- Artículo 99 Actividad económica. La actividad económica se orienta al servicio del hombre y al progreso de la comunidad. La iniciativa económica es privada y libre. Los poderes públicos promueven la distribución equitativa de la riqueza, alientan la libre competencia, controlan la concentración monopólica y sancionan la usura y la especulación abusiva.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 100 Participación en la administración y ganancias de las empresas. Los poderes públicos estimulan, con incentivos adecuados, a las empresas privadas que hagan partícipe al trabajador en sus ganancias, control de su producción y colaboración en su dirección.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 101 Cooperativas y mutuales. El Estado reconoce la función económica y social de las cooperativas y mutuales y alienta su formación y desarrollo. Deberán estar inscriptas y autorizadas para funcionar. Las cooperativas y mutuales que colaboren con los fines del Estado en el desarrollo económico de la Provincia, gozan de especial apoyo oficial en materia impositiva, según lo establezca la ley.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 102 Función social de la propiedad. La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. El ejercicio del derecho de propiedad encuentra sus limitaciones en la función social que debe cumplir. La confiscación de bienes está abolida para siempre. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 103 Desarrollo económico social. El Estado asume el compromiso de: - Desarrollar políticas orientadas a la obtención del pleno empleo. - Fomentar la producción agraria y su desarrollo tecnológico. - Estabilizar la población rural y procurar su acceso a la propiedad. - Estimular la industrialización en la Provincia promoviendo, preferentemente, la relacionada con la transformación de las materias primas locales. Promueve también la radicación de capitales y de tecnología, así como de las pequeñas y medianas empresas. - Colaborar con la actividad privada en el desarrollo de nuevos mercados nacionales e internacionales para la producción local. - Elaborar planes de colonización de las tierras, orientados a su aprovechamiento económico y social, con preferencia en la adjudicación para la explotación directa y racional por el ocupante, su familia y grupos organizados como cooperativas. - Establecer en la Provincia zonas promocionales para los emprendimientos particulares, estatales o mixtos.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 104 Participación sectorial. Los poderes públicos, en consulta con los sectores productivos y del trabajo, establecen planes económico-sociales indicativos para el sector privado de la economía e imperativos para el sector público provincial y municipal. Dichos planes procurarán la creación de regiones geoeconómicas para el desarrollo equilibrado, armónico e integral de la Provincia, conjugando los intereses de sus diversas regiones con los de las provincias del norte argentino y de la Nación. Una ley dispondrá la creación del consejo económico social integrado por representantes de la producción, el trabajo, de los profesionales universitarios, la ciencia y la tecnología. Dicho consejo es órgano de consulta de los poderes públicos y su participación podrá ser requerida en la elaboración de los planes económico-sociales y en las políticas científicas y tecnológicas.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 105 Crédito. Es obligación de los poderes públicos velar por la orientación del crédito hacia tareas productivas, impidiendo la especulación. Ello, dentro del marco de las competencias provinciales y sin perjuicio de las nacionales en materia de moneda y crédito.
Volver al inicio Volver al indice
- Artículo 106 Servicios públicos. Los servicios públicos corresponden originariamente a la Provincia o a los municipios. Se prestan en forma directa o indirecta, por medio de concesión o a través de órganos constituidos por el Estado, los agentes afectados a la prestación y los usuarios. Deberá organizarse por ley un ente regulador de los servicios públicos privatizados, a privatizarse o concesionados.
Volver al inicio Volver al indice
