante las cuales se pretendÃa atribuir, a Tribunales o Funcionarios, competencias no asignadas por la ConstituciÃ³n; Que la competencia del Fiscal de Estado se encuentra clara y taxativamente dispuesta por el artÃculo 149, pÃ¡rrafo 3Âº de la ConstituciÃ³n Provincial. En consecuencia, el artÃculo 3Âº del proyecto â en lo referido al artÃculo 77 C.P.P. â resultarÃa, en este aspecto, inconstitucional; Que por lo demÃ¡s, la acciÃ³n penal pertenece al Estado, que no puede ejercerla por dos vÃas distintas. El artÃculo 166 de la ConstituciÃ³n Provincial atribuye este ejercicio al Ministerio PÃºblico; por ende, la ley no puede otorgÃ¡rselo a otro Ã³rgano estatal; Que el artÃculo 5Âº incorpora como CapÃtulo II bis, TÃtulo IV Libro I, el artÃculo 281 bis que establece las reglas procesales respecto a la aplicaciÃ³n del instituto de la suspensiÃ³n del juicio a prueba o âprobationâ, que se encuentra legislado por los artÃculos 76 bis, ter y quater del CÃ³digo Penal (agregado por la Ley 24.316), determinando que la misma puede ser pedida a partir del decreto de citaciÃ³n a juicio y hasta el tercer dÃa de notificado del decreto de audiencia de debate, con lo que se pone fin a la controversia suscitada respecto al momento en que dicha suspensiÃ³n debÃa ser peticionada; Que sin perjuicio de ello, se advierte que su pÃ¡rrafo segundo contempla la posibilidad de conceder el beneficio de la suspensiÃ³n del proceso a prueba en las causas de instrucciÃ³n formal, pues allÃ se hace referencia al âAgente Fiscalâ, funcionario del Ministerio PÃºblico que Ãºnicamente interviene en esa clase de procesos. A diferencia de lo que ocurre en el pÃ¡rrafo primero, donde con precisiÃ³n, se indica que la âprobationâ puede pedirse a partir del decreto de citaciÃ³n a juicio y hasta el tercer dÃa de notificado del decreto de la audiencia de debate, en los supuestos de instrucciÃ³n formal no se formula ninguna aclaraciÃ³n relativa a la oportunidad, lo que permitirÃa inferir que la peticiÃ³n puede efectuarse en cualquier estado de la instrucciÃ³n. Que para evitar que se presente la paradojal situaciÃ³n consistente en que en un procedimiento de mayor complejidad, por la dificultad de la prueba, la suspensiÃ³n pueda solicitarse con mucha mayor amplitud que en el procedimiento sumario, se advierte como prudente la supresiÃ³n en el segundo pÃ¡rrafo del artÃculo 281 bis, de la palabra âAgenteâ, asÃ como la frase âpara la investigaciÃ³nâ, de lo que resultarÃ¡ la igualaciÃ³n de la situaciÃ³n para ambos tipos de procesos. Que respecto del artÃculo 356 del proyecto, de su lectura, podrÃa surgir la posibilidad de que la detenciÃ³n u otras medidas que afecten garantÃas constitucionales del imputado salvo, supuestos de atribuciones policiales, Ãºnicamente pueden disponerse por el Juez Correccional y de GarantÃas. No obstante ello, se advierte que el uso de la expresiÃ³n âresolverÃ¡ el recurso dentro de las 24 horas de recibidoâ (respecto a la exenciÃ³n de detenciÃ³n), permitirÃa interpretar que el juez conociera en el procedimiento sumario en supuestos de restricciÃ³n de la libertad u otros derechos ya consumados por medios de actos del Fiscal Correccional. La referencia a ârecursoâ en el tercer pÃ¡rrafo del artÃculo en comentario no serÃa coherente con el pÃ¡rrafo anterior, en tanto que aquÃ©l surge con claridad que la detenciÃ³n y demÃ¡s actos de restricciÃ³n son impuestos por el Juez a solicitud del Fiscal Correccional, por lo que, la resoluciÃ³n a que se refiere el mencionado tercer pÃ¡rrafo no es respecto de un ârecursoâ sino de una âpeticiÃ³nâ, tal la de exenciÃ³n de detenciÃ³n que se hubiere incoado. Que la seÃ±alada dificultad de interpretaciÃ³n quedarÃa superada excluyÃ©ndose de dicho pÃ¡rrafo tercero la expresiÃ³n âel recursoâ. Que en cuanto al proyectado artÃculo 357, en aras de salvaguardar la garantÃa de imparcialidad del Juez, reconocida expresamente por Tratados Internacionales, de rango constitucional, se verÃa afectada si quien tiene a su cargo la disposiciÃ³n de medidas durante la investigaciÃ³n del delito, luego debe hacerse cargo del juzgamiento; se hace conducente la adiciÃ³n al primer pÃ¡rrafo del artÃculo 357 de la frase: âLa Corte de Justicia conforme lo dispuesto en el artÃculo 5Âº del presente tomarÃ¡ las medidas necesarias para que el Juez Correccional y de GarantÃas que hubiese intervenido en el procedimiento sumario, no intervenga en la etapa del juicioâ. Que en tal sentido, constituye una conquista relevante de la legislaciÃ³n actualmente vigente la clara separaciÃ³n de los Ã³rganos de investigaciÃ³n y juzgamiento, principio que se verÃa modificado si se tolerase que los Jueces Correccionales y de GarantÃas que hubieren actuado durante la etapa de investigaciÃ³n, luego tengan a su cargo la emisiÃ³n de la sentencia. Que por la fundamentaciÃ³n expuesta se aconseja el veto parcial del proyecto de ley objeto del presente, debiÃ©ndose observar los artÃculos mencionados promulgÃ¡ndose la parte no observada, por tener Ã©sta autonomÃa normativa y no afectar la unidad y el sentido del proyecto. Por ello, El Gobernador de la provincia de Salta DECRETA: ArtÃculo 1Âº.- ObsÃ©rvase en forma parcial el Proyecto de Ley sancionado por las CÃ¡maras Legislativas en sesiÃ³n realizada el 4 de diciembre del corriente aÃ±o, por la cual se aprueba el proyecto sobre la ModificaciÃ³n al CÃ³digo Procesal Penal Ley 6.345 y modificatorias, conforme a lo establecido en los ArtÃculos 131 y 144, inciso 4) de la ConstituciÃ³n Provincial y en el ArtÃculo 11 de la Ley NÂº 7.190, ingresado bajo Expediente NÂº 90-14.283/99, en fecha 05-12-03, en los siguientes artÃculos por los motivos expuestos en los considerandos de este instrumento: ArtÃculo 77: la frase ây/o en parte querellanteâ. ArtÃculo 281 bis: la palabra âAgenteâ y la frase âpara la investigaciÃ³nâ. ArtÃculo 356: la frase âel recursoâ. Art. 2Âº.- Con encuadre en lo dispuesto por los artÃculos 131 y 144, inc. 4Âº de la ConstituciÃ³n Provincial y art. 11 de la Ley 7.190, propÃ³nese la incorporaciÃ³n como tercer pÃ¡rrafo del artÃculo 357 del Proyecto el siguiente texto: âLa Corte de Justicia conforme lo dispuesto en el artÃculo 5Âº del presente tomarÃ¡ las medidas necesarias para que el Juez Correccional y de GarantÃa que hubiese intervenido en el procedimiento sumario, no sea el que intervenga en la etapa del juicioâ. Art. 3Âº.- PromÃºlgase al resto del articulado como Ley NÂº 7.262. Art. 4Âº.- El presente decreto serÃ¡ refrendado por el seÃ±or Ministro de Gobierno y Justicia y el seÃ±or Secretario General de la GobernaciÃ³n. Art. 5Âº.- ComunÃquese, publÃquese en el BoletÃn Oficial y archÃvese. ROMERO - Salum â David. <h1>Document Outline</h1> <ul> <li> <ul><li> </li></ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul><li> </li></ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> <li> </li> </ul> </li> <li> <ul> <li> </li> <li> </li> <li> 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